Parece de chiste. La capacidad que tienen algunos ministros de hacer el ridículo y quedar como un bocazas. El de Defensa está que se sale. En los últimos quince días parece que ha hecho una apuesta para demostrar hasta dónde puede llegar su intrepidez y bizarría. No le importa el precio que antes o después tendrá que pagar por su osadía, porque él cree que lo tiene todo calculado. José Bono va por libre, no sigue el guión -aunque disimula lo contrario- de los demás miembros del Consejo de Ministros. Está convencido de que el agravio que le hizo Rodríguez Zapatero cuando éste se entendió con Pasqual Maragall y otras federaciones socialistas para quitarle la Secretaría General del PSOE, se volverá pronto contra su ahora jefe inmediato.

Bono es un viejo zorro que se las sabe todas en el arte de la gobernación. Por eso su reinado en Castilla-La Mancha ha sido omnímodo durante más de veinte años. Quien ha intentado hacerle sombra se ha quemado como el incauto Ícaro, hijo de Dédalo, por querer volar demasiado alto. Conoce el secreto del buen gobierno que consiste en no decepcionar a nadie, y en no tomar partido por unos en contra de otros; Bono no defrauda a sus contrincantes, a los que trata con mano izquierda, a menudo obsequiosa de afectos, aunque sean fingidos; y a los más renuentes y contumaces, a sus auténticos enemigos, los machaca en público pero, a continuación, les hace requiebros en la intimidad y les deja el gusto agridulce del amigo arrepentido.

Este zorro manchego, que aparentemente un día se dejó seducir por su presidente, en realidad abandonó el Palacio de Fuensalida en Toledo para venir de caza a la Villa y Corte. Sí, Bono está de caza y cada día huele más cerca a su presa. Por eso desentona en el salón del Consejo de Ministros. Él va a lo suyo y, mientras, hace el paripé de que es un ministro disciplinado que no se aparta un ápice de la voluntad de su presidente. Sí, ese presidente por accidente, que cuatros años antes vendió su alma al diablo para salir elegido secretario general del PSOE, aprovechándose de las inquinas entre barones que impidieron en las primeras votaciones del XXXV Congreso que Bono alcanzase la jefatura del partido.

Por eso Rodríguez Zapatero -sólo nueve votos más que Bono- se vio en la necesidad de atraerle para su causa cuando formó Gobierno después del 14-M. El virrey de Castilla-La Mancha aceptó como un mal menor, porque sabía que desde su ínsula no tenía ninguna posibilidad de ajustar cuentas a sus enemigos familiares. En su estrategia, el Ministerio de Defensa le ha venido de perlas, porque le mantiene prudentemente alejado del epicentro de la desquiciada política nacional. Esta cartera le posibilita mejorar su prestigio a través de las Fuerzas Armadas, así como consolidar su credibilidad en el seno de la familia militar y de la propia Casa Real.

Defensa le ha introducido, además, en la política internacional de forma tangencial pero con menos riesgos. Bono acumula solvencia mediante el entramado de contactos de alto copete que el cargo le exige: en el Pentágono, la OTAN, la Unión Europea y en todo aquello que tiene que ver con paz y seguridad. Ahí es nada.

José Bono está haciendo lo que mejor sabe hacer: populismo. Todo un master de populismo pero a la francesa, con “grandeur”. Comenzó haciéndolo con la retirada de las tropas españolas de Irak, luego con la tragedia del Yak-42 y, ahora, con el pobre Francisco Larrañaga, joven hispano-filipino condenado a muerte por doble asesinato. No le importa lo que tenga que hacer con tal de que parezca que él ha conseguido que no le ejecuten. El ministro Bono protagonizó hace unos días una de las escenas más innobles y de mayor bajeza moral de cuantas se pueda uno imaginar. A la salida del encuentro con la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, pidió un teléfono delante de las cámaras de televisión y se puso en contacto con la madre del condenado para darle la noticia: «Le llamo para comunicarle que su hijo no será ejecutado.»

Horas más tarde alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores se puso de nuevo en contacto con la familia para aclararles que no había ninguna novedad respecto a la posición que sobre este caso ya manifestó la presidenta filipina el pasado 21 de septiembre. Este compromiso lo obtuvo el ministro Moratinos de su homólogo filipino y de la presidenta, y así lo informó en el Pleno del Senado el 5 de octubre, a preguntas del senador del PNV Iñaki Anasagasti.

Desde luego José Bono es el ejemplar más genuino e incalificable del Consejo de Ministros. El manchego ocupa una silla para que no enrede lejos de La Moncloa. Es muy listo y Rodríguez Zapatero nunca le integrará en el núcleo duro que defiende su proyecto, suponiendo que el presidente tenga alguno. Pero es que Bono tampoco lo desea y lleva tiempo desmarcándose de los pretorianos del PSOE.

El ministro de Defensa se ha enzarzado en una lucha de esgrima gestual y dialéctica con algunos de sus compañeros de Gabinete, como Miguel Ángel Moratinos y José Antonio Alonso. Con ambos ha mantenido y mantiene discrepancias abiertas, sobre todo con el responsable de la seguridad del Estado. Se siente muy por encima de ellos, como se ha visto en el asunto de los aviones de la CIA. El ministro del Interior no dudó ante la prensa en comprometer una pronta investigación y en considerar la gravedad que supondría para las relaciones hispano-norteamericanas que estas aeronaves hubieran utilizado aeropuertos españoles en su transporte de prisioneros a cárceles ilegales. Por su parte, Bono afirmó no tener conocimiento de estas acusaciones y, por tanto, descartó poner en entredicho la excelencia de esta relación bilateral.

Veremos qué papel desempeña José Bono en la firma del contrato de venta de material militar de España a Venezuela. El monto de la operación asciende a la nada despreciable suma de 1.700 millones de euros, y además tiene como contrapartida una importante carga de trabajo para los astilleros españoles Izar. El Gobierno de Zapatero ha hecho de este asunto un caso de independencia. Bono está jugando desde hace tiempo a ser, ante la Administración Bush, el hombre creíble y conciliador del Gobierno español. Ahora este esfuerzo se puede venir abajo. El embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, ya ha advertido de los riesgos que supondría consumar este contrato. La Casa Blanca considera esta operación "un factor desestabilizador en esa región".

Pero, insisto, José Bono está embarcado en una operación de caza mayor de alto riesgo. Cuanto más se acerca el momento de disparar a su presa mayor es el peligro. Desde luego no le conviene la foto sonriente junto al esquizoide Hugo Chávez. Puede ser su tumba política. En cambio le viene muy bien la radicalización de la política que está realizando Rodríguez Zapatero. En breve tendrá que hacer una crisis de Gobierno y remodelar el Gabinete. Ese sería el momento de Bono para salir del Consejo de Ministros, cuando goza de mayor grado de aceptación en las encuestas. Luego, esperar a que su presa caiga en la celada del debate en el Congreso del articulado del Estatuto de Cataluña, y cofiar en lo que suceda: retirada del texto por los nacionalistas e independentistas, o bien, que termine el trámite, se apruebe el Estatuto y los procesos electorales de 2007 y 2008 acaben con Zapatero.

Mientras, José Bono tendrá que hacer acopio de grandes dosis de cautela, sangre fría y audacia para saber desvincularse sin que parezca que es un pusilánime y, llegada la ocasión, aparecer en escena como el gran restaurador. El problema a esta estrategia es que otras ya se han puesto en marcha para salvar al PSOE. Veremos, dijo un ciego. Bono seguro que nos sorprenderá a todos.

Ya estamos de nuevo con las campañas de la derechona. Recuerda este soniquete a aquella retranca del franquismo, ahora que está tan de moda, de responsabilizar a presuntas conspiraciones judeo-masónicas-comunistas de aquellas críticas al régimen que conseguían escapar del férreo control del sistema. Ahora ocurre algo parecido. Cuando al PSOE en el Gobierno le aprietan las clavijas y siente el aliento en el cogote siempre actúa echando la culpa al otro. Es aquello que hacen los escolares cuando son recriminados reiteradamente por su mal comportamiento y por su deficiente rendimiento en los estudios: justificar airadamente ante sus padres que la profesora les ha tomado manía. Pues bien, una vez más nos encontramos ante este pueril recurso en nuestra vida política.

¿Es que nadie se acuerda de las implacables campañas ante la opinión pública que orquestaron Felipe González y Alfonso Guerra contra la UCD en tiempos de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo? ¿Ya nadie recuerda las tremendas acometidas de los socialistas y de El País y La Ser contra el Gobierno de José María Aznar con motivo del caso Gescartera y de las presuntas implicaciones de Rodrigo Rato en las presuntas irregularidades de los negocios familiares? ¿O contra los fiscales “indomables” de la Audiencia Nacional? ¿O por las epidemias de las “vacas locas” y de la fiebre aftosa? ¿O contra la reforma de la Ley de Inmigración? ¿O por la presencia del submarino nuclear británico “Tireless” en Gibraltar? ¿O por el desastre del “Prestige”? ¿O por la foto de las Azores y la Guerra de Irak? ¿O la campaña para exigir a Aznar un acuerdo de Estado sobre la lucha antiterrorista?... ¿O es que entonces el PSOE y el resto de la izquierda estaba legitimada para sus críticas al Gobierno y ahora la derecha no lo está? No creo que Zapatero, Blanco y Montilla estén metiendo en el mismo saco a los trabajadores de los astilleros públicos, a los transportistas, al sector pesquero y a los agricultores por echarse a la calle para protestar por la merma de sus condiciones de vida. ¿O tal vez piensen que todos estos españoles cabreados no están reflejados en las encuestas?

Apenas ha transcurrido año y medio de gobierno socialista cuando ya comienza a aflorar un surtido ramillete de casos de corrupción. Curiosamente estas malas practicas de moralidad y de abuso de poder nunca son investigadas ni descubiertas por los medios de comunicación considerados como paradigmas de prensa democrática e independiente, léase El País, El Periódico de Cataluña, La Ser o Cuatro TV (antes Canal +). No, son otros medios, los considerados "la caverna mediática", los que descubren y airean ante la opinión pública los excesos y atropellos a la legalidad protagonizados por los gobernantes socialistas. Y claro está, eso no les gusta lo más mínimo, por lo que arremeten con iracundia contra sus detractores.

Asistimos una vez más al "síndrome de la conjura", de la conspiración de la derecha ultramontana y resentida o de la campaña de acoso y derribo orquestada desde los cenáculos de poder de la "derecha nacionalcatólica". Estamos ante una segunda versión de lo ocurrido entre los años 93-96, cuando algunos periódicos descubrieron y divulgaron una cadena de escándalos y corrupciones que acabaron con la credibilidad de Felipe González y su manera de gestionar el Estado. Lo peor de todo aquello, pese a las reiteradas denuncias de persecución antidemocrática, es que los tribunales terminaron por condenar a altos responsables de la Administración del Estado por crimen organizado, apropiación indebida, cohecho, falsificación documental y toda una retahíla de delitos tipificados en el Código Penal. Algunos de aquellos condenados todavía cumplen condena en las cárceles.

En esta segunda edición de la peculiar manera de entender el ejercicio del gobierno que tienen los dirigentes socialistas, las irregularidades puestas a la luz no son de índole menor. Afortunadamente sólo han transcurrido diecinueve meses desde que José Luis Rodríguez Zapatero habita en La Moncloa; seis meses más llevan los socialistas de Pasqual Maragall y sus socios independentistas y comunistas en el Palacio San Jordi. De estos dos últimos años los españoles nos acabamos de enterar que La Caixa ha perdonado 1.000 millones de las antiguas pesetas al PSC, además de prorrogarle el comienzo de la devolución del resto de la deuda. Esta condonación se ha producido siendo José Montilla -actual ministro de Industria, Comercio y Turismo- secretario general del PSC (Montilla ostentaba el cargo de secretario de Organización cuando La Caixa concedió los mencionados préstamos). La citada caja de ahorros también ha beneficiado a Esquerra Republicana de estas condonaciones financieras.

También acabamos de conocer que el presidente Rodríguez Zapatero invitó a cenar secretamente, a primeros de noviembre, al presidente de la Comisión Europea. ZP envió a Durao Barroso un "Myster" de la Fuerza Aérea para traerle a Madrid y para devolverle a Bruselas de madrugada. La OPA de Gas Natural -cuyo accionista de referencia es La Caixa- sobre la eléctrica Endesa ocupó el centro de atención de aquella velada. Pocos días después Bruselas declaraba su inhibición en esta operación hostil de compra y declaraba que eran las autoridades españolas las competentes en decidir la procedencia o no de la OPA. El ministro Montilla es, pues, el que tiene la última palabra. Demasiadas coincidencias, ¿o no?

El nerviosismo por estas denuncias de la prensa ha helado la sonrisa de Zapatero. La bajada espectacular de credibilidad del Gobierno, que recoge la última encuesta del CIS, y la dura crítica que ejercen algunos medios de comunicación a la acción de gobierno ha llevado a Rodríguez Zapatero a quebrar el rictus y a enseñar los dientes. Con dureza ha calificado de "bazofia" la campaña de acusaciones y maledicencias de la derecha. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, tampoco ha dudado en afirmar con el mayor cinismo que buena parte de los resultados de la encuesta del CIS se debe a la campaña de crispación que ha emprendido, desde hace tiempo, el Partido Popular y los sectores más reaccionarios de la sociedad. Y en el colmo del despropósito este fin de semana se ha descolgado el ministro José Montilla con una iracunda diatriba contra la "caverna mediática", a cuyo frente está la cadena COPE, seguida por el diario El Mundo.

El secretario general del PSC, consciente de estar en el punto de mira de la crítica al Gobierno, no ahorró vehemencia ni resentimiento en su discurso dirigido a la militancia, en la clausura de la IV Conferencia Nacional del PSC. José Montilla arremetió contra el PP y la Iglesia: «La desvergüenza de la derecha nacionalcatólica de este país no tiene límites ni parangón posible». También exigió a la jerarquía eclesiástica -a vueltas con la Ley Orgánica de la Educación (LOE)- «juego limpio, que deje de actuar como un satélite de la derecha política contra el Gobierno y de aparecer como servidores y portavoces de la España más intolerante». El ministro de Industria fue implacable con la trayectoria de Mariano Rajoy como ministro de Educación y contra la reciente manifestación contra la LOE. Y como rúbrica al síndrome de conjura que padece el Gobierno y el núcleo duro del PSOE, Montilla afirmó que «el PP ha decidido repetir hasta el final de la legislatura la estrategia de crispación política y de descalificación personal entre 1993 y 1996». Lo que no dijo este advenedizo cordobés es que el 90 por ciento de los asuntos denunciados por la prensa durante aquellos años pudieron ser probados en los tribunales y sus autores condenados.

No, no cambian. Los socialistas cosechan el récord, con diferencia en todo el arco político, de delincuentes convictos en los escasos veintinueve años de democracia, y todavía apelan a que la culpa es del otro. Pues muy bien, que sigan por este camino. Cada vez le queda menos a Zapatero para la jubilación anticipada, eso sí, disfrutando de un dorado retiro que le pagaremos todos los españoles.

Se cumplen 30 años de la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde. Durante este tiempo en España han pasado muchas cosas, buenas y malas. Creo sinceramente que el balance ha sido muy positivo en todos los sentidos. En el terreno político no todo ha sido un camino de rosas. El problema del terrorismo de ETA sigue vivo y con una secuela de muerte y destrucción muy superior al de hace tres décadas; en cambio nuevas incertidumbres ensombrecen e inquietan a los españoles, especialmente las que apuntan hacia el cambio del modelo de Estado.

Pero, en concreto, cuál es la situación política en España en este noviembre de 2005. Pues dicha situación viene derterminada por el ejercicio de gobierno que detenta, desde hace año y medio, el Partido Socialista Obrero Español. Lo hace en minoría, y empujado por la bisoñez de su presidente y por su precariedad aritmética se ha adentrado en un sendero por desbrozar, lleno de inseguridades, peligros y, lo que es peor, que no conduce a ningún lugar saludable.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo de la necesidad virtud ha inaugurado un tiempo de talante y diálogo. Lo ha hecho con todo el arco político menos con el centro derecha, una manera peculiar de afrontar lo que él llama una “segunda transición”. Es más, sus primeras decisiones se han dirigido a desmontar las iniciativas legislativas más importantes del último gobierno del Partido Popular; incluso ha vaciado de contenido el Pacto Antiterrorista y por las Libertades que en su día demandó el PSOE al presidente Aznar -que gobernaba con mayoría absoluta-, y al que finalmente accedió a suscribir.

Esta actitud de arrinconamiento y desprecio hacia el Partido Popular ha sido posible gracias al acuerdo de legislatura que Rodríguez Zapatero alcanzó con los independentistas catalanes de Esquerra Republicana y con la izquierda ecologista de IC-V. Fuerzas políticas que, junto al PSC, conforman el tripartito catalán nacido del Pacto del Tinell, y por el que sus firmantes se comprometieron a no aceptar ningún compromiso con el Partido Popular, única alternativa de gobierno en España.

Precisamente en estos días, en los que Zapatero vive enfangado en un buen número de pantanos políticos, ha enviado gestos de mano tendida hacia los populares; y en Cataluña, Pasqual Maragall acaba de afirmar que en el próximo pacto con ERC no se incluirá la cláusula que impide a los socialistas llegar a cualquier acuerdo con el PP. No ha tardado el número dos del Gobierno de la Generalidad, el independentista Josep Bargalló, en salir al paso de esta declaración para recordarle al presidente Maragall que si PSC y PSOE quieren contar en el futuro con los votos de ERC, "para gobernar en Cataluña o en el Estado", tienen que dejar claro que no son "compatibles" con el PP.

La situación política, por tanto, no puede ser más desalentadora. El PSOE se ha querido blindar con el apoyo del nacionalismo, del independentismo y con la izquierda radical. Zapatero y el PSOE han impulsado y reinstaurado el frentepopulismo.

Así están las cosas. La retórica ha inundado todo el discurso de Rodríguez Zapatero. Imbuido el presidente de una personalidad redentorista y neorrepublicana, no ha dudado en lanzarse a la “gran marcha adelante”. Sus acólitos y socios no dudan en alentar su gestión, que no es otra que cambiar el modelo de Estado y su configuración territorial, así como reorientar la escala cívica de valores morales y su adecuación al concepto que el propio Rodríguez tiene sobre el nuevo orden mundial.

Esta desquiciada aventura política supone un incremento exponencial de riesgos para el conjunto de la sociedad española. Y si algo nos han enseñado los últimos 30 años es que los españoles desplazan del poder sin contemplaciones a aquellos que les han hecho sentir (por acción u omisión) un momento de vértigo o de pánico (23-F, corrupción institucional o negligencia en la previsión del peligro fundamentalista que originó el 11-M).

Los españoles no aceptarán un Estado con diferentes naciones y un pelotón de autonomías. Seis lustros después de la muerte de Franco la sociedad española está sumida en una pesimista perplejidad. Se reclaman derechos históricos que nos retrotraen a los Austrias o que son producto de quimeras fantasiosas. Se reivindica la memoria histórica de los derrotados en la Guerra Civil. Y se demoniza a la España conservadora y liberal atándola al cuello la rueda del fascismo.

Y en el centro de este huracán, Zapatero se erige como el gran responsable de haber reavivado los peores instintos de nuestra Historia contemporánea: los que hicieron posible que Franco se instalara en el poder durante cuarenta años.

Acuden a mi mente recuerdos, en forma de imágenes destellantes, de niños y jóvenes de un pasado no muy lejano; o tal vez sí. Imágenes donde se ven docenas de niños, todos con babi a rallas blancas y azules, jugando en el patio del colegio; imágenes de una clase de bachilleres atendiendo, en el más riguroso silencio, las explicaciones de un profesor algo calvo, con bigotito bien perfilado y vestido con terno gris marengo, camisa blanca y corbata de luto; imágenes de un grupo de niñas, en fila de a dos, dirigiéndose a la iglesia bajo la tutela de dos señoritas de mediana edad; imágenes de una jura de bandera, donde una multitudinaria y abigarrada tropa se afana en mantener la compostura en un cuadro impersonal y sin rostro.

Son imágenes que pertenecen a un tiempo en el que imperaba la uniformidad. Niños, adolescentes y jóvenes vivían bajo el sometimiento de estrictos criterios sociales, rubricados por el poder público y refrendados en la intimidad familiar. Eran tiempos en el que el padre, el vecino, el conductor de tranvía, el sereno, el maestro, el cura y el guardia municipal -por enumerar sólo algunos ejemplos- representaban unos referentes en la convivencia. No obstante, la gente común no vivía con miedo, bien al contrario, se afanaba con determinación en los quehaceres cotidianos sin renunciar a sus sueños. Definitivamente, son imágenes de otros tiempos.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas, para bien y para mal. En España la paz social malvive en un punto próximo entre la resignación y la exaltación. Francia lleva ardiendo casi dos semanas. En el resto de Europa nadie se fía de nadie. Del resto del mundo nos llegan incesantes secuencias de imágenes perturbadoras. Y el universo mediático no hace más que escupir, en un toma y daca sin compasión ni descanso, bocanadas de un ardiente amasijo de vocablos cuyos significados han perdido todo su esplendor semántico, hasta convertirse en cuchillas envenenadas de doble filo: democracia, libertad, solidaridad, igualdad, dignidad, moral, justicia, progreso, cultura, nación, mayoría, respeto, individuo, prójimo, paz...

No, no siento la más mínima nostalgia del pasado. Comprometí mi vida, hace de eso más de treinta años, en el ideal de una sociedad plural y democrática, en el que la educación, la cultura y el esfuerzo personal de hombres y mujeres les hiciera libres. En cambio, ¿qué tenemos hoy?: una contingencia tal de imágenes perturbadoras que han terminado por arrastrar a buena parte de nuestra sociedad hacia una conciencia cada vez más descreída. Es el triunfo de la negligencia y la estulticia. Pobre cosecha con la que alimentar algún sueño colectivo. En cualquier caso, siempre nos quedará la compra a plazos, el móvil con cámara de fotos, el liberador fin de semana y el psicólogo recuperador de la autoestima.

Documentos acreditados y numerosos próceres de nuestra vida nacional afirman que España es un ejemplo de nación para el mundo en casi todo. No entiendo, por tanto, de qué nos quejamos, y menos qué hace la sociedad movilizándose para protestar en las calles de Madrid contra la nueva ley de educación (LOE). Las fuerzas del progreso, lideradas por el presidente Rodríguez, están determinadas a reformar un sistema educativo (LOGSE) que todo el mundo coincide en calificar de funesto. Rodríguez va, por fin, a corregir aquel desastre que hace quince años puso en vigor su homólogo y camarada, Felipe González. Pronto desaparecerán de los periódicos y los telediarios las negras crónicas de sucesos que protagonizan muchos de nuestros escolares y adolescentes en colegios, institutos y calles; el fracaso escolar se reducirá a la mínima expresión; los padres retomarán el papel tutelar de sus hijos, y los maestros recobrarán un prestigio social relevante. ¡Que Dios nos coja confesados!

No creo que sea muy difícil entender que los que nos sentimos españoles amamos sin reservas a Cataluña. Yo no entiendo a España sin Cataluña, como no entiendo a mi familia sin la figura de mi padre, de cualquiera de mis hermanos o de mis hijos. Con esto concluyo que deseo para Cataluña todo lo mejor, y que la felicidad de los catalanes sólo la percibo por la consecución de sus ideales y no de los míos.

Dicho esto, no me parece aceptable que cuando uno expone cualquier tipo de crítica hacia lo que entiendo pone en peligro nuestra convivencia, tenga que sufrir todo tipo de improperios y descalificaciones, como la de españolista, centralista, reaccionario, fascista y no sé cuántos más adjetivos insolentes e injustos.

Nadie dice que la Constitución sea intocable, que sea un libro sagrado en el que están recopilados los dogmas de fe de nuestro ordenamiento jurídico. Esto no es así. La Constitución, como todas las verdaderamente democráticas, es el fruto de un pacto político y social por el que los ciudadanos se comprometen con unas señas de identidad, con unos valores y con unas reglas de convivencia para afrontar un proyecto común de futuro. Por tanto, este gran pacto es susceptible de ser modificado cuando se crea conveniente. Lo único importante es que cualquier renovación del pacto se haga mediante un amplio consenso.

¿Y qué es lo censurable del proyecto de Estatuto que ya se encuentra en vía de debate político en la Comisión Constitucional del Congreso de los Dipurtados? Pues varias cosas y cada una de ellas muy graves. En primer lugar, que no se trata de un proyecto de reforma del vigente Estatuto de Autonomía. Segundo, que todo el nuevo texto está basado en la afirmación de que Cataluña es una Nación -idea que yo no vengo a discutir aquí-, cuando este concepto es incompatible con el Artículo 2 de la Constitución. Y tercero, que buena parte del extenso articulado del proyecto estatutario es incompatible con muchos de los principios de nuestra Carta Magna.

Estas tres razones para muchos españoles son suficientes para que el proyecto se haya convertido en un elemento de confrontación política de primera magnitud. Ya sé que los que defienden el nuevo texto manejan conceptos plausibles, y nadie debería negarles el derecho a expresar sus opiniones en los términos que crean conveniente. Pero una cosa es pensar libremente y otra tratar de llevar dichas ideas a la práctica fuera de los procedimientos especificados por la propia Constitución.

Carece de la menor importancia que yo discrepe de estas o aquellas ideas de unos nacionalistas o independentistas catalanes, vascos o murcianos. Ello forma parte de la esencia y naturaleza de una sociedad democrática, en la que se sitúa el debate ideológico en el centro del ágora -de la plaza pública- de nuestro solar nacional. Pero lo que no se puede admitir, por razones de coyuntura o de estrategia política, es que una parte pretenda imponer su solución al pueblo español, en la actualidad único soberano. Ni el recurso a la violencia o a mayorías políticas legitima prácticas inconstitucionales, por mucho que en este último caso se apele a interpretaciones laxas y rebuscadas.

A estas alturas resulta muy cansino y decepcionante escuchar una y otra vez que el integrismo constitucionalista fomenta la "catalanofobia" y el enfrentamiento entre las dos Españas. Estas afirmaciones sencillamente no responden a la verdad. Intransigencias las hay en todas partes, pero por fortuna son minoritarias dentro del amplio cuerpo social de la nación española. Motivos para el agravio se dan y se han dado desde todas las procedencias: desde los incumplimientos, por parte de los distintos gobiernos de la Nación, de algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre recursos interpuestos por las comunidades autónomas, pasando por ninguneos de transferencias, hasta la presión y el chantaje de algunas autonomías al gobierno central de turno. Esas prácticas deben desaparecer cuanto antes de la vida política.

Para concluir, quiero insistir en dos cuestiones que me parecen esenciales para acabar con la actual crispación política. Una es abordar con valentía la reforma de la Constitución para permitir dar cauce a las nuevas aspiraciones de los ciudadanos que lo soliciten, así como para adecuar la Carta Magna a las nuevas necesidades de nuestro tiempo. Y otra, es la reforma urgente de la ley electoral para minimizar, en las Cortes Generales, la representación regional en favor de aquellas fuerzas políticas con representación en todo el territorio español.

Como ven, se trata de dos medidas que esclarecerían grandemente el enrevesado panorama en el que los dirigentes políticos se han empeñado en arrastrar a la ciudadanía española. Pero mucho me temo que con la actual relación de fuerzas ninguno de los partidos gobernantes estaría dispuesto a ceder un ápice de su bocado: unos por ser muy precario y otros por ser demasiado sabroso como para renunciar a una parte.

Un año más y cumpliendo con la tradición -como cada 2 de Noviembre, Día de Difuntos-, el más famoso y popular drama español, Don Juan Tenorio, ha vuelto a los escenarios de algunos teatros españoles. Esta obra, de la más pura estética romántica, nos recrea en el recuerdo de una tipología de individuos, que aunque trasnochada y en desuso, todavía su esencia anida en el alma de bastantes de nuestros contemporáneos.

Don Juan era un tipo simpático, que caía bien a mucha gente. Gozaba de un verbo fácil e ingenioso, que utilizaba tanto para embaucar a las damas como para engañar a cualquier circunspecto y sesudo preboste. Su apostura y gallardía se traslucían a través de unos modales altaneros y con frecuencia desafiantes, aunque también sabía mostrarse delicado y zalamero cuando la ocasión lo demandaba. De profesión vividor y aventurero, se ganaba el sustento como soldado de fortuna en los Tercios españoles, y cuando no estaba de servicio engordaba su hacienda como tahúr del naipe y porfiador en cualquier clase de trapisonda; eso sí, se ufanaba de su elevado sentido del honor y de servir con lealtad al Rey.

Don Juan se tenía por muy hombre, y ese criterio era común en la época en la que se desarrolla El burlador de Sevilla, trama que escribiera Tirso de Molina alrededor de 1630, inspirada en una leyenda medieval. Sin embargo, nuestra sociedad no le reconoce como tal, es más, afortunadamente prevalece el entendimiento de que Don Juan responde al perfil de un canalla genuino, que se vale de sus naturales dones para satisfacer sus insaciables apetitos.

En todas las interpretaciones, versiones o variaciones que sobre la obra de Tirso se realizaron posteriormente, el personaje de Don Juan se desenvuelve -como no podía ser de otra manera- en un ambiente de libertinaje y escándalo: el Don Juan o el convidado de piedra (1665), de Molière; la ópera Don Giovanni (1787), de Mozart; en pleno romanticismo Lord Byron compuso el poema Don Juan y Prosper de Mérimée escribió Las ánimas del Purgatorio.

En el celebérrimo texto de José Zorrilla, Don Juan Tenorio (1844), Don Juan es descrito como un hombre rebelde y diabólico. Simboliza la libertad individual frente a las leyes sociales. Pero la peculiaridad del drama de Zorrilla es que Don Juan encuentra finalmente su salvación en el amor de Doña Inés, cuando le pide perdón. Este acto permite una conciliación entre la religión y la imagen romántica del héroe seductor y arrogante.

He aquí la solución redentorista que el autor de la obra urdió para un personaje despreciable, que durante toda su vida avasalló a personas y haciendas y que se pavoneaba de su leyenda: “... y en todas partes dejé / memoria amarga de mí.” El desenlace de esta tragedia se produce en un cementerio, justamente en el panteón familiar de los Ulloa donde están enterrados los cuerpos de Don Gonzalo, padre de Doña Inés, y la propia doncella, muerta de desamor tras la huída de su amante homicida.

Ciento sesenta años después del estreno del Don Juan Tenorio, continua representándose este drama romántico. Es cierto que cada año languidece más el interés del público por la obra de Zorrilla, entre otras cosas porque el personaje de Don Juan interesa cada vez menos, y porque los valores morales vigentes cada vez están más lejos -diríamos que a años luz- de los que se expresan en esta tragedia (afortunadamente).

En cualquier caso, un año más en estas fechas se sigue representando el Don Juan Tenorio. También continua la costumbre de visitar los cementerios para honrar la memoria de nuestros difuntos. Aunque el caso es que en la actualidad el Día de Difuntos está totalmente confundido con la Festividad de Todos los Santos, que es el primero de Noviembre; quizá sea porque el día 1 es festivo y el 2 no lo es.

Además, en esta ocasión los españoles hemos podido asistir al estreno de un nuevo drama escrito en el Parlamento de Cataluña. La obra ha tenido un solo acto, pero se ha celebrado con toda la solemnidad en el Palacio del Congreso de los Diputados. El protagonista de la tragedia corrió a cargo de un Tenorio colectivo, el llamado progresismo democrático, que ha raptado y violado a la Constitución aprobada por la soberanía popular en 1978 (El Pueblo español). A partir de ahora procederá a matarla lentamente. Por fortuna, el único defensor de la doncella -en esta ocasión Don Gonzalo de Ulloa se trocó en Mariano Rajoy, portavoz de la España leal a la Constitución- se erigió sobre los avasalladores con tal grandeza de espíritu y tal fortaleza de argumentos que sus efectos no han de pasar desapercibidos en mucho tiempo. Rajoy supo transmitir a los españoles el mensaje de que afortunadamente no todo está perdido.

"De momento ha nacido una infanta". Así respondía el Príncipe de Asturias a la pregunta que le hiciera un periodista sobre si había "nacido una reina". A continuación don Felipe apostrofó: "Pero la lógica de los tiempos indica que si se produce la reforma que está prevista por el Gobierno así será." Como no podía ser de otra manera, nada más conocerse el sexo de la primogénita de los Príncipes de Asturias los medios de comunicación se han lanzado como locos al debate sobre la reforma constitucional, necesaria para equiparar con el varón el derecho de la mujer a ser reina.

Sinceramente creo que el asunto -siendo relevante- no es crucial para asegurar el futuro del orden sucesorio al Trono. De momento, el Artículo 57 de la Constitución asegura que la Infanta Leonor sea en el futuro reina de España. Otra cosa sería que un segundo o tercer descendiente de los Príncipes de Asturias fuera varón. En ese caso la prevalencia recaería sobre el varón en detrimento de la hermana o hermanas mayores. Por tanto, el nacimiento de la Infanta Leonor enciende la luz verde para que cuanto antes las Cortes Generales promuevan la reforma constitucional necesaria para subsanar la actual discriminación de la mujer en el orden sucesorio de la Casa Real española.

Pero cuando digo que este delicado asunto debe abordarse cuanto antes no quiero decir que sea urgente. Y como el concepto tiempo ya se sabe que es relativo, convendría tener presente algunas consideraciones para hacernos una idea de cuál es el escenario espacio-tiempo en el que nos estamos moviendo. En primer lugar, todo indica que existe una gran coincidencia de criterio sobre la necesidad de esta reforma constitucional entre los partidos políticos, especialmente entre el PSOE y el PP. Y en segundo lugar, que los términos del procedimiento legislativo para proceder a dicha reforma están perfectamente definidos en el Artículo 168 de la Constitución: un procedimiento complejo y laborioso que exige los dos tercios de los votos del Congreso y del Senado; a continuación habría que disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; luego que las nuevas Cortes aprobaran por mayoría de dos tercios el desarrollo del nuevo texto constitucional, su aprobación posterior y la convocatoria de un referéndum popular.

Como quiera que en la presente legislatura el Gobierno socialista está comprometido en un debate territorial que ha soliviantado la tranquilidad de la España constitucional, no parece que este sea un momento de sosiego político para abordar la reforma del Titulo II (Sobre la Corona) de la Carta Magna. Desde el propio Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se ha señalado el inicio de esta reforma con el final de la legislatura en 2008. A su vez, desde los partidos nacionalistas -algunos son socios de Gobierno- se ha aprovechado la situación para sugerir que esta necesaria reforma constitucional "abre el melón" de las demás reformas constitucionales pendientes (reforma del Senado, acomodación a la Carta Magna de la Constitución Europea y la introducción del nombre oficial de las comunidades autónomas).

Por tanto, ante este panorama de profundo calado y elevada temperatura política, veo muy improbable que la reforma constitucional del Titulo II pueda llevarse a cabo en los próximos seis años: la coincidencia de criterio y el posible consenso político son elementos necesarios pero no suficientes para que la cuestión real pueda ser zanjada con cierta rapidez. Queda, pues, un interrogante en el aire: ¿Qué pasaría si antes de que se produzca la reforma constitucional los Príncipes de Asturias tienen un hijo varón? En este caso no pasaría nada, ya que en contra de lo que opina una gran mayoría de ciudadanos -y según es tradición en la Monarquía constitucional y parlamentaria española- no es el descendiente de reyes el que se hace acreedor de la Corona, sino que es la Corona la que se hace acreedora del rey. Esto quiere decir, que la opción a la titularidad del Trono no viene marcada únicamente por el orden y el sexo de nacimiento, ya que el rey, junto con las Cortes, decide de común acuerdo el candidato al Principado de Asturias, paso previo imprescindible para acceder al Trono. Ahí tenemos el ejemplo de Alfonso XIII, que habiendo tenido siete hijos el que terminó siendo designado para la sucesión fue el infante don Juan, quinto hijo en orden de nacimiento y tercero de los barones; diversas circunstancias hicieron que la idoneidad recayera entonces en el quinto descendiente de don Juan.

Con toda razón afirmó el Príncipe Felipe, en la mañana del 31 de octubre, "De momento ha nacido una infanta". En la actualidad el único candidato oficial a suceder al Rey Juan Carlos I en la Jefatura del Estado y como Jefe de la Casa Real española es el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. Será don Felipe el que -llegado el momento de su coronación- designe, con la ratificación de las Cortes, la candidata o el candidato a ser designado Príncipe de Asturias. Hasta entonces han de pasar muchos años, y así lo deseamos la mayoría de los españoles. Entre tanto hay tiempo para abordar la reforma constitucional necesaria con diligencia y sosiego. Y si la Monarquía es una institución excepcional, por qué no se ha de poder aplicar -con carácter excepcional- la retroactividad de la reforma a la Infanta Leonor. La idoneidad para ser elevado a la titularidad del Principado de Asturias deberá prevalecer incluso al orden sucesorio, sea mujer o sea varón.