No creo que sea muy difícil entender que los que nos sentimos españoles amamos sin reservas a Cataluña. Yo no entiendo a España sin Cataluña, como no entiendo a mi familia sin la figura de mi padre, de cualquiera de mis hermanos o de mis hijos. Con esto concluyo que deseo para Cataluña todo lo mejor, y que la felicidad de los catalanes sólo la percibo por la consecución de sus ideales y no de los míos.

Dicho esto, no me parece aceptable que cuando uno expone cualquier tipo de crítica hacia lo que entiendo pone en peligro nuestra convivencia, tenga que sufrir todo tipo de improperios y descalificaciones, como la de españolista, centralista, reaccionario, fascista y no sé cuántos más adjetivos insolentes e injustos.

Nadie dice que la Constitución sea intocable, que sea un libro sagrado en el que están recopilados los dogmas de fe de nuestro ordenamiento jurídico. Esto no es así. La Constitución, como todas las verdaderamente democráticas, es el fruto de un pacto político y social por el que los ciudadanos se comprometen con unas señas de identidad, con unos valores y con unas reglas de convivencia para afrontar un proyecto común de futuro. Por tanto, este gran pacto es susceptible de ser modificado cuando se crea conveniente. Lo único importante es que cualquier renovación del pacto se haga mediante un amplio consenso.

¿Y qué es lo censurable del proyecto de Estatuto que ya se encuentra en vía de debate político en la Comisión Constitucional del Congreso de los Dipurtados? Pues varias cosas y cada una de ellas muy graves. En primer lugar, que no se trata de un proyecto de reforma del vigente Estatuto de Autonomía. Segundo, que todo el nuevo texto está basado en la afirmación de que Cataluña es una Nación -idea que yo no vengo a discutir aquí-, cuando este concepto es incompatible con el Artículo 2 de la Constitución. Y tercero, que buena parte del extenso articulado del proyecto estatutario es incompatible con muchos de los principios de nuestra Carta Magna.

Estas tres razones para muchos españoles son suficientes para que el proyecto se haya convertido en un elemento de confrontación política de primera magnitud. Ya sé que los que defienden el nuevo texto manejan conceptos plausibles, y nadie debería negarles el derecho a expresar sus opiniones en los términos que crean conveniente. Pero una cosa es pensar libremente y otra tratar de llevar dichas ideas a la práctica fuera de los procedimientos especificados por la propia Constitución.

Carece de la menor importancia que yo discrepe de estas o aquellas ideas de unos nacionalistas o independentistas catalanes, vascos o murcianos. Ello forma parte de la esencia y naturaleza de una sociedad democrática, en la que se sitúa el debate ideológico en el centro del ágora -de la plaza pública- de nuestro solar nacional. Pero lo que no se puede admitir, por razones de coyuntura o de estrategia política, es que una parte pretenda imponer su solución al pueblo español, en la actualidad único soberano. Ni el recurso a la violencia o a mayorías políticas legitima prácticas inconstitucionales, por mucho que en este último caso se apele a interpretaciones laxas y rebuscadas.

A estas alturas resulta muy cansino y decepcionante escuchar una y otra vez que el integrismo constitucionalista fomenta la "catalanofobia" y el enfrentamiento entre las dos Españas. Estas afirmaciones sencillamente no responden a la verdad. Intransigencias las hay en todas partes, pero por fortuna son minoritarias dentro del amplio cuerpo social de la nación española. Motivos para el agravio se dan y se han dado desde todas las procedencias: desde los incumplimientos, por parte de los distintos gobiernos de la Nación, de algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre recursos interpuestos por las comunidades autónomas, pasando por ninguneos de transferencias, hasta la presión y el chantaje de algunas autonomías al gobierno central de turno. Esas prácticas deben desaparecer cuanto antes de la vida política.

Para concluir, quiero insistir en dos cuestiones que me parecen esenciales para acabar con la actual crispación política. Una es abordar con valentía la reforma de la Constitución para permitir dar cauce a las nuevas aspiraciones de los ciudadanos que lo soliciten, así como para adecuar la Carta Magna a las nuevas necesidades de nuestro tiempo. Y otra, es la reforma urgente de la ley electoral para minimizar, en las Cortes Generales, la representación regional en favor de aquellas fuerzas políticas con representación en todo el territorio español.

Como ven, se trata de dos medidas que esclarecerían grandemente el enrevesado panorama en el que los dirigentes políticos se han empeñado en arrastrar a la ciudadanía española. Pero mucho me temo que con la actual relación de fuerzas ninguno de los partidos gobernantes estaría dispuesto a ceder un ápice de su bocado: unos por ser muy precario y otros por ser demasiado sabroso como para renunciar a una parte.