Marbella se ha convertido a lo largo de los últimos quince años en el paradigma de la iniquidad del poder. La simbiosis entre la soberanía popular y los gobernantes democráticamente elegidos ha sido posible gracias a la frivolidad enraizada en una buena parte de los habitantes de esta ciudad de la costa malagueña. Ha sido una complicidad amparada en el rechazo de los ciudadanos a los cauces políticos habituales en el resto de España. Una tercera vía jaleada por empresarios oportunistas, que haciendo bandera de la crítica a las luchas de poder de los partidos tradicionales, acabaron encandilando a la mayoría de los residentes en este paraíso andaluz.

Fue el ínclito especulador y promotor inmobiliario Jesús Gil y Gil es que se llevó el gato al agua. Y como un encantador de serpientes abdujo las voluntades de miles de heterogéneos vecinos, cuyas necesidades y ambiciones oscilaban entre la fisiología perentoria del sexo a la satisfacción de caprichosas inquietudes aristocráticas. El entonces nuevo regidor no tuvo el menor rubor -con la legitimidad del refrendo popular- de poner en práctica su "nuevo orden". Con el lema de que la iniciativa privada es la única capaz de generar riqueza y bienestar, el gilismo entró a saco en un municipio en descomposición por el hartazgo de mirarse durante demasiado tiempo el ombligo. Jesús Gil abordó todos los frentes: limpió las calles de Marbella de excesos orgánicos, tanto humanos como de otros orígenes; embelleció el centro urbano; construyó antros para que los jóvenes dieran rienda suelta a sus necesidades amatorias; aprobó planes de urbanismo, parciales e integrales, a todo pasto; concedió licencias de construcción sin límite... Y en esta frenética actividad las empresas del regidor municipal se llevaron los mejores bocados.

Luego, con el tiempo, como no podía ser de otra manera, los excesos de la concusión comenzaron a rebosar por debajo de las alfombras, de los archivos municipales y de los despachos de muchos abogados y notarios. Marbella se había convertido en un ejemplar fenómeno de vitalismo urbanístico, sustentado sobre cimientos de corrupción a gran escala; pero eso sí, la ciudad estaba limpia y relucía como el cristal, la actividad económica se había disparado exponencialmente, el comercio y el ocio alcanzaron cotas envidiables, y los matarifes del Este de Europa habían sentado sus reales en magníficas mansiones recostadas frente al Mediterráneo. En definitiva, esta ciudad de luz, campos de golf, discotecas, tiendas de marca, automóviles de lujo, yates y noches interminables de promiscua sensualidad, ha terminado siendo víctima de su propia estulticia.

Era un clamor a voces aquel dislate de impunidad, abuso de poder y de delincuencia institucional. Sólo cuando la Justicia debilitó a Jesús Gil se dispararon las alarmas. El histriónico y sagaz corregidor, que tenía como principal musa a su albo corcel "Imperioso", se obstinó en continuar dirigiendo la ciudad desde el maco o desde el yacuchi de su finca. Pero ya se sabe que la lealtad de los esbirros es una moneda que se devalúa con la decrepitud del patrón. Y lo que no consiguieron en años los concejales de la oposición lo hicieron de un soplo los engordados subalternos del capo di tutti. Luego pasaría como con la muerte del déspota emperador Nerón, que sobrevino el caos, las guerras civiles con Vitelio, Otón y Galba asesinados por sus propios camaradas de la ciega ambición...

Por fin los marbellíes de buena fe tienen la oportunidad de sacudirse de encima el fango putrefacto de la ignominia. Jueces, fiscales y policías han conseguido exorcizar al maligno instalado en la Corporación Municipal mediante una operación cifrada como "Malaya". Hasta ahora han sido detenidas veintitrés personas, incluida la alcaldesa Marisol Yagüe, la teniente de alcalde Isabel García Marcos (otrora implacable azote del PSOE contra Jesús Gil y Julián Muñoz), el secretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes y el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca (verdadero cerebro gris de la corrupción desde los tiempos de Gil); también han sido intervenidas mil cuentas bancarias, 2.500 millones de euros entre fincas, inmuebles, dinero, obras de arte, alhajas, caballos, armas, vehículos y hasta un helicóptero; y las diligencias procesales de la investigación acumulan miles de folios repletos de datos y confidencias que darán para un (o unos cuantos) proceso penal de esos de escándalo.

Desgraciadamente el mal ya está hecho. Quizás por ello las autoridades judiciales han denominado "Malaya" una operación donde hubieran querido llamar "Mal haya". Ahora el poder municipal ha quedado desintegrado. No existe. La Corporación está judicializada en sus tareas fundamentales. Deberá ser la Junta de Andalucía la que decida sobre el porvenir inmediato de la administración de Marbella, en tanto no se celebren elecciones municipales (oficialmente tocan en mayo de 2007).

Lo que es ya imposible recuperar para Marbella es aquel ambiente glamuroso y picaresco de otros tiempos, en que aristócratas divertidos y desvergonzados, estrellas de cine de papel couché, simpáticos caraduras amateurs y golfos profesionales en busca del dorado -todos ellos rodeados de una cáfila de gitanillos vocingleros y trasnochadores-, ponían la nota mundana y cosmopolita en la España del desarrollo y la apertura. Ahora, en cambio, Marbella es una ciudad neta de contribuyentes: empleados de la banca, los seguros, los renta cars, la hostelería, las grandes superficies, las inmobiliarias, los paletas... Una población muy crecida y estable que vive dedicada en exclusiva a pagar las hipotecas del boom inmobiliario de Gil y sus herederos.

Marbella, además, se ha convertido en un paraíso de la alta burguesía advenediza y del crimen organizado de más allá del Danubio. Al reclamo de un clima benigno y de una administración municipal consentidora y entusiasta del dinero y el contubernio, se ha instalado un zoológico humano de difícil clasificación. De este parque temático de la modernidad casposa y zafia, del utilitarismo residencial plastificado, habrá de realizar una catarsis el pueblo marbellí. Pero mucho me temo que el destino de Marbella ya no está en sus manos.

La opinión pública española tiene derecho a conocer la verdad sobre todo aquello que tiene que ver con el destino de la nación, la vida presente y futura de la ciudadanía, y el quehacer de los administradores -sus representantes- de la cosa pública. Una cosa es la discreción con que han de moverse los políticos y gobernantes a la hora de abordar asuntos delicados –como los relativos a la seguridad del Estado-, y otra es que se diga una cosa por otra.

El “alto el fuego permanente” declarado por la banda terrorista ETA es la consecuencia directa de una negociación y de un acuerdo tácito entre los terroristas y el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. Esto es así y no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que ningún miembro del Ejecutivo se haya sentado a dialogar con los asesinos, sino que en su nombre lo hayan hecho personas de segundo o tercer nivel. Pero es conveniente señalar que ETA jamás aceptaría ningún interlocutor del que no tuviera la certeza de su legitimidad como tal.

Como no podía ser de otra manera, ahora están saliendo a la luz nombres, fechas y argumentos -casi definitivos- sobre el proceso de esta negociación. Sabemos que todo empezó cinco meses después de que el PSOE ganara las elecciones en 2004. El primer paso vino de Batasuna, el brazo político legal de ETA, cuando remitió a Zapatero una carta urgiéndole a abrir un proceso de diálogo, para encontrar una solución adecuada al conflicto vasco y construir un escenario de paz. La misiva fue contestada favorablemente porque el presidente del Gobierno español ya estaba comprometido con la reforma del modelo de Estado.

Los precedentes no dejan lugar a dudas. Rodríguez Zapatero llevaba meses, antes del 14-M, defendiendo la necesidad de una segunda transición y de dar un salto adelante con las reivindicaciones de los nacionalismos históricos. La fotografía de ZP en el balcón del Palau San Jordi, junto a Pascual Maragall en plena campaña electoral catalana, fijó el punto de no retorno de una decisión tomada nada más alcanzar la Secretaría General del PSOE, tres años antes. Zapatero estaba persuadido, entre otras cosas, de que para desalojar al Partido Popular del poder el único camino era conseguir una especie de compromiso histórico con los nacionalistas y regionalistas de izquierdas. Pero aún debería esperar algún tiempo.

Precipitadas las cosas por la contingencia del 11-M, Rodríguez Zapatero se vio forzado a acelerar su proyecto: primero para obtener los apoyos parlamentarios que le permitieran gobernar; y, segundo, tratar de blindar dichos apoyos implicándose, e implicándoles, en un proceso político complejo y largo. El único camino era, obviamente, respaldar reformas estatutarias que satisficieran lo más posible a los insaciables nacionalistas. Por eso hizo fracasar el Plan Ibarretxe en el Congreso, porque era un proyecto que se fraguó al margen de los socialistas.

No cabe duda de que la reforma del Estatuto de Cataluña tiene un valor extraordinario. En primer lugar, porque la dirección de los socialistas catalanes fue la primera en impulsar –con el respaldo de Zapatero- un proyecto vanguardista en cuanto a aspiraciones nacionalistas se refiere; esto le permitió afianzar la coalición con independentistas y federalistas de la izquierda verde; por ende, lo ambicioso del proyecto terminaría implicando –como así ha sido- a los nacionalistas de centro-derecha. Y en segundo término, porque la reforma de Estatuto catalán permitía visualizar ante el nacionalismo vasco, el grado de compromiso de Rodríguez Zapatero con la superación del actual modelo territorial de España.

Este ha sido el verdadero y gran argumento que ha permitido que ETA haya declarado su alto el fuego permanente. Lo demás, con ser importante, no deja de ser complementario. La debilidad de la banda terrorista, los efectos sicológicos y políticos del terrorismo islámico fundamentalista, la presión social... Todo lo que se quiera, pero ETA ha cesado en la violencia para negociar políticamente el futuro del País Vasco. Esto ha sido tan así como que hasta el servicio secreto del CNI ha estado implicado, por acción o por omisión. Y, mientras tanto, desde Rodríguez Zapatero, pasando por sus ministros y por los Blanco, Rubalcaba o López Garrido, se han empeñado en un ejercicio permanente de negación y despiste, tanto en el Parlamento como ante los medios de comunicación.

En este nuevo escenario no nos cabe más que esperar y ver. Ver si el cese de la violencia es total, incluida la extorsión y el terrorismo callejero. Ver como se gestiona por el Gobierno el proceso de diálogo que se abre sin desbordar el Pacto Antiterrorista y el Acuerdo Parlamentario que el Congreso adoptó en mayo de 2005. Hasta ahora hemos comprobado hasta qué punto pueden existir divergencias: donde unos vemos anticonstitucionalismo -en el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña-, otros ven un texto perfectamente compatible y subordinado a la Carta Magna.

De momento, los primeros objetivos de este juego de estrategia pasan por legalizar a Batasuna para que participe el año próximo en las elecciones municipales, por desmontar la presión policial y judicial contra el mundo etarra, y por favorecer los cauces para que Batasuna participe en el debate político sobre la reforma del Estatuto vasco. Ahí es nada.

Seguro que a partir de ahora la mayoría del arco parlamentario y de la prensa oficialista van a estar más pendientes de lo que diga y haga el PP que de los movimientos del radicalismo vasco. Por su parte, Mariano Rajoy no tiene más remedio -por escéptico que se sienta- que implicarse en esta presunta oportunidad de paz. El poder –bien lo sabe el líder popular- juega siempre con ventaja. Además, la mayoría de los españoles necesitan creer -con mayor o menor grado de confianza- que estamos ante una oportunidad definitiva. El tiempo lo dirá, pero lo menos que podemos exigir es que se nos hable claro y sin más engaños.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, lidera además en estas fechas un ambicioso programa que su coalición viene preparando, con esmero y entusiasmo, para conmemorar el LXXV aniversario de la proclamación de la Segunda República. Contiene dicho programa un amplio abanico de actos, superior a dos mil, entre ellos numerosas concentraciones y movilizaciones de gentes con simpatía e inclinación por el sistema republicano de organización del Estado.

Argumenta Llamazares que el motivo de tan intenso esfuerzo es el de recuperar “el corazón y la memoria” de este “periodo de luces” que transcurrió entre el 14 de abril de1936 y el 1 de abril de 1939. Para subrayar de forma contundente y simbólica tan encomiado periodo, IU presentará una atrevida iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados: solicitará el respaldo de la Cámara Baja para izar, durante el mes de abril, la bandera tricolor junto a la española en el exterior del palacio de la Carrera de San Jerónimo y en todas las instituciones públicas donde IU tiene representación.

También presentará IU sendas iniciativas en el Parlamento español y en la Eurocámara para condenar el levantamiento franquista del 18 de julio de 1936, así como promoverá iniciativas para reconocer a las víctimas del franquismo y reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica.

Llamazares afirma que, con esta iniciativa, IU pretende “la recuperación de la calle para la izquierda” después de que la derecha haya decidido tomarla, a su juicio, en el marco de una estrategia de “involución democrática”. El ínclito dirigente de masas proletarias y antiglobalizadoras pretende que 2006 sea “el año de la movilización republicana”, y que sirva para retomar “la memoria y la realidad” de Izquierda Unida, porque también se celebran los 20 años transcurridos desde la creación del partido.

Al margen de lo que cada cual opine sobre la II República, e incluso sobre el nostálgico sentimiento que albergue de aquellos años, lo más sorprendente del propósito anunciado por Gaspar Llamazares es la cantidad de falsedades, manipulaciones y medias verdades que, todas revueltas, van a ser utilizadas para abrir aún más las heridas de aquel tormentoso pasado.

La izquierda recalcitrante y desnortada no se conforma con reinventar la historia sino que pretende institucionalizarla, elevarla a la categoría de verdad absoluta e indubitable. En este 75 aniversario de la instauración de la Segunda República los dirigentes de IU ya han estigmatizado a la derecha, no a la de entonces sino a la actual; la han declarado antidemocrática. Pues bien empiezan, descalificando a los adversarios del presente como una forma de redención de aquel pasado discutible y discutido.

Más valdría que los responsables de la Coalición izquierdista se emplearan a fondo a realizar examen de conciencia sobre la vacuidad en que ha devenido la organización en sus veinte años. Poco edificante resulta este conglomerado de identidades confusas y difusas, que se alimenta del detritus ideológico en que han concluido la praxis histórica del marxismo. Resentimiento, odio, complejo de inferioridad y decadencia intelectual y moral son algunos de los denigrantes atributos con que la mayoría de estos dirigentes tratan de espolear la conciencia del pueblo. ¿A quién pretenden engañar, sino a los elementos más ingenuos e indefensos, culturalmente hablando, de la sociedad?

La campaña con la que IU se propone fustigar a los españoles esta primavera lleva por título “1931-2006. Construyendo República”. Pero no hablarán de un hermoso proyecto republicano fundamentado en los principios humanistas, cívicos y democráticos de una sociedad en libertad. Nos hablarán de derechas retrogradas, de fascistas, de caciquismo, de ricos y pobres, de la Iglesia de Trento y la inquisición, del sufrido proletariado y de patronos mafiosos...; nos hablarán de una guerra desigual entre el sufrido pueblo y el fascio internacional... Mentirán hasta la extenuación del pasado porque la verdad no les da réditos, y el futuro les ha vuelto la espalda.

Corrían los días de mediados de julio de 1873. Al presidente -el segundo en cinco meses- de la República federal, Francisco Pi y Margall, se le censuraba casi unánimemente porque, investido por las Cortes de facultades extraordinarias para afrontar los graves problemas que asolaban la vida nacional, no quiso aplicarlas en momentos tan críticos. Ante la pavorosa insurrección cantonalista, Pi se limitaba a dirigir por telégrafo a los gobernadores y alcaldes amonestaciones patrióticas, o saludables máximas de buen gobierno y de respeto a la ley. Pensaba que la razón y el tiempo terminarían por devolver la sensatez a los secesionistas.

A la defensa de Pi, ausente del Congreso en aquellos días, salió el ministro de Hacienda Carvajal, que con toda su elocuencia no pudo amansar las iras de los críticos. Entró en el debate Súñer y Capdevila, ministro de Ultramar, diciendo que estaba dispuesto a castigar con mano dura, implacable, a los revoltosos, a los incendiarios y a los asesinos. Sus palabras fueron recogidas con un aplauso unánime de la Cámara. Continuó su parlamento aquel hombre frío, sectario furibundo, con ironía mefistofélica: «Pero, señores, cuando se trata de luchar y de derramar la sangre de mis amigos y de mis correligionarios, declaro que hasta aquí no llega mi heroísmo». Un diputado le interrumpió preguntando: «¿Y si son facciosos?». El ministro contestó: «Para Su Señoría serán facciosos...». El clamor de protesta que se dejó escuchar le obligó a callar.

Restablecido el orden remató así Súñer su infeliz perorata: «Una cosa es considerarlos facciosos y otra luchar con ellos. Aquí no hay más que dos políticas: o la de ataque o la de concesiones. Pues bien, yo declaro desde este banco que soy partidario para con mis correligionarios, sublevados en Cartagena y en cuantos puntos puedan levantarse, de la política de concesiones». Nuevo escándalo.

A esto pidió la palabra Pi y Margall, que acababa de llegar al Congreso, y no convenció a nadie. La sesión terminó con borrascosas disputas. La crisis se imponía, y para resolverla, las Cortes dejaron de celebrar sesiones los días 15 y 16 de julio, argumentando la falta de quórum para poder abrirlas. Dos día más tarde, el presidente de la República presentó la dimisión.

Eh aquí un antecedente histórico de la manera de gobernar que está practicando José Luis Rodríguez Zapatero. Salvando la distancia entre el ayer y el presente, no cabe duda de que el actual presidente del Gobierno se siente más identificado con los que anhelan una España federal, o confederal, que con la mayoría de españoles que tan sólo aspiran a vivir juntos y en armonía. Rodríguez Zapatero no cree en un proyecto nacional común, sino en una república federal. Por eso está alentando los proyectos soberanistas, eso sí, parapetándose en el constitucionalismo democrático de 1978.

Rodríguez Zapatero, como lo fue Pi y Margall, es partidario de la política de concesiones porque es tan federalista como su lejano predecesor. A diferencia de Pi, que tuvo que sufrir los rigores de un proceso cantonalista subversivo (y no institucional como a él le hubiese gustado), Zapatero, en cambio, se ha convertido en el padrino del cantonalismo autonómico en que está derivando esta Segunda Transición por él propugnada.

La Primera República tuvo su oportunidad histórica por el fracaso de la conservadora monarquía parlamentaria de Isabel II; la revolución liberal de 1869, llamada La Gloriosa, falló en su apuesta por una monarquía democrática (la de Amadeo I), porque, entre otras cosas, ni los monárquicos quisieron aceptar al príncipe saboyano. No obstante, a aquella República no la dejaron crecer; unos y otros, a fuer de demostrar quién era más demócrata, la ahogaron en apenas once meses, especialmente los republicanos netos, que se declaraban los más amantes de la libertad.

Por su parte, la monarquía parlamentaria y democrática de nuestros días, vive la mayor amenaza de sus treinta años de existencia. Porque lo que peligra no es tanto la Constitución del 78 como la integridad de la propia forma de Estado, sustentada en una Monarquía Parlamentaria. El respaldo al cantonalismo autonómico-federal desde las instituciones del poder político hace presagiar que el asalto a la institución monárquica está cada vez más cerca. La política de concesiones de Rodríguez Zapatero no es fruto de la debilidad sino de la convicción.

Este 11 de marzo, sábado, se han cumplido dos años desde aquel otro 11 de Marzo, jueves, trágico, terrorífico, traumático, en que cuatro trenes de cercanías estallaron en miles de pedazos cuando se acercaban cadenciosos a sus destinos: la estación de Atocha.

Se ha querido, no sé por quién, que en este 11-M se declare “Día europeo para conmemorar a las víctimas del terrorismo”. En cualquier caso, se ha pretendido que en fecha tan cargada de dramática simbología (el mayor atentado terrorista de la historia de Europa), se recuerde a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, en España y en todo el continente.

Mi mujer y yo hemos asistido a un sencillo acto que ha tenido lugar al aire libre en el Retiro madrileño. Apenas han asistido unas doscientas personas (la mañana era espléndida). Hemos escuchado siete voces al cielo, es decir, siete testimonios, llenos de intensidad y de emotivas palabras, de víctimas del terrorismo. Había hijos de asesinados por ETA, esposas de asesinados por el GRAPO, víctimas directas del 11-M. En fin, todos los allí presentes éramos víctimas porque todos somos víctimas.

Tengo que destacar la emoción que me han causado las palabras de Gotzone Mora cuando, reafirmándose en sus ideas socialistas, ha clamado su desazón por no comprender las razones del presidente Rodríguez Zapatero para tratar de negociar con ETA.

También he tenido de ocasión de hablar con otras víctimas, como la viuda de Fernando Múgica o María Jesús, la madre de Irene Villa. Ha sido una gratificante experiencia. Sus corajes y sus testimonios son ejemplos vivificantes.

Afortunadamente, los 1.232 muertos y los miles de heridos y mutilados a manos del terrorismo cruel y asesino, constituyen en la actualidad un referente imprescindible a la dignidad del pueblo español. Su recuerdo y su presencia nos imponen el deber moral de la convivencia pacífica y de la regeneración nacional, además de la exigencia de justicia. Sus nombres debemos preservarlos en nuestra memoria como un tributo inexcusable para la esperanza.

He podido comprobar que las víctimas del 11-M continúan clamando por la verdad. Es lo menos que les deberíamos ofrecer. Los que afirman que toda la verdad está ya encima de la mesa, que no duden que pagarán caro su porfía. Y los que confían en el fin de la violencia mediante el diálogo político, tienen sus días contados. Más de cuarenta millones de víctimas arruinarán sus conciencias.

De pensar unos que en España no pasa nada, que en general todo marcha razonablemente bien, a estar otros convencidos de que la situación no puede ser más pesimista, hay mucha menos distancia que la que dista de los que piensan que Dios Todopoderoso, Creador del Universo, está presente en todas partes, de aquellos otros para los que eso de Dios es un camelo y afirman que el universo ha estado siempre ahí, y que cada uno de nosotros no es más que una expresión efímera de ese universo cósmico.

Así, pues, no queda más remedio que colegir que entre dos posiciones tan antagónicas alguien tiene que estar equivocado. Pero también en esto la división de opiniones es radical, por lo que es imposible, a priori, dar la razón a cualquiera de las partes. Sólo el paso del tiempo dirimirá, por sus efectos, quiénes tenían razón (o, al menos, una mayor cuota de razón) cuando evaluaban y juzgaban las graves decisiones que sobre asuntos capitales están tomando los gobernantes españoles de nuestros días, en connivencia con sus amigos y compañeros de viaje.

Dicho todo lo anterior, sólo cabe pensar que el gran argumento que guía y justifica el criterio para respaldar o desaprobar las decisiones de aquellos que pueden tomarlas, es de orden conceptual, donde el peso de la razón está fuertemente inspirado en el de la moral. Los demás caminos no son más que atajos para obtener ventajas en beneficio propio.

Por eso no hay que tener miedo a implicarse en un debate en el que, por principio, otros no sólo van a cuestionar tus argumentos sino que te van a descalificar como sujeto social; van a negar tu legitimidad como individuo digno para participar en la controversia, reduciéndote a ridícula caricatura.

Afortunadamente, la solvencia moral de los que anteponemos el bien común por encima del bien del clan identitario no tiene parangón; como tampoco lo tiene nuestra firmeza en defender, aún a costa de un elevado precio personal, un orden de valores permanentemente quebrantados como la creencia en que todos los hombres somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, que somos herederos del pasado pero no sus responsables y que trabajamos por una sociedad donde quepamos todos menos aquellos que la quieren destruir.

En fin, que al margen de que la Historia dictamine el día de mañana su veredicto sobre los hechos actuales, existen poderosas razones para denunciar la indigencia moral y el analfabetismo funcional de un buen número de líderes electos que gobiernan nuestros destinos.