La vida política española se está convirtiendo en un espacio irrespirable. Quienes no formamos parte de ella, salvo como meros espectadores, recibimos cada día nuevos motivos para sentirnos asqueados. Lo que están haciendo los dirigentes de los partidos nacionalistas e independentistas, consentidos y animados por el socialismo gobernante, es de una perversidad e ignominia sin igual. Se trata de toda una estrategia de acoso y derribo a la España constitucional. Cada día que pasa están más envalentonados, y cuando llegue el momento en el que alguien esté en condiciones de decir ¡Basta!, el remedio será peor que la enfermedad.

El debate nacional se ha convertido en un totum revolutum en el que todo se cuestiona: el modelo territorial del Estado, el uso de las lenguas oficiales, la financiación autonómica, la monarquía, la españolidad de Ceuta y Melilla, la representación de España en el exterior, el sistema educativo y así un largo etcétera. Pero es que, además, no pasa una semana sin que se abran nuevos frentes de conflicto, como el proyecto de ley de recuperación de la memoria histórica. Y lo más paradójico es que, encima, los perturbadores abominan de la crítica.

Las fuerzas políticas, con el PSOE a la cabeza, que se autodenominan progresistas están inmersas en un proceso totalitario cuyo último precedente hay que buscarlo en los primeros meses de 1936. Se trata de un frentepopulismo que se dice democrático pero que desprecia el actual orden constitucional y a los que se oponen y critican su proyecto político. La Constitución de 1978 se les ha quedado pequeña, les encorseta y limita sus aspiraciones. A los defensores del actual marco jurídico se les descalifica y demoniza otorgándoles el apelativo genérico de derechona fascistoide. Y dentro del socialismo, a los que discrepan se les silencia y se les condena al ostracismo.

Está claro. No aceptan la crítica ni la oposición. ¿Qué clase de demócratas son estos que desprecian a la oposición y se ponen de los nervios cuando algunos medios de comunicación se erigen en defensores a ultranza de la legalidad vigente y de valores que se oponen a los defendidos por el frente popular? ¿Se imagina alguien lo que ocurriría si un grupo de militantes del Partido Popular se encadenase delante del periódico Gara, en el País Vasco, o del diario Avui en Barcelona para reclamar su cierre por el odio que destilan hacia todo lo que representa España? Pues en estas estamos. Militantes de Esquerra Republicana se permiten la desfachatez de manifestarse a las puertas de radio COPE, en Madrid, para pedir su cierre, y no pasa nada. Ninguna condena desde las instituciones del Estado. Está claro que a la COPE en Cataluña le quedan dos telediarios. Allí el Gobierno tripartito está decidido a menguar por segunda vez las licencias de radio de las emisoras de la Conferencia Episcopal.

Vivimos momentos de grave preocupación. Esto no ha hecho más que empezar. La inercia política nos empuja hacia un torbellino de crispación. El ciudadano de a pie de cualquier parte del territorio español cada día se siente más decepcionado y frustrado. No ha mejorado en nada la seguridad en nuestras calles, más bien al contrario, ha empeorado. Tampoco existen perpectivas para los jóvenes de viviendas accesibles. La precariedad en el empleo y los sueldos bajos continúan dominando el mercado laboral. La concesión de privilegios para aquellos que secundan y respaldan las políticas frentepopulistas visualiza con claridad el agravio hacia los que mantienen su independencia. Nuestra política exterior es un disparate sin precedentes. Y la economía funciona porque su poderoso impulso viene de lejos; José Luis Rodríguez Zapatero, al que nunca le interesó la economía, ahora se parapeta en ella como único bastión sólido. En cambio sus empeños políticos están cuarteando los cimientos de nuestra convivencia, aunque el presidente por accidente insiste en que el tiempo le dará la razón. Pero para que así fuera se haría necesario silenciar a más de la mitad de España. El acoso totalitario está en marcha.