Termina 2005 con la noticia, difundida por Instituto Nacional de Estadística (INE), de que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha sido, para el conjunto del año, del 3,8 por ciento. Esta tasa de inflación es 6 décimas superior a la de 2004. Lo que confirma que la inflación en España está cada vez más lejos del objetivo del 2 por ciento de la Eurozona.

El IPCA adelantado de diciembre es 4 décimas superior a la tasa interanual de noviembre, la más alta registrada en el cierre de un año desde 2002, cuando los precios aumentaron el 4 por ciento. Todo apunta a que este desbordamiento en el control inflacionista tiene su principal causa en el encarecimiento del petróleo. No obstante, la tendencia inflacionista de nuestra economía viene siendo endémica desde hace seis años.

Decía el Padre Marina, que la inflación es como un impuesto del gobierno pero sin el respaldo del parlamento. Se trata de un “impuesto” generalista, por lo perjudica más cuanto menor es el poder adquisitivo de las familias. Por tanto, se trata de un “impuesto” profundamente injusto, que aumenta el desequilibrio social y empobrece aún más a las clases marginales.

Lo peor de este mal inflacionista es que nadie hace nada para remediarlo, y menos el Gobierno. La prueba de ello es que el año 2006 se inicia con subidas en los recibos de la luz, el gas natural, el butano, los transportes y otros servicios que rondan la media de 4 por ciento. Obviamente, dichas subidas repercutirán de inmediato en el precio final de otos muchos productos y servicios, con lo que la tasa de inflación se colocará en los primeros cuatro o cinco meses del nuevo ejercicio en torno al 2,5 por ciento. Y así, como es de esperar, continuará profundizándose en la fractura social.

Por mucho que se alardeé de que el PIB español en 2005 creció al 3,4 por ciento, el empleo al 3, y las inversiones en bienes de equipo han sido excelentes, los síntomas de nuestra economía son de acusada fatiga. Ciertamente en España se ha sabido aprovechar la bonanza del ciclo económico mundial de la segunda mitad de los 90 y comienzos del 2000. Pero esto ya es pasado. A partir de ahora tendremos que aprender a vivir con escasas ayudas de la Unión Europea; nuestro nivel de convergencia en la UE de los 25 nos sitúa en el grupo de países prósperos, y esto hay que asumirlo.

Pero no todo lo que reluce es oro. Además del descontrol de los precios al consumo, la economía española padece graves deficiencias: la más importante es la pérdida de competitividad. Este es un problema que tiene su origen más profundo en las limitaciones de nuestro sistema educativo y, en especial, en su paupérrima formación laboral. A esto hay que añadir el insuficiente esfuerzo inversor en investigación y desarrollo e innovación (I+D+i), y que redunda muy negativamente en nuestro sistema productivo. Y para colmo de infortunios, conviene destacar la caída en picado de las inversiones de capital extranjero desde 2004, así como el lento pero firme proceso “deslocalizador” de empresas que se está llevando a cabo en España, en beneficio de otros países más atractivos desde el punto de vista de la rentabilidad.

Por ende, la caída de la competitividad está teniendo un efecto muy negativo en nuestras exportaciones, con lo que el saldo negativo de la balanza comercial ha aumentado en 2005 casi en un 70 por ciento respecto al año anterior. Además, la irrupción de tipos de interés al alza en la Eurozona, y con un Euribor en el 2,783 por ciento -el más alto de los tres últimos años-, gravarán el coste de la hipotecas, lo que perturbará muy negativamente el presupuesto de las familias españolas, cuyo endeudamiento supera de media el 66 por ciento de sus ingresos.

Ante este panorama, en los próximos meses comenzará a percibirse un paulatino retraimiento de la demanda interna, principal motor del actual crecimiento económico. Este hecho será determinante en el plazo de dos años, pues la ralentización del dinámico sector de la construcción, especialmente de la obra privada, es ya incipiente. Y como efecto colateral expulsará del mercado laboral a un buen número de trabajadores inmigrantes, con sus consecuentes costes sociales.

Para afrontar estos graves problemas de la economía española se hace necesario la inmediata intervención en sus causas. En primer lugar, promoviendo medidas para favorecer la libre competencia en sectores como el energético (la OPA de Gas Natural sobre Endesa tiene el efecto contrario), comunicaciones y transportes. Segundo, impulsando el diálogo social para proseguir en la flexibilidad del mercado laboral y en una mayor participación del ciudadano en los costes de las prestaciones sociales. Tercero, disminución de las cargas fiscales a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las iniciativas empresariales de jóvenes y parados de larga duración. Cuarto, multiplicar el esfuerzo inversor en I+D+i hasta el 2 por ciento del PIB de forma estable y prolongada. Quinto, concluir un modelo educativo de amplio consenso, en el que se primen valores como el esfuerzo y el trabajo. Y, por último, es preciso consolidar un ambiente de seguridad jurídica que estimule el regreso de las inversiones de capital.

El periodo de debate político que se está viviendo en España sobre el modelo territorial en nada beneficia el clima inversor. Los numerosos interrogantes abiertos en materia fiscal y tributaria, así como en otras competencias ligadas al mundo laboral y productivo, alejan el surgimiento de nuevas oportunidades. Y mientras nos empecinemos en magnificar las excelencias de las buenas cifras, y no pongamos remedio a los grandes desajustes de nuestra economía, los españoles veremos menguar nuestros bolsillos hasta empobrecernos peligrosamente.