Corría el mes de octubre de 1837, cuando las negociaciones secretas, mantenidas por negociadores de confianza (dudosa), llevaron al aspirante al trono de España, el infante Carlos María Isidro -hermano de Fernando VII- a acudir a la capital del reino con su séquito y sus ejércitos para culminar los términos del acuerdo pactado con la rama borbónica que apoyaba la legitimidad dinástica de la pequeña Isabel II. Durante tres largos años los españoles se habían batido en una cruel y despiadada guerra civil a cuenta de la cuestión sucesoria. Ironías de la historia, la reina viuda María Cristina cambió el curso de los acontecimientos tras la muerte de su esposo, defensor a ultranza del Antiguo Régimen, y buscó el respaldo político de los liberales para defender con uñas y dientes la vigencia de la Pragmática Sanción, aprobada por Fernando VII antes de morir a favor de su primogénita Isabel. Por su parte, el infante Carlos, que idolatraba a su amantísimo hermano mayor, sintióse obligado a denunciar la Pragmática haciendo valer su legitimidad, consagrada en la tradición de la Ley Sálica. Con lo cual, desde incluso antes de la muerte del monarca, el absolutismo se puso al servicio incondicional del infante Don Carlos, dándose lugar tras el óbito a una crudelísima guerra fraticida que ensangrentó la mayor parte de las tierras de España.

Pues bien, como decía, al cabo de tres años de luchas, parecía que el enfrentamiento estaba a punto de concluir felizmente, gracias al buen hacer de los negociadores respectivos y a la buena disposición de las ramas borbónicas enfrentadas. Una vez en Madrid, la reina madre María Cristina y el infante Don Carlos resolverían el último lazo del pacto y harían público los términos del mismo. Pero ¡hete aquí! que cuando el cortejo del aspirante absolutista se hallaba en la localidad de Arganda, a una jornada de entrar en la Villa y Corte por la puerta de Atocha, un correo venido de palacio anunció al muy cristiano y menguado infante que de lo pactado nada de nada, que no había negocio, que el único acuerdo que aceptaba la reina madre y el gobierno que la apoyaba era la entrega incondicional de las armas, y que nada impediría que la princesita Isabel reinara por derecho propio. Ni que decir tiene que la decepción del pretendiente fue extrema, por lo que resolvió levantar el campamento y regresar inmediatamente a sus acerbas fortalezas de las montañas navarras. No quiso el infante presentar batalla a los isabelinos, ni éstos cortar la retirada a los absolutistas. De modo que la guerra civil todavía tendría que producir algunos miles de muertos más.

Como se puede comprobar, este no es más que otro ejemplo de los muchos que abundan en la historia de España, en el que los intereses políticos de unas facciones y otras terminan por imponer un duro castigo y sacrificio a la mayor parte del pueblo llano. Son luchas por el poder que libran los pretendientes de los distintos linajes, pero que en muchos casos exceden los cauces decorosos y civilizados del diálogo o del debate, y que una vez excitadas las voluntades clientelares terminan por arrastrar a la contienda a las masas ingenuas e indefensas, causando en estas los mayores perjuicios.

Finalmente, siempre es España la víctima de la ineptitud de sus gobernantes. En la hora actual los aviesos nacionalistas, que hasta hace bien poco tenían casi todos los caminos cortados, llevan ahora la mejor parte. Se han deshecho de la fuerza que les imponía la razón de un espíritu constitucional basado en una convivencia solidaria entre iguales; se han congraciado taimadamente con un presidente de gobierno que juega con varias cartas, halagando por un lado su talante de diálogo y negociador y, por otro, a los próceres del socialismo periférico, y ofreciéndose para estabilizar la gobernación; se han agarrado al brazo fuerte de las instituciones autonómicas y del Estado central; han dado al Ejecutivo de ZP la ocasión de anular la obra legislativa de los populares. Han puesto freno a la ley de partidos, y pretenden convertir en papel mojado los actuales estatutos de autonomía, y este no es más que el primer paso para cambiar el modelo territorial que los españoles se dieron en 1978. ¿Qué sucederá después? Pues bien, puestos a hacer de profeta, no me es difícil aventurar que seguirá funcionando la máquina de las reivindicaciones; que no habrá revoluciones temibles, porque la ciudadanía no está para aventuras insensatas, y ya no se la engaña con discursos efectistas y mentiras embaucadoras; que es posible que tengamos debates agrios, amenazas, amagos y hasta disturbios callejeros. Todo ello carecerá de grandeza, pues no hay en el panorama elementos para ello, y menos líderes que abriguen grandeza de ideas y de corazón. Todo se reduce a ambición de poder, aunque sean pequeñas nuevas parcelas de poder, y a que los triunfadores imiten a los vencidos en sus desaciertos y mezquindades.

Soberanía popular y Estado de Derecho

No obstante, creo que en España existen muchos y muy buenos patriotas que no dudarán en oponerse por todos los medios que nuestro Estado de Derecho nos dispensa. Algunos, bastantes, ya lo están haciendo a diario presentando batalla por medio de la palabra y los argumentos. Otros, estoy seguro, no tardaran en levantar su voz para abrirse paso a la cordura y sensatez, aún a costa de discrepar abiertamente con los suyos. Nuestro sistema político a ojos vista parece débil y quebradizo, pero es tan solo una falsa ilusión. Nunca los españoles hemos acrecentado mayor grado de coincidencias como las que compartimos desde la Transición. Es cierto que los embelecos y cantos de sirena de la España disidente tienen una amplia resonancia mediática; también es cierto que todavía perduran demasiados prejuicios históricos y morales; pero llegados a la hora de las graves decisiones, una inmensa mayoría no desconfiará de su prójimo, sea éste del color que sea, y arrimará el hombro para defender a nuestra Nación de los envites rupturistas y disgregadores.

Como en la historia al principio reseñada, el secretismo negociador que anima a los dirigentes socialistas y nacionalistas está en plena efervescencia. Unos y otros están inflamados por la ilusión de las bondadosas ventajas que obtendrán si no cejan en el empeño. Pero no quieren darse cuenta de que todos no pueden ganar: la nación española no puede sobrevivir a una federación de naciones, sencillamente porque en ese momento dejaría de existir España. Alguien con verdadera ascendencia sobre ellos tendría que decírselo, tanto a los aspirantes como a los que negocian por delegación. Es más que probable que termine por ocurrir lo de Arganda, que un mensajero entregue a unos u otros un ultimátum irrevocable. Los actuales demandadores de imaginaros reinos perdidos tienen los días contados; cada vez está más cerca el desenlace final, y son unos insensatos si creen que nadie se atreverá a impedírselo. Por mucho que los distintos pretendientes al trono (a los varios tronos) se esfuercen por acordar un nuevo orden hispánico, millones de españoles no están dispuestos a consentir que se desbarate su casa común para sustituirla por una federación de naciones.

En aquel tiempo de la primera guerra carlista la ominosa negociación tuvo lugar por la debilidad institucional del gobierno liberal, originada por las rivalidades de los progresistas, que puso en un brete la causa isabelina. Pero, al fin, la emergencia de un brazo firme y con prestigio, como fuera el del héroe de Luchana, Baldomero Espartero, terminó por imponer el espíritu de moderación y mesura que abrió el camino a la victoria contra la facción absolutista. Aquí y ahora lo que está en juego no es ninguna rivalidad de pretendientes al Trono, sino la integridad misma de España, ¡ahí es nada! Por fortuna, la soberanía popular es la que tiene la última palabra, y desde el Jefe del Estado, pasando por las demás instituciones del Estado, hasta los representantes de los ciudadanos no les queda más remedio que guardar y hacer guardar la Constitución y el cómputo de leyes derivadas de la Carta Magna. Las negociaciones subrepticias pueden ser la tumba política para los falsos pretendientes y para los falsos negociadores.