Las claves políticas que han orientado la hoja de ruta del presidente Rodríguez Zapatero durante la presente legislatura han quedado, a estas alturas, en evidencia. El engaño ha quedado al descubierto. La auténtica naturaleza del político leonés nos muestra una personalidad bifronte, cuyo rostro público (sonriente y apacible) esconde un genio atravesado de lacerantes complejos y de sórdidas ensoñaciones.
Muchos son los que piensan, o lo han pensado alguna vez, que Zapatero ha improvisado desde el primer momento que llegó a La Moncloa. Esto no es verdad o, mejor dicho, es una verdad a medias. Si bien es cierto que su llegada al poder fue por accidente, no así fue el ideario de su acción de gobierno. La improvisación de su gestión ejecutiva al frente del Estado nunca fue un obstáculo para poner en marcha las vigas maestras de lo que con anterioridad había fraguado en su mente: neutralizar los compromisos históricos de la Transición y encauzar un nuevo orden político en el Estado español, en el que el socialismo conviviera en armonía con los nacionalismos periféricos.
Ya en su primera legislatura como jefe de la oposición, Zapatero dio muestras de su cara oscura durante la gestión de la crisis del Partido Socialista del País Vasco. Pronto se vio como fue capaz de decapitar, con la mejor de sus sonrisas y sin que le temblara la mano, a Nicolás Redondo Terreros al frente del PSPV. El flamante nuevo Secretario General del PSOE apostó con indudable zafiedad por la vía colaboracionista con el nacionalismo apoyando la alternativa de Pachi López. En Cataluña tampoco dudó en comprometerse con la línea social-nacionalista que representaba entonces el candidato Pascual Maragall. Y, en todo caso, Zapatero no dejó de manifestar su inclinación por lo que entonces se dio en llamar «Segunda Transición».
Una vez al frente del Consejo de Ministros, el Presidente no tardó en cerrar con los nacionalistas una alianza estratégica para vaciar la Constitución mediante reformas estatutarias. La admisión a trámite en el Congreso del Plan Ibarretxe y su posterior rechazo, marcó el orden de prioridades de Zapatero: la reforma del Estatuto de Cataluña y, posteriormente, tras recomponer el papel predominante que el PSPV debería jugar en Euskadi, vendría la del País Vasco.
Luego los españoles hemos sabido que Rodríguez Zapatero venía jugando con dos barajas en lo concerniente al terrorismo etarra. Desde la oposición venía tendiendo puentes de diálogo con la banda asesina; a su vez, exigió al Gobierno Aznar un pacto de Estado contra el terrorismo. A eso se llama estar en misa y repicando. Pero cuando Zapatero apenas llevaba un año al frente del Gobierno no tuvo el menor reparo en ofrecer un gran pacto a toda la oposición minoritaria que, por su naturaleza, dejaba fuera al PP.
Desafortunadamente, el Estatut catalán nació mal y es probable que acabe peor. En cuanto a ETA, es obvio que impone sus condiciones al Gobierno en lo que eufemísticamente denomina «solución del conflicto». Las evidencias son irrefutables: proceso ininterrumpido de reorganización, reavivamiento del terrorismo callejero, aumento de la extorsión, atentado con dos asesinatos en Barajas y desafío permanente a las instituciones del Estado, sobre todo al poder judicial.
La claudicación por parte del Ejecutivo español es incontestable (excarcelación de De Juana Chaos y retirada de la acusación por parte de la Fiscalía en el último proceso a Otegi). La resolución dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional proclama el escándalo: «existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada» en el juicio y que podría constituir un delito de enaltecimiento terrorista. Los magistrados añaden que la retirada de la acusación por parte del fiscal, «única parte acusadora», impidió al tribunal «dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado».
Tratar de endosar la responsabilidad de tal decisión judicial única y exclusivamente a la acción autónoma e independiente de los órganos jurisdiccionales es de un cinismo perturbador: la dependencia jerárquica del Ministerio Público con la consabida obediencia debida, no deja ningún lugar para la duda, máxime cuando es conocido el uso que todos los gobiernos hacen del nombramiento del Fiscal General del Estado. Y la reciente incorporación a la cartera de Justicia de un fiscal que se autodefine de izquierdas y que ha sido altamente beligerante con los fiscales generales nombrados por el PP, no hacen más que reforzar la sospecha de que el Gobierno Zapatero está seriamente comprometido en un proceso negociador con la banda terrorista ETA.
Por todo ello es lógico entender que ni el Partido Popular, ni las víctimas del terrorismo, ni millones de ciudadanos estén dispuestos a resignarse ante tan amenazante y peligrosa estrategia política. Es más, se ha llegado a tal punto de desavenencia y enfrentamiento, que ya no duelen prendas en utilizar cualquier recurso para descalificar al contrario: el último, esgrimir el fantasma de la «extrema derecha», que está creando un ambiente guerracivilista (Jesús Polanco dixit). Verdaderamente la situación no puede ser más alarmante, pero al menos nadie podrá alegar que las posiciones no están claras.
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