Como profesional del periodismo, con una dilatada experiencia de más de treinta y cinco años, intentaré exponer algunas de las claves que explican lo que está pasando en la Justicia en España. Pero antes tengo que señalar que, mayoritariamente, tanto jueces y magistrados como fiscales constituyen cuerpos de funcionarios públicos muy profesionales, que realizan un trabajo muy meritorio con los medios de que disponen. Además, debo romper una lanza por la integridad ética que demuestran ante agentes contaminantes de la vida política y de los intereses sociales, ya sean económicos, corporativos o de cualquier otra índole; lo que no resta méritos a que de vez en cuando surjan actuaciones judiciales reprobables como en cualquier otra profesión.
En cualquier caso, el colapso de asuntos pendientes en los juzgados y, por tanto, la llamada «lentitud de la justicia», tiene más que ver con la insuficiencia de plantillas de jueces y de funcionarios judiciales, así como de medios materiales y técnicos. Es la voluntad del Gobierno, mediante su política presupuestaria, la que determina los recursos de la Administración de Justicia.
La segunda clave que conviene tener en cuenta es que la tan cacareada politización de la Justicia alcanza, y no es poco, únicamente a algunos ámbitos de los Tribunales Superiores, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial. Y es precisamente aquí, en el CGPJ –con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de julio de 1985, y que cambió el sistema de elección de los vocales del CGPJ– donde comenzó el intrusismo político en los órganos jurisdiccionales de mayor rango.
Aquella reforma introducida por el gobierno socialista de Felipe González, cargó sobre el Parlamento –con las consiguientes consecuencias funestas– la mayor parte de las designaciones de vocales del órgano rector de los jueces. No olvidemos que la Constitución creó este órgano (no su forma de elección), a través de su artículo 122, para garantizar la independencia externa del Poder Judicial. En realidad el CGPJ no forma parte del Poder Judicial sino que es el órgano de gobierno de dicho Poder.
La alteración del sistema de elección, asignando a las Cortes –por 3/5 de ambas cámaras– el nombramiento de 12 vocales del CGPJ, en vez de los 8 anteriores, y rebajando a la carrera judicial su cuota de 12 a 8, fue el comienzo del fin del sosiego judicial. Desde entonces, la cuota mayoritaria de vocales designados por afinidad ideológica introdujo el estigma de la politización. Y si a ello añadimos el pacto de estado que llevó al gobierno conservador de José María Aznar a consensuar, en mayo de 2001, una nueva reforma de la LOPJ, por la cual los 20 vocales del CGPJ serían nombrados por las Cortes, convendremos en que ninguno de los grandes partidos con posibilidad de gobernar tiene el más mínimo interés en la independencia del Poder Judicial.
Para comprobar la importancia que tiene el CGPJ no hay más que observar que el propio presidente de dicho Consejo asume también la presidencia del Tribunal Supremo una vez propuesto al Rey por los vocales. Además, el CGPJ es parte esencial en la elección de magistrados para cubrir las vacantes de las audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional, así como en la labor sancionadora de jueces y magistrados. Todo ello explica por sí mismo que el control político del CGPJ sea, de una forma otra, una cuestión capital tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. De aquellos polvos estos lodos.
El Ministerio Fiscal
La tercera clave de la politización de la Justicia hay que buscarla en el Ministerio Fiscal. El Artículo 124. 1. de la Constitución señala que el Ministerio Fiscal «... tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.» Pero lo que es determinante en el funcionamiento del ministerio público es su «unidad de acción y dependencia jerárquica», establecida en el apartado segundo del citado Artículo. En el apartado cuarto recoge: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Estado.» Es obvio que el Ministerio Fiscal es fácil presa del interés gubernamental.
Este es un asunto capital, puesto que el Ministerio Fiscal está sujeto, como en el ejército, a una firme disciplina y obediencia jerárquica. Ello implica que todo fiscal debe consultar a su superior el fundamento de sus actuaciones, o bien acatar las instrucciones recibidas a través de la línea jerárquica. De lo cual se infiere que una instrucción dada por el Fiscal General del Estado al Fiscal Jefe de cualquier tribunal, debe ser automáticamente transmitida y aplicada por los fiscales de dicho tribunal.
Como quiera que al cargo de Fiscal General del Estado puede acceder cualquier profesional del Derecho, el margen de maniobra del presidente del Gobierno para sentar al frente del Ministerio Público a alguien de su confianza, es enorme. Y si controla el CGPJ, mucho mejor.
En cuanto al Tribunal Constitucional, más de lo mismo. De los doce magistrados que integran su consejo de gobierno cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y los otros dos el CGPJ. Su presidente es elegido entre los doce magistrados que proponen al Rey su nombramiento.
Con la anterior exposición queda al descubierto la tupida red de capilares por donde penetran los intereses políticos en la estructura del Poder Judicial, tanto desde el partido gobernante como desde los grupos parlamentarios. Esta realidad corrobora el diagnóstico del filósofo francés y Premio Nobel de Literatura Albert Camus (1913 – 1960), cuando afirmaba que «Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo».
Por eso no es de extrañar que algunas controversias políticas de primer orden, y que están en fase de pronunciamiento de altos tribunales, como los recursos al Estatuto de Cataluña o la impugnación de las candidaturas encubiertas de Batasuna a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo, trasladen la refriega política a dichos órganos jurisdiccionales.
Y más desalentador resulta la permanente denuncia y descalificación –demasiadas veces con fundamentos sobrados– a la que se somete al Fiscal General del Estado desde las filas de la oposición. Siempre ha sido así, sobre todo desde los tiempos del ínclito Eligio Hernández Gutiérrez, aquel magistrado canario nombrado ilegalmente por Felipe González y que, al poco de ocupar el cargo, afirmara sin el menor rubor que «Una obligación democrática es que el fiscal se lleve bien con el Gobierno».
Para terminar, y como botón de muestra, nada más cercano que la implicación del Tribunal Supremo en las impugnaciones de candidaturas de la izquierda radical vasca. Dichas impugnaciones han sido solicitadas por quien únicamente lo puede hacer al amparo de la Ley de Partidos: el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. La clave de la impugnación no está en la solvencia jurídica de la resolución del Supremo, del que nadie cuestiona, sino de los términos en que han sido planteadas las impugnaciones por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y es ahí, justamente, donde se ha producido un nuevo debate político, ante la recriminación a los demandantes realizada por el Tribunal Supremo en su sentencia, por la argumentación contradictoria e insuficiente y no plenamente ajustada a la Ley de Partidos. Ahí ha quedado en evidencia, una vez más, por mucho que lo niegue, la acción inducida de un Gobierno que quiere dar satisfacción a todas las partes, y no deja satisfechos a nadie.
Publicado por Invitado
viernes, 01 de junio de 2007 | 21:33
Lo que hizo Felipe Gonzalez fue una chapuza pero es que el metodo anterior solo hubiera dejado los organos de la justicia en los de siempre de entonces porque, no olvidemos, que los abogados y jueces con mas experiencia probablemente fueran pro-regimen franquista o, al menos, afines a sus ideas. El intento golpista no habia sido hacia mucho.
Publicado por Invitado
viernes, 01 de junio de 2007 | 21:37
Esto no quiere decir que lo justifique, solo que entiendo la linea de razonamiento. La autentica reforma hubiera sido un sistema judicial con gente de izquierdas arriba pero el PSOE no es de izquierdas desde Suresnes (o incluso antes). Un organo gobernado por gente de izquierdas habria levantado ampollas pero habria hecho que multiples sentencias polemicas (17 puñaladas no es ensañamiento, vestir vaqueros y bajarselos es eximiente de violacion, y tantas otras) no lo fueran tanto.
Publicado por Invitado
viernes, 01 de junio de 2007 | 21:40
Y ya transcurridos 25 o 30 años de la constitucion, hacer una definitiva reforma del poder judicial, con elecciones entre ellos y demas. Asi se daria tiempo a nuevas generaciones de juristas de tendencias izquierdistas a asumir cargos de poder intermedios desde donde poder acceder en igualdad de condiciones que los mas veteranos (y en su mayoria de derechas).
Publicado por Invitado
lunes, 10 de diciembre de 2007 | 15:58
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.