Dejó escrito Aristóteles que “No es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados.” El gran filósofo tracio dedicó buena parte de su existencia en reflexionar sobre el arte de gobernar. Entendía este ejercicio supremo desde la virtud, cualidad indispensable para alcanzar la felicidad, fin último al que debe aspirar todo ser humano. En este sentido, Aristóteles llegó a afirmar que “Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes”, abundando en la idea de que todo gobernante debe instalarse en la prudencia, virtud que adquiere el hombre que ha elegido correctamente el “justo medio”.
Siguiendo con el pensamiento del maestro de Alejandro Magno, la felicidad está en la virtud, es decir, en la perfección de la función propia del hombre, que es la razón. Aristóteles diferenciaba la parte irracional del hombre y dividía las virtudes en dos clases: virtudes dianoéticas (las propias de la razón) y virtudes éticas (las de la razón aplicada a los apetitos sensibles). En la cima de la virtud ética situaba a la justicia como virtud suprema.
Por eso llama poderosamente la atención que después de más de 2.300 años desde que aquel filósofo, alumno de la Academia ateniense que fundara Platón, y fundador él mismo, treinta años más tarde, del Liceo en la ciudad del Partenón, a estas alturas se les llene a tantos políticos la boca de democracia, justicia y legalidad, confundiéndolo todo y tratando de confundir a todos. Parece mentira que hayamos avanzado tan poco después de tanto como ha padecido la humanidad desde los tiempos de Filipo de Macedonia.
De sobra es sabido que las leyes no son justas porque las apruebe una mayoría de legisladores, incluso si estos son representantes directos de mayorías electoras. No, las leyes para ser justas deben asentarse en principios éticos y morales que sacralicen simultáneamente el bien del individuo y el bien de la colectividad: lo que es bueno para uno es bueno para todos, y lo que es bueno para todos es bueno para uno. Si no se cumple alguno de los requisitos, la ley no es justa, aunque sea legal.
Es cierto que a día de hoy la Historia del Derecho ha devenido en una compleja ciencia donde el ius natural, el ius positivo, el ius cosuetudinario, la costumbre y otros muchos elementos culturales, filosóficos y hasta de orden científico, han culminado en un legado de jurisprudencia verdaderamente asombroso. No obstante, la artificiosidad amenaza en demasiadas ocasiones la enorme riqueza que aporta el Derecho a nuestra sociedad. Y si la democracia es un sistema político que define a todos los individuos como libres y soberanos, a la vez que les otorga los mismos derechos y las mismas obligaciones, ningún acto jurídico, por muy legal que parezca, puede contravenir esos principios fundamentales.
Ahí está la clave de la virtud ética: en que los buenos gobernantes y los buenos magistrados no se sirven de atajos para ganarse los favores de una parte de los gobernados en detrimento del resto; en que se tiene claro que el poder debe pasar de unas manos a otras y no debe acapararse para usufructo de unos cuantos; en que el ejercicio del poder no legitima porque sí los actos jurídicos injustos, por muy legales que estos sean; y en que la rivalidad entre los postulantes a las altas magistraturas de una nación debe tener como única guía la aspiración al bien común y no a la supremacía de una oligarquía sobre otras.
Todo esto viene al caso de los muchos ejemplos que en nuestros días estamos viviendo en España. Se está utilizando en exceso la coartada legal para legislar leyes injustas. Sus posteriores aplicaciones generarán inevitablemente agravios en los ciudadanos porque con su entrada en vigor se habrá quebrado el principio inalienable de igualdad. A partir de entonces cualquier cosa podrá esperarse, y cuyas consecuencias nos condenarán a todos.
Al punto de este análisis me viene a la memoria una magnífica película del director Stanley Kramer, titulada "Judgement at Nuremberg" (en España se la tituló ¿Vencedores o vencidos?). El film narra el juicio llevado a cabo, en 1948, en la ciudad alemana de Nuremberg, contra cuatro jueces que prestaron sus servicios durante el régimen nazi, y que con sus sentencias y resoluciones coadyuvaron al exterminio. En aquel proceso destacó el soberbio alegato del juez y ex ministro de Justicia del Tercer Reich, Ernst Janning (Burt Lancaster) para justificar su responsabilidad: los jueces no promulgan las leyes, sólo las hacen cumplir; no eran culpables, por tanto, de la aplicación de las leyes que contribuyeron al exterminio; si se hubieran negado a aplicar tales normas hubieran sido traidores a su patria; eran fieles servidores de la ley, y se quedaron en sus puestos para evitar atrocidades mayores; obedecían órdenes, desconocían la magnitud de las masacres y nunca participaron en las mismas.
Cabe destacar que precisamente Janning fue un eminente jurisconsulto, que defendió la democracia y colaboró en la redacción de la Constitución de la República de Weimar. Sin embargo, terminó colaborando con el nazismo amparándose en la solvencia del positivismo jurídico. No obstante, Janning escucha impertérrito la brillante réplica del fiscal Edwar Lawson (Richard Widmarck) y, finalmente, del presidente del tribunal, el juez Dan Haywood (Spencer Tracy), sustentada en la supremacía ética del derecho natural sobre el positivo.
Tras el veredicto de condena a los jueces juzgados, la película muestra un último encuentro en la prisión entre el juez Haywood y el convicto Janning. Resignado y profundamente arrepentido, Ernst Janning exclama a su juzgador: "¡Jamás supuse que se fuese a llegar a esto!" A lo que contesta Haywood con calmosa rotundidad: "Se llegó a esto la primera vez que usted condenó a un hombre sabiendo que era inocente."
Vivimos tiempos en los que se conculca con suma facilidad la legalidad bajo el pretexto de legitimaciones de dudoso valor jurídico. En otros casos, en cambio, se alegan procedimientos impecables desde el punto de vista legal para asaltar la ley y vulnerar los principios del ordenamiento jurídico. Todo ello guiado por un concepto espurio del poder. Es una tragedia que los gobernantes ensalcen las bondades de la ley y de la justicia cuando estas les favorecen, y en cambio denuncien la ineficacia de las mismas o su parcialidad cuando los tribunales les deniegan la razón. Definitivamente la virtud está ausente de nuestros gobernantes y de nuestra democracia, por mucho que a esta se la dé apariencia de legalidad.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.