jueves, 08 de marzo de 2007
Ofrenda a las víctimas de ETA en MadridLa unanimidad (y celeridad) con la que se gestionó la reunión extraordinaria del Comité Federal del PSOE, el pasado sábado, es la prueba del nueve de cómo la partitocracia (denunciada más de una vez en este blog) es un cáncer que socava, día a día, la salud política de nuestra democracia. Junto con las listas electorales, el secretario general de los socialistas tramitó el asunto de la excarcelación del asesino múltiple De Juana Chaos sin la menor discrepancia por parte de miembro alguno del máximo órgano rector del partido gobernante.

Rodríguez Zapatero ha logrado aunar junto a sí todas las voluntades de los barones y dirigentes socialistas. La democracia interna la ejercitan por aclamación; paradigma de evolución orgánica mediante el uso intensivo y exhaustivo del palo y la zanahoria (materialismo histórico). El PSOE zapateril está instalado en la apoteosis de la libertad, en la cima del libre albedrío en defensa del interés colectivo; es el cenit de la lucha contra las cadenas que oprimen y sojuzgan la dignidad humana.

Nuestro socialismo numerario (con la excepción de la eurodiputada Rosa Díaz) se apacienta sobre los presupuestos públicos y se envanece con los privilegios y dádivas de las poltronas de los cargos a dedo. Está bien domesticado y por eso se manifiesta con una sola voz: la de su líder nacional; de ahí el sonoro aplauso con el que se coronó la intervención de Zapatero, por otra parte preñada de argumentos falaces y endebles.

Y es que la pobreza argumental a favor del caso De Juana Chaos es patético. En primer lugar, constituye un insulto a la inteligencia esgrimir que la decisión de excarcelar a este asesino múltiple es conforme a Derecho. Esta perogrullada define la altura intelectual del Presidente del Gobierno y los que le rodean. Como si el cumplimiento escrupuloso de la ley no fuera un requisito obligatorio e imprescindible en todas y cada una de las acciones de gobierno. De modo que jactarse de realizar un acto legal pone de manifiesto la inconsistencia de sus razones. Sobre todo cuando el asesino convicto no ha cumplido ningún requisito de los exigidos por la ley para beneficiarse de cualquier tipo de redención de penas.

En segundo lugar, insiste Zapatero y los suyos en otra razón de peso para tan grave decisión: el alto sentido humanitarista de este Gobierno. Con su decisión el Presidente cree haber dado un ejemplo de grandeza, al demostrar el alto valor que el Ejecutivo tiene de la vida humana frente al cruel y sanguinario asesino. Bien podría haber antepuesto Zapatero este argumento en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas inocentes, a manos de esta bestia sin escrúpulos.

Por último, para contrarrestar el tsunami de indignación que tan injusta medida ha provocado en la ciudadanía, el nuevo caudillo rampante se ha lanzado a una cruzada de desprestigio de los gobiernos presididos por José María Aznar. De nuevo los ventiladores han sido puestos en marcha para desperdigar inmundicias a trote y moche. Así, el vendaval de infamias en vez de aplacarse no hace más que avivar la ira de los dioses y encrespar aún más la vida política. Todo un ejemplo de responsabilidad de quien ejerce la tarea de gobierno.

Es verdad que los errores se han cometido siempre y por todos, por los unos por los otros. Pero la alarma social la han provocado personas con nombres y apellidos. Mal consuelo es pretender justificar despropósitos con anteriores errores y equivocaciones de otros. Esta actitud se descalifica por sí misma. La prueba es que cuando Aznar defendía su decisión de respaldar la guerra de Iraq, argumentando que era lo mejor para España y que el tiempo le daría la razón, Zapatero se puso al frente de la ola de contestación política y social que produjo aquella decisión. Ambos líderes se vieron envueltos en una hostilidad manifiesta, y la sensibilidad ciudadana estaba del lado del jefe de la oposición. Así son las cosas.

Ahora, Rodríguez Zapatero ha tomado una decisión política, la única que puede tomar un gobierno. Disfrazarla de legal, de humanitaria o de habitual, no es más que eludir públicamente la responsabilidad. Por eso se exige al Presidente del Gobierno que explique las verdaderas razones políticas que le han llevado a tomar esta decisión, máxime cuando todos los españoles conocen que está abierto un proceso de diálogo con ETA para negociar la paz. Son sus palabras, no las mías.

Publicado por torresgalera @ 13:02  | Política
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