miércoles, 23 de marzo de 2005
Es desolador. Asistimos a la degradación más completa de la política. Cada partido vive en la obsesión por satanizar a los demás y en presentarse como víctima de la incomprensión y de la zafiedad del contrario. Nadie hace concesiones a los demás; ni siquiera albergan la mínima duda de sus intenciones. No existe espacio para la autocrítica; aunque siempre son intransigentes con los postulados y puntos de vistas del otro. Definitivamente, el ambiente en el foro de la opinión pública es irrespirable.

Conviene reflexionar sobre lo que está pasando. Primero, que vivir en libertad, en un Estado democrático y de derecho, implica no sólo unos derechos sino también unas obligaciones. Segundo, que al derecho que todo ciudadano tiene a expresarse y manifestarse en libertad se contrapone la obligación a escuchar y respetar al prójimo, y no a combatirle -aunque sea dialécticamente- por todos los medios; porque de aceptar este principio, únicamente los más poderosos obtendrían la ventaja que les dan sus innumerables recursos para criticar, hostigar y combatir al contrario. Y, tercero, que el derecho a criticar, a objetar los argumentos y razonamientos de los demás debería encauzarse a través de la ponderación y el contra argumento, no mediante la negación sistemática del pan y la sal, adjetivándole de mentiroso e imputándole hechos o dichos inciertos o, simplemente, que son medias verdades.

La vida política en la actualidad es la experiencia menos ejemplarizante para los ciudadanos de cuanto pueda imaginarse. Los dos grandes partidos de implantación nacional, PSOE y PP, viven en la descalificación permanente, en las imputaciones más vergonzosas, en el reproche sistemático, en la manipulación tendenciosa de la actualidad y de los acontecimientos y personajes históricos. Sin existir en ellos grandes diferencias en el modelo de Estado, de sociedad y de mercado, parecen empecinados en agrandar y exacerbar las diferencias reales. Ambos se niegan el espacio, y cuando circunstancialmente alcanzan algún acuerdo puntual, enseguida cada cual se apresta a reivindicar la iniciativa.

En el caso de Izquierda Unida, coalición de organizaciones de izquierda, y también con implantación nacional, la cosa es mucho más grotesca. Con un mensaje trasnochado y huérfano de credibilidad y con un respaldo popular cada vez más minoritario, su presencia tiene escaso peso en la política española, aunque sus excepciones son el paradigma del oportunismo político y de incongruencia.

No digamos del caso del nacionalismo, que con menos de dos millones de votos entre todas sus organizaciones, se han convertido no ya en el árbitro de la vida política sino en el azote de la sociedad española. Y todo por culpa de una ley electoral, que si en su origen tuvo alguna justificación, en el momento actual es un impedimento de proporciones devastadoras para el buen gobierno de la nación. Lo demás, los discursos y reivindicaciones nacionalistas, serían pura retórica si en la política nacional tuvieran el peso y representación que verdaderamente les corresponde.

De todas estas realidades políticas se desprenden las consecuencias que la sociedad en su conjunto percibe como cotidianeidad asfixiante, desorientadora y rebosante de desconfianza. Es cierto que en muchas ocasiones el criterio de los ciudadanos coincide con los argumentos de este o aquel partido político; es cierto que una mayoría de ciudadanos se identifican con una u otra opción ideológica, aunque cada vez son más los que vuelven la espalda a todas las siglas y sus dirigentes; pero también es cierto que, en general, el ciudadano siente una mayor aversión hacia la forma en que se desarrolla la política y los derroteros por los que discurre.

Una cosa es que en el debate político haya viveza e ingenio y otra bien distinta es que esté dominada por el espíritu de la confrontación. Ahora resulta que no sólo se discute sobre las prioridades del gasto o sobre las aspiraciones insatisfechas de los nacionalistas, sino que todo el arco parlamentario -a excepción del PP, que representa a diez millones de votantes- se pone de acuerdo para remover las estructuras del Estado a través de la reforma constitucional. Ahí es nada, todo un triple salto mortal para satisfacer las ambiciones de unos políticos de aquí y otros de allá, y luego decir que aquí no pasa nada; eso sí, el que no piense como ellos será estigmatizado de pertenecer a la derechona de toda la vida, intransigente y reaccionaria que se opone al progreso. ¿Ahora cómo se le cuenta a los ciudadanos lo que se nos viene encima en los próximos meses? Mientras tanto, millones de españoles asistiremos absortos a numerosos combates en esta guerra de trincheras, donde la defensa de la posición es una mera estrategia para preparar el contraataque. La batalla política que se avecina entre los que defienden el marco constitucional tal y como ahora está (aunque haya que realizar algunos retoques), los que amparan reformas conciliadoras y los militan en el nacionalismo rupturista, va a ser menuda.

Todavía queda mucho por ver. El encanallamiento de la política no ha hecho más que comenzar. Me temo, que mientras el PSOE esté al frente del Gobierno de la Nación y al frente del Gobierno de Cataluña, con su actual peso específico, hará de la necesidad virtud y no dudará en entregar a sus insaciables socios todo lo que le pidan. En el arte de justificación y propaganda son unos maestros. Y todo por el progreso.

Publicado por torresgalera @ 7:00
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