Cuanto más sesgada y radical es una opción política, mayor es la pulsión totalitaria de sus dirigentes. Estos suelen hacer fe de su misión redentorista invocando a los dioses patrios, toda vez que subliman la estrategia de demonizar al contrario y acallar al disidente. Su mayor peligro reside en que alcancen a merodear el poder, y peor si consiguen instalarse en él. Entonces si que estamos perdidos.
Lo que lleva sucediendo en España desde hace ya algunos años, más que premonitorio es la confirmación de nuestra neurosis obsesiva, de nuestra patología nacional. Significa que la superación de los enfrentamientos atávicos, de los dos ideales que se opusieron tras la eclosión de la Ilustración -absolutismo y liberalismo-, de la confrontación entre progreso y reacción, no ha sido efectiva. Nuestra conciencia colectiva no termina de curarse de los traumas del pasado, por muchos tropiezos y adversidades que hayamos padecido en los dos últimos siglos.
El problema esencial que caracteriza las tensiones de nuestros días es que existe un desorden semántico de primera magnitud. Los nombres no se corresponden con el verdadero significado de las cosas; todo está alterado en una confusión verdaderamente clamorosa. Por inercia simplista e interesada, cuando no fruto de una ignorancia supina, se insiste -por ciertos sectores sociales- en atribuir la legitimidad de sus fueros ideológicos y morales actuales a una justa correspondencia con los alegatos que dejaron los hechos del pasado. Y esto es de una miopía enfermiza.
Con lo que ha llovido desde que, por ejemplo, comenzara el siglo XX hasta hoy, habríamos de concluir que identificarnos con herencias del pasado es una barbaridad. Una cosa es asumir nuestra Historia y otra muy distinta juzgarla a nuestro antojo y crear categorías morales de las que nos sintamos asqueados o deudores.
Afortunadamente, la España de 2006 se parece a la España de 1906 lo mismo que un huevo a una castaña. Es cierto que lo que ahora somos es una consecuencia del devenir pretérito, pero no sólo de este país sino del mundo entero. La evolución de los conflictos, la forma como se han desarrollado los desafíos colectivos, los hitos de la ciencia y del pensamiento, así como las consecuencias que han dejado los hechos, han determinado lo que somos en la actualidad.
Hoy el progreso no se fundamenta en el intervensionismo de estados poderosos. La libertad individual se ha consolidado como el fundamental principio que informa a la sociedad avanzada, tanto en lo político como en lo económico y cultural. Los derechos fundamentales del hombre se completan con otros recientes -educación, la sanidad, trabajo o vivienda-, configurando el retablo de nuestra sociedad del bienestar. Ya nadie sensato cuestiona que la democracia, el sufragio universal, el parlamentarismo, la división de poderes, la solidaridad con los más desfavorecidos, la apertura a relaciones más amplias y abiertas con otras naciones, la búsqueda de alianzas fuertes y estables para crear grandes espacios para el intercambio comercial o para la seguridad, constituyen realidades irreversibles en las que los hombres han empeñado su voluntad y su confianza para un futuro más prometedor.
Es cierto que todavía colean demasiados problemas e injusticias en el mundo. Pero también es cierto que los modelos totalitarios y las ideologías redentoristas han demostrado hasta la saciedad la perversidad de sus enunciados y lo tenebroso de su práctica. Entonces, ¿por qué se continua denominando progresistas a los nacionalismos, o a las llamadas izquierdas más o menos radicales, o a los movimientos “antiglobalización” (antes se les decía “no alineados&rdquo
? ¿Qué tienen de progresistas los que denigran la Historia de su país y pretenden reinventarla con burdas patrañas? ¿O qué se puede decir de los que aprovechan las oportunidades de la democracia para medrar y, si pueden, acabar con ella e imponer su modelo totalitario?
Vivimos en pleno marasmo semántico. Cualquiera puede definirse a sí mismo como progresista y se supone que hay que creerle, aunque diga grandes sandeces y haga las mayores iniquidades. El respeto al prójimo no sólo es un deber sino que está garantizado por la ley. Lo malo es cuando desde el poder Ejecutivo y el poder Legislativo se vulnera la ley amparándose en mayorías; o cuando la maquinaria del poder se pone al servicio de proyectos espurios incompatibles con el marco jurídico vigente; o cuando se invocan derechos históricos falsos o supuestos derechos de minorías, y se deslegitima el esfuerzo colectivo del último cuarto de siglo, o se vulnera el derecho natural y consuetudinario.
La gran encrucijada en la que estamos metidos los españoles la debemos al extraordinario esfuerzo que están realizando las fuerzas del progreso. Esas fuerzas a cuyos líderes se les llena la boca de “democracia avanzada”, “alianza de civilizaciones”, “nación de naciones”, “España plurinacional”, “nacionalismo asimétrico” y un motón de dislates prodigiosos. Y lo peor de todo es que muchos de esos líderes, comenzando por el presidente del Gobierno, están practicando la deslealtad institucional rayana en el delito. Casi todos ellos juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, y no lo están haciendo. Se refugian en peculiares interpretaciones del Derecho y en sus mayorías parlamentarias.
Sí, estos que se llaman progresistas nos llevan al despeñadero. Es más, encima se permiten señalar con el dedo y estigmatizar de reaccionarios y fascistas a los que, con sus humanas limitaciones y contradicciones, creen y apuestan por engrandecer lo hasta ahora conseguido: Una España sin complejos, donde se cumpla la ley para poder ser libres.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.