Corrían los días de mediados de julio de 1873. Al presidente -el segundo en cinco meses- de la República federal, Francisco Pi y Margall, se le censuraba casi unánimemente porque, investido por las Cortes de facultades extraordinarias para afrontar los graves problemas que asolaban la vida nacional, no quiso aplicarlas en momentos tan críticos. Ante la pavorosa insurrección cantonalista, Pi se limitaba a dirigir por telégrafo a los gobernadores y alcaldes amonestaciones patrióticas, o saludables máximas de buen gobierno y de respeto a la ley. Pensaba que la razón y el tiempo terminarían por devolver la sensatez a los secesionistas.

A la defensa de Pi, ausente del Congreso en aquellos días, salió el ministro de Hacienda Carvajal, que con toda su elocuencia no pudo amansar las iras de los críticos. Entró en el debate Súñer y Capdevila, ministro de Ultramar, diciendo que estaba dispuesto a castigar con mano dura, implacable, a los revoltosos, a los incendiarios y a los asesinos. Sus palabras fueron recogidas con un aplauso unánime de la Cámara. Continuó su parlamento aquel hombre frío, sectario furibundo, con ironía mefistofélica: «Pero, señores, cuando se trata de luchar y de derramar la sangre de mis amigos y de mis correligionarios, declaro que hasta aquí no llega mi heroísmo». Un diputado le interrumpió preguntando: «¿Y si son facciosos?». El ministro contestó: «Para Su Señoría serán facciosos...». El clamor de protesta que se dejó escuchar le obligó a callar.

Restablecido el orden remató así Súñer su infeliz perorata: «Una cosa es considerarlos facciosos y otra luchar con ellos. Aquí no hay más que dos políticas: o la de ataque o la de concesiones. Pues bien, yo declaro desde este banco que soy partidario para con mis correligionarios, sublevados en Cartagena y en cuantos puntos puedan levantarse, de la política de concesiones». Nuevo escándalo.

A esto pidió la palabra Pi y Margall, que acababa de llegar al Congreso, y no convenció a nadie. La sesión terminó con borrascosas disputas. La crisis se imponía, y para resolverla, las Cortes dejaron de celebrar sesiones los días 15 y 16 de julio, argumentando la falta de quórum para poder abrirlas. Dos día más tarde, el presidente de la República presentó la dimisión.

Eh aquí un antecedente histórico de la manera de gobernar que está practicando José Luis Rodríguez Zapatero. Salvando la distancia entre el ayer y el presente, no cabe duda de que el actual presidente del Gobierno se siente más identificado con los que anhelan una España federal, o confederal, que con la mayoría de españoles que tan sólo aspiran a vivir juntos y en armonía. Rodríguez Zapatero no cree en un proyecto nacional común, sino en una república federal. Por eso está alentando los proyectos soberanistas, eso sí, parapetándose en el constitucionalismo democrático de 1978.

Rodríguez Zapatero, como lo fue Pi y Margall, es partidario de la política de concesiones porque es tan federalista como su lejano predecesor. A diferencia de Pi, que tuvo que sufrir los rigores de un proceso cantonalista subversivo (y no institucional como a él le hubiese gustado), Zapatero, en cambio, se ha convertido en el padrino del cantonalismo autonómico en que está derivando esta Segunda Transición por él propugnada.

La Primera República tuvo su oportunidad histórica por el fracaso de la conservadora monarquía parlamentaria de Isabel II; la revolución liberal de 1869, llamada La Gloriosa, falló en su apuesta por una monarquía democrática (la de Amadeo I), porque, entre otras cosas, ni los monárquicos quisieron aceptar al príncipe saboyano. No obstante, a aquella República no la dejaron crecer; unos y otros, a fuer de demostrar quién era más demócrata, la ahogaron en apenas once meses, especialmente los republicanos netos, que se declaraban los más amantes de la libertad.

Por su parte, la monarquía parlamentaria y democrática de nuestros días, vive la mayor amenaza de sus treinta años de existencia. Porque lo que peligra no es tanto la Constitución del 78 como la integridad de la propia forma de Estado, sustentada en una Monarquía Parlamentaria. El respaldo al cantonalismo autonómico-federal desde las instituciones del poder político hace presagiar que el asalto a la institución monárquica está cada vez más cerca. La política de concesiones de Rodríguez Zapatero no es fruto de la debilidad sino de la convicción.