Desde el pasado lunes hemos podido leer en la prensa y escuchar y ver en los medio audiovisuales noticias de este tenor: multitudes de jóvenes celebran botellones desafiando las ordenanzas municipales en Granada y Sevilla; varios centenares de jóvenes se enfrentan violentamente en Barcelona a la policía en protesta del plan urbanístico que está realizando el Ayuntamiento en un barrio; actos de terrorismo urbano en diversos municipios del País Vasco; noticias sobre violencia en centros escolares; nuevos asesinatos a mujeres por sus parejas o exparejas; profanación de tumbas en cementerios a manos de grupos organizados...
Y, además, toda la retahíla habitual de actos violentos por delincuentes de todo tipo, así como de accidentes de tráfico gravísimos, en los que el alcohol y las drogas están por medio. Pero es más, de repente nos llega la última estadística que señala que cada cuatro minutos se produce en España un divorcio; en algunas comunidades, como Canarias y Baleares, por cada casamiento que se produce ocurre otro divorcio. El cuadro no deja de ser sorprendente y abrumador.
Nuestra sociedad tiene un problema muy serio. Cito estos ejemplos de tan sólo cinco días, no porque sean los jóvenes los únicos implicados en tan graves desordenes de conducta sino porque son los que más me preocupan, ya que son estas generaciones las portadoras de mayores expectativas de futuro. Pero no cabe duda de que los principales responsables del desasosegante presente son las generaciones maduras que gestionamos la sociedad actual. Es necesario señalar la ceguera, y en mucho casos la necedad, con la que se abordó el cambio de una sociedad totalitaria a otra en libertad y democracia. El mayor empeño se volcó en las reformas políticas, institucionales y económicas. En cambio -quizás por complejo o por ingenuidad- subestimamos los aspectos morales, éticos, educativos y cívicos. Nuestros hijos lo están pagando en nuestras propias carnes.
Es cierto que el caso de España no es único. La mayor parte de la sociedad occidentalizada sufre la misma crisis. Pero esto no es un consuelo. No hay que olvidar que la libertad exige un ejercicio de responsabilidad infinitamente superior al que se exige en sociedades totalitarias. Ahora bien, el concepto de autoridad, y su consecuente práctica, no está reñido con el Estado de Derecho y la libertad. Más bien es una exigencia necesaria e imprescindible para delimitar con precisión los límites entre el bien y el mal, la cumplimiento de la ley y el delito, el derecho y la obligación, el deber y la sanción, el yo y el prójimo.
Como es sabido, la autoridad no emana necesariamente del poder, si acaso es un atributo. La autoridad es una cualidad que se fundamenta y deriva en la práctica del bien; en la ejemplificación del respecto a uno mismo y al otro, y de manera especial al más indefenso. En definitiva, la autoridad no la otorga un cargo sino que se gana porque uno se hace acreedor de ella. ¿Pero cómo se hace alguien acreedor de esta “autoritas” si el orden de valores es inexistente, difuso o confuso? Aquí radica el verdadero meollo de la cuestión. Si una sociedad organizada en forma de Estado de Derecho y con un régimen parlamentario democrático no es capaz de redactar una constitución precisa, en la que se marquen con nitidez los límites legales, a la vez que se declara inviolable la ley (so pena de sanción rigurosa), está claro que la autoridad queda en entredicho.
Por otra parte, si los poderes públicos -a través de sus diferentes instituciones- no son capaces de diseñar y aplicar un modelo de educativo claro y preciso, único para todos los ciudadanos (que garantice la homogeinización de valores y conocimientos fundamentales), es imposible la fructificación de una conciencia común en toda la ciudadanía. Y, si además, los poderes públicos no se empeñan en la potenciación y defensa incondicional de instituciones sociales (familia, escuela e iglesias), o estatales (Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y símbolos de la patria), así como el respeto a las minorías (por razón de raza, creencias, o por deficiencias físicas o psíquicas, a los niños y ancianos), difícilmente podrá fructificar el progreso humano en términos morales y sociales.
En general, los pilares o principios éticos sobre los que descansan los comportamientos de cada vez más españoles son de una fragilidad e inconsistencia verdaderamente pavorosa. Da igual el estatus social o económico. Dichos principios son acomodados en todas los estamentos a conveniencia. Lo que hoy unos reprochan en los demás como comportamientos trastornados y amenazantes, mañana esos mismos los reproducen con cínica indiferencia. Eso sí, aquí todo el mundo clama justicia, como si los tribunales fueran la solución a nuestro desarreglo moral e identitario.
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.