La sociedad española no tiene nada de especial que la distinga de aquellas otras de la Europa occidental. Sus ciudadanos viven empeñados en el porvenir de sus propios intereses: aprender, trabajar, enamorase, formar una familia, poseer una vivienda, disfrutar de la vida, eludir la enfermedad y gozar de una razonable seguridad y bienestar en el orden social. Obviamente, el orden de esta relación puede ser tan diferente como desee cada cual. En definitiva, lo que preocupa y ocupa a la mayoría de los ciudadanos es mejorar sus condiciones de vida, en el seno de una sociedad organizada, donde rijan leyes ponderadas y eficientes que garanticen la libertad y la justicia. Todo ello en un ambiente de paz; esa paz que definiera en sus años de madurez el emperador Elio Adriano, como "una libertad tranquila".
Sin embargo, cuesta trabajo con frecuencia entender los por qué de tantos conflictos, tan divulgados y excitados a través de los medios de comunicación. Es verdad que vivimos en una sociedad mediática, pero los que se benefician especialmente de estos recursos no son los ciudadanos corrientes, sino aquellos individuos que hacen de la comunicación un negocio y un excitante juego de notoriedad e influencia, tanto en la sociedad consumista como en el poder político y económico. Es en este contexto de la reflexión cuando cobra especial relevancia el aserto de que "la prensa es el cuarto poder".
Hace tiempo que los medios de comunicación han reducido a sus audiencias a una conceptualización meramente clientelar, de la que obtener permanentes plusvalías. Para ello no solamente se utiliza el recurso de la información, cada vez más sesgada y doctrinaria, sino que existe una verdadera obsesión por la fidelización de las audiencias, para lo cual no se regatea ningún esfuerzo: presentación de un equívoco y exacerbado panorama de la actualidad, que permanentemente no es más que una distorsión intencionada de la realidad; adoctrinamiento de las audiencias, mediante un rico y variado plantel de opinadores profesionales que sirven lealmente a sus intereses y a los del medio; manipulación perversa de los sueños, deseos y necesidades de las audiencias para obtener beneficios económicos a toda costa; y la alineación utilitarista con ideologías y grupos de interés que respalden y alienten las ambiciones de los medios.
Uno se siente sobrecogido cada vez que escucha de boca de profesionales de la comunicación que ellos informan sobre los asuntos que a la gente común le interesa, y que si no lo hacen ellos lo harían otros. Este aserto es de un cinismo y de una perversidad despreciable. Todo el mundo que está en este negocio de la información y de la comunicación sabe muy bien que las empresas viven en una loca carrera por las audiencias, por lo que han terminado por sucumbir en un tratamiento de la información como si de un espectáculo se tratara. Y desde que esto es así, cada día se da un paso más en la trasgresión de los límites supuestamente aceptables por la ética y la moralidad. Es decir, la sociedad es tan relativista e indoctrinada que poco a poco se la está moldeando hacia parámetros nuevos, en los que se destilan emociones y reacciones hasta ahora nunca vistas. A esto se le llama ejercitar el derecho a la libre expresión.
Pues bien, en la política pasa un tanto de los mismo. Nuestros políticos en general no aspiran sólo a administrar y gestionar los recursos del Estado cuando los ciudadanos les otorgan su confianza en las urnas. No, para mantener viva la beligerancia entre contrarios, y para incluso superar y desplazar a los correligionarios demasiado instalados, las nuevas hornadas de políticos bisoños no escatiman medios para crearse sus nuevos espacios. De ahí que la vida política española esté permanentemente sobresaltando a la ciudadanía con nuevos y cada vez más complejos problemas, que maldita sea la necesidad que se tiene de ellos. Si no que me expliquen cuál es el imperativo para que los españoles vivan enquistados en problemas de difícil solución, como la federalización del Estado, la demonización del adversario político, la permanente reforma educativa que cada vez educa menos, una eterna obstinación por no solucionar el problema del agua en España, o la situación de precariedad administrativa y de gestión de recursos a los que se tiene reducidos a los ayuntamientos.
La política en estos momentos está viviendo un periodo cumbre de lo que podría denominarse “Política de discursos”, donde todo son desafíos, amenazas y descalificaciones. Y en medio de este desmesurado desquicie, los medios de comunicación, perfectamente alineados con unos o con otros, actúan como amplificadores tendenciosos de los mensajes y de los intereses del poder político.
Desgraciadamente existe un desequilibrio entre los problemas y necesidades de los ciudadanos y los intereses de la clase política. Aunque ésta siempre afirme operar en la defensa de los intereses del pueblo, lo cierto es que de él sólo le interesa sus votos. Veremos como en los próximos meses se nos vende el fracaso político y económico en el que está sumida la Unión Europea; también podremos comprobar cómo se digiere el 27 de julio, después de que se escruten los votos de los emigrantes, los resultados electorales en Galicia; comprobaremos qué reflexión le merece al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las masivas manifestaciones llevadas a cabo por sectores de la ciudadanía en protesta de algunas de sus decisiones; y también tendremos ocasión de conocer cuál es el efecto que causa en la clase política la tregua que ETA ha dado a los cargos electos españoles, y las razones dadas para no atentar contra ellos.
Mientas, cada español seguirá levantándose cada día para ir a estudiar o a trabajar, con la única preocupación de prosperar, de no perder el empleo, de pagar sus recibos, de disfrutar con la familia o con los amigos sin que le atraquen por la calle, o que nadie le engañe en el sueldo, en la compra o en la prensa, o en la radio, o en la televisión.