Los efectos del huracán Estatut están comenzando a percibirse. Se supone que estará encima de nuestras cabezas cuando comience el debate del articulado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Será entonces cuando llueva a cantaros; los vientos dialécticos serán enfurecidos y todo ello acompañado de mucho aparato eléctrico (gestos, descalificaciones, bravuconadas, amenazas y otras lindezas desafiantes).
De momento, en el panorama nacional el personal a lo que está es a la toma de posiciones. En más de una ocasión he señalado que la clase política tiene una especial habilidad para crear problemas donde no las hay. La prueba de ello es que las encuestas sociológicas hasta ahora no han registrado la reforma de los estatutos de autonomía como una de las prioridades de la ciudadanía. Sí sabemos, desde luego, que para los dirigentes nacionalistas catalanes y vascos este asunto es esencial, incluso diríamos que vital. Por eso, cuando estas formaciones políticas se han convertido en fundamentales para la gobernación, se ha precipitado todo por un derrotero de consecuencias impredecibles, pero en cualquier caso funestas.
No pretendo con esta afirmación ser agorero ni fatalista. Si se ha de creer a unos y a otros, de nada deberíamos tener miedo. Los que apoyan y defienden la reforma del Estatut de Cataluña se esfuerzan por convencernos de que la unidad de España no está en peligro; para ellos el nuevo Estatut es una necesidad imperiosa para progresar en libertad y de forma solidaria, sólo que en un marco jurídico de mayor afirmación nacional, donde los valores lingüísticos, históricos y culturales quedan plenamente reconocidos.
Por su parte, los que defienden el espíritu y la letra de la Constitución de 1978 consideran que aunque este proyecto de estatuto es una agresión sin paliativos al ordenamiento jurídico vigente, el pueblo español soberano y las instituciones sabrán responder como se merece el atrevimiento del nacionalismo catalán. De manera que, ganen unos o ganen otros, nada está perdido.
No obstante, dicho lo dicho, sin mayores complejidades, lo que sí parece claro es que alguien deberá pagar los destrozos de este huracán que se nos viene encima, por escasos y mesurados que sean los daños que produzca. Y yo no veo otro paganini que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, por ende, el PSOE (de Pascual Maragall y el PSC todo dependerá de cómo maniobren en los momentos en que más arrecie el temporal).
¿Y por qué digo que Rodríguez Zapatero tendrá que pagar los platos rotos? Por la sencilla razón de que es el personaje en el que la mayoría de los españoles visualizarán al máximo responsable de que el Estatut prospere o no en las Cortes Generales. No hay que olvidar que la ciudadanía está comenzando a inquietarse -como lo demuestran las encuestas demoscópicas- en la medida en que comienza a apercibirse de la trascendencia que tendría para España que el Estatut, tal y como está concebido, terminara siendo aprobado. Los ciudadanos, al margen de sus preferencias políticas, en su gran mayoría no habían interiorizado el compromiso electoral de Zapatero de apoyar en Madrid un proyecto de estatuto catalán si venía con un amplio consenso.
He aquí el quid de la cuestión. Como han venido reiteradamente señalando las encuestas, los ciudadanos viven preocupados y ocupados por el empleo, la vivienda, el terrorismo, la seguridad ciudadana, la sanidad y un largo etcétera antes que por las transferencias y la financiación autonómica, el hecho lingüístico diferencial o la representación en el exterior de la comunidad. Sencillamente, esto les preocupa vagamente y desde luego no al precio de un huracán político que socave la convivencia nacional.
Llegados a este punto, Zapatero no cuenta con la salida airosa que dispuso con el Plan Ibarretxe (el pretexto entonces fue que, además de la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos del proyecto estatutario, contaba con escaso respaldo político). En esta ocasión no tiene más remedio que apoyar el texto catalán para su tramitación parlamentaria y enmendarlo en Comisión, hasta tal punto -para que se ajuste a los principios constitucionales- que no se parecería en nada a lo que los legisladores nacionalistas e independentistas aprobaron el pasado 30 de septiembre. Y esto supondrá un agravio imperdonable.
Artur Mas, el líder de Convergencia i Unió, ha dejado claro que si se reforman sustancialmente alguno de los cinco aspectos que suponen la columna vertebral del Estatut (la denominación de Cataluña junto con el régimen lingüístico, la forma de relacionarse bilateralmente con el Estado, el denominado blindaje de competencias, el incremento del autogobierno y el modelo de financiación), su Grupo en el Congreso pedirá la devolución del texto y a continuación tomará las medidas pertinentes. De forma similar se ha pronunciado Carod Rovira por parte de Esquerra Republicana.
Y en el supuesto caso de que las enmiendas sean mera operación de maquillaje, tanto en el debate en el Pleno del Congreso como en el Senado el riesgo de ruptura de la disciplina de voto en las filas socialistas es muy alto. Luego quedaría la opción al recurso ante el Tribunal Constitucional y la ruptura de la familia socialista, con lo que el porvenir de Rodríguez Zapatero pintaría más negro que el de Sadam Hussein.
No cabe la menor duda de que el presidente del Gobierno ha conducido la política española por un sendero equivocado desde el primer día que llegó a La Moncloa. Muchas de sus decisiones podrán ser opinables y discutibles desde una perspectiva ideológica o de puro interés. Pero su deriva hacia una forma de entreguismo con los nacionalismos periféricos está siendo mortal de necesidad (políticamente hablando, se entiende). Alfonso Guerra hasta hace muy poco lo más que afirmaba en público del secretario general del su partido era que tenía mucha baraka. Ahora ya ni eso. Por muy afortunado que uno sea, lo que no puede hacer es desafiar permanentemente al destino. Y en este caso Rodríguez Zapatero ha tenido la “virtud” (osadía o negligencia) de zarandear las conciencias de demasiada gente y de desasosegar a España entera.
No será el Partido Popular quien le tumbe en las próximas elecciones: serán muchos de los que le auparon al poder y confiaron en su talante y capacidad de diálogo. Y con estas cualidades Rodríguez Zapatero ha fomentado un huracán en el que su baraka no le servirá ni para ser elegido concejal de León. Entre tanto, cada cual que haga examen de conciencia.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.