Los transportistas están de luto. Uno de ellos está
esperando sepultura en Granada víctima de sus propios excesos. En Valencia
cinco conductores han amanecido viendo como sus camiones ardían. Dice el refrán
que «quien siembra vientos recoge tempestades». La llamada huelga del transporte
es en realidad un plante patronal. Entre los parados no hay un solo trabajador
por cuenta ajena, es decir, un asalariado. Por tanto, tengamos presente las
características de este boicot al abastecimiento de la sociedad, única víctima
del plante.Otro dato a considerar es la complejidad del sector. Hay grandes empresas de transporte, y otras no tan grandes, que no están en paro porque sus contratos con los cargadores les blindan. También existen transportistas de alquiler que se brindan al mejor postor puesto que son ellos los fijan sus tarifas. Y luego está un largo etcétera de pequeños empresarios que, con uno o unos cuantos camiones, dependen de cargadores y distribuidores muy ajustados. Estos son los que soportan la mayor parte del peso de la crisis creada por la subida de los carburantes.
Conviene señalar, que el sector del transporte por carretera carece de una estructura sólida sindical que defienda sus derechos. Por el contrario, los transportistas están organizados a través de numerosas organizaciones patronales. Y en esta multiplicidad radica, en buena medida, la dificultad para negociar con la Administración medidas que satisfagan a todos.
En cualquier caso, y respetando -aunque no compartiendo- algunas de sus reivindicaciones, los transportistas están yendo demasiado lejos al imponer un severo castigo al conjunto de los ciudadanos. Colapsar la sociedad es atribuirse un derecho que no tienen, más bien al contrario, es un acto de irresponsabilidad que raya en el delito. Pero como el «derecho de huelga» -reconocido en la Constitución- no ha sido todavía regulado, y los coercitivos «piquetes informativos» no son duramente reprimidos, la sociedad está al albur de que cualquier colectivo estratégico zarandee y maltrate a sus conciudadanos con tal de hacerse oír y presionar a las administraciones públicas.
Pienso que, en una sociedad de libre mercado, lo lógico sería repercutir a cualquier tarifa el incremento de costes de producción. Esta simple norma, supervisada adecuadamente, debería ser una garantía de ecuanimidad. Al fin y al cabo, el que utiliza un servicio es el que debe pagar lo que cuesta. No es el dinero de los contribuyentes el que debe sufragar los déficits sectoriales. Pero en España la actividad económica está regulada por un entramado legal y normativo tan enrevesado e ineficiente, que cuesta trabajo pensar que la iniciativa privada se abra paso.
La violencia de esta huelga de transportistas debería ser motivo de reflexión para todos. Inclusive para los «piquetes informativos».
Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.