Tiene razón Gaspar Llamazares para reclamar al
presidente del Gobierno la reforma de la ley electoral. El coordinador general
de Izquierda Unida es consciente de que la actual normativa perjudica
severamente a la tercera fuerza política con implantación en todo el territorio
nacional. En cambio, las formaciones políticas de ámbito regional salen
fuertemente beneficiadas: IU obtiene en las legislativas más votos que todas
las siglas nacionalistas juntas y, sin embargo, su representación en el
Congreso de los Diputados es mínima en comparación con éstos.
¿Y cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta tiene su origen en las circunstancias políticas que imperaban en España en los años de la Transición. Recordemos que aprobada en referéndum la reforma política, el 15 de diciembre de 1976, se estableció un modelo de parlamento bicameral (Cortes Generales), compuesto de un Congreso (Cámara Baja) formado por 350 diputados (basado en el cálculo de 1 diputado por cada 100.000 habitantes) y un Senado (Cámara Alta) integrado por 207 senadores (número que ha variado posteriormente). La discusión para establecer el sistema electoral que configuraría ambas cámaras giró alrededor de los dos aspectos principales, que fundamentan a todos los sistemas electorales: la base territorial que debía establecer las circunscripciones y la fórmula electoral más conveniente para nuestro contexto histórico-político.
El fuerte peso histórico de los distintos territorios en España aconsejó, finalmente, que el modelo de sistema electoral, adoptado a partir de 1977, tendiera a equilibrar la variable poblacional, asignando un número de escaños a cada circunscripción en función del número de habitantes (España se caracteriza por tener grandes desequilibrios demográficos en su territorio). Así, se eligió un sistema electoral basado en un sistema de dos niveles de representación proporcional, que combinaba las elecciones en el ámbito provincial con las listas nacionales de partidos.
La
circunscripción quedó vinculada a la división de España en 50 provincias, a las
que se añadieron dos más correspondientes a las dos ciudades españolas situadas
en el norte de África. La distribución de los 350 escaños del Congreso se hizo
de forma que cada circunscripción tuviese asignados de forma fija 2 escaños
sobre la base territorial, distribuyéndose el resto de los escaños en cada
circunscripción en proporción a su número de habitantes. Esta última variable
es la que posibilita que de una convocatoria electoral a otra puedan variar
ligeramente, en algunos casos, el número de diputados que puede elegir cada
circunscripción. Posteriormente, la Constitución fijó entre 300 y 400 los
escaños que podría tener el Congreso de los Diputados, aunque en la práctica se
han seguido manteniendo hasta ahora los 350 escaños iniciales, distribuidos
entre las 52 circunscripciones, según el sistema descrito.
Para compensar los efectos de la asignación de escaños a las circunscripciones sobre la base de este sistema mixto territorial-poblacional (lo que favorecía a unas candidaturas más que a otras), el sistema electoral buscó un elemento corrector en la fórmula destinada a transformar los votos en escaños. Se desistió de los sistemas mayoritarios, tales como el de mayoría simple en distritos uninominales o el de doble vuelta, que habrían acentuado los efectos desproporcionados de la estructura de dos niveles, y se optó por el sistema de listas cerradas de representación proporcional de partidos, aplicando la fórmula d'Hondt para la adjudicación de los escaños. A su vez se estableció en un mínimo del 3% de los votos en cada circunscripción la barrera de exclusión para que una candidatura entrara en el reparto de escaños.
Pues bien, como se puede comprobar, nuestro sistema electoral ha cubierto una etapa más que suficiente en la historia de nuestra democracia. Lo que en un principio se consideró como la vía más oportuna y con mayor consenso para dar cauce a todas las opciones políticas (nacionales, regionalistas y nacionalistas), en la actualidad se ha convertido en una rémora. Me refiero al hecho de que los partidos nacionalistas puedan obtener una sobrerrepresentación en el Congreso de los Diputados y, en cambio, otros de implantación nacional se vean perjudicados por los límites que impone la actual ley electoral. Esta realidad ha terminado por introducir un elemento de perversidad tal en la gobernabilidad de la Nación, que sólo las mayorías absolutas pueden remediar.
El desarrollo constitucional durante los últimos veintiocho años nos ha enseñado a los españoles cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema. No se trata aquí de lamentarse por lo realizado hasta ahora, pues ya es irremediable, pero sí tenemos la oportunidad y el deber de corregir para bien lo que en nuestra mano está. El actual sistema electoral prima especialmente a las dos fuerzas políticas más votadas en cada circunscripción, por lo que favorece el bipartidismo. Así, dos grandes partidos, PSOE y PP, que aglutinan 21 millones de votos del electorado nacional, se reparten la mayor cuota de escaños. En cambio, la tercera fuerza, Izquierda Unida, también de implantación nacional, es perjudicada por la ley de restos que impone la fórmula d’Hondt, y obtiene una representación por debajo de sus proporciones de votos. (He aquí la paradoja: IU, con más votos en España que ERC en Cataluña, tiene un número mucho menor de diputados.)
Llamazares ha llevado la petición de reforma a La Moncloa como una prioridad en su agenda. Él es consciente de que se trata de un asunto capital para la supervivencia política de Izquierda Unida. También lo sabe Rodríguez Zapatero, y por eso se ha comprometido a crear una comisión de estudio a la vuelta del verano, que aborde la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Ahora queda por ver cómo lo encajan los nacionalistas. El Partido Popular deberá apoyar esta iniciativa, ya que no fue capaz de hacerlo en sus ocho años de gobierno pese a que la incluyó en sus programas electorales. Es preciso nos desaprovechar esta ocasión para enmendar nuestro sistema electoral. Un sistema que favorezca la obtención de mayorías cualificadas para gobernar, así como la viabilidad de terceras y cuartas opciones políticas que podrían consolidar, en su caso, posiciones de bisagra en caso de no producirse esas mayorías cualificadas.
La fórmula d'Hondt admite numerosas modificaciones, por lo que debería corregirse para que las representaciones regionalistas o nacionalistas quedaran proporcionadas a su peso político en el conjunto nacional. Es en el Senado, Cámara con vocación territorial según queda definida por la propia Constitución, y todavía pendiente de la reforma que le otorgue su identidad, donde debería producirse el debate territorial. Es necesario que nuestro sistema de representación de la soberanía nacional se libere de la hipoteca que imponen los partidos nacionalistas en la gobernación del Estado; sus sensibilidades y sus intereses chocan demasiado con los intereses generales de la Nación, como para prolongar durante más tiempo la rémora que impide avanzar la viabilidad de un proyecto de convivencia común a los españoles.
Estoy desolado. Mi corazón está encogido de pena. La tristeza ha envuelto como una nube negra mi alma. Las palabras se agolpan en mi mente de forma alocada. Sin embargo, guardo silencio. Escucho y leo sin demasiada atención la riada de crónicas que llegan desde Londres a través de la televisión, la radio y los periódicos; internet también me bombardea con datos, comentarios y fotografías. Los detalles no me importan demasiado y, a la vez, ahondan mi perturbación. No quiero saber nada y lo quiero saber todo. Esto es una locura, es la sin razón del ser humano, de este animal que somos en estado original. Nos creemos redimidos por los dioses, por la ciencia y por la razón, y es mentira: el hombre apenas está a unos pasos de sus ancestros evolutivos. Su causa es primaria y se asienta en su sistema endocrino, en el lugar que ocupa en la manada y en la lucha jerárquica. Vivir no es un fin en sí mismo, si acaso un acto instintivo. Nos sentimos amenazados porque somos débiles. Agredimos porque nos sentimos inseguros. Avasallamos porque no creemos en nosotros. Mientras tanto, centenares de padres, de madres, de hermanos, de amigos lloran desconsolados con la mirada perdida en las oscuras aguas del Támesis. Comparto su dolor porque me siento de la familia. Les pertenezco, soy uno de ellos, un hombre anónimo que cumple con su destino sin más afán que ser útil a los míos, al género humano. Por eso no entiendo, no comprendo la barbarie, el exterminio, el odio asesino. Me siento pequeño e insignificante cuando sé de alguien que aprieta un botón y hace volar un enorme proyectil hasta un punto remoto donde siega la vida de otras personas; o cuando otros individuos deciden la muerte de sus semejantes; o cuando se accionan mochilas explosivas en el metro de cualquier ciudad, o en unos grandes almacenes,... No quiero divagar más, sólo compartir el dolor con los que sufren, estén donde estén. La esperanza ya no existe para los que acaban de ser arrancados de la vida. Quiero pensar que esta será la última tragedia de un drama infinito. ¿Qué contradicción? ¿Pero existe algo más contradictorio que el ser humano? En este momento no se me ocurre nada mejor que implorar una oración por las víctimas y por los verdugos: “Padre Nuestro..., perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden,...” También invoco un fragmento de la hermosísima oración hebrea llamada “Kaddish”:
Como señala el DRAE, consenso es el "acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos". Para que exista este acuerdo tienen que existir razones comunes y poderosas a todos los individuos o grupos. Normalmente, estas razones comunes suelen ser, unas de carácter positivo, y otras de carácter negativo; esto es, unas razones indican lo que en común se desea y otras expresan lo que en común se detesta. Así, refiriéndonos al consenso político alcanzado en la Transición, y del que surgió la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, podemos afirmar que dicho consenso fue posible porque la mayoría de fuerzas políticas coincidieron en dos cuestiones: desterrar para siempre de la vida nacional la dictadura de un pensamiento único y de una clase dirigente omnipresente y omnipotente, y conquistar una sociedad soberana, libre, representativa, solidaria, respetuosa con los derechos humanos, con las minorías y con las singularidades históricas y culturales. Estas ambiciones alumbraron un amplio consenso entre las fuerzas políticas y, posteriormente, pudo ser ratificado de forma abrumadora por la ciudadanía.
Algo huele a podrido en Dinamarca. Como en el Hamlet shakespeariano, la lucha política española se está volviendo fraticida. Ya no hay máscaras: todas ellas han sido retiradas para que los rostros de cada cual manifiesten sus verdaderos estados de ánimo y sus sentimientos. El odio, el rencor y el desprecio lo inundan todo. Viendo las cosas que están aconteciendo en la vida política nacional a uno se le viene a la memoria (no vivida pero sí aprendida) los dolorosos recuerdos de aquellos meses que se sucedieron desde las elecciones de febrero al 18 de julio de 1936. No fue suficiente la victoria a las izquierdas, sino que empeñaron todo su esfuerzo en desacreditar y barrer a las derechas del mapa. A pesar de los años trascurridos y de las enseñanzas que nos ha reportado este largo periodo, el Partido Socialista Obrero Español vive en plena deriva revanchista. La lección que dieron Felipe González y José María Aznar al pasar página de hechos lamentables acaecidos durante los gobiernos que les precedieron no ha servido de nada. A ninguno de los citados presidentes se les ocurrió, por estatura política de Estado, recriminar ni reprobar en el Parlamento a responsables políticos de gobiernos anteriores. ¿Qué hubiera ocurrido si Felipe González hubiese solicitado la reprobación del ministro de Defensa por el 23-F? ¿O cómo se hubiera entendido que José María Aznar hubiera respaldado una acción similar en las Cortes por los responsables de los crímenes de Estado o por los casos de corrupción (todos ellos juzgados y condenados)? No, ambos estadistas actuaron con moderación y mesura, aceptando que tanto los jueces como el pueblo español ya habían dictado su veredicto, unos en los tribunales y los otros en las urnas.