Cuanto más sesgada y radical es una opción política, mayor es la pulsión totalitaria de sus dirigentes. Estos suelen hacer fe de su misión redentorista invocando a los dioses patrios, toda vez que subliman la estrategia de demonizar al contrario y acallar al disidente. Su mayor peligro reside en que alcancen a merodear el poder, y peor si consiguen instalarse en él. Entonces si que estamos perdidos.

Lo que lleva sucediendo en España desde hace ya algunos años, más que premonitorio es la confirmación de nuestra neurosis obsesiva, de nuestra patología nacional. Significa que la superación de los enfrentamientos atávicos, de los dos ideales que se opusieron tras la eclosión de la Ilustración -absolutismo y liberalismo-, de la confrontación entre progreso y reacción, no ha sido efectiva. Nuestra conciencia colectiva no termina de curarse de los traumas del pasado, por muchos tropiezos y adversidades que hayamos padecido en los dos últimos siglos.

El problema esencial que caracteriza las tensiones de nuestros días es que existe un desorden semántico de primera magnitud. Los nombres no se corresponden con el verdadero significado de las cosas; todo está alterado en una confusión verdaderamente clamorosa. Por inercia simplista e interesada, cuando no fruto de una ignorancia supina, se insiste -por ciertos sectores sociales- en atribuir la legitimidad de sus fueros ideológicos y morales actuales a una justa correspondencia con los alegatos que dejaron los hechos del pasado. Y esto es de una miopía enfermiza.

Con lo que ha llovido desde que, por ejemplo, comenzara el siglo XX hasta hoy, habríamos de concluir que identificarnos con herencias del pasado es una barbaridad. Una cosa es asumir nuestra Historia y otra muy distinta juzgarla a nuestro antojo y crear categorías morales de las que nos sintamos asqueados o deudores.

Afortunadamente, la España de 2006 se parece a la España de 1906 lo mismo que un huevo a una castaña. Es cierto que lo que ahora somos es una consecuencia del devenir pretérito, pero no sólo de este país sino del mundo entero. La evolución de los conflictos, la forma como se han desarrollado los desafíos colectivos, los hitos de la ciencia y del pensamiento, así como las consecuencias que han dejado los hechos, han determinado lo que somos en la actualidad.

Hoy el progreso no se fundamenta en el intervensionismo de estados poderosos. La libertad individual se ha consolidado como el fundamental principio que informa a la sociedad avanzada, tanto en lo político como en lo económico y cultural. Los derechos fundamentales del hombre se completan con otros recientes -educación, la sanidad, trabajo o vivienda-, configurando el retablo de nuestra sociedad del bienestar. Ya nadie sensato cuestiona que la democracia, el sufragio universal, el parlamentarismo, la división de poderes, la solidaridad con los más desfavorecidos, la apertura a relaciones más amplias y abiertas con otras naciones, la búsqueda de alianzas fuertes y estables para crear grandes espacios para el intercambio comercial o para la seguridad, constituyen realidades irreversibles en las que los hombres han empeñado su voluntad y su confianza para un futuro más prometedor.

Es cierto que todavía colean demasiados problemas e injusticias en el mundo. Pero también es cierto que los modelos totalitarios y las ideologías redentoristas han demostrado hasta la saciedad la perversidad de sus enunciados y lo tenebroso de su práctica. Entonces, ¿por qué se continua denominando progresistas a los nacionalismos, o a las llamadas izquierdas más o menos radicales, o a los movimientos “antiglobalización” (antes se les decía “no alineados”)? ¿Qué tienen de progresistas los que denigran la Historia de su país y pretenden reinventarla con burdas patrañas? ¿O qué se puede decir de los que aprovechan las oportunidades de la democracia para medrar y, si pueden, acabar con ella e imponer su modelo totalitario?

Vivimos en pleno marasmo semántico. Cualquiera puede definirse a sí mismo como progresista y se supone que hay que creerle, aunque diga grandes sandeces y haga las mayores iniquidades. El respeto al prójimo no sólo es un deber sino que está garantizado por la ley. Lo malo es cuando desde el poder Ejecutivo y el poder Legislativo se vulnera la ley amparándose en mayorías; o cuando la maquinaria del poder se pone al servicio de proyectos espurios incompatibles con el marco jurídico vigente; o cuando se invocan derechos históricos falsos o supuestos derechos de minorías, y se deslegitima el esfuerzo colectivo del último cuarto de siglo, o se vulnera el derecho natural y consuetudinario.

La gran encrucijada en la que estamos metidos los españoles la debemos al extraordinario esfuerzo que están realizando las fuerzas del progreso. Esas fuerzas a cuyos líderes se les llena la boca de “democracia avanzada”, “alianza de civilizaciones”, “nación de naciones”, “España plurinacional”, “nacionalismo asimétrico” y un motón de dislates prodigiosos. Y lo peor de todo es que muchos de esos líderes, comenzando por el presidente del Gobierno, están practicando la deslealtad institucional rayana en el delito. Casi todos ellos juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, y no lo están haciendo. Se refugian en peculiares interpretaciones del Derecho y en sus mayorías parlamentarias.

Sí, estos que se llaman progresistas nos llevan al despeñadero. Es más, encima se permiten señalar con el dedo y estigmatizar de reaccionarios y fascistas a los que, con sus humanas limitaciones y contradicciones, creen y apuestan por engrandecer lo hasta ahora conseguido: Una España sin complejos, donde se cumpla la ley para poder ser libres.

El historiador romano Cornelio Tácito aseguraba que “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”. No es este el caso entre nuestra clase política, que insensible ante la crítica ajena encima se revuelve con el descrédito y la descalificación del que osa ejercitar ese derecho: antes la muerte que reconocer errores propios o de su partido político.

¿Dónde está, pues, la libertad de conciencia? ¿Dónde la autocrítica? ¿Dónde el coraje personal para alzar la voz contra los atropellos y la vulneración de la ley? No escuchamos estos días palabras disonantes entre los partidos políticos en el poder contra la tropelía que representa el acuerdo, alcanzado por el presidente Rodríguez Zapatero con los líderes de Convergencia i Unió, sobre el texto del nuevo estatuto para Cataluña; si acaso, las disonancias provienen de aquellos (ERC) que consideran insuficiente dicho texto. Los que alzan su voz para denunciar la infamia -políticos del Partido Popular y numerosas individualidades de la sociedad- son ignorados y despreciados sin miramiento alguno.

Hasta ahora no han sido pocos los analistas que han porfiado en que las sólidas convicciones de muchos políticos socialistas, sobresalientes o menos, terminarían rebelándose contra este intento de minar la España constitucional. Sin embargo, ni en la pasada reunión del Comité Federal del PSOE ni de manera espontánea se ha escuchado disidencia alguna contra los hechos consumados. Todo confirma, una vez más, que el juego de intereses de la política se impone y tiraniza a los propios políticos; con ello se perpetúa el interés partidista sobre el general, y la democracia se desvirtúa por la merma de libertad y la ausencia de grandeza de espíritu.

Este vasallaje es incontestable. Deteriora la vida pública y a todas las siglas afecta, sin que nadie está exento de culpas. Frente a la política irresponsable de Rodríguez Zapatero, favoreciendo la acción reivindicativa y disgregadora de los nacionalismos periféricos, el Partido Popular juega el papel de agraviado, toda vez que no escatima oportunismo y descaro en presumir de progresismo provinciano al patrocinar la reforma del Estatuto valenciano; ahora que le ha metido un par de puyas la leal oposición socialista, las huestes del presidente Camps ponen el grito en el cielo. ¿Qué creían, que iban a capitalizar esta iniciativa? Ahora tendrán que tragar los sapos que les han metido en la boca o afrontar una campaña de desgaste por reaccionarios. Les está bien empleado. Y no digamos el bochornoso espectáculo del líder pepero en Cataluña, Josep Piqué, que está en el punto de mira del PP por mostrar algún signo de complacencia con aspectos del acuerdo pactado sobre el estatuto.

Recordando aquello de que "la democracia es el menos malo de los sistemas", habría que colegir que no es menos cierto que hay democracias y democracias. Desde luego España no es el mejor ejemplo de modelo democrático. Nuestro modelo legitima la dictadura de los partidos, tiene un sistema electoral indeseable que deja pocas opciones a los electores y privilegia a los partidos nacionalistas y regionalistas, y, por último, la división de poderes está gravemente conculcada. Ante esta realidad, el valor ético de la dignidad y el derecho al libre albedrío para decidir sobre lo que está bien y lo que está mal son virtudes puestas en almoneda. Disentir de algunas consignas o de algunas acciones del grupo es considerado herejía, crimen de lesa majestad; así como coincidir en alguna crítica del adversario puede ser tomado como revisionismo traidor.

La Historia nos ha enseñado muchas cosas acerca de los grandes errores del hombre. Decía Tulio Cicerón que “Que de hombres es equivocarse; de necios persistir en el error”. Y lo peor de esta actitud recalcitrante de negar el error propio y deslegitimar al adversario es que acrecienta el rencor y pone e peligro la convivencia.

Decía Pío Baroja que "A una colectividad se le engaña mejor que a un hombre". Existen experiencias formidables en la Historia de la Humanidad, en que sociedades enteras o de forma muy mayoritaria han sucumbido al engaño y la estafa de talentos prodigiosos para el embaucamiento y la perfidia. Estos siniestros episodios siempre han concluido en regímenes opresores y de terror. No han sido pocos los visionarios paranoicos que han demostrado habilidad para manipular la frustración colectiva y sus anhelos de reparación de agravios históricos; que han seducido con mentirosas y arteras dialécticas las mentes y las conciencias de aturdidas masas; y que a la postre han terminado sucumbiendo, antes o después, bajo los efectos de su aborrecible engaño dejando una huella negra y amarga en la memoria de los pueblos.

Estas dramáticas experiencias de engaño y manipulación colectiva se acompañan de un enorme y exigente esfuerzo propagandístico, así como de abundantes dosis coercitivas y de intimidación que garanticen la eficacia del proceso de expansión ideológica. A lo largo del siglo XX los ejemplos fueron estremecedores: diferentes formas de totalitarismos nos enseñaron que en aras de sublimes ideales el hombre es capaz de cometer las mayores atrocidades y crímenes que la mente humana pueda imaginar.

Continuando con la cita del gran escritor español, del que el próximo 30 de octubre se cumplen 50 años de su muerte, vienen al pelo de la actual situación política nacional aquellas palabras que pronunciara en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, el 12 de mayo de 1935: "Cada cual se encierra en sus doctrinas, en sus simpatías, sin escuchar al vecino. Se dice que en todas partes pasa lo mismo. ¡Qué se va a hacer! Yo no creo en las discusiones y polémicas de ingeniosidades y de frases; pero si cada cual se encierra en su doctrinarismo o en su utopía sin echar una mirada curiosa del que está cerca vamos a pasar, o mejor dicho, van a pasar los que vengan, períodos muy negros, más que nada por estupidez y por incomprensión." Reflexionando sobre estas palabras, no parece que hayan transcurrido más de 70 años.

Pío Baroja, preclaro ejemplo de iconoclasta, que despreciaba a los políticos y admiraba a los grandes hombres, sufre desde el silencio de ultratumba la indiferencia de la Administración cultural de su amado País Vasco. Silencio sepulcral impuesto no a un disidente sino a un acervo crítico de la política rancia, pedestre y cainita que inundó de sangre e ignominia el suelo patrio. Una vez más, el gran novelista puso de manifiesto su aversión al democratismo fraticida al afirmar que "En España el parlamentarismo es una escuela de charlatanes y logreros, gente con anhelo de vivir bien con o sin méritos para ello."

Asistimos en estos tiempos a la escritura de una nueva página negra de nuestra Historia. El engaño, la falsedad y la felonía se han instalado en la vida pública. Volvemos a las guerras tribales, donde los jefes de los clanes y los chamanes imprecan la memoria de sus antepasados, exaltan el imaginario atávico y enardecen con jaculatorias y arengas el valor de sus guerreros. El enemigo está definido y no queda más que eliminarlo: son ellos o nosotros.

Alguien dirá que el meollo de la cuestión nacional gira en torno a si España está por el progreso o por la reacción; incluso hay quien invoca a la España de los Reyes Católicos como la gran amenaza con la que quieren involucionarnos los sectores políticos y sociales más intolerantes. Manipulaciones tan groseras como estas se llevan realizando todos los días desde hace dos años. Quien se deje engañar a estas alturas es un incauto o un ignorante. Pronto lo comprobaremos.

Observo con perplejidad los nuevos episodios que se suceden en este gran patio de monipodio en el que se ha convertido la vida pública española. Cada uno de esos acontecimientos o sucedidos tienen su correlación en dos niveles: en el de los hechos y en el de las declaraciones; y sin solución de continuidad, la prensa y demás medios de comunicación transmiten, jalean, critican y vituperan a los responsables y protagonistas de acciones y declaraciones. Todo ello en una espiral sin fin que en numerosos casos alcanza naturaleza hiperbólica.

Como quiera que en la actualidad los asuntos se multiplican y suceden a velocidad de vértigo, sin dar tiempo para el respiro, ni mucho menos para asimilar cabalmente el alcance y consecuencia de los mismos, el enredo nacional es sublime y el disparate campea por todas partes. Claro está que yerra más quién más habla, por aquello de que “somos esclavos de nuestras palabras y prisioneros de nuestros silencios”; sobre todo quienes tienen máximas responsabilidades por estar al frente de la rex (cosa) pública.

Y en esta atalaya personal en que uno se encuentra para la observancia de los quehaceres patrios, no dejo de sorprenderme, con sobresalto las más de las veces, de las piruetas dialécticas de unos y otros. Claro está que algunos personajes alcanzan cimas delirantes de la antología del disparate; en otros casos los gestos y declaraciones conducen directamente a la hilaridad de los receptores de sus mensajes; y en no pocas ocasiones los próceres se retratan como tontos de remate.

Llegado a este punto, mi perplejidad la sujeto a un caso singular, del que tengo que señalar que jamás fue santo de mi devoción, si saber muy bien por qué. Se trata de José Blanco, secretario de Organización del PSOE, un tipo que siempre me inspiró desconfianza y que en la única ocasión que le traté personalmente me dejó esa sensación que producen esas personas a la que jamás compraría un coche usado.

Ciñéndome al objeto de esta causa, diré que una vez más me sorprendió la dureza inusitada con que José Blanco criticó este lunes al líder del PP: llegó a reprochar a Mariano Rajoy de “utilizar torticeramente la Constitución para anclar a España en el inmovilismo, detener la reforma [en alusión al Estatuto catalán] y también por tratar de impedir que se abra la puerta a la paz en el País Vasco".

José Blanco es un gallego intenso más que profundo, que ejerce sin pestañear y sin mover un solo músculo de la cara el papel de guardián de la fe y del cofre de las esencias. Por eso no se cortó un pelo para afirmar sin retórica que el PSOE, de la mano de Rodríguez Zapatero, continúa dando “pasos hacia la paz”, a la vez que negó que el PP “vaya a detener la apuesta por la paz que se vive en este país”. Y en estas estaba el número dos del socialismo español cuando alguien le preguntó: “¿Y es un paso hacia la paz permitir que Batasuna se reúna?” La respuesta de Blanco no pudo ser más sorprendente: es “irrelevante” que Batasuna se reúna o no.

En menos de veinticuatro horas el secretario general del PSOE no ha dudado en reinventarse a sí mismo. Su interpretación de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, de suspender el congreso convocado por Batasuna para el sábado 21, ha sido todo un ejemplo de cintura política, de astucia de poderoso y de cinismo personal. José Blanco ha declarado con gran solemnidad, como es habitual en él, que la decisión del magistrado es "una gran noticia", que demuestra que "afortunadamente, el Estado de Derecho funciona".

Vivir para ver... y escuchar.

Cada día que pasa estoy más convencido del abismo que separa a los políticos -los que gobiernan y los de la oposición- de la gran mayoría de ciudadanos. Y chupando rueda del gallinero institucional tenemos a los medios de comunicación, aventando con fruición ese piélago de disparates descomunales en que ha derivado el debate de la cosa pública. Nada, unos y otros, publicanos y plumillas opinadores, viven empeñados en magnificar su cotidaniedad hasta el punto de perder el sentido de la medida, del pudor y hasta de la vergüenza.

Comienzan a desbrozarse los primeros días de 2006 con los mismos soniquetes con que periclitó el año precedente. Y para avivar la candela que inflama los ardorosos corazones de nuestros animosos próceres y de sus muy leales notarios, los Reyes Magos de Oriente, que es lo mismo que decir la Pascua Militar, nos ha traído este 6 de enero el ornato castrense; ya están todos los elementos necesarios para componer el gran bodegón de la vida pública que tanto juego dio en España durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Muchos de nuestros políticos en el cotarro del poder están encantados con la situación: los espadones en faena dando proclamas, los curas en su cruzada contra el maligno y los banqueros y jerifaltes del dinero y los negocios dándose abrazos con los advenedizos de la gobernación mientras adivinan el hambre que traen. El escenario está al completo. Ya no queda más que hacer que unos y otros se muevan por la tarima y deambulen dando rienda suelta a su temeraria imaginación. Hay juego para todos, porque, en el fondo, se creen superiores y no son más que unos turiferarios del general, el obispo y el banquero, sólo que ellos no lo saben. Piensan que han superado el pasado y que el poder civil podría por fin imponerse al de Marte, Júpiter y Ceres; y como son tan cortos de entendederas han caído en la tentación de reinventar la Patria, la Nación y el Estado, poniéndose a la cabeza del Olimpo como si de dioses beatíficos y salvadores se tratara, aunque en realidad, lo que están haciendo no sea más que convertir la vida pública en un gran estercolero, que apesta hasta la náusea y corrompe la convivencia.

Entretanto, y con el mar de fondo rugiendo con levantisco temporal, los ciudadanos continúan con sus vidas a espaldas de tanto botarate, aunque hayan sido elegidos con sus votos. Cuarenta y cuatro millones de almas, no todas ellas blancas, persiguen su destino sorteando incertidumbres, contratiempos y celadas sin que nada ni nadie pueda remediarlo. A estas alturas son pocos los habitantes de esta España zarandeada y bullanguera que mantienen alguna credulidad en sus representantes públicos y en sus administradores; y de la Justicia ni hablamos, que además de ciega y lenta cada día se percibe más distraída e influenciable.

La enseñanza solvente y respetada, el trabajo digno y gratificante, la garantía de acceso a la vivienda digna, la salvaguarda de costumbres y valores en pacífica convivencia con nuevas alternativas de vida, la confianza en la aplicación de la ley y en la intolerancia con el delito, y una beligerante oposición por parte de los poderes públicos ante los abusos y excesos del libre mercado, continuan siendo las principales prioridades que demanda la sociedad y que siguen sin encontrar las debidas respuestas.

Estas sí son cosas que importan, que interesan y por las que los españoles empeñan cada día sus vidas. Las luchas por el poder entre advenedizos mendicantes, iluminados por sectarios y oligofrénicos ideales incubados con el estigma del odio y el desprecio hacia lo contrario, absorben todas sus energías. Lo demás, aquello que ocupa y preocupa al común de los mortales, es algo secundario que se deja para concejales y jefes de negociado. Para solucionar las cosas que importan no son necesarias guerras ideológicas ni coartadas políticas, sino sentido común y ponerse a trabajar. Y para eso no se han presentado a las elecciones.

Cuenta Miguel Ángel Orellana en el Semanal Digital una confidencia llena de maldad, que a su vez le hiciera un asistente a una reunión en la sede provincial de Sevilla del sindicato socialista UGT. El hecho ocurrió unos días antes de Navidad y el protagonista de la escatológica cita, invitado estrella en dicho conciliábulo, no fue otro que el otrora poderoso inquilino de La Moncloa, Felipe González. Pues bien, según trascribe Orellana, la frase que pronunciara el ex-dirigente socialista no puede entrañar más desprecio y desaprobación hacia la figura de su postrer sucesor: "El Estatuto de Cataluña es una cagada porque Zapatero es una mierda." Ahí es nada. Sin comentarios.

Entretanto, como si de un tsunami se tratara, el discurso del teniente general Francisco José Mena Aguado, durante la Pascua Militar, continua produciendo devastadoras olas que perturban aún más si cabe la convivencia y lanzan por los aires los ardores guerreros tan frágilmente guardados por las tribus apacentadas sobre lechos de pólvora. Nadie desperdicia la ocasión de obtener su botín. Ya se sabe: "a río revuelto ganancia..." Ahora bien, yo tengo serias dudas de que el linchamiento político al que se está sometiendo al teniente general sancionado por el ministro de Defensa vaya a producir réditos a alguien. A su tiempo lo veremos.

Desde luego, los nacionalistas han encontrado en este lamentable suceso una ocasión de oro para dar una vuelta de tuerca más a su despreciable victimismo. En ello se han volcado estos días de reuniones in extremis para chantajear y exprimir al máximo al Gobierno de Rodríguez Zapatero, en la búsqueda del acuerdo satisfactorio sobre el estatuto. Incluso los más radicales, los de ERC se permiten el lujo de manifestarse ante el Gobierno Militar de Barcelona para calificar a los militares de poco demócratas. Y como guinda a este torbellino de denuncias antigolpistas, el diputado andaluz de Izquierda Unida, Antonio Romero, ha advertido con todo descaro al Gobierno de que no utilice las declaraciones del teniente general Mena para "descafeinar la reforma de los estatutos catalán y andaluz", a la vez que ha sentenciado que "España camina hacia el federalismo y el Ejército tiene que aceptar sin rechistar las decisiones adoptadas por los políticos,..."

Por su parte, los medios de comunicación afines al Gobierno de Zapatero y al Tripartito no se cortan en calificar una y otra vez las declaraciones del general Mena como de incitación filo-golpista. Y en medio de estos desgarros y golpes de pecho de la progresía ditirámbica, que tampoco ha perdido ocasión de acusar al PP de tibio y justificador de las palabras del militar sancionado, se han dejado escuchar otras voces disonantes de la partitura que interpretan Rodríguez Zapatero y sus compañeros de viaje. Una de estas voces, como viene siendo habitual desde hace tiempo, es la del alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez. Para este carismático edil gallego el problema es que "España no tiene quien la defienda", a la vez que se lamenta de que se ha llegado a un punto tal que” al que habla de España se le considera un apestado del régimen franquista”.

Abundando en los discrepantes, además del corregidor Vázquez se ha pronunciado el diputado socialista Joaquín Leguina. El ex presidente de la Comunidad de Madrid ha relacionado el estatuto catalán con la ley antitabaco del Gobierno "por ser infumable". A Leguina no le han dolido prendas al afirmar que este estatuto "no cabe ni en la Constitución ni en cabeza humana que piense en un Estado democrático". Más patético ha resultado el presidente de Extremadura Rodríguez Ibarra, al clamar en la reunión de la Ejecutiva socialista que se le convenza de la bondad del nuevo estatuto para que pueda apoyarlo.

El drama del PSOE es que sólo puede salir de este laberinto, al que le ha conducido José Luis Rodríguez Zapatero, con un acuerdo con los nacionalistas catalanes; de lo contrario perdería todo el crédito ante los suyos y ante los que han porfiado en él para gobernar. Lo malo de esta solución es que se trata de una escapada hacia adelante, que no haría más que multiplicar de funestas consecuencias la ya de por sí deteriorada paz social e institucional. La posibilidad de que no haya acuerdo sobre el estatuto ni se lo plantea Rodríguez Zapatero, pues sabe que su estrategia de poder se vendría abajo de golpe. Es más, los nacionalistas vascos lo tienen todo preparado para volver a presentar el Plan Ibarretxe, eso sí, esta vez con la complicidad de los socialistas.

Volviendo al principio, a la presunta calificación que Felipe González hizo hace unas semanas de Rodríguez Zapatero, hay que señalar que de ser cierta la cita ésta no puede ser más grosera e irreverente, máxime cuando se trata del presidente del Gobierno y del secretario general del PSOE, el partido político al cual todavía González pertenece. Reprochados estos aspectos que se refieren al respeto debido, tanto en lo personal como en lo institucional, sobre todo viniendo de un compañero y ex de las mismas magistraturas, conviene aclarar que tal zafiedad es propia de un zafio. Un hombre de Estado, como es el caso del ex presidente del gobierno y ex líder de un partido mayoritario, debería ejercer un mayor compromiso con la sociedad a la que se supone que ha servido y a la que pertenece. Con exhalar butades descalificadoras en privado, pero no denunciando públicamente una política errática y altamente perniciosa para España, lo único que demuestra el ex presidente González es, una vez más, la catadura ética y moral de alguien que bajo sus gobiernos se cometieron, por parte de buen número de subordinados, los mayores delitos y tropelías que cabe imaginar en gobiernos totalitarios.

Pretender cerrar esta crisis, después de sancionar por diversos motivos y en menos de cuatro días a tres generales, afirmando que las declaraciones del teniente general Mena responden a una estricta opinión personal es una muestra más de cinismo vergonzante. El ministro de Defensa ha tenido que comprobar por enésima vez como la verdad le deja por mentiroso. En casi toda la prensa han aparecido escritos de militares, muchos individuales y otros colectivos, que se solidarizan con el general sancionado y que cuestionan tan drástica medida. Y si bien es verdad que Francisco José Mena Aguado se extralimitó en el cumplimiento de sus competencias tomando parte públicamente en el debate político, no es menos cierto que el propio José Bono hace tres meses respaldó las palabras que pronunciara el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), teniente general Félix Sanz Roldán, en relación a la propuesta de reforma del estatuto catalán, que define a Cataluña como una nación, y en las que afirmó que el sentimiento de los militares es que España continúe siendo una patria común e indivisible y manifestando su plena confianza en las instituciones y en el Gobierno español.

Ante las críticas a estas declaraciones Bono expresó entonces su preocupación porque se limitara a los militares su derecho de expresión y la defensa "en voz alta" del texto constitucional. Incluso manifestó su convencimiento de la total integración y adaptación del colectivo militar a la era constitucional y afirmó que sería sorprendente para él "que alguien creyera que cuando un militar defiende la unidad de España leyendo en voz alta el artículo segundo de la Constitución está haciéndole daño a alguien". Es más, el ministro de Defensa abundó en la idea de que "En el Ejército español el ruido de sables, no hace falta que pongan el oído para escucharlo, porque hace mucho tiempo que no hay ningún ruido antidemocrático en los cuarteles; eso sí, los militares no son mudos, ni podemos tampoco taparles la boca ejercitando un derecho o cumpliendo con lo que puede ser una prerrogativa reconocida en las leyes."

Visto lo visto y oído lo oído, no cabe más que pensar que la inoportunidad del discurso del general Mena, restándole protagonismo al rey en el día de la Pascua Militar, ha sido utilizada de manera oportunista y sectaria para arrojar un bote de humo ante la opinión pública. Ha sido una añagaza torticera para esconder y camuflar las innombrables maniobras de última hora con las que se pretende salvar el estatuto catalán. En todo caso se ha dotado al posible fracaso de dichas negociaciones de una nueva coartada. El Gobierno de Zapatero viene abusando desde el comienzo de la legislatura de los globos sonda. Con este ya todo el mundo sabe que son muchos los militares que entienden el texto del estatuto catalán, tal y como llegó a las Cortes, como un torpedo en la línea de flotación de la Constitución Española. Así están las cosas.

Termina 2005 con la noticia, difundida por Instituto Nacional de Estadística (INE), de que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha sido, para el conjunto del año, del 3,8 por ciento. Esta tasa de inflación es 6 décimas superior a la de 2004. Lo que confirma que la inflación en España está cada vez más lejos del objetivo del 2 por ciento de la Eurozona.

El IPCA adelantado de diciembre es 4 décimas superior a la tasa interanual de noviembre, la más alta registrada en el cierre de un año desde 2002, cuando los precios aumentaron el 4 por ciento. Todo apunta a que este desbordamiento en el control inflacionista tiene su principal causa en el encarecimiento del petróleo. No obstante, la tendencia inflacionista de nuestra economía viene siendo endémica desde hace seis años.

Decía el Padre Marina, que la inflación es como un impuesto del gobierno pero sin el respaldo del parlamento. Se trata de un “impuesto” generalista, por lo perjudica más cuanto menor es el poder adquisitivo de las familias. Por tanto, se trata de un “impuesto” profundamente injusto, que aumenta el desequilibrio social y empobrece aún más a las clases marginales.

Lo peor de este mal inflacionista es que nadie hace nada para remediarlo, y menos el Gobierno. La prueba de ello es que el año 2006 se inicia con subidas en los recibos de la luz, el gas natural, el butano, los transportes y otros servicios que rondan la media de 4 por ciento. Obviamente, dichas subidas repercutirán de inmediato en el precio final de otos muchos productos y servicios, con lo que la tasa de inflación se colocará en los primeros cuatro o cinco meses del nuevo ejercicio en torno al 2,5 por ciento. Y así, como es de esperar, continuará profundizándose en la fractura social.

Por mucho que se alardeé de que el PIB español en 2005 creció al 3,4 por ciento, el empleo al 3, y las inversiones en bienes de equipo han sido excelentes, los síntomas de nuestra economía son de acusada fatiga. Ciertamente en España se ha sabido aprovechar la bonanza del ciclo económico mundial de la segunda mitad de los 90 y comienzos del 2000. Pero esto ya es pasado. A partir de ahora tendremos que aprender a vivir con escasas ayudas de la Unión Europea; nuestro nivel de convergencia en la UE de los 25 nos sitúa en el grupo de países prósperos, y esto hay que asumirlo.

Pero no todo lo que reluce es oro. Además del descontrol de los precios al consumo, la economía española padece graves deficiencias: la más importante es la pérdida de competitividad. Este es un problema que tiene su origen más profundo en las limitaciones de nuestro sistema educativo y, en especial, en su paupérrima formación laboral. A esto hay que añadir el insuficiente esfuerzo inversor en investigación y desarrollo e innovación (I+D+i), y que redunda muy negativamente en nuestro sistema productivo. Y para colmo de infortunios, conviene destacar la caída en picado de las inversiones de capital extranjero desde 2004, así como el lento pero firme proceso “deslocalizador” de empresas que se está llevando a cabo en España, en beneficio de otros países más atractivos desde el punto de vista de la rentabilidad.

Por ende, la caída de la competitividad está teniendo un efecto muy negativo en nuestras exportaciones, con lo que el saldo negativo de la balanza comercial ha aumentado en 2005 casi en un 70 por ciento respecto al año anterior. Además, la irrupción de tipos de interés al alza en la Eurozona, y con un Euribor en el 2,783 por ciento -el más alto de los tres últimos años-, gravarán el coste de la hipotecas, lo que perturbará muy negativamente el presupuesto de las familias españolas, cuyo endeudamiento supera de media el 66 por ciento de sus ingresos.

Ante este panorama, en los próximos meses comenzará a percibirse un paulatino retraimiento de la demanda interna, principal motor del actual crecimiento económico. Este hecho será determinante en el plazo de dos años, pues la ralentización del dinámico sector de la construcción, especialmente de la obra privada, es ya incipiente. Y como efecto colateral expulsará del mercado laboral a un buen número de trabajadores inmigrantes, con sus consecuentes costes sociales.

Para afrontar estos graves problemas de la economía española se hace necesario la inmediata intervención en sus causas. En primer lugar, promoviendo medidas para favorecer la libre competencia en sectores como el energético (la OPA de Gas Natural sobre Endesa tiene el efecto contrario), comunicaciones y transportes. Segundo, impulsando el diálogo social para proseguir en la flexibilidad del mercado laboral y en una mayor participación del ciudadano en los costes de las prestaciones sociales. Tercero, disminución de las cargas fiscales a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las iniciativas empresariales de jóvenes y parados de larga duración. Cuarto, multiplicar el esfuerzo inversor en I+D+i hasta el 2 por ciento del PIB de forma estable y prolongada. Quinto, concluir un modelo educativo de amplio consenso, en el que se primen valores como el esfuerzo y el trabajo. Y, por último, es preciso consolidar un ambiente de seguridad jurídica que estimule el regreso de las inversiones de capital.

El periodo de debate político que se está viviendo en España sobre el modelo territorial en nada beneficia el clima inversor. Los numerosos interrogantes abiertos en materia fiscal y tributaria, así como en otras competencias ligadas al mundo laboral y productivo, alejan el surgimiento de nuevas oportunidades. Y mientras nos empecinemos en magnificar las excelencias de las buenas cifras, y no pongamos remedio a los grandes desajustes de nuestra economía, los españoles veremos menguar nuestros bolsillos hasta empobrecernos peligrosamente.