Como señala el DRAE, consenso es el "acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos". Para que exista este acuerdo tienen que existir razones comunes y poderosas a todos los individuos o grupos. Normalmente, estas razones comunes suelen ser, unas de carácter positivo, y otras de carácter negativo; esto es, unas razones indican lo que en común se desea y otras expresan lo que en común se detesta. Así, refiriéndonos al consenso político alcanzado en la Transición, y del que surgió la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, podemos afirmar que dicho consenso fue posible porque la mayoría de fuerzas políticas coincidieron en dos cuestiones: desterrar para siempre de la vida nacional la dictadura de un pensamiento único y de una clase dirigente omnipresente y omnipotente, y conquistar una sociedad soberana, libre, representativa, solidaria, respetuosa con los derechos humanos, con las minorías y con las singularidades históricas y culturales. Estas ambiciones alumbraron un amplio consenso entre las fuerzas políticas y, posteriormente, pudo ser ratificado de forma abrumadora por la ciudadanía.
¿Por qué ahora se pretende una nueva definición y reorganización territorial del Estado español? Pues, sencillamente porque en el seno de buena parte de la clase política actual se ha diluido la conciencia de consenso con la que hemos estado viviendo durante el último cuarto de siglo. Ya no existe un sentimiento común de rechazo a un régimen autoritario; es más, en las fuerzas políticas renovadas y emergentes el fantasma del "antiguo régimen" ha sido sustituido por la idea amenazante de una España común. Esta idea de España, patria común e indivisible es el nuevo enemigo a batir. Por eso se abre paso, no sólo en los territorios periféricos sino en los partidos de izquierda, el concepto del Estado plurinacional o de las nacionalidades.
En cuanto a las razones de carácter positivo, también difieren sustancialmente de unas fuerzas políticas a otras. Mientras que en unos casos todavía siguen vigentes los argumentos recogidos en nuestra Carta Magna, en otros el ideario ha variado sustancialmente. Ahora los anhelos pasan por los elementos diferenciales sobre los que fundamentar nuevas naciones, autónomas y diferenciadas entre sí, con niveles de autogobierno autosuficientes y estructuras propias de un Estado.
La principal prueba que evidencia la pérdida de la conciencia de consenso constitucional la tenemos en la negación de la soberanía del pueblo español y de sus instituciones representativas. Actualmente se reclama como única soberanía la de los ciudadanos que habitan en sus respectivas comunidades autónomas y en sus órganos de representación. En el caso de Izquierda Unida, de fuerte carácter federalista, la opinión al respecto está muy dividida entre su clase dirigente. Y en el Partido Socialista Obrero Español, igualmente de estructura federalista, las fuerzas centrífugas de algunas de sus organizaciones territoriales (PSE-EE y PSC) y la necesidad de acuerdos de gobierno para mantenerse en el poder (con ERC y IC-Verdes, en Cataluña, o BNG, en Galicia), así como sus compromisos de convivencia para ejercer el gobierno nacional (con nacionalistas vascos y regionalistas canarios o aragoneses), han terminado por convertir su compromiso con el consenso constitucional en un débil y diletante discurso político en favor del diálogo y la convivencia.
En definitiva, estamos asistiendo al fin de los días de aquel gran acuerdo por consentimiento que la gran mayoría de fuerzas políticas suscribieron en el periodo constituyente. Ya no hay enemigos comunes ni objetivos comunes. Aunque la mayor parte de los españoles continúen sintiéndose identificados con el espíritu y la letra de nuestra Constitución, significativos sectores de ciudadanos vascos, catalanes y gallegos están inmersos en un proyecto rupturista. Y lo peor es que están alentados por unas élites dirigentes imbuidas de mesianismo redentorista, a la vez que cuentan con la anuencia de importantes recursos mediáticos y de poder territorial. En pocos años, de aquel consenso del que nació la Constitución de 1978 se hablará con admiración únicamente en los libros de Historia y con motivo de la celebración de efemérides.
Como el consenso nace de la voluntad humana, por el momento deberemos esperar algún tiempo y soportar muchas tensiones para que germinen razones comunes y poderosas que conduzcan a un nuevo consenso nacional. La memoria histórica está siendo suplantada por la ensoñación de una fantasía imaginaria. Las nuevas ideas se abren paso y avanzan presurosas en pos de quimeras sustentadas en sofismas dialécticos altamente peligrosos. El valor del consenso sólo se aprecia cuando es una mayoría de grupos sociales la que padece el zarpazo del invasor, del totalitarismo, de la catástrofe o de cualquier forma de asolación del suelo patrio. Los españoles hemos vivido a lo largo de nuestra Historia muchas de estas circunstancias extremas, pero en muy pocas hemos sabido hermanarnos en torno a un proyecto de futuro consensuado. El que tenemos hoy es casi una excepción y merece la pena defender su vigencia, no vaya a ser que ocurra como con aquel otro que surgió en la España napoleónica para expulsar al francés y restaurar el Trono: que apenas restablecida la soberanía nacional los españoles lo celebraron con un enfrentamiento que ha durado 160 años. Confío en que ahora no lleguemos a tanto, pero tiene toda la pinta.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.