Nos encontramos en las vísperas del trigésimo aniversario de "La marcha verde" sobre el Sahara Occidental. En aquellas postrimerías de 1975 España vivió algunos de los acontecimientos más graves del franquismo: el 27 de septiembre fueron fusilados tres terroristas del FRAP y dos de ETA, después de que Franco conmutara la pena de muerte de otros tantos condenados a la pena capital. Desde el Papa Pablo VI, pasando por numerosas personalidades y gobiernos extranjeros, hasta miles de manifestantes anónimos en diversas capitales americanas, europeas y españolas clamaron por la benignidad del gobierno español, sin éxito; y a las pocas semanas, ya con Franco gravemente enfermo, Hasán II, el monarca de Marruecos gran amigo y aliado de España, el hermanísimo del príncipe Don Juan Carlos, decidió dar el golpe de gracia por la espalda a sus vínculos fraternales con el régimen del generalísimo. Para ello no dudó en lanzar un órdago al presidente del gobierno español, Carlos Arias Navarro, y al heredero de la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón.

Como no podía ser de otra manera, el rey de Marruecos aprovechó aquellas semanas de desconcierto entre los políticos del régimen, con Franco moribundo en el hospital "La paz", para lanzarse a una temeraria y arriesgada estrategia para apoderarse de la provincia ultramarina española del Sahara Occidental. En pocos días el ambiente se caldeó en la sociedad españoles hasta niveles preocupantes. Las Fuerzas Armadas movilizaron sus efectivos y tomaron posiciones en la frontera sahariana con Marruecos para repeler cualquier intentona de fuerza. Y mientras que las acuciantes gestiones diplomáticas se sucedían trepidantes, el Príncipe asumió interinamente la jefatura del Estado y de los ejércitos y viajó a la colonia española para dar ánimo a las tropas y a la población. Todo fue en vano.

Hasán II demostró una audacia sin precedentes: movilizó a la población marroquí, y en número que sobrepasaba las trescientas mil almas (niños y mujeres en su mayoría) las lanzó desarmada y caminando a través del desierto hacía la frontera, dispuestas a sobrepasar las líneas defensivas del ejército español. El desenlace de esta arriesgada estrategia es bien conocida: los militares españoles se replegaron sin abrir fuego y el gobierno aceptó deprisa y corriendo un proceso inmediato de descolonización del Sahara.

Hoy, treinta años después, se repite la historia pero con objetivos y circunstancias diferentes. Mohamed VI, el hijo de aquel monarca que traicionó la supuesta amistad que le unía a Francisco Franco y a Juan Carlos de Borbón, está decidido -alentado por la camarilla de militares, políticos y poderosos que adulan al monarca para satisfacer sus ambiciones- a concluir el proceso de consolidación territorial que en la década de 1950 iniciara su abuelo Mohamed V, y que le permitió, entre otros, la obtención de Río Muni e Ifni. Ahora los objetivos son Ceuta y Melilla.

Como hace treinta años, la oligarquía de Marruecos está aprovechando el momento de debilidad política existente en España. Con el modelo territorial en pleno proceso de subversión, instigado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y gestionado por los nacionalistas e independentistas periféricos, el poder marroquí ha visto su gran ocasión para iniciar la conquista de Ceuta y Melilla. Tienen todos los pretextos políticos y morales. Durante las dos legislaturas que gobernó José María Aznar, de expansión y reforzamiento de la política exterior, el gobierno de Rabat intentó con éxito dividir a las fuerzas políticas españolas, aprovechándose del enfrentamiento visceral que protagonizó -sobre todo durante la segunda legislatura- el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. A la inflexible actitud de Aznar frente a los caprichos del gobierno marroquí, Rodríguez Zapatero respondió con inusitada deslealtad al Ejecutivo de su país a la vez que se mostró puerilmente condescendiente ante Mohamed VI y su gobierno (viaje de ZP a Rabat, en plena crisis diplomática; campaña de prensa contra Aznar; crítica a la acción militar en Isla Perejil; paripé de referendo en el Parlamento de Andalucía sobre el destino del Sahara Occidental,...). Luego, con la llegada de Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el gobierno socialista no paró en barras en ofrecer un amigable entendimiento y colaboración con las autoridades de Marruecos. Por fin se restablecían unas relaciones bilaterales calificadas de muy cordiales y amistosas. Nada más lejos de la realidad.

Uno de los principales problemas de los acontecimientos ocurridos hace treinta años es que a los españoles nos hurtaba el régimen franquista la información sobre casi cualquier asunto de la vida pública. También sobre el verdadero estado de nuestras relaciones con Marruecos. Pero aún es mucho peor en la actualidad, que en un régimen constitucional democrático, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español no sólo no dicen toda la verdad sino que nos mienten, en aras de una supuesta y necesaria discreción en la política exterior. Esta práctica generalizada de gobernación “discreta” no es más que un síntoma de la estulticia que Rodríguez Zapatero está demostrando desde que preside el Consejo de Ministros. Y lo malo es que Mohamed VI y los grupos de poder de Marruecos los saben. Por eso alientan esta nueva “marcha negra” sobre Ceuta y Melilla. No, no es casualidad. Se trata de una estrategia bien definida. A los dos territorios españoles en África hay que ahogarlos, convertirlos en inhabitables, desmoralizar a sus respectivas poblaciones para que se marchen. Mientras, la prensa marroquí jalea la reivindicación de las dos ciudades, la policía consiente las concentraciones de subsaharianos en los aledaños de las fronteras enrejadas, y en Sevilla se celebra una cumbre bilateral para reforzar la amistad y cooperación entre ambos gobiernos; también han hablado de inmigración ante la presencia de los presidentes autonómicos de Andalucía y Canarias, pero a no han invitado a los presidentes de Ceuta y Melilla.

Entre tanto, ¿dónde está el Rey? El Jefe del Estado tendrá que decir algo. El hermano de Hasán II y de Mohamed VI debería intervenir. Es inaudito que Don Juan Carlos no haya visitado oficialmente Ceuta y Melilla desde que accedió al Trono de España. Estas excepciones no son casuales sino que responden a razones de Estado que se nos ocultan a los españoles. Y esto es imperdonable. El pueblo español es el único soberano, y si Mohamed VI ha iniciado con esta “marcha negra” sobre Ceuta y Melilla una nueva etapa de su estrategia para apoderarse de las dos ciudades españolas, los españoles tenemos todo el derecho a conocer cómo se piensa impedir esto y hasta dónde está dispuesto a negociar el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una amenaza extraordinaria se cierne sobre la unidad de España. En cambio el debate se mantiene con éxito entre izquierdas y derechas, entre progresismo y conservadurismo. Y buena parte de los españoles continúan siendo prisioneros de este sofisma, sin caer en la cuenta de que el futuro de España está siendo malogrado por un puñado de facinerosos ávidos de poder y menguados de corazón.

El viernes 30 de septiembre está condenado a ser un gran día. Dos acontecimientos singulares marcarán esta fecha en los anales de la Historia: por un lado, la votación -en el Parlament de Cataluña- del proyecto de nuevo Estatut de Autonomía, que de salir adelante deberá será llevado a las Cortes Generales de la Nación para su debate y sanción definitiva por los representantes legales del pueblo español; de otra parte, ese mismo día se estrenará en más de cuatrocientas salas de cine de todo el territorio nacional Torrente 3, la tercera entrega de la singular saga fílmica del inefable director-guionista-actor Santiago Segura.

Los dos hechos son especialmente relevantes por su trascendencia social. En el primer caso, su relevancia radica en que el nuevo Estatut, tal y como está concebido, supone todo un desafío al espíritu y la letra de la Constitución de 1978: impone la definición de Cataluña como nación cuando la Carta Magna otorga ese estatus exclusivamente a España; restituye unos presuntos derechos históricos haciendo saltar por los aires la tradición constitucional española surgida en las Cortes de Cádiz de 1812, a la vez que reimplanta el espíritu autónomo y secular del Principado, que se relacionó con la Corona de Castilla bajo la forma del pacto desde los Reyes Católicos hasta el final de la Guerra de Secesión, en 1714; implanta un modelo de financiación territorial exclusivo que negocia su contribución al Estado español de forma bilateral con los representantes de éste, rompiendo así el modelo constitucional de solidaridad interregional y despreciando las instituciones de negociación existentes; y, por último, blinda las competencias que considera exclusivas de Cataluña, subvirtiendo la doctrina constitucional que infiere al Estado la facultad para ceder competencias a las comunidades autónomas, así como el poder sancionador en caso de mal uso de las mismas, e, incluso, la potestad de rescindir la cesión de esas competencias. Como se puede comprobar, de prosperar en el Parlamento catalán el proyecto de nuevo Estatuto, es impensable que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Hoy por hoy en España sólo el Partido Popular está por la labor de defender el imperativo constitucional; en el PSOE también existe una mayoritaria corriente de personas en contra del desmembramiento de la Nación española, pero la clase dirigente que lidera José Luis Rodríguez Zapatero ha empujado al presidente del Gobierno por este peligroso terraplén de descarrilamiento seguro. Sabemos que el PP -cuyos votos son imprescindibles- va a impedir que el nuevo Estatut de Catalunya sea aprobado. Este hecho, cuando se produzca, va a generar tales tensiones en la vida política que sus consecuencias son por ahora inimaginables.

En cuanto al otro acontecimiento, señalar que visto lo ocurrido con las dos anteriores entregas de Torrente, esta tercera que se estrena el viernes reúne todos los requisitos para ser un nuevo éxito de público y recaudación. La crítica podrá decir todo lo que quiera, pero el personaje de Santiago Segura cautiva a numerosos españoles, incluidos los de Cataluña. Torrente representa el paradigma del ser más abyecto, miserable y amoral de cuantos puedan existir en nuestra sociedad. Y encima es un perdedor, y él lo sabe. Se reivindica así mismo como un prodigio de virtudes. Vive anclado en la ensoñación de un pasado que tiene por glorioso y ejemplar. Sobrevive mediante el engaño, el sablazo y la extorsión. Y su obsesión, rodeado de personajes igualmente despreciables, es protagonizar -al precio que sea- una gesta que le conceda la notoriedad y relevancia que él cree que se merece. Pues bien, este engendro de individuo, conducido con ingenio por la eficiente mano de su creador, hace las delicias de millones de espectadores. Las dos primeras entregas batieron records de taquilla sin necesidad de subvenciones oficiales. La próxima lleva el mismo camino. También en Cataluña convocará a decenas de miles de espectadores, lo cual hace pensar qué algo no cuadra: si tanto en Gerona, Badalona, Tortosa o Lérida, como en Barbate, Zamora, Puertollano o Santa Cruz de Tenerife buena parte de sus gentes gozan y se divierten con las aventuras y desventuras del simpar Torrente, mucho me temo que a estos ciudadanos les importa una higa el nuevo Estatut. Y mucho menos les importan los "torrentes" políticos empeñados en ampulosos y extravagantes discursos con los que nos incordian hasta la exasperación. Por mucho que éstos se empeñen, a la mayoría no nos hacen ni pizca de gracia, además de amargarnos la vida.

No creo que el debate actual sobre Nación y Nacionalidad sea huero o estéril. Más bien pienso lo contrario, que es oportuno por la ocasión que ofrece a los ciudadanos de aclarar conceptos e ideas. Lo verdaderamente negativo es que este debate se produzca bajo la presión de los nacionalistas catalanes y vascos para imponer inmediatamente el término Nación en las reformas estatutarias.

El debate básicamente lo protagonizan los políticos y los líderes de opinión que defienden el texto constitucional y los nacionalistas e independentistas que consideran la creación de un Estado nacional como una condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de su pueblo. Lo cual no quiere decir que la mayoría de los ciudadanos del País Vasco o de Cataluña sean partidarios de constituirse, de la noche a la mañana, en una Nación independiente de España. Pero la dialéctica política que los dirigentes nacionalistas han impulsado, repleta de agravios y de reivindicaciones, así lo hace suponer. Por ello me permito introducir algunas reflexiones nuevas para ampliar la perspectiva del debate.

El Diccionario de la Real Academia Española define Nación como “el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno”. Una segunda acepción señala que “también es el territorio de ese país”. Y una tercera reseña la Nación como “conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. Como se puede comprobar, para el caso de las dos autonomías antes citadas, los habitantes del País Vasco y de Cataluña no sólo están regidos por sus respectivos gobiernos autonómicos, sino también por un Ejecutivo de rango superior que es el de la Nación española, como les ocurre a las restantes autonomías que conforman el Estado.

En cuanto a que el territorio de ambos países sea el de la nación vasca y de la catalana no tengo nada que decir; sí, en cambio, dicen mucho los propios nacionalistas cuando mantienen exigentes reivindicaciones sobre sus respectivos y presuntos territorios históricos.

Y, por último, la tercera acepción es también clarificadora, puesto que en ambos casos el origen del conjunto de personas no es el mismo, ni hablan el mismo idioma y, mucho menos, tienen una tradición común. Tanto el País Vasco como Cataluña cuentan con una numerosa población foránea, y por lo tanto ni tienen el mismo origen ni las mismas tradiciones que los vascos y catalanes autóctonos. Respecto a la lengua vernácula, en el caso de los vascos autóctonos es sabido que una gran mayoría no lo habla, a pesar de los grandes esfuerzos de enseñanza ligüística que está realizando el gobierno autónomo; en el caso de la lengua catalana, mucho más difundida entre la población autóctona, no es menos evidente que no es la lengua común de los seis millones de ciudadanos que habitan en Cataluña.

Al margen -y no por ello menos importante- de que el debate tiene un nivel jurídico de primera magnitud, puesto que la Constitución de 1978, aprobada mayoritariamente por el pueblo español, únicamente define a España como Nación, las consideraciones conceptuales e históricas también son muy importantes. Por ello, en el plano conceptual la RAE precisa sobre el término Nacionalidad que “es aquella condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación”, definición que recoge buena parte de las aspiraciones nacionalistas. Una segunda acepción la define como “el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación”.

Por todo esto, y a la vista de que a los nacionalistas estos conceptos se les quedan estrechos e insuficientes, no dudan en incorporar a su concepto peculiar de Nación el concepto de Patria, que es “la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”. Como se puede comprobar, el concepto Patria está íntimamente vinculado al de Nación, sin que por ello tenga que suponerse a los ciudadanos de una nacionalidad carentes de vínculos jurídicos, históricos y afectivos con su tierra.

Desde luego que cualquier persona está legitimada a tener sus propias creencias y a desear que estas se hagan realidad; los únicos límites a los deseos tienen que ver con el respeto a los demás y al orden establecido, máxime si dimana de la voluntad popular democráticamente expresada en un Estado de Derecho. A partir de aquí, es el debate, la confrontación dialéctica y el convencimiento a los demás el camino correcto para avanzar en la consecución de cualquier ideal. Es por esto que no comparto el hecho de que el nacionalismo y el independentismo catalán tengan que abrirse camino a toda costa, hacia su meta final, que no es otra que la de crear un Estado propio, mediante la presión y el chantaje que supone sostener a un gobierno débil (el del tripartito en Cataluña y el del PSOE en España).

La reforma del Estatut de Catalunya puede ser todo lo oportuna y necesaria que se quiera -en esto hay disparidad de criterios-, pero no es menos cierto que el anhelo de mayor autogobierno no debería pasar por poner patas arriba nuestro modelo de convivencia. Ya lo intentaron los nacionalistas vascos con el Plan Ibarretxe hace poco más de seis meses, con desigual fortuna.

Respecto a la aprobación del proyecto de reforma del Estatut que está debatiéndose en Cataluña se encuentra en un momento crucial: todas las cartas ya están encima de la mesa y comprobamos sin sorpresa que cada jugador juega con una baraja distinta, unos tienen más cartas que otros. El dictamen elaborado por el Consejo Consultivo, creado expresamente para examinar la legalidad jurídica del texto del borrador, ha sido rotundo: 20 artículos sobrepasaban los límites constitucionales y otros tantos rozaban peligrosamente ese límite. Es decir, el Consejo Consultivo sentenciaba que se jugaba con cartas marcadas. Las fuerzas políticas del tripartito, más CiU, hace unos días que presentaron nada menos que 30 enmiendas al dictamen del Consejo Consultivo. Pero las discrepancias entre los socialistas del PSC, que ya no pueden continuar más con el desafuero, y sus socios independentistas de ERC y los nacionalistas de CiU han metido en un pantanal el debate político.

A finales de septiembre será votado en el Parlament catalán el texto definitivo, que de ser aprobado mayoritariamente, deberá pasar el trámite parlamentario en las Cortes Generales para su aprobación definitiva. Todavía hay tiempo de que socialistas, independentistas, nacionalistas y la izquierda verde saquen un conejo de la chistera a última hora para ponerse de acuerdo. Al Partido Popular catalán le ignoran porque no le necesitan y es la minoría que se opone radicalmente a los términos del nuevo Estatuto. Pero en el Congreso de los Diputados, con el PP en contra, no habrá nuevo Estatut de Catalunya, y ellos lo saben. Parece más razonable plantear abiertamente una reforma de la Constitución para, si prospera, abordar las reformas estatutarias en unos términos de legalidad jurídica.

He sentido como una gran noticia la inauguración l lunes 12, por los Príncipes de Asturias, del Instituto Cervantes de Praga. La capital de la República Checa es una hermosísima ciudad que merece la pena ser visitada, admirada y vivida. Rezuma cultura por todos sus rincones, incluso más allá de Praga: toda Chequia es motivo de interés. Su relación con España data de antiguo, aunque la memoria histórica del pueblo checo guarda un sabor más bien agrio.

El origen de la nación checa es un tanto incierto. Parece ser que su nombre deriva de una estirpe o tribu eslava, un título que se daba a las familias más ricas y poderosas, y que a partir del siglo IX empezaron a dominar sobre Bohemia como un estamento aristocrático. Con el tiempo este título se generalizó para todos los habitantes del país. A falta de documentación escrita, la leyenda se abrió paso sobre un fundamento toponímico que fue narrada en la Chronica Boemurum, que un canónigo de la catedral de Praga, llamado Cosmas, escribió hacia el año 1125. La estrategia más normal de aquellas familias del Gran Imperio Moravo para hacerse con el poder fue la de aliarse con sus poderosos vecinos del oeste, el imperio carolingio, o del este, el imperio bizantino. Empezó así una tradición de alianzas con oriente u occidente que definiría la historia del país.

Uno de los primeros testimonios de la relación entre Bohemia-Moravia e Hispania tiene fecha de finales del siglo IX y principios del X. Fue la firma de la alianza matrimonial para desposar a la princesa Orosia, hija del primer rey de la dinastía premilista Borijov y de Santa Ludmila, con uno de los nobles de la marca hispánica, el aragonés Fortún Garcés, el Monje (882-905). La leyenda cuenta que cuando llegó la expedición nupcial a los Pirineos fue interceptada por un caudillo moro, que se enamoró de Orosia y la martirizó. Su cadáver apareció milagrosamente dos siglos después en los alrededores de Jaca y Santa Orosia quedó integrada entre los santos del Camino de Santiago como patrona de los enfermos "endemoniados".

Otro dato de interés que la Historia de Chequia guarda con celo es el de la primera noticia escrita sobre la existencia de la ciudad de Praga. Este registro procede de una carta o informe comercial que escribió un judío residente en el califato de Córdoba, Ibrahim Ibn Jakob, el cual hizo un viaje al país de los eslavos y llegó a Bohemia en el año 965 para entablar relaciones comerciales o diplomáticas. Sus informaciones sobre las costumbres y vida de los eslavos (por ejemplo, los baños públicos y "saunas") son muy estimables. De Praga -que Ibn Jakob llama Fraga- dice, entre otras cosas, que tenía algunas casas de piedra y cal -sin duda se refería a alguna ermita redonda, como San Martín, en el Vysehrad, o la Rotonda de la Santa Cruz, en la calle Karoliny Svetle (Ciudad Vieja)-, un comercio floreciente y que ya había judíos establecidos en ella: "Hasta ella vienen rusos y eslavos con sus mercancías y de la parte de los turcos musulmanes, judíos y turcos, también con mercancías y monedas de cambio".

Fernando I, primer rey español

Durante siglos, la nobleza checa se debatió entre un difícil y tormentoso ejercicio de alianzas cambiantes con los poderosos reinos vecinos y el deseo de mantener viva su identidad como nación. Para colmo, a las guerras de alianzas se sumaron prematuramente en Bohemia los conflictos de religión, que fueron precursores de la Contrarreforma. Llegados a este punto, en 1526 murió el último rey de la dinastía Jagelón, Luis, peleando en Hungría contra los turcos. Subió al trono de Bohemia su cuñado Fernando I de Augsburgo (1526-1576), que tenía derechos adquiridos por su matrimonio con la princesa polaca Anna. Con Fernando I la familia de los Augsburgo se adueñó de toda Europa, pues su hermano el emperador Carlos V de Alemania era también rey de España. Ni que decir tiene que el nuevo rey de Bohemia se mantuvo fiel al ideario antiprotestante de la familia. Fernando I fundamentó su poder en una fuerte burocracia que redujo la influencia de los nobles locales y sentó las bases de la Contrarreforma en sus territorios -Austria, Bohemia y Hungría- para combatir la Reforma protestante que se extendía por toda Alemania. Aliados los hermanos, vencieron a los luteranos en 1547. A partir de entonces Fernando I, desde su residencia en Viena, centró sus esfuerzos en reprimir el movimiento reformador checo y asegurar su dinastía, lo que le trajo la antipatía de la nobleza y de los estamentos bohemios. Repuso el arzobispado de la catedral de San Vito (1561), que los husitas habían dejado vacante, y llamó en 1556 a los jesuitas, vanguardia del catolicismo combatiente, que abrieron un colegio en Praga para neutralizar la influencia de la Universidad Carolina, convertida en un reducto husita. El nuevo colegio se llamó Clementinum porque se construyó sobre las ruinas del antiguo convento dominico de San Clemente, destruido por los husitas.

Desde el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial la nación checa se vio sujeta a los dictados de los monarcas austro-húngaros. De este hecho data la fuerte presencia impuesta en los territorios de Bohemia y Moravia de una poderosa comunidad germana; hasta tal punto, que con el devenir de los años la minoría bohemio-alemana pronto se convirtió en la clase social que acumulaba la mayor parte de los cargos administrativos, así como el control de la industria, el comercio, la banca, la universidad y la cultura. Esta hegemonía germanófila tuvo un paréntesis desde 1918, con la creación del Estado de Checoslovaquia, hasta la invasión nazi de 1939. Durante estas dos décadas Chequia, y especialmente Praga, experimentó un auge verdaderamente encomiable. Alentado por un nacionalismo exultante la recuperación de Bohemia, que apenas había perdido un 40 por ciento de sus instalaciones industriales en la Gran Guerra, los nuevos dirigentes enseguida hiceron de la nueva república el décimo país industrializado del mundo. El presidente Masaryk dictó una Constitución liberal que permitía la convivencia de las distintas etnias e idiomas, y la prosperidad incluso alcanzó el mundo del fútbol, ya que el equipo nacional, fundado en 1923, se proclamó campeón del mundo en 1934.

Luego vendría para Bohemia otra época oscura de su Historia. La ocupación nazi y, a continuación, su alineamiento con la Unión Soviética. Cuando cayó el Muro de Berlín, en 1989, una quinta parte de la población checa había sido detenida alguna vez por resistencia al régimen comunista. Por esto y por mucho más me alegra que una institución como el Instituto Cervantes haya abierto en Praga una delegación. El pueblo checo está ávido de aprender y de abrirse al exterior. Hace unos pocos días regresé de mi primer viaje -espero que no sea el último- a Praga, donde quedé maravillado. Tan sólo pude recoger una somera impresión de la ciudad, por intensas que hiciera las jornadas de una escasa semana. También tuve oportunidad de hablar con bastantes personas del país y así apreciar de primera mano su pulso vital. En primer lugar, tengo que subrayar que, en general, el pueblo checo me pareció muy instruido; no obstante, aprecié un cierto tono de pesimismo en su talante: se consideran una nación pequeña (algo más pequeña que Andalucía), con pocos habitantes (10,3 millones) y una experiencia histórica llena de sinsabores y decepciones.

El reencuentro checo-hispano

En el acto inaugural del Instituto de España estuvo, entre otras personalidades checas, Václav Havel, el intelectual que guió la Revolución de terciopelo. El que fuera el primer presidente democrático de la actual Chequia se congratuló de este gran acierto cultural español, tan visible en pleno centro de Praga. Sobre la vieja historia española de Praga, con sus luces y sus sombras, Havel comentó que “para bien o para mal muchos checos no conocen esa historia, la gente conoce otra España, moderna y vibrante, y ésa fascina”. Y puso como ejemplo a su amigo Milos Forman, que después de tanto cine en Estados Unidos, “ha descubierto y ha sucumbido al poder de la pintura de Goya, tanto que está preparando una película sobre él”.

Hispanistas e hispanófilos checos se han visto forzados durante años a vivir alejados de la cultura hispana; entre ellos destaca la catedrática de románicas de la Universidad Carolina, Hedvika Vydrova, quien se mostró emocionada por la apertura solemne del Cervantes en Praga. También la escritora Clara Janés, una de las pioneras en hallar lazos poéticos con esta ciudad, manifestó su alegría por esta iniciativa. El profesor Josef Forbelsky, empeñado en una nueva y definitiva traducción de El Quijote al checo, afirmó que “esto es una diacronía, es un milagro; mi generación vivió una separación total de España y hoy se cumple el ideal con el que soñamos”. Merece la pena recordar que El Quijote fue traducido e impreso en Praga en 1605, con éxito inmediato. Forbelsky insistió en que la imagen de una España negra, heredada de la vieja polémica con los Augsburgo y mantenida luego por el régimen comunista “ha desaparecido en cuanto se hizo la luz. Hoy España tiene mucho crédito, se mira con respeto su auge”.

Por su parte, el director general del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, destacó la fascinación española por la música de Dvórak, la poesía de Seifert o la novela de Hrabal, y ofreció un recorrido hispano-bohemio, desde las primeras noticias traídas por el judío Ibn Jakob y el contacto praguense con las universidades de Salamanca y Santiago, el reinado en Praga del nieto de los Reyes Católicos y la llegada desde Granada, hace cuatro siglos, del que hoy es un símbolo de la ciudad, el Niño Jesús de Praga, coronando el tiempo que se llamó de la Praga española.

La Conferencia de Presidentes autonómicos no es una institución del Estado. Es un invento de Rodríguez Zapatero para visualizar su voluntad negociadora cuando a él le conviene. Esto, que en principio parece un exponente de su talante de diálogo, no es más que una arbitrariedad o abuso de poder. Las cuestiones que han sido tratadas en la primera y segunda reunión de la Conferencia tienen sus cauces institucionales, pero ZP no participa de ellos. Y eso no lo puede consentir. Además, para camuflar el engaño implica a la jefatura del Estado, incluyendo foto y almuerzo con los Reyes y Príncipes de Asturias. Veremos qué ocurre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la financiación del déficit sanitario.

La política antiterrorista también la ha sacado el presidente Rodríguez de los cauces institucionales. Primero patrocinó una oferta de amplio consenso parlamentario (con más fuerzas políticas pero con menos representación popular que el Pacto suscrito entre PSOE y PP), y luego se encargó de administrar ese consenso unilateralmente. El secretismo lo ha disfrazado de discreción y su falta de criterio lo viste de prudencia. Ni él mismo sabe en qué va a quedar todo esto. Se lo ha jugado todo a cara o cruz, en la confianza de que las circunstancias le son favorables porque ha abierto el melón de la reforma constitucional y estatutaria.

En realidad Rodríguez vive de los golpes de efecto, de la apertura de jugadas y de la conciencia que tiene a su favor buena parte de los medios de comunicación y de los líderes de opinión. Y es verdad, la mayoría de los grupos mediáticos le han dado un buen margen de confianza. La mayoría de los intelectuales de moda en las colaboraciones periodísticas y en las listas de ventas de libros; buena parte de los cantantes y músicos que copan las listas de ventas; una parte considerable del elenco de directores, actores y actrices que triunfan en el cine y la televisión, respaldan a Rodríguez Zapatero y a su política de colaboración con Izquierda Unida y con los nacionalistas. Por eso ZP no va a rectificar ni un ápice mientras no reciba el primer varapalo de sus propias filas o de sus socios estratégicos.

Indudablemente el tiempo pasa y de todos es sabido que su quehacer es implacable. El primer año de Gobierno socialista ZP lo ha dedicado a ejercicios de pirotecnia política: desmantelar políticas del Partido Popular (retirada de tropas de Irak, Plan Hidrológico Nacional, buena parte de la Ley de Calidad Educativa, Plan de Infraestructuras... ); jalear leyes sociales de escaso calado en el conjunto de la ciudadanía, como la Ley contra la Violencia de Género -que sólo ha sido una pequeña reforma a la ya existente-, Ley de matrimonios homosexuales, reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería... ; aprobar a bombo y platillo decretos sin contenido jurídico ni económico, como el de las 100 medidas de choque para reactivar la economía y la productividad, o el decreto ley para la lucha contra los incendios forestales, que un mes después de aprobado no se había movido del papel y no tuvo ninguna eficacia en el incendio de Guadalajara que costó la vida a 11 personas de un retén de bomberos.

La legislatura se va consumiendo. A estas alturas son numerosos los frentes abiertos por el Gobierno. Algunos trascendentales y peligrosos, como el del nuevo modelo territorial o el de apaciguamiento del País Vasco. Los nacionalistas vascos y catalanes están por desbordar el marco constitucional para satisfacer su hambre de autogobierno: la moneda con qué negociar en Euskadi se llama ETA, y el precio será muy alto; en cambio en Cataluña la moneda se llama autonomía financiera y blindaje de competencias exclusivas. En ambos casos a los españoles nos va a costar un ojo de la cara y la mitad del otro; los nacionalistas gallegos están llamando a la puerta. Y como vivimos en un país donde el que no llora no mama, los demás gobiernos autónomos, sean del color que sean, se desgañitan en llorar sus penas e insuficiencias para justificar sus déficit presupuestarios que con tanto celo han acumulado.

Porque hay que decirlo bien claro y alto: en España la política se hace a golpe de talonario y con el dinero de los contribuyentes. No existe política con mayúsculas. Todos los que de ella viven lo hacen pensando en las próximas elecciones, por lo que todo el dinero es poco para mantener la fidelidad de los electores. Nadie dice no a nada, aunque luego no lo cumpla; el clientelismo es una enfermedad preocupante de nuestra clase política, sobre todo en los niveles autonómicos y municipales. Es en estos escenarios donde se están fomentando con mayor virulencia el pesebrismo y la dependencia de los recursos públicos. Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son comunidades donde el clientelismo se ejerce sin tapujos. En el País Vasco, Cataluña y Galicia es una enfermedad endémica. En las demás autonomías van por el mismo camino.

La política como chalaneo y negocio se ha impuesto, y lo peor de todo es que muchos ciudadanos ven este cáncer como una realidad inevitable ante la que no cabe más que resignarse. Por eso viene tan bien a la izquierda y a los nacionalistas la política de gestos, de reivindicaciones históricas y de agravios, porque con estas actitudes justifican sus demandas y sus acciones. Resucitar viejas querellas, aunque sea falsificándolas y manipulándolas, proporcionan réditos políticos para continuar embaucando a las generaciones que sólo piensan en la tranquilidad de sus últimos años, y a las neófitas del pasado a las que pretenden engañar demonizando un pretérito que se les niega enseñar.

Los reyes de Castilla y Aragón de la dinastía de los Hausburgo siempre tuvieron en los castellanos unos fieles y leales súbditos para realizar sus políticas. No fue este el caso de los aragoneses y catalanes. Su relación con el trono se basó en el pacto. Así, cuando el monarca necesitaba de sus contribuciones a los objetivos de la Corona se veía en la necesidad de convocar las Cortes de Aragón y el Consejo de Ciento: la transacción se hacía imprescindible y no siempre el rey obtenía lo deseado. Durante el reinado de Felipe IV, en el siglo XVII, el Conde-duque de Olivares impuso la primera restricción a las prerrogativas de aquellos reinos después de duras represalias por la recalcitrante reticencia de sus representantes a contribuir a la política del Estado. No obstante, pasado algún tiempo, Olivares sería defenestrado por el propio rey y revocados los recortes impuestos al Principado.

Sería el nuevo siglo el que resultaría trascendental para el futuro de Aragón, Cataluña y Valencia. La muerte sin descendencia del rey Carlos II, ocurrida el 1 de noviembre de 1700, puso sobre el tapete un conflicto de intereses sucesorios en el que se implicaron las principales naciones de Europa. Si bien es cierto que Carlos II cambió su testamento varias veces, por presiones de unos y otros, no lo es menos que su última voluntad favoreció con la corona de los reinos de España a Felipe de Anjou, hijo del Delfín de Francia y nieto del soberano Luis XIV de Borbón.

No tardaron los pretendientes de la casa de Hausburgo en denunciar esta decisión y, apoyados por algunos sectores hispanos, fomentaron una coalición internacional, con Inglaterra como potencia emergente, para impedir a toda costa el auge de Francia por su vinculación con España. En estas consideraciones históricas, hay que recordar que Felipe V juró en 1702 las Constituciones de los reinos españoles, incluida la del Principado de Cataluña. No sería hasta junio de 1705 cuando la oligarquía burguesa de Barcelona firmara el Pacto de Génova con ingleses y austriacos, en virtud del cual el Principado cambió de bando, declarando fidelidad al pretendiente Hausburgo, el archiduque Carlos. A pesar del Pacto, el archiduque no consiguió entrar en Barcelona hasta noviembre del mismo año, una vez que el ejército aliado consiguió acabar con la resistencia de la ciudad. Finalmente, Carlos, al ser nombrado en 1711 emperador de Austria, perdió su interés por Cataluña. Y en el año 1713, la coalición internacional también se desinteresó del conflicto secesionista español y firmó el Tratado de Utrecht. El 11 de septiembre de 1714 el ejército de Felipe V entró en Barcelona.

Como es bien conocido por la Historia, no se puede decir que los borbones anulasen el régimen político propio de Cataluña. Fueron los intereses quebrantados de la oligarquía barcelonesa por el bloqueo del Mediterráneo, impuesto por la coalición antiborbónica, los que llevaron a la traición: el pueblo catalán mantuvo su compromiso, como demuestra la resistencia que ofreció al pretendiente Hausburgo; el apoyo al archiduque sólo triunfó en el triángulo formado por Barcelona, Igualada y Tarragona. Es, por tanto, en este contexto donde hay que situar los cambios que se produjeron en los derechos históricos del Principado: Felipe V respetó los fueros y concedió exenciones fiscales al Principado, pero también es verdad que negó determinados prerrogativas a la oligarquía comercial que ya estaba perjudicada por el bloqueo del Mediterráneo.

En cuanto al Decreto de Nueva Planta, que fue de signo abolicionista, llegó como consecuencia del cambio de bando de Cataluña en 1705. Y si bien es cierto que dicho Decreto limitó seriamente el poder de la oligarquía, a su vez impulsó un programa de reformas y modernización que permitió el desarrollo de Cataluña (Vicens Vives significó «el desescombro de una sociedad feudal saturada de privilegios y privilegiados». Por tanto, quien perdió la libertad no fue Cataluña, sino las clases dominantes.

Merece la pena alguna puntualización sobre la figura de Rafael Casanova, «el héroe de la resistencia nacional catalana» que cada 11 de septiembre recibe flores en su tumba y monumento. En pocas palabras: la noche del 10 al 11 de septiembre de 1714, nuestro héroe —partidario, por cierto, de pactar con los atacantes— estaba en la cama; sólo acudió al frente cuando le avisaron de la gravedad de la situación; fue herido levemente en una pierna y retirado de inmediato a la retaguardia; tras ser atendido de la herida quemó los archivos, se hizo con un certificado de defunción, delegó la rendición en otro consejero y huyó de la ciudad disfrazado de fraile. Posteriormente reaparecería en Sant Boi de Llobregat, donde ejerció la abogacía sin el menor problema, una vez recibido el perdón de Felipe V. En definitiva, Rafael Casanova, en terminología catalana no es sino un botifler, un traidor españolista.

Ni que decir tiene que al nacimiento del constitucionalismo español, en 1812, se sumó Cataluña con el mismo fervor y apasionamiento que el resto de los territorios históricos españoles. El 19 de marzo de 1812, en la sesión plenaria de las Cortes de Cádiz, celebrada en la Iglesia de San Felipe Neri, se firmó el acta de defunción del Antiguo Régimen; sólo el reinado absolutista de Fernando VII, con la excepción del Trienio 1820-1823, supuso un retardo para que la nación española entrara en el nuevo orden. España como nación se impuso sobre su pasado por vocación de sus gentes, a pesar de los enfrentamientos civiles que durante el siglo XIX asolaron el suelo patrio. No fueron los enfrentamientos dinásticos los que dividieron a los españoles, sino que estos fueron el pretexto para dilucidar en los campos de batalla la preeminencia del nuevo orden sobre el antiguo. Y el pueblo catalán, mayoritariamente, estuvo en las guerras carlistas del lado del constitucionalismo, no así la burguesía rural y mercantil que apostó reiteradamente por el absolutismo y los privilegios.

Por eso cuesta trabajo escuchar a los nacionalistas e independentistas catalanes hablar y reivindicar derechos históricos. Me parece muy bien que hayan hecho del 11 de septiembre la fecha de exaltación de la identidad de Cataluña. Pero que no se les caiga la cara de vergüenza de tanto manipular, mentir y disparatar sobre su pasado histórico es algo que se me hace insufrible. El presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, ha calificado la Diada de 2005 como la «Diada del Estatuto». La estatua barcelonesa de Rafael Casanova ha vuelto un año más a ser testigo mudo del fervor catalanista. Entre los innumerables gritos e improperios destacó el del consabido botifler. Los destinatarios del insulto fueron los numerosos políticos que asistieron a la ofrenda floral ante el monumento al héroe libertador de Cataluña. Mientras tanto, el espíritu del petrificado Casanova continua escondido en el madrileño Palacio de Oriente, donde fue rehabilitado en vida.