La apertura del año judicial nos ha traído noticias alarmantes en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estadola violencia y la criminalidad en España han aumentado en 2005. Según refleja la Memoria, en materia de lucha antiterrorista los datos sobre la banda terrorista ETA son suficientemente expresivos: 47 atentados, 101 heridos y 72 actos de violencia callejera.
En cuanto a la violencia de género, todo indica que la nueva Ley, tan cacareada y exaltada por el Gobierno socialista y aprobada en el Parlamento a principios de legislatura, de poco ha servido para atenuar esta lacra social: 73 mujeres muertas en el ámbito doméstico en 2005 frente a 47 en el año anterior. Conviene recordar que el presidente Rodríguez Zapatero decidió otorgar prioridad a esta forma particularmente cruel de delincuencia. Y a pesar de la notable repercusión mediática, en la práctica esta Ley está demostrando una muy limitada eficacia, entre otras cosas, por la falta de recursos personales y materiales para su aplicación.
Asimismo, la Memoria de la FGE destaca que el índice de criminalidad en España creció un 3 por ciento en el último ejercicio, hasta situarse en los niveles negativos de 2002; destaca el aumento superior al 36 por ciento en los procedimientos incoados por delitos o por faltas. A tenor de las cifras, parece claro que la retórica gubernamental y las buenas intenciones de organismos administrativos y observatorios de todo tipo chocan contra una realidad implacable.
Si a la Memoria Anual de la FGE unimos el estudio Violencia y Acoso Escolar en España, que acaba de ser presentado a los medios de comunicación, convendremos que la violencia se ha instalado en la sociedad española de manera determinante. Este minucioso trabajo sociológico dirigido por Araceli Oñate, directora del Instituto de Innovación Educativa, e Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá, concluye con algunos datos estremecedores: uno de cada cuatro alumnos (23,2%) es víctima de algún tipo de acoso y violencia en las aulas, sin que se detecten diferencias entre centros públicos, privados y concertados.
Este estudio sociológico -realizado sobre una muestra de 25.000 alumnos de Segundo de Educación Primaria a Primero de Bachillerato (de 7 a 17 años) de 17 comunidades autónomas- revela, entre otras cosas, que el riesgo de sufrir acoso escolar se multiplica por cuatro en niños con 7 u 8 años y disminuye progresivamente hasta el Bachillerato (16-18 años), etapa esta última en la que el porcentaje de acoso en las aulas (en torno al 11%) coincide con el acoso que se produce en otros ámbitos, como el doméstico o laboral.
El profesor Piñuel rebatió la teoría de que Secundaria (ESO y Bachillerato) es la etapa en la que se produce más acoso. En su opinión, y en contra de lo que suele pensarse, hay muchos más casos de acoso en la etapa de Primaria que en la de Secundaria. Según sus estimaciones, el mayor incremento de la violencia escolar, se da en Tercero de Primaria (43,60% de los casos). Sobre los efectos del acoso, el 54% de las víctimas sufren estrés postraumático, el 54,8% depresión, el 57,2% pérdida de autoestima, el 38% autodesprecio, el 43% ansiedad y el 15% incluso llega a plantearse el suicidio como posibilidad, aunque sea de una forma muy remota y pasajera, afirmó Piñuel.
Para los redactores del informe, el concepto de acoso escolar incluye tanto las agresiones y el daño físico, que representa el 10 por ciento de los casos, como la violencia psicológica, en la que incluyeron el hostigamiento verbal, las amenazas, la intimidación o las coacciones. Resaltaron que el daño psíquico provoca mayores secuelas que el físico en la personalidad del alumno e incluso tiene consecuencias más graves.
A los responsables del estudio el resultado de las encuestas les lleva a deducir que un cuarto de millón de alumnos de los tramos de edad analizados sufre un acoso o una violencia «muy intensa», y que la mitad de ellos presentan consecuencias psicopatológicas, pueden padecer un daño crónico y ser más vulnerables ante otras formas de acoso. El profesor Piñuel aseguró también que, aunque no se desprende de sus datos, «pero si de otros informes internacionales», el 60% de los acosadores acabará delinquiendo antes de los 24 años.
En fin, como se puede comprobar, la violencia está instalada en nuestra sociedad de manera radical, es decir, desde la raíz de la infancia. Esta es la peor noticia que nos podrían dar. Sin duda la culpa no reside únicamente en los poderes públicos, sino que recae en el seno de la familia cuyos responsables son los padres. Son las generaciones de adultos, de entre 35 a 60 años, las que han contribuido decisivamente a hacer de nuestra sociedad una sociedad más permisiva y tolerante. El problema es que no saben y no han sabido trazar la línea entre lo asumible y lo no asumible. Nuestra sociedad democrática ha fallado estrepitosamente en el modelo educativo. No ha sabido afrontar -y menos digerir- el debate filosófico y moral entre libertad y responsabilidad, entre libertad y justicia, y entre libertad e igualdad. En definitiva, nuestra democracia carece de un modelo de ética social. Esta es una herramienta que cada ciudadano improvisa a su manera, sin encontrar ningún referente que la valide o corrija, excepto los tribunales de justicia. Sin símbolos unitarios patrióticos, sin referencias históricas incuestionables, sin límites precisos para los que quieran desbordar el marco constitucional, y sin principios jurídicos que consagren la infancia, la familia y la escuela, es prácticamente imposible abordar políticas eficientes que protejan a nuestra juventud y que la haga acreedora del futuro.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.