Que España es un país de cainitas no me cabe la menor duda. Nada hemos aprendido de la historia ni falta que nos hace, en todo caso para despotricar de unos y de otros. Y lo peor es que los españoles que hoy permanecemos en pie sobre esta bendita tierra continuamos alardeando de nuestras míseras obcecaciones como si de inquebrantables verdades se tratara. El empecinamiento y la ofuscación en nuestros yerros nos han convertido en irreductibles fantoches, en famélicos orates siempre dispuestos a la riña soez y al escarnio despiadado con aquellos que, en nuestro imaginario fantasmagórico, encarnan idearios y actitudes vitales diferentes de las propias.

Con toda el agua que ha transcurrido bajo los puentes, ya sea el de Alcántara o el viejo de Córdoba (ambos construidos por los romanos), la nación española no ha dejado de debatirse entre la servidumbre, el regicidio, la conspiración y el descreimiento. Ya en tiempos más modernos, cuando el concepto de soberanía se residenció en el ciudadano, allá por 1812, la traición y el nepotismo engendraron el partidismo vesánico. Desde entonces no ha dejado de atormentarnos hasta el momento presente. Ni siquiera la democracia actual, con su ley de amnistía previa, ni los sucesivos gestos políticos para tratar de restituir y compensar los agravios a los que más sufrieron los rigores de la noche oscura del franquismo, ha sido suficiente para esta nueva horda de políticos subidos al machito del poder. A esta generación de dirigentes «progresistas», auténticos analfabetos funcionales de la «rex publica», a falta de un ideario genuino, acorde con los exigentes desafíos del presente y del futuro, no se le ha ocurrido nada mejor que echar mano del abyecto pasado para reavivar el resentimiento, el odio y el sufrimiento. No hay que olvidar que la Guerra Civil fue el episodio histórico más pérfido, deleznable y cruel de fracaso de convivencia entre españoles.

Y por si fuera poco, a la malnacida Ley de «Memoria histórica» hay que sumarle un juez megalómano, aturdido y peor aconsejado, que apoyándose en este endeble y deficiente soporte legal ha iniciado, jaleado por los intereses más insidiosos, un proceso legal contra los dirigentes desaparecidos de un régimen político ya extinto. Si este acto no es digno de ser calificado de «alta traición» al Estado de Derecho, por cuanto tiene de amenaza a la paz y a la convivencia de los ciudadanos, que venga Dios y lo vea. La felonía jurídica que está cometiendo Baltasar Garzón deja en pañales otras famosas como la del «caso Dreyfus» (París, 1894-1906). Si, como sostiene el magistrado, los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, parece una arbitrariedad el que sólo persiga a los responsables (ya fallecidos) del bando victorioso, toda vez que los crímenes cometidos por la otra parte no quedaron a la zaga. Ahí tiene Garzón a uno de los máximos responsables de la seguridad en los días del terror rojo (1936-1937) en la zona republicana: se llama Santiago Carrillo.