El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), verdadero artífice de la «teoría social», a través de la cual pretendió elaborar un sistema racional superador de resentimientos históricos, afirmaba que «Las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia. Surgen del choque entre dos derechos.» Creo sinceramente que dicha afirmación sigue teniendo vigencia al cabo de dos siglos: en concreto, en la vida pública española, tan controvertida por los nacionalismos y por el terrorismo.
Estos asuntos, a los que hay que añadir la enconada lucha por el poder entre los dos grandes partidos políticos, han terminado por contaminar, mediante las pulsiones incontinentes de los otros poderes la parcela exclusiva del Poder Judicial. Se trata, por tanto, de un hecho peligroso que pone en grave riesgo la integridad del sistema democrático, fundamentado en la independencia de los tres poderes.
La Constitución de 1978 establece, en su primer Artículo, apartado tercero, que «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.» Más adelante, la Carta Magna otorga al Rey la Jefatura del Estado pero privado de facultades ejecutivas. Por su parte, los ciudadanos, verdaderos y únicos titulares de la soberanía nacional, sólo se pronuncian mediante sufragio universal para elegir a sus representantes en las cámaras (Cortes Generales, asambleas autonómicas y ayuntamientos). Es a partir del Poder Legislativo donde se determina el Poder Ejecutivo, lo que supone, en la práctica, un cercenamiento de la independencia de ambos poderes.
El asalto al Poder Judicial, negado unas veces y justificado otras, es hoy día un hecho incuestionable. Así ha calado en la opinión pública. Para la clase política y sus estrategas ideológicos el argumento, más o menos matizado según los casos, es que no debe existir ningún poder que escape a la voluntad popular. Y, por tanto, los representantes electos tienen toda la legitimidad para decidir quiénes gobiernan los grandes órganos jurisdiccionales.
Así las cosas, y como el movimiento se demuestra andando, al final ha ocurrido que los intereses partidistas se han instalado en ciertas áreas de la institución judicial. ¿Y esto cómo afecta al normal funcionamiento de la Administración de Justicia? ¿Qué efectos tiene en la nación la pérdida de credibilidad en la Justicia por parte de la ciudadanía? ¿Cómo es posible que se haya permitido el actual grado de politización en el seno de los órganos jurisdiccionales? Estas y otras preguntas no tienen fácil respuesta. No obstante, intentaré desgranar las claves que permitan explicar el actual estado de cosas.
Los afectados
Benjamín Franklin (1706 – 1790), uno de los redactores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, dejó dicho y escrito que «Leyes demasiado suaves nunca se obedecen; demasiado severas, nunca se ejecutan.» He aquí por qué muchas veces la opinión pública manifiesta su descontento, cuando no su desconcierto, ante ciertas resoluciones y sentencias judiciales alarmantes, o sobre la politización de la Justicia. En algunas ocasiones los ciudadanos reclaman leyes más severas, y otras que se aplique la ley igual para todos; desde luego lo que nadie entiende es que los magistrados discrepen sobre un asunto en un mismo tribunal.
Si preguntamos a los miembros del Gobierno acerca de la independencia de la Justicia, éstos responden casi siempre que el Poder Judicial es plenamente independiente; que el Ejecutivo no interfiere en absoluto en los órganos jurisdiccionales; y que, por tanto, ellos –los miembros del Consejo de Ministros– acatan escrupulosamente las decisiones de los tribunales aunque a veces no les gusten.
Por su parte, si nuestros interlocutores son los políticos electos, por lo general se escurren con divagaciones sobre las mayorías necesarias en las Cortes para sacar adelante tal o cual proyecto de ley; de las veces que los contrarios les han echado para atrás sus iniciativas; o, si son políticos del partido que gobierna, justifican que están en ello pero que existen prioridades que hay que atender con urgencia, y que si no es en esta será en la próxima legislatura, si vuelven a gobernar, claro.
En cambio, si con el mismo ánimo elevamos dichas preguntas a los profesionales de la Justicia (abogados, jueces y fiscales), mayoritariamente responden que ellos no reciben presiones, que se limitan a aplicar las leyes, y que si algunas son deficientes o insuficientes es el Poder Legislativo (es decir, los políticos electos) el único que tiene competencias para cambiarlas.
Punto y aparte es la opinión que me merece el colectivo de letrados, que por su abultado número, grado de preparación, especialización profesional y actitudes personales hace de este gremio un heterodoxo grupo social, en el que literalmente hay de todo, desde muy buenos hasta un verdadero desastre; y, encima, los buenos o excelentes suelen ser poco accesibles para el bolsillo de gran parte de la ciudadanía.
Y para terminar, no es difícil imaginar las respuestas de los ciudadanos «de a pie» cuando se les plantean estas cuestiones. La mayoría de sus respuestas suelen ser auténticos exabruptos, siendo el de que «la justicia es un cachondeo» uno de los más tibios. Ya en el siglo XVII, en aquella España decadente del reinado de Felipe IV, cuando gobernaba con mano de hierro el omnímodo Conde-Duque de Olivares, escribía el penetrante, ingenioso y ácido Francisco de Quevedo y Villegas que «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.»
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.