La opinión pública española tiene derecho a conocer la verdad sobre todo aquello que tiene que ver con el destino de la nación, la vida presente y futura de la ciudadanía, y el quehacer de los administradores -sus representantes- de la cosa pública. Una cosa es la discreción con que han de moverse los políticos y gobernantes a la hora de abordar asuntos delicados –como los relativos a la seguridad del Estado-, y otra es que se diga una cosa por otra.

El “alto el fuego permanente” declarado por la banda terrorista ETA es la consecuencia directa de una negociación y de un acuerdo tácito entre los terroristas y el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. Esto es así y no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que ningún miembro del Ejecutivo se haya sentado a dialogar con los asesinos, sino que en su nombre lo hayan hecho personas de segundo o tercer nivel. Pero es conveniente señalar que ETA jamás aceptaría ningún interlocutor del que no tuviera la certeza de su legitimidad como tal.

Como no podía ser de otra manera, ahora están saliendo a la luz nombres, fechas y argumentos -casi definitivos- sobre el proceso de esta negociación. Sabemos que todo empezó cinco meses después de que el PSOE ganara las elecciones en 2004. El primer paso vino de Batasuna, el brazo político legal de ETA, cuando remitió a Zapatero una carta urgiéndole a abrir un proceso de diálogo, para encontrar una solución adecuada al conflicto vasco y construir un escenario de paz. La misiva fue contestada favorablemente porque el presidente del Gobierno español ya estaba comprometido con la reforma del modelo de Estado.

Los precedentes no dejan lugar a dudas. Rodríguez Zapatero llevaba meses, antes del 14-M, defendiendo la necesidad de una segunda transición y de dar un salto adelante con las reivindicaciones de los nacionalismos históricos. La fotografía de ZP en el balcón del Palau San Jordi, junto a Pascual Maragall en plena campaña electoral catalana, fijó el punto de no retorno de una decisión tomada nada más alcanzar la Secretaría General del PSOE, tres años antes. Zapatero estaba persuadido, entre otras cosas, de que para desalojar al Partido Popular del poder el único camino era conseguir una especie de compromiso histórico con los nacionalistas y regionalistas de izquierdas. Pero aún debería esperar algún tiempo.

Precipitadas las cosas por la contingencia del 11-M, Rodríguez Zapatero se vio forzado a acelerar su proyecto: primero para obtener los apoyos parlamentarios que le permitieran gobernar; y, segundo, tratar de blindar dichos apoyos implicándose, e implicándoles, en un proceso político complejo y largo. El único camino era, obviamente, respaldar reformas estatutarias que satisficieran lo más posible a los insaciables nacionalistas. Por eso hizo fracasar el Plan Ibarretxe en el Congreso, porque era un proyecto que se fraguó al margen de los socialistas.

No cabe duda de que la reforma del Estatuto de Cataluña tiene un valor extraordinario. En primer lugar, porque la dirección de los socialistas catalanes fue la primera en impulsar –con el respaldo de Zapatero- un proyecto vanguardista en cuanto a aspiraciones nacionalistas se refiere; esto le permitió afianzar la coalición con independentistas y federalistas de la izquierda verde; por ende, lo ambicioso del proyecto terminaría implicando –como así ha sido- a los nacionalistas de centro-derecha. Y en segundo término, porque la reforma de Estatuto catalán permitía visualizar ante el nacionalismo vasco, el grado de compromiso de Rodríguez Zapatero con la superación del actual modelo territorial de España.

Este ha sido el verdadero y gran argumento que ha permitido que ETA haya declarado su alto el fuego permanente. Lo demás, con ser importante, no deja de ser complementario. La debilidad de la banda terrorista, los efectos sicológicos y políticos del terrorismo islámico fundamentalista, la presión social... Todo lo que se quiera, pero ETA ha cesado en la violencia para negociar políticamente el futuro del País Vasco. Esto ha sido tan así como que hasta el servicio secreto del CNI ha estado implicado, por acción o por omisión. Y, mientras tanto, desde Rodríguez Zapatero, pasando por sus ministros y por los Blanco, Rubalcaba o López Garrido, se han empeñado en un ejercicio permanente de negación y despiste, tanto en el Parlamento como ante los medios de comunicación.

En este nuevo escenario no nos cabe más que esperar y ver. Ver si el cese de la violencia es total, incluida la extorsión y el terrorismo callejero. Ver como se gestiona por el Gobierno el proceso de diálogo que se abre sin desbordar el Pacto Antiterrorista y el Acuerdo Parlamentario que el Congreso adoptó en mayo de 2005. Hasta ahora hemos comprobado hasta qué punto pueden existir divergencias: donde unos vemos anticonstitucionalismo -en el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña-, otros ven un texto perfectamente compatible y subordinado a la Carta Magna.

De momento, los primeros objetivos de este juego de estrategia pasan por legalizar a Batasuna para que participe el año próximo en las elecciones municipales, por desmontar la presión policial y judicial contra el mundo etarra, y por favorecer los cauces para que Batasuna participe en el debate político sobre la reforma del Estatuto vasco. Ahí es nada.

Seguro que a partir de ahora la mayoría del arco parlamentario y de la prensa oficialista van a estar más pendientes de lo que diga y haga el PP que de los movimientos del radicalismo vasco. Por su parte, Mariano Rajoy no tiene más remedio -por escéptico que se sienta- que implicarse en esta presunta oportunidad de paz. El poder –bien lo sabe el líder popular- juega siempre con ventaja. Además, la mayoría de los españoles necesitan creer -con mayor o menor grado de confianza- que estamos ante una oportunidad definitiva. El tiempo lo dirá, pero lo menos que podemos exigir es que se nos hable claro y sin más engaños.