miércoles, 21 de septiembre de 2005
Nación y nacionalidad
Diada de CataluñaNo creo que el debate actual sobre Nación y Nacionalidad sea huero o estéril. Más bien pienso lo contrario, que es oportuno por la ocasión que ofrece a los ciudadanos de aclarar conceptos e ideas. Lo verdaderamente negativo es que este debate se produzca bajo la presión de los nacionalistas catalanes y vascos para imponer inmediatamente el término Nación en las reformas estatutarias.

El debate básicamente lo protagonizan los políticos y los líderes de opinión que defienden el texto constitucional y los nacionalistas e independentistas que consideran la creación de un Estado nacional como una condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de su pueblo. Lo cual no quiere decir que la mayoría de los ciudadanos del País Vasco o de Cataluña sean partidarios de constituirse, de la noche a la mañana, en una Nación independiente de España. Pero la dialéctica política que los dirigentes nacionalistas han impulsado, repleta de agravios y de reivindicaciones, así lo hace suponer. Por ello me permito introducir algunas reflexiones nuevas para ampliar la perspectiva del debate.

El Diccionario de la Real Academia Española define Nación como “el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno”. Una segunda acepción señala que “también es el territorio de ese país”. Y una tercera reseña la Nación como “conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. Como se puede comprobar, para el caso de las dos autonomías antes citadas, los habitantes del País Vasco y de Cataluña no sólo están regidos por sus respectivos gobiernos autonómicos, sino también por un Ejecutivo de rango superior que es el de la Nación española, como les ocurre a las restantes autonomías que conforman el Estado.

En cuanto a que el territorio de ambos países sea el de la nación vasca y de la catalana no tengo nada que decir; sí, en cambio, dicen mucho los propios nacionalistas cuando mantienen exigentes reivindicaciones sobre sus respectivos y presuntos territorios históricos.

Y, por último, la tercera acepción es también clarificadora, puesto que en ambos casos el origen del conjunto de personas no es el mismo, ni hablan el mismo idioma y, mucho menos, tienen una tradición común. Tanto el País Vasco como Cataluña cuentan con una numerosa población foránea, y por lo tanto ni tienen el mismo origen ni las mismas tradiciones que los vascos y catalanes autóctonos. Respecto a la lengua vernácula, en el caso de los vascos autóctonos es sabido que una gran mayoría no lo habla, a pesar de los grandes esfuerzos de enseñanza ligüística que está realizando el gobierno autónomo; en el caso de la lengua catalana, mucho más difundida entre la población autóctona, no es menos evidente que no es la lengua común de los seis millones de ciudadanos que habitan en Cataluña.

Al margen -y no por ello menos importante- de que el debate tiene un nivel jurídico de primera magnitud, puesto que la Constitución de 1978, aprobada mayoritariamente por el pueblo español, únicamente define a España como Nación, las consideraciones conceptuales e históricas también son muy importantes. Por ello, en el plano conceptual la RAE precisa sobre el término Nacionalidad que “es aquella condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación”, definición que recoge buena parte de las aspiraciones nacionalistas. Una segunda acepción la define como “el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación”.

Por todo esto, y a la vista de que a los nacionalistas estos conceptos se les quedan estrechos e insuficientes, no dudan en incorporar a su concepto peculiar de Nación el concepto de Patria, que es “la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”. Como se puede comprobar, el concepto Patria está íntimamente vinculado al de Nación, sin que por ello tenga que suponerse a los ciudadanos de una nacionalidad carentes de vínculos jurídicos, históricos y afectivos con su tierra.

Desde luego que cualquier persona está legitimada a tener sus propias creencias y a desear que estas se hagan realidad; los únicos límites a los deseos tienen que ver con el respeto a los demás y al orden establecido, máxime si dimana de la voluntad popular democráticamente expresada en un Estado de Derecho. A partir de aquí, es el debate, la confrontación dialéctica y el convencimiento a los demás el camino correcto para avanzar en la consecución de cualquier ideal. Es por esto que no comparto el hecho de que el nacionalismo y el independentismo catalán tengan que abrirse camino a toda costa, hacia su meta final, que no es otra que la de crear un Estado propio, mediante la presión y el chantaje que supone sostener a un gobierno débil (el del tripartito en Cataluña y el del PSOE en España).

La reforma del Estatut de Catalunya puede ser todo lo oportuna y necesaria que se quiera -en esto hay disparidad de criterios-, pero no es menos cierto que el anhelo de mayor autogobierno no debería pasar por poner patas arriba nuestro modelo de convivencia. Ya lo intentaron los nacionalistas vascos con el Plan Ibarretxe hace poco más de seis meses, con desigual fortuna.

Respecto a la aprobación del proyecto de reforma del Estatut que está debatiéndose en Cataluña se encuentra en un momento crucial: todas las cartas ya están encima de la mesa y comprobamos sin sorpresa que cada jugador juega con una baraja distinta, unos tienen más cartas que otros. El dictamen elaborado por el Consejo Consultivo, creado expresamente para examinar la legalidad jurídica del texto del borrador, ha sido rotundo: 20 artículos sobrepasaban los límites constitucionales y otros tantos rozaban peligrosamente ese límite. Es decir, el Consejo Consultivo sentenciaba que se jugaba con cartas marcadas. Las fuerzas políticas del tripartito, más CiU, hace unos días que presentaron nada menos que 30 enmiendas al dictamen del Consejo Consultivo. Pero las discrepancias entre los socialistas del PSC, que ya no pueden continuar más con el desafuero, y sus socios independentistas de ERC y los nacionalistas de CiU han metido en un pantanal el debate político.

A finales de septiembre será votado en el Parlament catalán el texto definitivo, que de ser aprobado mayoritariamente, deberá pasar el trámite parlamentario en las Cortes Generales para su aprobación definitiva. Todavía hay tiempo de que socialistas, independentistas, nacionalistas y la izquierda verde saquen un conejo de la chistera a última hora para ponerse de acuerdo. Al Partido Popular catalán le ignoran porque no le necesitan y es la minoría que se opone radicalmente a los términos del nuevo Estatuto. Pero en el Congreso de los Diputados, con el PP en contra, no habrá nuevo Estatut de Catalunya, y ellos lo saben. Parece más razonable plantear abiertamente una reforma de la Constitución para, si prospera, abordar las reformas estatutarias en unos términos de legalidad jurídica.
Publicado por torresgalera @ 22:03  | Política
Comentarios (1)  | Enviar
Comentarios
Añadir comentario
Publicado por Invitado
miércoles, 28 de diciembre de 2005 | 17:11
muchos catalanistas diran que Cataluña cumple los requisitos de la tercera definicion y que por eso Cataluña es una nacion. Ahi esta el error, no habeis leido bien esa definicion. Dice EL CONJUNTO DE PERSONAS, no habla en ningun caso de region o territorio. Asi, en todo caso, el Estatut tendria que decir:

"CATALUÑA ES UNA COMUNIDAD AUTONOMOMA. EL CONJUNTO DE PERSONAS QUE VIVEN EN ELLA ES UNA NACION"

Aceptariais los defensores del Estatut esta definicion??? Es la unica solucion que podria darse si nos ajustamos a la realidad. Creo que no la aceptariais porque vosotros vais por lo de nacion=pais mas que por el pueblo catalan...