Algo huele a podrido en Dinamarca. Como en el Hamlet shakespeariano, la lucha política española se está volviendo fraticida. Ya no hay máscaras: todas ellas han sido retiradas para que los rostros de cada cual manifiesten sus verdaderos estados de ánimo y sus sentimientos. El odio, el rencor y el desprecio lo inundan todo. Viendo las cosas que están aconteciendo en la vida política nacional a uno se le viene a la memoria (no vivida pero sí aprendida) los dolorosos recuerdos de aquellos meses que se sucedieron desde las elecciones de febrero al 18 de julio de 1936. No fue suficiente la victoria a las izquierdas, sino que empeñaron todo su esfuerzo en desacreditar y barrer a las derechas del mapa. A pesar de los años trascurridos y de las enseñanzas que nos ha reportado este largo periodo, el Partido Socialista Obrero Español vive en plena deriva revanchista. La lección que dieron Felipe González y José María Aznar al pasar página de hechos lamentables acaecidos durante los gobiernos que les precedieron no ha servido de nada. A ninguno de los citados presidentes se les ocurrió, por estatura política de Estado, recriminar ni reprobar en el Parlamento a responsables políticos de gobiernos anteriores. ¿Qué hubiera ocurrido si Felipe González hubiese solicitado la reprobación del ministro de Defensa por el 23-F? ¿O cómo se hubiera entendido que José María Aznar hubiera respaldado una acción similar en las Cortes por los responsables de los crímenes de Estado o por los casos de corrupción (todos ellos juzgados y condenados)? No, ambos estadistas actuaron con moderación y mesura, aceptando que tanto los jueces como el pueblo español ya habían dictado su veredicto, unos en los tribunales y los otros en las urnas.
Pero hete aquí una nueva prueba de que los actuales dirigentes socialistas han perdido el norte de la Historia y se han lanzado por la senda de la radicalidad y del sectarismo. Ahí tenemos al bueno de José Bono, el ministro moderado del Gobierno de Rodríguez Zapatero; el que se deja la piel defendiendo la unidad de España; el que se arropa en la bandera roja y gualda y entona vivas a las Fuerzas Armadas; el que afirma sin complejos que confía más en la policía que en una negociación con ETA. Sí, es el mismo Bono que hizo de su toma de posesión ministerial un espectáculo mediático; el mismo que se concedió a sí mismo una medalla por lo bien que lo había hecho en la retirada de las tropas en Irak; el mismo que denunció que le habían agredido en una manifestación de las víctimas del terrorismo. Este carismático líder manchego, pagado de su propio ego, que suda a mares cuando se le lleva la contraria en público, que se abraza a los obispos con la misma naturalidad que despotrica en privado de sus compañeros de partido. En fin, este portento de bonhomía, que se le llena la boca hablando en público de su padre falangista y de las bondades de su corazón, ha instigado la acción política más insidiosa que hasta el momento ha realizado miembro alguno del Gabinete de ZP: promover en el Congreso de los Diputados una recriminación, mintiendo deliberadamente y manipulando documentos, contra el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo. Y todo porque el PP ha roto el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno para sacar adelante por consenso la ley de Defensa Nacional.
El “buen hacer” del Gobierno
Deleznable precedente el que se ha creado el miércoles 29 de junio, al aprobar el Congreso de los Diputados -con los votos del PSOE, ERC, IU, PNV y Grupo Mixto- una proposición no de ley que declara responsable a los poderes públicos en la contratación e identificación de cadáveres en el accidente aéreo del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que fallecieron 62 militares. Es más, a instancia de Izquierda Unida el texto cita expresamente a Federico Trillo, a la vez que reconoce el «buen hacer» del actual Gobierno en relación con la seguridad en los desplazamientos de las tropas y el apoyo a los familiares de los militares fallecidos.
Aquí radica la perversión de un acto sin precedentes en la historia de nuestra democracia. El espíritu revanchista y el afán de linchamiento exhibido por el partido gobernante y por los que sustentan su mayoría parlamentaria. Y es que al margen de los argumentos en su defensa esgrimidos por el ex ministro Trillo, y dando por sentado que su gestión de la crisis tras aquel trágico accidente estuvo trufada de irregularidades, no es menos cierto que a estas alturas ya han sido esclarecidas todas las circunstancias que avalan que el siniestro fue consecuencia directa de una serie de negligencias cometidas por los pilotos de la aeronave. Así de sencillo y así de claro, por muy doloroso que resulte.
Conviene recordar que además de disculparse telefónicamente y de expresar a Trillo que creía ciegamente en su inocencia, José Bono se comprometió a cesar a los responsables del accidente del Yak-42 durante el tenso pleno extraordinario que se celebró en el Congreso el 21 de octubre del año pasado. Fijó entonces su punto de mira en el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del Estado Mayor Conjunto, y en el vicealmirante José Antonio Martínez Sáiz-Rozas, jefe de la División de Operaciones del EMACON, ambos eran los máximos responsables de haber tomado la decisión de cambiar la contratación del avión modelo Tupolev por el Yakolev. Sin embargo, el Consejo de Ministros del día siguiente -el 22 de octubre- no confirmó lo que parecía la destitución anunciada de Ibarreta y Martínez. Por el contrario, en lugar del cese, el Gobierno dio luz verde a una «reorganización profunda» del Estado Mayor de la Defensa, una decisión que respondía en última instancia al malestar general que había creado Bono en el seno del Ejército por su intención de «proceder a una depuración» vinculada al Yak. Como resultado, Ibarreta fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, y Martínez se convirtió en vicealmirante segundo de la Flota.
No fueron los únicos nombres que salieron entonces y ahora a la palestra. El general del Ejército del Aire Carlos Gómez Arruche también quedó en entredicho por ser en el momento del siniestro el Jefe del Mando Aéreo de Levante, un órgano relacionado con el apoyo logístico a los vuelos militares que viajaban a Afganistán. Otra casualidad, el ministro Bono le nombró director general de la Guardia Civil.
Y la gota que ha colmado todo este filibustero asunto de la reprobación del ex ministro de Defensa ha sido la utilización sectaria, por parte del PSOE, de algunos familiares de los militares fallecidos en el accidente. Acreditaron a un grupo de ellos y les permitieron deambular libremente por el Congreso, algo que está totalmente prohibido, para que a la salida de la Comisión pudieran increpar a Federico Trillo y hacer ostentación de carteles en su contra. Entre los familiares más activos se encontraban los hermanos Ripollés, uno de ellos es redactora de los Servicios Informativos de Televisión Española. Más casualidades.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.