Llena de perplejidad y espanto comprobar como se ha podido fraguar en el Congreso de los Diputados una iniquidad como la ocurrida este jueves con la aprobación de una declaración institucional sobre el 23-F. La Cámara Baja aprobó un breve texto de cuatro párrafos en el que se minimiza el protagonismo del rey Juan Carlos en el fracaso del golpe de estado.

Y como vivimos en una perentoriedad política verdaderamente clamorosa, todo el mundo ha terminado claudicando ante una indigna pretensión. Esquerra Republicana y Eusko Alkartasuna no sólo se negaron a suscribir el borrador que les entregó el presidente del Congreso, Manuel Marín, sino que lograron imponer a todo el Parlamento un texto que proclama la equiparación del papel relevante del rey con el de partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación e instituciones gubernamentales, autonómicas y municipales. Pero lo más bochornoso de esta ignominiosa comedia fue que, ante la necesidad de alcanzar la unanimidad -imprescindible para sacar adelante este tipo de iniciativas- PSOE y PP tragaron con la falacia de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.

Aquella fatídica intentona la viví desde el primer momento pegado al teléfono, hablando (por aquel entonces ocupaba un puesto de cierta responsabilidad en el Ministerio de Cultura) con numerosos altos cargos de la Administración y con compañeros periodistas. Fui a la Carrera de San Jerónimo alrededor de la nueve de la noche, donde permanecí (salvo un par de horas) hasta que los secuestrados y secuestradores abandonaron el Congreso a la mañana siguiente. En la “noche de los transistores” viví de cerca -allí mismo- la vorágine negociadora que se entabló desde el hotel Palace y el Congreso. Por todo esto me hiere profundamente que 25 años después estos “progres” de ERC, EA e IU-IC vengan a imponernos su “verdad” sobre lo que ocurrió en Madrid y en el resto de España.

Del papel relevante que ahora dicen que jugaron aquella noche del 23-F los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones autonómicas y municipales, hay que decir bien alto y claro que fue cero patatero. Sus ausencias fueron abrumadoras. Aquella noche en las sedes de los partidos y de los sindicatos no quedó ni el gato. Sus dirigentes se esfumaron como por ensalmo. En el País Vasco algunos preclaros nacionalistas tuvieron que ser socorridos, en su huída a Francia, por los guardacostas de la Marina española porque sus improvisadas naves zozobraban en aguas del Cantábrico. En la atemorizada Valencia, invadida por los tanques de Milán del Bosch, ni un paisano se echó a la calle a protestar. En cambio mucha gente se apresuró a quemar papeles y documentos que les pudieran comprometer. Nadie, absolutamente nadie, movió un dedo para enfrentarse a los golpistas. Sólo el “gabinete de crisis” organizado por los subsecretarios ministeriales y la Casa Real vivieron en vigilia aquella noche urdiendo la manera de abortar el golpe militar: hasta que lo consiguieron. Y al frente de todos, el Rey, que como Jefe del Estado y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desactivó a los golpistas y se dirigió a la Nación confirmando su compromiso con los valores de la democracia y con la España constitucional.

Esta es la única verdad. Y querer disfrazar ahora la realidad de aquellos hechos, dando protagonismo a quienes no lo tuvieron y escatimándosele a quien fue el auténtico artífice de la desactivación de la intentona golpista, no es más que una patraña grotesca. Por eso me parece deplorable que el Pleno de la soberanía popular mancille la Historia, agreda a la memoria viva de muchos millones de españoles y a nuestra propia dignidad. Si por vesania de unos y por debilidad moral de otros nuestros políticos echan una losa sobre una página histórica, y la sustituyen por un panfleto demagógico, qué se puede esperar de unos y otros cuando se trate de afrontar los acontecimientos del franquismo, la Guerra Civil o la II República (lo anterior ya no interesan a nadie).