Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.
Pero con ser deleznable todo lo anteriormente reseñado, lo peor del clima irrespirable en el que transcurre la vida política viene de la mano del papel que juegan los medios de comunicación y los profesionales del periodismo. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Corren ríos de tinta criticando los programas basura en televisión y no dedicamos un solo minuto a analizar y estudiar el ignominioso papel que medios y periodistas están desempeñando en el debate de la cosa pública.
Sí; hablo de medios (empresas) y periodistas, porque son dos sustantivos y, por tanto, dos realidades diferentes, aunque estrechamente unidas. Por un lado contamos con unos medios (prensa, radio y televisión) que han renunciado sin el menor rubor a cualquier atisbo de independencia; aunque formalmente estos medios sean propiedad de sociedades mercantiles y no estén adscritos ni patrocinados por partidos políticos, en la práctica juegan este papel, pero al revés: son los medios los que ejecutan una especie de mecenazgo ideológico a favor de una opción política concreta, a cambio de que ésta corresponda con el pago de privilegios cuando alcance el poder. Existen otros casos en los que el accionariado de los medios de comunicación está fuertemente entrelazado con el mundo empresarial que respalda opciones ideológicas; y no digamos en aquellos casos en que algunas formaciones políticas han gobernado durante décadas, con lo que ello ha supuesto para favorecer apoyos cautivos de importantes estamentos sociales y económicos (País Vasco, con el PNV-EA, y Cataluña, con CiU). También está el caso de los llamados medios públicos, como son el Grupo de RTVE (de carácter estatal) y las radios y televisiones autonómicas y municipales. Con este panorama, donde los poderes públicos controlan y manipulan a su antojo a los medios públicos, y donde los medios privados viven en su gran mayoría en un alto grado de complicidad con sus respectivas opciones partidistas, queda plenamente justificado y explicado el actual clima de crispación mediática.
Y qué decir de los profesionales que desarrollan su trabajo en los diferentes medios de comunicación. En primer lugar, sería totalmente injusto tasar a todos por el mismo rasero. Una gran mayoría de profesionales trabajan con eficiencia en la elaboración del cuerpo de noticias que informa su respectivo medio. Son los cuadros intermedios, jefes de área, redactores jefes, subdirectores, directores adjuntos y director, los que orientan y deciden qué noticias destacar, cómo y desde qué puntos de vista, y qué hechos no merecen ser elevados al rango de noticia o, como mucho, a noticias de segundo nivel. Es este entramado de "jefes" el que revisa, corrige e incluso rechaza un texto, con lo cual el redactor ya se ocupa, por la cuenta que le tiene, de amoldarse a los gustos y modos de sus superiores. Pero, con todo, estos periodistas de base son en cualquier caso los que finalmente favorecen la credibilidad al medio; tanto da que sean redactores de mesa, de calle, enviados especiales, corresponsales en provincias o en el extranjero.
Lo que definitivamente determina el ruido mediático es la línea editorial y la opinión de sus colaboradores habituales, que son los que avivan el debate. Pero es sobre todo desde los medios audiovisuales, radio y televisión, donde la beligerancia ideológica es más abierta e intensa. Cuando en la década de los ochenta en la radio se pusieron de moda las tertulias radiofónicas, con representación variada de opciones, se inició una carrera sin vuelta atrás. Durante un tiempo la experiencia fue incluso saludable, dada la larga sequía de décadas de falta de libertad de expresión. El problema surgió y se fue acentuando en la medida en que en estas tertulias se entremezclaron periodistas "sobresalientes" con políticos con carisma y tirón dialéctico. Esta situación no ha dejado de practicarse desde entonces y, con variaciones diversas, ha producido una endogamia ideológica irreversible. Encima, con la aparición y proliferación de canales de televisión y de radio este fenómeno no sólo se ha multiplicado sino que se ha encastillado.
Es práctica habitual en la radio y la televisión que los espacios dedicados a comentar la actualidad política estén protagonizados por tertulianos claramente orientados en un sentido ideológico, con lo cual en la crítica al contrario sólo hay diferencias de matices de unos periodistas a otros. En otros casos, donde la tertulia trata de conciliar opiniones variadas, es como si al Parlamento nacional se le sustituyera por otro de papel. ¿Qué sentido tiene que los debates entre periodistas reproduzcan los debates ideológicos de los políticos? ¿Es esa la función del periodista? Yo, sinceramente, creo que no. El periodista, aunque tenga su propio punto de vista y su propia carga ideológica, debería tomar distancia de los políticos y de sus estrategias para conseguir el poder. Todo periodista debiera atenerse a principios claros y precisos, como es, en primer lugar, la crítica al poder y la vigilancia sobre la gestión del gobierno y la administración de la cosa pública; todo ello movido por la obsesión a la verdad y a la trasparencia de las acciones de los representantes de los ciudadanos; en el cumplimiento de los programas políticos de los que gobiernan, todo ello conforme a la ley y a los principios constitucionales.
En fin, el periodista -por muy aventajado y sobresaliente que sea- es un mero notario público, que da cuenta diariamente a su audiencia de lo que pasa en la vida pública. No está para alabar a unos y censurar a otros según sea su afinidad política; no debe practicar complicidades con unos u otros, a través de fomentar y mantener amistades personales, ni siquiera con el pretexto de asegurar sus fuentes informativas. El periodista debe ser un profesional independiente que busque la verdad, venga de quien venga y esté donde esté, por encima de todo. No se trata de ser objetivo, puesto que este principio es imposible de alcanzar, pero sí al menos mostrar la más honrada disposición profesional en cada procedimiento informativo que acometa. El periodista debe desarrollar las cualidades personales necesarias para buscar y obtener información, para ganarse el respeto de sus fuentes y para sortear los obstáculos y trampas que le pongan por el camino. No es que sea fácil, pero el prestigio de todo buen periodista suele descansar en una silente discreción, amparada y valorada por sus jefes y compañeros, y no por el relumbrón de una relampagueante fama social.
La opinión pública española está sometida a la tiranía de las fortalezas mediáticas, desde las cuales cada bando atiza a diario estopa dialéctica contra el de enfrente y donde las victorias se miden por el número de seguidores en sus audiencias. En definitiva, se trata de una guerra despiadada, sin cuartel, que genera tal ruido mediático que tiene sumidos a los ciudadanos entre rabiosos acólitos e indiferentes descreídos.
Sí; hablo de medios (empresas) y periodistas, porque son dos sustantivos y, por tanto, dos realidades diferentes, aunque estrechamente unidas. Por un lado contamos con unos medios (prensa, radio y televisión) que han renunciado sin el menor rubor a cualquier atisbo de independencia; aunque formalmente estos medios sean propiedad de sociedades mercantiles y no estén adscritos ni patrocinados por partidos políticos, en la práctica juegan este papel, pero al revés: son los medios los que ejecutan una especie de mecenazgo ideológico a favor de una opción política concreta, a cambio de que ésta corresponda con el pago de privilegios cuando alcance el poder. Existen otros casos en los que el accionariado de los medios de comunicación está fuertemente entrelazado con el mundo empresarial que respalda opciones ideológicas; y no digamos en aquellos casos en que algunas formaciones políticas han gobernado durante décadas, con lo que ello ha supuesto para favorecer apoyos cautivos de importantes estamentos sociales y económicos (País Vasco, con el PNV-EA, y Cataluña, con CiU). También está el caso de los llamados medios públicos, como son el Grupo de RTVE (de carácter estatal) y las radios y televisiones autonómicas y municipales. Con este panorama, donde los poderes públicos controlan y manipulan a su antojo a los medios públicos, y donde los medios privados viven en su gran mayoría en un alto grado de complicidad con sus respectivas opciones partidistas, queda plenamente justificado y explicado el actual clima de crispación mediática.
Y qué decir de los profesionales que desarrollan su trabajo en los diferentes medios de comunicación. En primer lugar, sería totalmente injusto tasar a todos por el mismo rasero. Una gran mayoría de profesionales trabajan con eficiencia en la elaboración del cuerpo de noticias que informa su respectivo medio. Son los cuadros intermedios, jefes de área, redactores jefes, subdirectores, directores adjuntos y director, los que orientan y deciden qué noticias destacar, cómo y desde qué puntos de vista, y qué hechos no merecen ser elevados al rango de noticia o, como mucho, a noticias de segundo nivel. Es este entramado de "jefes" el que revisa, corrige e incluso rechaza un texto, con lo cual el redactor ya se ocupa, por la cuenta que le tiene, de amoldarse a los gustos y modos de sus superiores. Pero, con todo, estos periodistas de base son en cualquier caso los que finalmente favorecen la credibilidad al medio; tanto da que sean redactores de mesa, de calle, enviados especiales, corresponsales en provincias o en el extranjero.
Lo que definitivamente determina el ruido mediático es la línea editorial y la opinión de sus colaboradores habituales, que son los que avivan el debate. Pero es sobre todo desde los medios audiovisuales, radio y televisión, donde la beligerancia ideológica es más abierta e intensa. Cuando en la década de los ochenta en la radio se pusieron de moda las tertulias radiofónicas, con representación variada de opciones, se inició una carrera sin vuelta atrás. Durante un tiempo la experiencia fue incluso saludable, dada la larga sequía de décadas de falta de libertad de expresión. El problema surgió y se fue acentuando en la medida en que en estas tertulias se entremezclaron periodistas "sobresalientes" con políticos con carisma y tirón dialéctico. Esta situación no ha dejado de practicarse desde entonces y, con variaciones diversas, ha producido una endogamia ideológica irreversible. Encima, con la aparición y proliferación de canales de televisión y de radio este fenómeno no sólo se ha multiplicado sino que se ha encastillado.
Es práctica habitual en la radio y la televisión que los espacios dedicados a comentar la actualidad política estén protagonizados por tertulianos claramente orientados en un sentido ideológico, con lo cual en la crítica al contrario sólo hay diferencias de matices de unos periodistas a otros. En otros casos, donde la tertulia trata de conciliar opiniones variadas, es como si al Parlamento nacional se le sustituyera por otro de papel. ¿Qué sentido tiene que los debates entre periodistas reproduzcan los debates ideológicos de los políticos? ¿Es esa la función del periodista? Yo, sinceramente, creo que no. El periodista, aunque tenga su propio punto de vista y su propia carga ideológica, debería tomar distancia de los políticos y de sus estrategias para conseguir el poder. Todo periodista debiera atenerse a principios claros y precisos, como es, en primer lugar, la crítica al poder y la vigilancia sobre la gestión del gobierno y la administración de la cosa pública; todo ello movido por la obsesión a la verdad y a la trasparencia de las acciones de los representantes de los ciudadanos; en el cumplimiento de los programas políticos de los que gobiernan, todo ello conforme a la ley y a los principios constitucionales.
En fin, el periodista -por muy aventajado y sobresaliente que sea- es un mero notario público, que da cuenta diariamente a su audiencia de lo que pasa en la vida pública. No está para alabar a unos y censurar a otros según sea su afinidad política; no debe practicar complicidades con unos u otros, a través de fomentar y mantener amistades personales, ni siquiera con el pretexto de asegurar sus fuentes informativas. El periodista debe ser un profesional independiente que busque la verdad, venga de quien venga y esté donde esté, por encima de todo. No se trata de ser objetivo, puesto que este principio es imposible de alcanzar, pero sí al menos mostrar la más honrada disposición profesional en cada procedimiento informativo que acometa. El periodista debe desarrollar las cualidades personales necesarias para buscar y obtener información, para ganarse el respeto de sus fuentes y para sortear los obstáculos y trampas que le pongan por el camino. No es que sea fácil, pero el prestigio de todo buen periodista suele descansar en una silente discreción, amparada y valorada por sus jefes y compañeros, y no por el relumbrón de una relampagueante fama social.
La opinión pública española está sometida a la tiranía de las fortalezas mediáticas, desde las cuales cada bando atiza a diario estopa dialéctica contra el de enfrente y donde las victorias se miden por el número de seguidores en sus audiencias. En definitiva, se trata de una guerra despiadada, sin cuartel, que genera tal ruido mediático que tiene sumidos a los ciudadanos entre rabiosos acólitos e indiferentes descreídos.
Es desolador. Asistimos a la degradación más completa de la política. Cada partido vive en la obsesión por satanizar a los demás y en presentarse como víctima de la incomprensión y de la zafiedad del contrario. Nadie hace concesiones a los demás; ni siquiera albergan la mínima duda de sus intenciones. No existe espacio para la autocrítica; aunque siempre son intransigentes con los postulados y puntos de vistas del otro. Definitivamente, el ambiente en el foro de la opinión pública es irrespirable.
Conviene reflexionar sobre lo que está pasando. Primero, que vivir en libertad, en un Estado democrático y de derecho, implica no sólo unos derechos sino también unas obligaciones. Segundo, que al derecho que todo ciudadano tiene a expresarse y manifestarse en libertad se contrapone la obligación a escuchar y respetar al prójimo, y no a combatirle -aunque sea dialécticamente- por todos los medios; porque de aceptar este principio, únicamente los más poderosos obtendrían la ventaja que les dan sus innumerables recursos para criticar, hostigar y combatir al contrario. Y, tercero, que el derecho a criticar, a objetar los argumentos y razonamientos de los demás debería encauzarse a través de la ponderación y el contra argumento, no mediante la negación sistemática del pan y la sal, adjetivándole de mentiroso e imputándole hechos o dichos inciertos o, simplemente, que son medias verdades.
La vida política en la actualidad es la experiencia menos ejemplarizante para los ciudadanos de cuanto pueda imaginarse. Los dos grandes partidos de implantación nacional, PSOE y PP, viven en la descalificación permanente, en las imputaciones más vergonzosas, en el reproche sistemático, en la manipulación tendenciosa de la actualidad y de los acontecimientos y personajes históricos. Sin existir en ellos grandes diferencias en el modelo de Estado, de sociedad y de mercado, parecen empecinados en agrandar y exacerbar las diferencias reales. Ambos se niegan el espacio, y cuando circunstancialmente alcanzan algún acuerdo puntual, enseguida cada cual se apresta a reivindicar la iniciativa.
En el caso de Izquierda Unida, coalición de organizaciones de izquierda, y también con implantación nacional, la cosa es mucho más grotesca. Con un mensaje trasnochado y huérfano de credibilidad y con un respaldo popular cada vez más minoritario, su presencia tiene escaso peso en la política española, aunque sus excepciones son el paradigma del oportunismo político y de incongruencia.
No digamos del caso del nacionalismo, que con menos de dos millones de votos entre todas sus organizaciones, se han convertido no ya en el árbitro de la vida política sino en el azote de la sociedad española. Y todo por culpa de una ley electoral, que si en su origen tuvo alguna justificación, en el momento actual es un impedimento de proporciones devastadoras para el buen gobierno de la nación. Lo demás, los discursos y reivindicaciones nacionalistas, serían pura retórica si en la política nacional tuvieran el peso y representación que verdaderamente les corresponde.
De todas estas realidades políticas se desprenden las consecuencias que la sociedad en su conjunto percibe como cotidianeidad asfixiante, desorientadora y rebosante de desconfianza. Es cierto que en muchas ocasiones el criterio de los ciudadanos coincide con los argumentos de este o aquel partido político; es cierto que una mayoría de ciudadanos se identifican con una u otra opción ideológica, aunque cada vez son más los que vuelven la espalda a todas las siglas y sus dirigentes; pero también es cierto que, en general, el ciudadano siente una mayor aversión hacia la forma en que se desarrolla la política y los derroteros por los que discurre.
Una cosa es que en el debate político haya viveza e ingenio y otra bien distinta es que esté dominada por el espíritu de la confrontación. Ahora resulta que no sólo se discute sobre las prioridades del gasto o sobre las aspiraciones insatisfechas de los nacionalistas, sino que todo el arco parlamentario -a excepción del PP, que representa a diez millones de votantes- se pone de acuerdo para remover las estructuras del Estado a través de la reforma constitucional. Ahí es nada, todo un triple salto mortal para satisfacer las ambiciones de unos políticos de aquí y otros de allá, y luego decir que aquí no pasa nada; eso sí, el que no piense como ellos será estigmatizado de pertenecer a la derechona de toda la vida, intransigente y reaccionaria que se opone al progreso. ¿Ahora cómo se le cuenta a los ciudadanos lo que se nos viene encima en los próximos meses? Mientras tanto, millones de españoles asistiremos absortos a numerosos combates en esta guerra de trincheras, donde la defensa de la posición es una mera estrategia para preparar el contraataque. La batalla política que se avecina entre los que defienden el marco constitucional tal y como ahora está (aunque haya que realizar algunos retoques), los que amparan reformas conciliadoras y los militan en el nacionalismo rupturista, va a ser menuda.
Todavía queda mucho por ver. El encanallamiento de la política no ha hecho más que comenzar. Me temo, que mientras el PSOE esté al frente del Gobierno de la Nación y al frente del Gobierno de Cataluña, con su actual peso específico, hará de la necesidad virtud y no dudará en entregar a sus insaciables socios todo lo que le pidan. En el arte de justificación y propaganda son unos maestros. Y todo por el progreso.
Conviene reflexionar sobre lo que está pasando. Primero, que vivir en libertad, en un Estado democrático y de derecho, implica no sólo unos derechos sino también unas obligaciones. Segundo, que al derecho que todo ciudadano tiene a expresarse y manifestarse en libertad se contrapone la obligación a escuchar y respetar al prójimo, y no a combatirle -aunque sea dialécticamente- por todos los medios; porque de aceptar este principio, únicamente los más poderosos obtendrían la ventaja que les dan sus innumerables recursos para criticar, hostigar y combatir al contrario. Y, tercero, que el derecho a criticar, a objetar los argumentos y razonamientos de los demás debería encauzarse a través de la ponderación y el contra argumento, no mediante la negación sistemática del pan y la sal, adjetivándole de mentiroso e imputándole hechos o dichos inciertos o, simplemente, que son medias verdades.
La vida política en la actualidad es la experiencia menos ejemplarizante para los ciudadanos de cuanto pueda imaginarse. Los dos grandes partidos de implantación nacional, PSOE y PP, viven en la descalificación permanente, en las imputaciones más vergonzosas, en el reproche sistemático, en la manipulación tendenciosa de la actualidad y de los acontecimientos y personajes históricos. Sin existir en ellos grandes diferencias en el modelo de Estado, de sociedad y de mercado, parecen empecinados en agrandar y exacerbar las diferencias reales. Ambos se niegan el espacio, y cuando circunstancialmente alcanzan algún acuerdo puntual, enseguida cada cual se apresta a reivindicar la iniciativa.
En el caso de Izquierda Unida, coalición de organizaciones de izquierda, y también con implantación nacional, la cosa es mucho más grotesca. Con un mensaje trasnochado y huérfano de credibilidad y con un respaldo popular cada vez más minoritario, su presencia tiene escaso peso en la política española, aunque sus excepciones son el paradigma del oportunismo político y de incongruencia.
No digamos del caso del nacionalismo, que con menos de dos millones de votos entre todas sus organizaciones, se han convertido no ya en el árbitro de la vida política sino en el azote de la sociedad española. Y todo por culpa de una ley electoral, que si en su origen tuvo alguna justificación, en el momento actual es un impedimento de proporciones devastadoras para el buen gobierno de la nación. Lo demás, los discursos y reivindicaciones nacionalistas, serían pura retórica si en la política nacional tuvieran el peso y representación que verdaderamente les corresponde.
De todas estas realidades políticas se desprenden las consecuencias que la sociedad en su conjunto percibe como cotidianeidad asfixiante, desorientadora y rebosante de desconfianza. Es cierto que en muchas ocasiones el criterio de los ciudadanos coincide con los argumentos de este o aquel partido político; es cierto que una mayoría de ciudadanos se identifican con una u otra opción ideológica, aunque cada vez son más los que vuelven la espalda a todas las siglas y sus dirigentes; pero también es cierto que, en general, el ciudadano siente una mayor aversión hacia la forma en que se desarrolla la política y los derroteros por los que discurre.
Una cosa es que en el debate político haya viveza e ingenio y otra bien distinta es que esté dominada por el espíritu de la confrontación. Ahora resulta que no sólo se discute sobre las prioridades del gasto o sobre las aspiraciones insatisfechas de los nacionalistas, sino que todo el arco parlamentario -a excepción del PP, que representa a diez millones de votantes- se pone de acuerdo para remover las estructuras del Estado a través de la reforma constitucional. Ahí es nada, todo un triple salto mortal para satisfacer las ambiciones de unos políticos de aquí y otros de allá, y luego decir que aquí no pasa nada; eso sí, el que no piense como ellos será estigmatizado de pertenecer a la derechona de toda la vida, intransigente y reaccionaria que se opone al progreso. ¿Ahora cómo se le cuenta a los ciudadanos lo que se nos viene encima en los próximos meses? Mientras tanto, millones de españoles asistiremos absortos a numerosos combates en esta guerra de trincheras, donde la defensa de la posición es una mera estrategia para preparar el contraataque. La batalla política que se avecina entre los que defienden el marco constitucional tal y como ahora está (aunque haya que realizar algunos retoques), los que amparan reformas conciliadoras y los militan en el nacionalismo rupturista, va a ser menuda.
Todavía queda mucho por ver. El encanallamiento de la política no ha hecho más que comenzar. Me temo, que mientras el PSOE esté al frente del Gobierno de la Nación y al frente del Gobierno de Cataluña, con su actual peso específico, hará de la necesidad virtud y no dudará en entregar a sus insaciables socios todo lo que le pidan. En el arte de justificación y propaganda son unos maestros. Y todo por el progreso.
La mayoría de la gente entiende por "crisis de valores" la ausencia de éstos; pero no es así. La característica esencial que informa lo que en la actualidad entendemos por crisis de valores radica en que no sabemos qué hacer con los valores que hemos atesorado a lo largo de la Historia de la Humanidad. El hombre de nuestro tiempo ha perdido la voluntad de orientarse, es decir, de cultivar valores, de seguirlos, ajustándose a ellos como hace el capitán del barco manteniéndose fiel a su rumbo, por mucho que el estado de la mar le incite a derrotas más cómodas.
En la sociedad avanzada los individuos tienen hoy más que nunca la oportunidad de conocer y profundizar en los grandes valores religiosos, éticos y morales que configuran nuestra civilización. Por tanto, más que preguntarnos dónde están esos valores habría que plantearse ¿Por qué esta crisis de nuestra capacidad para cultivar valores?
A nada que se formula esta pregunta, lo primero que le viene a uno a la mente son dos aspectos esenciales para nuestro desarrollo: la familia y la educación. Desde luego la familia es el primer espacio vital y natural del hombre. En él aprende a relacionarse con sus semejantes; aprende sus primeras emociones y afectos; aprende el lenguaje y, por tanto, la comunicación; aprende a identificar el universo circundante, que le dará pie a exploraciones posteriores más amplias; aprende los primeros valores esenciales para configurar un rumbo en el que orientar su existencia.
El otro aspecto fundamental es el de la educación. En él tiene mucho que ver la sociedad en su conjunto y el poder del Estado en particular. De la voluntad de los gobernantes dependen los medios necesarios para impulsar la calidad en el aprendizaje académico y humano, tanto en la escuela como en la familia. Por tanto, es responsabilidad también del poder político la manera en que se promueve la participación de la familia en la educación de sus hijos.
Lamentablemente, la experiencia nos ha enseñado que los políticos sólo se acuerdan de la familia y de la educación para satisfacer sus intereses electorales. Si no fuera por instituciones de la sociedad civil y del sector privado, nuestra sociedad no tendría siquiera la esperanza de ser mejorada. Sin embargo, todavía se puede recuperar el camino desandado. Para ello necesitamos que cada ciudadano, desde la función que ejerce en la sociedad, tome conciencia de los efectos que dejan sus actitudes en la construcción de un país más justo donde se respete la dignidad del ser humano.
¿Hasta cuando entenderán que el ser humano no fue hecho para ser prisionero del trabajo, de la moda, de la comodidad, de la superficialidad? Más bien al contrario, todas estas cosas fueron hechas para que el hombre las usara de forma ordenada de acuerdo a su fin. ¿Y cuál es el fin del hombre en este mundo? ¿Acumular bienes y riquezas o trascenderse a sí mismo y en el servicio a los demás? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la familia y la educación reciban el lugar que deben tener en el desarrollo moral de nuestra sociedad?
Por querer alcanzar una existencia placentera, hedonista y exitosa no podemos dejar que se pierda la excelencia en nuestro ser. Los valores religiosos, éticos y morales están ahí. Hay que buscar en la raíz de nuestro ser los estímulos que nos conmuevan hacia la trascendencia. Encontrar nuestro rumbo y seguirlo con fidelidad y compromiso, con una actitud positiva, es la gran responsabilidad que nos ha sido impuesta. De nosotros depende que el tránsito por esta vida adquiera un sentido verdaderamente emocionante.
En la sociedad avanzada los individuos tienen hoy más que nunca la oportunidad de conocer y profundizar en los grandes valores religiosos, éticos y morales que configuran nuestra civilización. Por tanto, más que preguntarnos dónde están esos valores habría que plantearse ¿Por qué esta crisis de nuestra capacidad para cultivar valores?
A nada que se formula esta pregunta, lo primero que le viene a uno a la mente son dos aspectos esenciales para nuestro desarrollo: la familia y la educación. Desde luego la familia es el primer espacio vital y natural del hombre. En él aprende a relacionarse con sus semejantes; aprende sus primeras emociones y afectos; aprende el lenguaje y, por tanto, la comunicación; aprende a identificar el universo circundante, que le dará pie a exploraciones posteriores más amplias; aprende los primeros valores esenciales para configurar un rumbo en el que orientar su existencia.
El otro aspecto fundamental es el de la educación. En él tiene mucho que ver la sociedad en su conjunto y el poder del Estado en particular. De la voluntad de los gobernantes dependen los medios necesarios para impulsar la calidad en el aprendizaje académico y humano, tanto en la escuela como en la familia. Por tanto, es responsabilidad también del poder político la manera en que se promueve la participación de la familia en la educación de sus hijos.
Lamentablemente, la experiencia nos ha enseñado que los políticos sólo se acuerdan de la familia y de la educación para satisfacer sus intereses electorales. Si no fuera por instituciones de la sociedad civil y del sector privado, nuestra sociedad no tendría siquiera la esperanza de ser mejorada. Sin embargo, todavía se puede recuperar el camino desandado. Para ello necesitamos que cada ciudadano, desde la función que ejerce en la sociedad, tome conciencia de los efectos que dejan sus actitudes en la construcción de un país más justo donde se respete la dignidad del ser humano.
¿Hasta cuando entenderán que el ser humano no fue hecho para ser prisionero del trabajo, de la moda, de la comodidad, de la superficialidad? Más bien al contrario, todas estas cosas fueron hechas para que el hombre las usara de forma ordenada de acuerdo a su fin. ¿Y cuál es el fin del hombre en este mundo? ¿Acumular bienes y riquezas o trascenderse a sí mismo y en el servicio a los demás? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la familia y la educación reciban el lugar que deben tener en el desarrollo moral de nuestra sociedad?
Por querer alcanzar una existencia placentera, hedonista y exitosa no podemos dejar que se pierda la excelencia en nuestro ser. Los valores religiosos, éticos y morales están ahí. Hay que buscar en la raíz de nuestro ser los estímulos que nos conmuevan hacia la trascendencia. Encontrar nuestro rumbo y seguirlo con fidelidad y compromiso, con una actitud positiva, es la gran responsabilidad que nos ha sido impuesta. De nosotros depende que el tránsito por esta vida adquiera un sentido verdaderamente emocionante.
Una de las grandes preguntas todavía sin respuesta clara es por qué fue elegida España por el terrorismo fundamentalista islámico para causar el 11-M. No creo, sinceramente, que existiera un único motivo. Todo indica que existía un conjunto de razones que hicieron posible aquella horrible tragedia: la enorme concentración de marroquíes en nuestro país, dada la proximidad geográfica con Marruecos, lo que facilitó la presencia de fundamentalistas islámicos; el hecho de que Al-Andalus perviva en el imaginario islámico como un sentimiento de frustración histórica; el que España esté fuertemente comprometida con el modelo occidental de vida, tanto en lo político como en lo económico; el alineamiento del gobierno de José María Aznar con la política exterior norteamericana del presidente Bush; y la propia actitud de intransigencia del presidente Aznar con las reivindiaciones del gobierno de Marruecos, tanto en el contencioso del Sáhara como en sus reivindicaciones territoriales españolas.
Cómo se pueden comprobar razones todas ellas suficientes, aunque no necesarias, para que España se convirtiera desde hace años en un objetivo del terrorismo fundamentalista. En el otro lado de la balanza, muchos podrán dudar de estos argumentos teniendo en cuenta el tradicional prestigio de España en el mundo musulmán, dada la excelente sensibilidad de nuestros gobernantes tanto hacia la causa palestina como hacia el mundo árabe, en general; sensibilidad que tiene su origen en los primeros gobiernos del franquismo. Sin embargo, no conviene perder de vista el hecho dramático acaecido en Casablanca en 2001, cuando la Casa de España sufrió un atentado terrorista que costó la vida a varios españoles y marroquíes.
Las cosas han cambiado muy rápidamente en los últimos años. El integrismo islámico lleva más de una década dando muestras de un radicalismo rabioso y fanático (el caso de Argelia es una prueba palpable por su proximidad). Es obvio que no todo el islamismo es igual: la gran mayoría de musulmanes entienden la vida con sencillez y humildad, trabajando y tratando de prosperar en un clima sosegado de apego a sus creencias y tradiciones. Pero como es frecuente en tantas religiones, un tronco de la gran familia musulmana se ha separado al amparo de una interpretación radical (wahadismo o salafismo) del mensaje del Profeta. ¿Y por qué esta interpretación radical? Sencillamente porque en el mundo actual existe una enorme desincronización entra la sociedad occidental (de raíz y moral cristiana), mucho más avanzada económica, tecnológica y socialmente que la sociedad musulmana, donde los países que más han progresado lo han hecho gracias a los petrodólares, aunque, en cambio, su concepción moral, ética y social ha evolucionado menos.
Esta desincronía de sociedades con fuertes ascendencias religiosas (cristiana, judía y musulmana) ha llevado a una minoría del mundo islámico a considerar al occidentalismo como amenaza satánica que pone en peligro su legado de creencias. Naturalmente, cuando se produce una escisión doctrinal de este tipo es porque cuentan con líderes carismáticos o iluminados, con habilidad retórica para atraer a la nueva causa a elementos indoctrinados y fáciles de manejar, a todo tipo de individuos traspasados por frustraciones personales o fascinados por la aventura mesiánica.
Con este escenario de causas y orígenes, más los argumentos inicialmente expuestos, no es difícil colegir que España (entre los muchos países posibles) reunía una serie de condiciones objetivas que la convirtieron en diana del fanatismo asesino islamista. Por eso es desalentador comprobar como los atentados del 11-M todavía son motivo, en nuestro país, de reproche de unos políticos contra otros; inclusive para muchos ciudadanos aquella horripilante masacre tiene su justificación en decisiones políticas del gobernante de turno.
Para que los españoles seamos capaces de superar la tragedía y sus secuelas del 11-M, es necesario que nos convenzamos de cuatro cosas. Primero, de que los atentados ocurrieron porque fue posible. Segundo, que España reunía demasiadas circunstancias para que el terrorismo integrista se fijara en ella. Tercero, que nada ni nadie fue capaz de impedirlo, Y cuarto, que todos los españoles, todos, sin excepción alguna, somos inocentes de aquella tragedia.
A partir de estas premisas es posible, y necesario, que hagamos el ejercicio crítico que nos permita obtener conclusiones que sean eficaces para el futuro. Desde luego, para mí, la primera nace de un reproche, y es que ya que los Servicios de Inteligencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado no supieron detectar la actividad de los terroristas durante varios años, a partir del 11-M se hayan instrumentado las medidas necearias para prevenir la actividad del fundamentalismo islámico. Otra conclusión es que, al margen de quién gobierne, no ha desaparecido el peligro y España continúa siendo un objetivo del fanatismo terrorista islámico. Y, por último, convencernos de que el pueblo español atesora un espíritu de solidaridad y fraternidad verdaderamente ejemplar, como se pudo comprobar en aquella jornada fatídica y en la siguiente, cuando se echó a la calle para exhalar su grito de dolor y compasión por las víctimas de la tragedia.
Lo demás, todo lo relacionado con los efectos políticos que el 11-M ejerció sobre la jornada electoral del día 14 es, esencialmente, secundario. No hay que olvidar que España entera quedó conmocionada por el horror que se vivió aquel jueves en Madrid. Esta es una razón más que suficiente para justificar el resultado de los comicios del domingo; en cualquier caso, la soberanía popular es inapelable. Otras cosas son las veleidades políticas de unos u otros en las horas que transcurrieron entre el 11 y el 14 de marzo. Allá cada cual con su conciencia. A estas alturas ni el propio José Luis Rodríguez Zapatero abriga la menor duda de que es un presidente de circunstancias.
Cómo se pueden comprobar razones todas ellas suficientes, aunque no necesarias, para que España se convirtiera desde hace años en un objetivo del terrorismo fundamentalista. En el otro lado de la balanza, muchos podrán dudar de estos argumentos teniendo en cuenta el tradicional prestigio de España en el mundo musulmán, dada la excelente sensibilidad de nuestros gobernantes tanto hacia la causa palestina como hacia el mundo árabe, en general; sensibilidad que tiene su origen en los primeros gobiernos del franquismo. Sin embargo, no conviene perder de vista el hecho dramático acaecido en Casablanca en 2001, cuando la Casa de España sufrió un atentado terrorista que costó la vida a varios españoles y marroquíes.
Las cosas han cambiado muy rápidamente en los últimos años. El integrismo islámico lleva más de una década dando muestras de un radicalismo rabioso y fanático (el caso de Argelia es una prueba palpable por su proximidad). Es obvio que no todo el islamismo es igual: la gran mayoría de musulmanes entienden la vida con sencillez y humildad, trabajando y tratando de prosperar en un clima sosegado de apego a sus creencias y tradiciones. Pero como es frecuente en tantas religiones, un tronco de la gran familia musulmana se ha separado al amparo de una interpretación radical (wahadismo o salafismo) del mensaje del Profeta. ¿Y por qué esta interpretación radical? Sencillamente porque en el mundo actual existe una enorme desincronización entra la sociedad occidental (de raíz y moral cristiana), mucho más avanzada económica, tecnológica y socialmente que la sociedad musulmana, donde los países que más han progresado lo han hecho gracias a los petrodólares, aunque, en cambio, su concepción moral, ética y social ha evolucionado menos.
Esta desincronía de sociedades con fuertes ascendencias religiosas (cristiana, judía y musulmana) ha llevado a una minoría del mundo islámico a considerar al occidentalismo como amenaza satánica que pone en peligro su legado de creencias. Naturalmente, cuando se produce una escisión doctrinal de este tipo es porque cuentan con líderes carismáticos o iluminados, con habilidad retórica para atraer a la nueva causa a elementos indoctrinados y fáciles de manejar, a todo tipo de individuos traspasados por frustraciones personales o fascinados por la aventura mesiánica.
Con este escenario de causas y orígenes, más los argumentos inicialmente expuestos, no es difícil colegir que España (entre los muchos países posibles) reunía una serie de condiciones objetivas que la convirtieron en diana del fanatismo asesino islamista. Por eso es desalentador comprobar como los atentados del 11-M todavía son motivo, en nuestro país, de reproche de unos políticos contra otros; inclusive para muchos ciudadanos aquella horripilante masacre tiene su justificación en decisiones políticas del gobernante de turno.
Para que los españoles seamos capaces de superar la tragedía y sus secuelas del 11-M, es necesario que nos convenzamos de cuatro cosas. Primero, de que los atentados ocurrieron porque fue posible. Segundo, que España reunía demasiadas circunstancias para que el terrorismo integrista se fijara en ella. Tercero, que nada ni nadie fue capaz de impedirlo, Y cuarto, que todos los españoles, todos, sin excepción alguna, somos inocentes de aquella tragedia.
A partir de estas premisas es posible, y necesario, que hagamos el ejercicio crítico que nos permita obtener conclusiones que sean eficaces para el futuro. Desde luego, para mí, la primera nace de un reproche, y es que ya que los Servicios de Inteligencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado no supieron detectar la actividad de los terroristas durante varios años, a partir del 11-M se hayan instrumentado las medidas necearias para prevenir la actividad del fundamentalismo islámico. Otra conclusión es que, al margen de quién gobierne, no ha desaparecido el peligro y España continúa siendo un objetivo del fanatismo terrorista islámico. Y, por último, convencernos de que el pueblo español atesora un espíritu de solidaridad y fraternidad verdaderamente ejemplar, como se pudo comprobar en aquella jornada fatídica y en la siguiente, cuando se echó a la calle para exhalar su grito de dolor y compasión por las víctimas de la tragedia.
Lo demás, todo lo relacionado con los efectos políticos que el 11-M ejerció sobre la jornada electoral del día 14 es, esencialmente, secundario. No hay que olvidar que España entera quedó conmocionada por el horror que se vivió aquel jueves en Madrid. Esta es una razón más que suficiente para justificar el resultado de los comicios del domingo; en cualquier caso, la soberanía popular es inapelable. Otras cosas son las veleidades políticas de unos u otros en las horas que transcurrieron entre el 11 y el 14 de marzo. Allá cada cual con su conciencia. A estas alturas ni el propio José Luis Rodríguez Zapatero abriga la menor duda de que es un presidente de circunstancias.
Hace un año por estas fechas los españoles vivíamos inmersos en una campaña electoral para elegir, como cada cuatro años, a nuestros representantes del poder legislativo. Los partidos políticos, como es su natural, jugaban sus bazas dialécticas (repletas de intencionada retórica) para llevar cada cual el agua a su molino. Nada nuevo bajo el sol. Al final serían los ciudadanos, verdaderos depositarios de la soberanía nacional, los que tendrían que decir su última palabra.
He aquí que un monstruoso suceso vino a subvertir la libertad en calma que se vivía en aquellos días. El 11 de Marzo amaneció Madrid sobresaltada por una tormenta de sangre y fuego. El odio ciego del fanatismo vivió su media hora de gloria sembrando el terror en varios trenes repletos de vida; era una mañana, como tantas otras, en que aquellas longas máquinas se deslizaban tediosamente hacia la capital de España para depositar en sus entrañas a unos cuantos miles de seres humanos decididos a cumplir con el compromiso de sus sueños. De repente, Armagedón descargó su brazo criminal y todo se volvió horror: entre hierros retorcidos y chamuscados más de dos mil personas yacían desparramadas y cubiertas de un único manto de dolor. Nada se pudo hacer sino auxiliar a los maltratados por la perversión del fanatismo. El mal estaba hecho y la desolación se hizo insoportable.
De lo que vivió y experimentó el pueblo español en aquellos días mucho se ha hablado y escrito, aunque no sé si se ha dicho todo -estoy convencido que todavía queda mucho por saber-. En cualquier caso, es triste y lamentable que, una año después de aquel trágico jueves 11 de Marzo, los españoles asistamos a esta primera conmemoración envueltos de una mezquina niebla política y mediática. ¿Qué queda de aquella jornada del viernes 12 en que todo un pueblo se echó unido a la calle a presentar testimonio de su agravio? Ya no queda de aquello sino un frío viento de soledad y desconfianza. En cambio los políticos, los que sacaron provecho de tanto dolor como los que no, han multiplicado sus desacuerdos y enfrentamientos, convirtiendo nuestra convivencia en más frágil.
La perplejidad nos atenaza todavía a algunos. Es difícil asimilar tanta estupidez. Ni siquiera el epitafio con los nombres de dos centenares de víctimas mortales de aquel holocausto, ha servido para mantenernos con las manos estrechadas algo más de veinticuatro horas. El sino de España se sigue perpetuando por culpa del maldito cainísmo. Y lo peor de todo es que ya no son dos hermanos los que pelean: cada día que pasa se acrecientan las voces de los que ni siquiera se consideran hermanos.
He aquí que un monstruoso suceso vino a subvertir la libertad en calma que se vivía en aquellos días. El 11 de Marzo amaneció Madrid sobresaltada por una tormenta de sangre y fuego. El odio ciego del fanatismo vivió su media hora de gloria sembrando el terror en varios trenes repletos de vida; era una mañana, como tantas otras, en que aquellas longas máquinas se deslizaban tediosamente hacia la capital de España para depositar en sus entrañas a unos cuantos miles de seres humanos decididos a cumplir con el compromiso de sus sueños. De repente, Armagedón descargó su brazo criminal y todo se volvió horror: entre hierros retorcidos y chamuscados más de dos mil personas yacían desparramadas y cubiertas de un único manto de dolor. Nada se pudo hacer sino auxiliar a los maltratados por la perversión del fanatismo. El mal estaba hecho y la desolación se hizo insoportable.
De lo que vivió y experimentó el pueblo español en aquellos días mucho se ha hablado y escrito, aunque no sé si se ha dicho todo -estoy convencido que todavía queda mucho por saber-. En cualquier caso, es triste y lamentable que, una año después de aquel trágico jueves 11 de Marzo, los españoles asistamos a esta primera conmemoración envueltos de una mezquina niebla política y mediática. ¿Qué queda de aquella jornada del viernes 12 en que todo un pueblo se echó unido a la calle a presentar testimonio de su agravio? Ya no queda de aquello sino un frío viento de soledad y desconfianza. En cambio los políticos, los que sacaron provecho de tanto dolor como los que no, han multiplicado sus desacuerdos y enfrentamientos, convirtiendo nuestra convivencia en más frágil.
La perplejidad nos atenaza todavía a algunos. Es difícil asimilar tanta estupidez. Ni siquiera el epitafio con los nombres de dos centenares de víctimas mortales de aquel holocausto, ha servido para mantenernos con las manos estrechadas algo más de veinticuatro horas. El sino de España se sigue perpetuando por culpa del maldito cainísmo. Y lo peor de todo es que ya no son dos hermanos los que pelean: cada día que pasa se acrecientan las voces de los que ni siquiera se consideran hermanos.