Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.
He escrito en más de una ocasión que una de las características más nocivas de la política que hoy en día practican nuestros próceres electos es la de inventar problemas donde no los hay. Puestos a enredar más las cosas en este descorazonador asunto del nacionalismo catalán, nos desayunamos con la noticia protagonizada por el eurodiputado de ERC Bernat Joan, según la cual el celoso independentista republicano ha denunciado ante el Parlamento de Estrasburgo la «grave, terrible y atentatoria [situación] contra los derechos humanos
» que padece el catalán en La Franja de Ponent.Esta sorprendente iniciativa tiene por objeto defender y salvaguardar el idioma autóctono (con diferentes variantes) que se habla en las comarcas limítrofes de Aragón con Cataluña. Estos territorios, conocidos como La Franja, en realidad no son de poniente sino de levante, ya que están situados al noreste de Aragón. Pero como el ínclito eurodiputado de Esquerra está sumido en la estrategia de agresividad política que su partido ha diseñado y puesto en práctica, ahora se ha convertido en el adalid de la defensa de los derechos históricos de la lengua que se habla en La Franja por sus vecinos aragoneses.
Bernat Joan reclama ni más ni menos que los dialectos catalanes de estas cinco comarcas (Ribagorza, La Litera, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña) sean lengua oficial junto al castellano en estos territorios. Según Joan, más de un 80 por ciento de los habitantes de estas comarcas hablan el catalán, aunque no tienen derecho a la educación en catalán ni a hablar su idioma en un lugar público o en un hospital. Para el catalán en Aragón, ha señalado el eurodiputado de ERC, debería ofrecerse el mismo tratamiento que el que da el Estatuto catalán al aragonés en Cataluña.
No sé a qué se está refiriendo Joan con esto del tratamiento que ofrece el Estatuto de Cataluña al aragonés. Lo que sí sé es lo que el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento catalán ha ofrecido al idioma castellano: lo ha machacado, lo ha barrido del ámbito público, ha conculcado el espíritu y la letra de la Constitución y del Estatuto. Y todo ello con la anuencia del Partido Popular y del gobierno de José María Aznar.
Así que ¡ojo al dato! La iniciativa del eurodiputado de ERC nos puede parecer una sandez más y un nuevo despropósito que añadir a los que nos tienen acostumbrados los separatistas catalanes. Pero no olvidemos que su temeridad es inusitada y, además, gozan de una fortaleza política que les hace extremadamente peligrosos. Por ello deberíamos ser cautos y precavidos, porque la capacidad de ERC para envenenar una situación que es de total normalidad desde hace cientos de años es enorme y previsible.
"La batalla de Trafalgar inaugura un siglo trágico y digno de olvidar para España". Quien esto afirma es Julio Albi, embajador de España en Perú y autor del libro recién publicado “El día de Trafalgar”. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta frase, ni mucho menos con esta idea. La Historia del siglo XIX es determinante para conformar la España contemporánea. Ya lo creo que me hubiera gustado que los acontecimientos de ese siglo hubieran discurrido de otra forma menos convulsa y menos dramática para el pueblo español, que fue quien, mayoritariamente, soportó la trágica carga de la hostilidad que enfrentó a unos españoles con otros.
Por eso deseo esbozar los rasgos esenciales de lo que entiendo que representó para el devenir de España la batalla de Trafalgar. En primer lugar, quiero señalar que las consecuencias de este desastre naval no fueron determinantes para los hechos posteriores, si acaso un referente, una señal inequívoca, una especie de premonición de lo que se nos venía encima.
La derrota de Trafalgar puede considerarse como la consecuencia del infortunio. Los actos bélicos están sometidos a mil y una contingencias que en muchos casos resultan impredecibles. Por eso, en la milicia la jerarquía, el acatamiento de las órdenes y la disciplina son esenciales para reducir al máximo los componentes sorpresivos en el comportamiento de los ejércitos. Con todo, aún así es insuficiente: el despliegue de las tropas en el campo de batalla, la elección del terreno, las condiciones meteorológicas, el abastecimiento de munición y de víveres, la calidad del armamento, la instrucción del soldado y un largo etcétera pueden malograr una victoria.
En el caso de España, las consecuencias del desastre naval en Trafalgar hay que buscarlas dentro del contexto político en el que se movía el trono de Carlos IV. El rey Borbón era fiel exponente de la monarquía absoluta. La ejecución en París de Luis XVI, en 1793, llevó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia formando parte de una coalición antirrevolucionaria. Un año después algunos países miembros de dicha coalición perdieron la confianza en doblegar a la Francia de la Convención. Esto condujo a varios gobiernos, entre ellos el de España, a firmar la Paz de Basilea (22 de julio de 1795), por lo que la Corona española recuperó todos los territorios perdidos durante la contienda excepto la zona oriental de la isla de Santo Domingo. Además, recibió promesas de mejorar los intereses españoles en Italia (ducado de Parma).
Por su parte, Gran Bretaña -todavía en guerra con Francia- denunció los términos del tratado presionando a España para continuar la guerra. El primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, no sólo desoyó estas pretensiones sino que firmó con el Consulado francés el Tratado de San Ildefonso en agosto de 1796. Se trató de un acuerdo muy desventajoso para España, ya que en él nos comprometíamos a habilitar un gran contingente de tropa y de navíos de guerra para que Francia dispusiera cuando le viniera en gana. Tampoco se vieron satisfechas las promesas sobre el ducado de Parma que, en buena parte, inclinaron a Carlos IV y a Godoy la alianza con Bonaparte.
Fueron cinco años de guerra que dejaron exhaustas las arcas de la Corona española, amén de los enormes perjuicios que supusieron para nuestro comercio; se arruinó nuestra navegación mercantil y se destruyó nuestra armada. Se puso fin al conflicto el 27 de marzo de 1802 mediante la Paz de Amiens, y por la cual Gran Bretaña nos devolvió la isla de Menorca pero no Gibraltar ni la isla de Trinidad. De este tratado Manuel Godoy obtuvo el título de Príncipe de la Paz.
No obstante, muchas cuestiones quedaron por resolver, por lo que el conflicto entre Francia y Gran Bretaña no tardó en resurgir. La guerra estalló de nuevo en mayo de 1803, y España intentó en esta ocasión permanecer neutral. Como cabía esperar, Francia reclamó imperiosamente el cumplimiento del Tratado de San Ildefonso, a lo que se le respondió con que esta era otra guerra. Los problemas internos de España, mortificada por una gran carestía económica y por una epidemia de fiebre amarilla, no fueron suficientes para que Napoleón Bonaparte exonerara a nuestro país de la ayuda comprometida. A lo único que accedió fue a cambiar la ayuda militar por otra económica.
Obviamente Inglaterra no reconoció la neutralidad de España. Así pues, sin declarar la guerra, se dedicó a entorpecer el comercio español y a interceptar los navíos procedentes de América. La gota que colmó el vaso fue el apresamiento de cuatro naves españolas, procedentes de Lima y Buenos Aires con cuatro millones de pesos a bordo, frente al cabo de Santa María, el 5 de agosto de 1804. A final de año Godoy cambió de estrategia y decidió apoyar la intervención militar de Francia en Portugal, aliada de los británicos, con la promesa de Napoleón de conseguir allí un principado.
Por estas fechas las desavenencias en la Corte de Carlos IV eran notorias. Los asuntos del reino estaban en manos del valido Godoy, mientras el soberano se deleitaba con la caza y las fiestas. Por su parte, el Príncipe de Asturias, Fernando, celoso y enrabietado, conspiraba contra su padre y, sobre todo, contra Godoy.
En pleno esplendor de estos avatares, con un Godoy plenamente decidido a conseguir su ínsula, discurre el año de 1805. El gobierno de España vivía de espaldas a todo lo que no fueran los intereses personales de Godoy y del rey y la reina. Los asuntos de América y de ultramar no ocupaban la atención del gobierno lo más mínimo; mucho menos la situación de la Armada española, con bastantes buques todavía pero pésimamente abastecidos de marinería y de mantenimiento básico, además de muy descontenta la oficialidad por el enorme atraso de las pagas. En pocas palabras, dominaba la desmoralización, sólo suplida por el sentido del deber y la disciplina de los marinos profesionales.
Por eso, el 21 de octubre de 1805, mientras la flota aliada hispanofrancesa navegaba -al mando del vicealmirante francés Pierre Charles de Villeneuve, tras desoír las opiniones de los marinos españoles-, para presentar batalla a las escuadra británica de Nelson, se invocó de alguna forma a los malos presagios. Echar en saco roto las juiciosas razones sobre el estado de la mar y los riesgos de navegar en aquellas aguas, bien conocidas por la oficialidad española, fue la primera equivocación para afrontar tamaña empresa. La segunda y más grave, diremos que suicida, fue la orden que emitió Villeneuve de hacer virar en redondo a su escuadra -que navegaba en enfilada rumbo sureste- cuando divisó a la flota enemiga.
En esta maniobra se perdió la mínima opción de salir airoso del encuentro de ambas escuadras, máxime cuando se conocía la calidad de mando del almirante inglés. Horatio Nelson, cuya principal virtud en el combate (y había perdido algunos) era su capacidad de reacción para aprovechar las debilidades del enemigo, determinó nada más cerciorarse de la sorprendente maniobra de la flota hipanofrancesa, que su escuadra virara un cuarto y en dos líneas oblicuas cortara en tres partes la escuadra enemiga antes de que rehiciera la posición y el rumbo. Lo demás es historia sabida. Lo único importante es que dos errores, especialmente el segundo, negaron cualquier posibilidad de victoria. A pesar de todo, la lucha fue brava e incluso heroica en algunos barcos españoles y fraceses, como así lo reconocieron los británicos al llegar a Gibraltar.
Trafalgar ha quedado inmortalizado en los anales de la Historia. Para los británicos fue un día glorioso, que insufló moral a su conciencia colectiva. Para los franceses fue un duro golpe a su desmesurado orgullo y para Napoleón un revés irreparable a su ambición de conquistar Inglaterra; sin embargo, cinco días más tarde obtendría la victoria en Austerlitz. Y para los españoles, la derrota de Trafalgar fue una amarga decepción más que un golpe traumático.
Ni Carlos IV ni Godoy hicieron lo más mínimo para reconstruir la Armada española, por lo que desde entonces la Royal Navy quedó reina y señora de los mares y del control del comercio marítimo. Napoleón supo aprovechar la extrema debilidad de la monarquía española y jugó con ella a su antojo. De ahí que el único garante de la dignidad nacional y fiador de su propia soberanía fuera, a partir de 1808, el pueblo español.
La Guerra de la Independencia en realidad supuso la legitimación de las ideas de la Ilustración pasadas por el tamiz del alma hispana. Ante el vacío de poder que se produjo en el reino, los diferentes territorios (peninsulares y ultramarinos) se aprestaron a elaborar la primera "carta magna" (Constitución de Cádiz, 1812) en la que se consagraba el concepto de soberanía popular -junto a la del rey-, y se introducían otras novedades del racionalismo ilustrado. Se pone así fin al Antiguo Régimen y se da paso a una nueva era.
Desgraciadamente, el regreso a España del heredero del trono, Fernando VII, supuso un agravio de lesa traición. Después de comprometerse a acatar la Constitución, alentado por la facción reaccionaria se desdijo de sus compromisos y reinstauró el absolutismo. Así quedó inaugurado el cisma ideológico que habría de enfrentar y arruinar a los españoles durante buena parte del siglo XIX, al menos hasta la Restauración, en 1874.
Por tanto, Trafalgar fue simplemente un hito que vino a presagiar un devenir desastroso, como en realidad ocurrió. Los gobernantes de aquellos días no dieron la menor oportunidad para que nuestra Nación se resarciera del desastre naval. Ello favoreció, a partir de 1810, el proceso independentista de los virreinatos americanos. Gran Bretaña comenzó a brillar como potencia mundial. Y la Francia napoleónica vivió durante apenas una década más su delirante sueño imperial. Francia nos impuso su yugo, por la mano de nuestros pusilánimes gobernantes, y el pueblo español terminó inflingiéndola un duro castigo. Pero la estulticia y la incompetencia de Fernando VII dio al traste con aquel renovado e ilusionado espíritu nacional que surgió en Cádiz mientras las enseñas y morriones de Napoleón asediaban la “Tacita de plata”. Afortunadamente, aquel viento fresco de libertad ya nunca abandonaría del todo a España.
José Luis Rodríguez Zapatero está viviendo días de vino y rosas. Tras su exitosa y nunca bien ponderada Cumbre iberoamericana en Salamanca, el presidente del Gobierno de España contempla satisfecho como su buen amigo, y sin embargo camarada de partido Pascual Maragall, impone su ecuánime criterio entre sus correligionarios socialistas del PSC, a la vez que transmite una sosegada y tranquilizadora dosis de optimismo a sus socios en el tripartito.
Entre tanto, la primera gran huelga de la era ZP, la de camioneros, ha sido reconducida hacia el acuerdo gracias al buen hacer de la vicepresidenta del Ejecutivo. Teresa Fernández de la Vega no ha tenido más que descolgar el teléfono e indicarle a su compañero de Gabinete, Pedro Solbes, que aflojara la mosca y se dejase de pamplinas: “lo ha ordenado el jefe”. De modo que el vicepresidente económico, buen muchacho y disciplinado él, no ha tardado en enmendar su obstinada conducta y ha habilitado la conciliación con los transportistas.
En cuanto a la “marcha negra” sobre Ceuta y Melilla, a Dios gracias que pasó el temporal y la borrasca se ha situado en su justo lugar, que no es otro que en las latitudes del rey moro. Así es que aquí no pasa nada. El país transcurre apaciblemente por el cauce de la concordia y de la laboriosidad, y hasta los pantanos están recuperando caudal gracias a las bienhechoras lluvias que este octubre nos está dejando.
¿Quién ha dicho crisis? ¿Quiénes hablan de desbarajuste? Nada es lo que parece. La alarma social la crean los agoreros y oportunistas que viven obsesionados en vender periódicos y en aumentar sus audiencias de radio y televisión. Precisamente ahora, cuando el buen talante de ZP nos va a permitir en breves fechas alegrarnos las pajarillas gracias al incremento de la oferta televisiva: dos nuevas cadenas de TV analógica: La Cuatro y La Sexta, amenizarán el tiempo de nuestro ocio. Eso sí, algunos se empeñan en empañar tan diligente iniciativa con groseras interpretaciones, propalando la indignidad de que ha habido malas artes en la concesión de ambas emisoras; o sea, que se las han adjudicado a los amiguetes del Gobierno (La Cuatro, al Grupo Prisa, y La Sexta a Mediapro y Globomedia). Como si ZP tuviera necesidad de beneficiar a nadie y hubiera alguna duda de su sentido de la equidad y de la justicia. Son ganas de fastidiar. ¿O es que existe alguien bien intencionado y de corazón recto que pueda poner en duda que la Prisa de Jesús de Polanco o la Globomedia de José Miguel Contreras y la Mediapro de Jaume Roura, buen amigo de Miguel Barroso, necesitan de favores para ganar honradamente un concurso estatal de adjudicación de licencias de televisión?
Pecadores, ingratos, desagradecidos que negáis el pan y la sal a quien en buena lid se ha ganado la confianza de los españoles en las urnas. Maledicientes que escupís veneno por vuestras bocas y tildáis a ZP de "presidente por accidente", aunque luego justificáis que eso quien lo dijo por primera vez fue el New York Times. ¡Pero si hasta el simpático cocinero Carlos Arguiñano, el showman Andreu Buenafuente y los actores Emilio Aragón y José Manuel Lorenzo, todos ellos almas cándidas y bien intencionadas, se juegan sus cuartos en la aventura incierta de La Sexta!
En realidad, quien desconfía y despotrica es porque careciendo de inocencia la envidia le corroe. Ver privilegios donde tan solo hay virtud es cosa de preocupar. Hasta los poetas consagrados y que hoy gozan del respeto de la Historia y de los dioses, como fuera el caso de don Francisco de Quevedo y Villegas, pusieron un día su caletre a versificar en clave de ironía y de reproche las ambiciones de los protegidos por el poder que siempre anhelaban más: Descansa, mal perdido en alta cumbre,/ donde a tantas alturas te prefieres;/ si no es que a cocear las nubes quieres,/ y en la región del fuego beber lumbre./ Ya te padece, grave pesadumbre,/ tu ambición propia; peso y carga eres/ de la Fortuna, en que viviendo mueres:/ ¡y esperas que podrá mudar costumbre!/ El vuelo de las águilas que miras/ debajo de las alas con que vuelas,/ en tu caída cebaran sus iras./ Harto crédito has dado a las cautelas./ ¿Cómo puedes lograr a lo que aspiras,/ si, al tiempo de expirar, soberbio anhelas?
En el caso de las nuevas televisiones que vienen las ambiciones de los titulares agraciados, que las tienen y mucha, no empaña la profesionalidad de ambos proyectos (tampoco de los que se han quedado a dos velas). Son manos "amigas", de las que no se puede esperar nada malo, salvo provecho ordenado y gusto por el bien común. Y si no, parémonos a pensar un instante si la ambición de Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián ha perturbado, amenazado o conculcado alguna vez la buena práctica mercantil fuera de los cauces de la honrada y leal competencia. Pues eso, a las gachas que son de trigo.
“No es tiempo de mirar al pasado.” En esta posición vive enrocado José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha sido tajante con los dirigentes de su partido, y les ha señalado que no es el momento de alentar divisiones que tiendan a debilitar la acción del Gobierno, sino de esforzarse por conseguir un Estatuto pactado para “todos”. Así que ya lo sabemos, un paso atrás ni para tomar impulso. Zapatero seguirá en el empeño de sacar adelante el nuevo Estatuto de Cataluña mediante un amplio consenso parlamentario que vendrá de la mano de CiU, ERC, IU, PNV-EA y BNG. Si el PP se queda fuera, aunque represente más de un tercio de los votantes españoles, será porque los populares lo quieran.
Las matizaciones a la voluntad del presidente del Gobierno las ha expresado con claridad meridiana el ínclito José Blanco. El secretario de Organización del PSOE ha reprochado, en un alarde de cinismo portentoso, lo que él llama “doctrina del aislamiento del PP”, a la vez que ha recordado que su apoyo al Estatuto es “deseable, pero no es imprescindible”. Es más, Blanco ha responsabilizado a Mariano Rajoy de fomentar la enrarecida atmósfera política que rodea al Estatuto: “En lugar de construir, destruye; al grito de ‘se rompe España’ trata de meter miedo y fomentar la división entre los españoles; usa la mentira, la insidia y la demagogia...”
Para el número dos del PSOE la situación de su partido ha quedado resumida en la siguiente frase: “Entre los que no quieren negociar y entre los que dicen que no se toque una coma, está el PSOE”. Según Blanco, la dirección socialista está empeñada en un “acuerdo de todos y para todos que fortalezca a Cataluña y a España y al interés general”.
En un ejercicio de demagogia inusitada, Blanco ha sentenciado que el PP es quien “de nuevo se va a quedar solo”, ajeno a “la esencia del pacto constitucional” e “incapaz de ser una alternativa real de gobierno para articular la España plural”. El gallego impasible ha ido aún más lejos, al sentenciar que “Dando un portazo al Estatuto, el PP cierra sus puertas de futuro como alternativa del Gobierno”, a la vez que pronosticó que si algo se quiebra con el Estatuto será “la unidad del PP”, porque la del PSOE la da por garantizada.
Como un guiño al tendido (a los barones autonómicos) José Blanco se ha curado en salud afirmando que los socialistas “tumbarán” el sistema de financiación propuesto en el Estatuto, independientemente de que sea interpretado como constitucional o no, porque en ningún caso responde al “interés general”. Y dentro de su incapacidad para aceptar cualquier crítica, el secretario de Organización del PSOE eludió pronunciarse sobre el rechazo social mayoritario al Estatuto catalán que reflejan las encuestas, así como el paulatino y constante desgaste de Zapatero. “El PSOE no está preocupado. Las hemerotecas dan y quitan razones y espero que el tiempo también lo haga” -se limitó a decir Blanco-, atreviéndose a pronosticar que el PSOE volverá a ganar las elecciones “con más mayoría que el 14-M”, porque lo que denominó “fiebre patriótica” del PP es “fingida, irresponsable, oportunista, y creada artificialmente con el único fin de arañar votos... y le saldrá mal.”
Bien, así son las cosas, cada cual las pinta como le conviene y la culpa la tiene siempre el otro. Por eso, lo de la crisis que acaba de estallar en el Gobierno de Cataluña y, por ende, en el PSC, no son más que habladurías y ganas de incordiar de la prensa conservadora y ultramontana. Los que de verdad tienen una crisis de proporciones astronómicas son los del PP, que no huelen ni una y van a estar chupando banquillo en la oposición hasta el día del juicio final.
Pascual Maragall conduce el tripartito con guantes de seda y sus relaciones con los dirigentes de su partido, especialmente con su secretario general José Montilla, no pueden ser más coincidentes y armoniosas. Y no digamos con sus socios de Esquerra y de Iniciativa, amén del estupendo feeling que ha instaurado con los muchachos de Artur Mas. En fin, que son ganas de enredar en la casa del prójimo para tapar las miserias de la casa de uno, es decir, de la derechona desnortada que no sabe como inventar calumnias y envenenar la apacible convivencia de la España plurinacional.
Pues nada, a las gachas que son de trigo, y el que quiera seguir viendo gigantes donde sólo hay molinos que apechusque con las consecuencias, que es una buena manera de homenajear El Quijote en este año de conmemoración cervantina. Los coscorrones, como bien señala el impenitente Pepiño Blanco, se los van a llevar ellos, los de la estulticia irredenta, que como orates sin consuelo emulan a don Alonso Quijano en su delirio patriotero. El sueño de Rodríguez Zapatero y de Maragall goza de excelente salud y no lo malogrará ningún agorero perillán ni ninguna cáfila de absolutistas retrógrados.
El presidente del Gobierno ha tenido una buena ocasión para comprobar quién está con él y quién no lo está. El 12 de Octubre fue el día de la Fiesta Nacional. Y como es costumbre, el acto institucional más relevante tuvo lugar en Madrid, donde se celebró el homenaje a la bandera nacional y un desfile de diversas representaciones de las Fuerzas Armadas; también se rindió solemne tributo a los caídos por España. Posteriormente, el Rey ofreció una recepción a las autoridades invitadas en el Palacio de Oriente.
Los actos del Paseo de la Castellana deberían contar, sin complejo alguno, con la aquiescencia de todos los representantes de la soberanía popular y de las instituciones. Precisamente el pueblo de Madrid, con su presencia, dio cumplida cuenta de su vocación española y de su compromiso con los valores que consagra nuestra Constitución. Sin embargo, no estuvieron presentes todos. Hubo significativas ausencias: el lendakari Ibarretxe negó la representación institucional del País Vasco; tampoco hubo ningún representante del PNV, EA, CiU, ERC, IU, BNG, CHA y Naraffora-Bai: ni más ni menos que los partidos políticos que sustentan a Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno y al PSOE en las Cortes Generales; algunos de ellos también lo hacen con Pascual Maragall -que sí acudió a la tribuna de la plaza de Colón- y con el PSC en la gobernación de Cataluña.
Otro dato significativo de lo ocurrido en esta plaza madrileña fue el abucheo y la pitada que recibió el presidente Zapatero de buena parte del público cercano cuando llegó a la tribuna y cuando la abandonó. No obstante, el presidente restó importancia al hecho aludiendo a la "libertad de expresión", en pleno ejercicio de su talante democrático. Sin embargo, el ministro de Defensa, el beatífico José Bono, no dudó en calificar a los discrepantes como "facherío", "los fachas de siempre". Seguro que también el inconmensurable José Blanco hará una lectura positiva de todo lo ocurrido, a la vez que responsabilizará al PP del agravio.
Pues bien, en esta ceremonia conmemorativa a España y a las Fuerzas Armadas ya sabe Rodríguez Zapatero con quién cuenta. En primer lugar con el pueblo, al menos con una parte considerable. En segundo lugar, con el Partido Popular y con el Partido Socialista Obrero Español. En tercer lugar, con todas las instituciones nacionales, incluidas las Fuerzas Armadas y la Jefatura del Estado. Y en cuarto lugar, con el reconocimiento del Cuerpo Diplomático en pleno. Los demás, los ausentes, de ellos no obtendrá Zapatero más que deslealtad y traición cuando deje de serles útil.
Ante el cariz que la vida política nacional está tomando por la agresión que supone a España el desafío del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, el líder de los socialistas y presidente del Gobierno debería percatarse de quiénes están a favor de compartir una casa común y de quiénes lo están por la construcción de su propio chiringuito, socavando la voluntad de la mayoría e imponiendo su modelo por la vía del falseamiento de los hechos, del victimismo nauseabundo y del chantaje permanente. Es más, Zapatero rubricó poco después ante los periodistas su proyecto político con una frase lapidaria: "El Estatuto quedará en el Congreso limpio como una patena". E incluso afirmó que tiene al menos ocho fórmulas distintas para sustituir el término "nación" del Estatuto. Es decir, el presidente del Gobierno -optimista antropológico (sic)- vive más que nunca convencido de su papel redentorista en esta democracia de "baja calidad", y está dispuesto a llegar hasta el final en su transición hacia la legitimación de un régimen republicano.
Una de las peores cosas que le podrían ocurrir a Zapatero es que se ponga en duda, de forma generalizada, su talla intelectual, su cualificación profesional como licenciado en Derecho y su capacidad como político demócrata. Convendría que pusiera coto a lo que empieza a ser ya un incipiente clamor, pero clamor al fin y al cabo. Releer a Cicerón le haría un gran bien, por ver si se contagia de algunos de sus pensamientos. Muy al caso le cuadraría lo que el insigne pensador romano afirmara en Los Deberes: "Los que aspiren al gobierno del Estado deberán tener siempre muy presentes dos máximas: la primera, que han de mirar de tal manera por el bien común, que a él refieran todas sus acciones, olvidándose de sus propias conveniencias; la segunda, que todas sus preocupaciones y toda su vigilancia se extiendan a la totalidad del Estado, no sea que por mostrarse celosos de una parte determinada desatiendan a las demás."
Tratar de legitimizar nuestra democracia, identificándola con los vencidos en la Guerra Civil, mediante una hipérbole política que obvia la España constitucional de 1978, es de una decrepitud intelectual vergonzante. Sólo demuestra el raquitísmo moral del sujeto y el desconocimiento de aquel funesto pasado en el que los nacionalistas catalanes y vascos dieron tantas lecciones de deslealtad a la República. Alguien sensato y documentado con ascendiente sobre Rodríguez Zapatero tendría que advertirle que está emulando la épica de Largo Caballero para arruinar un proyecto nacional que se llama España.
Los efectos del huracán Estatut están comenzando a percibirse. Se supone que estará encima de nuestras cabezas cuando comience el debate del articulado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Será entonces cuando llueva a cantaros; los vientos dialécticos serán enfurecidos y todo ello acompañado de mucho aparato eléctrico (gestos, descalificaciones, bravuconadas, amenazas y otras lindezas desafiantes).
De momento, en el panorama nacional el personal a lo que está es a la toma de posiciones. En más de una ocasión he señalado que la clase política tiene una especial habilidad para crear problemas donde no las hay. La prueba de ello es que las encuestas sociológicas hasta ahora no han registrado la reforma de los estatutos de autonomía como una de las prioridades de la ciudadanía. Sí sabemos, desde luego, que para los dirigentes nacionalistas catalanes y vascos este asunto es esencial, incluso diríamos que vital. Por eso, cuando estas formaciones políticas se han convertido en fundamentales para la gobernación, se ha precipitado todo por un derrotero de consecuencias impredecibles, pero en cualquier caso funestas.
No pretendo con esta afirmación ser agorero ni fatalista. Si se ha de creer a unos y a otros, de nada deberíamos tener miedo. Los que apoyan y defienden la reforma del Estatut de Cataluña se esfuerzan por convencernos de que la unidad de España no está en peligro; para ellos el nuevo Estatut es una necesidad imperiosa para progresar en libertad y de forma solidaria, sólo que en un marco jurídico de mayor afirmación nacional, donde los valores lingüísticos, históricos y culturales quedan plenamente reconocidos.
Por su parte, los que defienden el espíritu y la letra de la Constitución de 1978 consideran que aunque este proyecto de estatuto es una agresión sin paliativos al ordenamiento jurídico vigente, el pueblo español soberano y las instituciones sabrán responder como se merece el atrevimiento del nacionalismo catalán. De manera que, ganen unos o ganen otros, nada está perdido.
No obstante, dicho lo dicho, sin mayores complejidades, lo que sí parece claro es que alguien deberá pagar los destrozos de este huracán que se nos viene encima, por escasos y mesurados que sean los daños que produzca. Y yo no veo otro paganini que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, por ende, el PSOE (de Pascual Maragall y el PSC todo dependerá de cómo maniobren en los momentos en que más arrecie el temporal).
¿Y por qué digo que Rodríguez Zapatero tendrá que pagar los platos rotos? Por la sencilla razón de que es el personaje en el que la mayoría de los españoles visualizarán al máximo responsable de que el Estatut prospere o no en las Cortes Generales. No hay que olvidar que la ciudadanía está comenzando a inquietarse -como lo demuestran las encuestas demoscópicas- en la medida en que comienza a apercibirse de la trascendencia que tendría para España que el Estatut, tal y como está concebido, terminara siendo aprobado. Los ciudadanos, al margen de sus preferencias políticas, en su gran mayoría no habían interiorizado el compromiso electoral de Zapatero de apoyar en Madrid un proyecto de estatuto catalán si venía con un amplio consenso.
He aquí el quid de la cuestión. Como han venido reiteradamente señalando las encuestas, los ciudadanos viven preocupados y ocupados por el empleo, la vivienda, el terrorismo, la seguridad ciudadana, la sanidad y un largo etcétera antes que por las transferencias y la financiación autonómica, el hecho lingüístico diferencial o la representación en el exterior de la comunidad. Sencillamente, esto les preocupa vagamente y desde luego no al precio de un huracán político que socave la convivencia nacional.
Llegados a este punto, Zapatero no cuenta con la salida airosa que dispuso con el Plan Ibarretxe (el pretexto entonces fue que, además de la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos del proyecto estatutario, contaba con escaso respaldo político). En esta ocasión no tiene más remedio que apoyar el texto catalán para su tramitación parlamentaria y enmendarlo en Comisión, hasta tal punto -para que se ajuste a los principios constitucionales- que no se parecería en nada a lo que los legisladores nacionalistas e independentistas aprobaron el pasado 30 de septiembre. Y esto supondrá un agravio imperdonable.
Artur Mas, el líder de Convergencia i Unió, ha dejado claro que si se reforman sustancialmente alguno de los cinco aspectos que suponen la columna vertebral del Estatut (la denominación de Cataluña junto con el régimen lingüístico, la forma de relacionarse bilateralmente con el Estado, el denominado blindaje de competencias, el incremento del autogobierno y el modelo de financiación), su Grupo en el Congreso pedirá la devolución del texto y a continuación tomará las medidas pertinentes. De forma similar se ha pronunciado Carod Rovira por parte de Esquerra Republicana.
Y en el supuesto caso de que las enmiendas sean mera operación de maquillaje, tanto en el debate en el Pleno del Congreso como en el Senado el riesgo de ruptura de la disciplina de voto en las filas socialistas es muy alto. Luego quedaría la opción al recurso ante el Tribunal Constitucional y la ruptura de la familia socialista, con lo que el porvenir de Rodríguez Zapatero pintaría más negro que el de Sadam Hussein.
No cabe la menor duda de que el presidente del Gobierno ha conducido la política española por un sendero equivocado desde el primer día que llegó a La Moncloa. Muchas de sus decisiones podrán ser opinables y discutibles desde una perspectiva ideológica o de puro interés. Pero su deriva hacia una forma de entreguismo con los nacionalismos periféricos está siendo mortal de necesidad (políticamente hablando, se entiende). Alfonso Guerra hasta hace muy poco lo más que afirmaba en público del secretario general del su partido era que tenía mucha baraka. Ahora ya ni eso. Por muy afortunado que uno sea, lo que no puede hacer es desafiar permanentemente al destino. Y en este caso Rodríguez Zapatero ha tenido la “virtud” (osadía o negligencia) de zarandear las conciencias de demasiada gente y de desasosegar a España entera.
No será el Partido Popular quien le tumbe en las próximas elecciones: serán muchos de los que le auparon al poder y confiaron en su talante y capacidad de diálogo. Y con estas cualidades Rodríguez Zapatero ha fomentado un huracán en el que su baraka no le servirá ni para ser elegido concejal de León. Entre tanto, cada cual que haga examen de conciencia.
Hace algunos meses el historiador Ricardo de la Cierva aseguró haber escuchado al presidente de la Gran Logia de España, Josep Corominas i Busquetta, decir que ocho ministros del actual Gobierno son masones. De la Cierva dijo más, que José Luis Rodríguez Zapatero también formaba parte de esta organización. Ahora acabamos de conocer la noticia -de la mano de elconfidencial.com- que el diario La Prensa, de Nueva York, un periódico dirigido al público de habla hispana, publicó hace poco un artículo en el que se afirma que José Luis Rodríguez Zapatero forma parte de una lista de masones de relieve.
Dicho artículo está firmado por Ortiz Burbano de Lara, persona que ostenta el cargo de Venerable Maestro Responsable de la Logia Simbólica “La Fraternidad Nº 387”, del valle de Nueva York. Y fue presentado por Arturo Fortun, responsable de estos temas en La Prensa. Hay que señalar que Fortun es a su vez el Muy Respetado Gran Maestre-adjunto de la Gran Logia de lengua española para los Estados Unidos de Norteamérica, Oriente de Nueva York, logia fundada en 1931. Esta institución dio vida, además, a La Unión de Estrasburgo CLIPSAS, asociación internacional de logias que presidió en su día Javier Otaola, síndico (defensor del pueblo) del Ayuntamiento de Vitoria y Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica española. Estas logias son, a su vez, miembros de la International Masonics Confederation of Grand Lodges.
El artículo de Ortiz Burbano presentado por Arturo Fortun se titulaba “La masonería y sus misterios” y ofrecía una explicación sintética sobre esta organización. El gran maestre la define como “una escuela iniciática, filosófica y filantrópica que hace del hombre un mejor ser viviente en esta tierra”.
Según Ortiz Burbano, la masonería ha tenido mucha influencia en el desarrollo del ser humano, especialmente en los Estados Unidos y en América Latina. De hecho -explica Ortiz- una buena parte de sus personajes han sido masones y han contribuido a los cambios socio-políticos en el aquel continente desde los procesos independentistas hasta hoy. Y añade una lista de personalidades, del pasado y del presente, que entran en la categoría de masones ilustres. Entre ellos, incluye a Simón Bolívar, Jimmy Carter y José Luis Rodríguez Zapatero.
La hilaridad que me ha provocado esta nominación es inimaginable. Pensar en la posibilidad de que sea cierto que Rodríguez Zapatero forme parte de la masonería es para morirse de risa. Y si además ocho ministros del Gobierno forman parte de la misma, es para caerse de culo (con perdón).
Sin ánimo de subestimar ni descalificar a la masonería, entenderán ustedes que a estas alturas de la Historia sea escéptico con la vigencia de las llamadas sociedades secretas. Si en siglos pasados sirvieron para fomentar las ideas del racionalismo ilustrado y para trabajar discretamente por la liquidación del Antiguo Régimen, en nuestros días la masonería no tiene más provecho que el de la recreación literaria de un evanescente y seductor pasado, que más tiene de incitación a la quimera nostálgica que a la sustanciación de realidades tangibles.
No seré yo el que niegue la existencia de sociedades y organizaciones secretas, o discretas, en las que algunos de los poderosos de este mundo discurren estrategias para que fructifiquen sus intereses. Ya lo creo que existen, y algunas de ellas aparecen de vez en cuando mencionadas en los medios de comunicación. Como también es verdad que existen sociedades y organizaciones secretas de carácter mafioso y criminal. Pero de ahí a creer que nuestro presidente del Gobierno y medio Consejo de Ministros sean miembros destacados del Gran Oriente o de la Gran Logia Simbólica es un atrevimiento de estrambótica temeridad.
Porque aceptar que estos supuestos masones reúnen las cualidades exigidas por las logias -como señala el propio Ortiz Burbano de Lara- de "rendir culto al estudio, al intelecto que le dan al hombre honor, inteligencia y sentido común para el desarrollo de su pensamiento crítico y analítico", es de una ingenuidad enfermiza. Muy desesperados tendrían que estar estos nostálgicos y decadentes masones, que rinden culto al Gran Arquitecto del Universo, y a los que se les supone todo un ejemplo de ferviente espiritualidad, vocación humanista y talante filantrópico, para convertir sus hermandades en covachuelas de conspiradores, taimados y gentes menguadas de caletre, que escondidos tras el oscuro anonimato urden, fabulan y se embozan para medrar a los cenáculos del poder.
Hace mucho tiempo que las cosas no son así. En las sociedades abiertas y democráticas hombres e ideas se manifiestan con la libertad que el Estado de Derecho les garantiza. Las llamadas sociedades secretas no tienen más sentido que el de emular a clubes privados donde sus socios distraen el tiempo ocioso como más les apetece. Están en su derecho. Pero de ahí a considerar que en la masonería actual siguen vigentes finalidades interesadas y sectarias, tendentes a preparar y patrocinar candidatos a dirigir y controlar los resortes de la vida política, económica y social de un país, es una debilidad indecente desde el punto de vista moral, además de rayana en lo ilegal.
Una cosa son los clubes y las asociaciones exclusivistas en las que se exigen rigurosas condiciones de pertenencia, y otra muy distinta es que existan para fomentar el elitismo idieológico y el control de la sociedad. Las organizaciones políticas y los electores son los únicos cernedores que habilitan en la actualidad al político. La irrupción de Rodríguez Zapatero y su guardia pretoriana en la primera línea de la política española fue como consecuencia de las luchas intestinas que desangraban al PSOE. Los odios y rencores entre unas y otras facciones y baronías permitieron que un advenedizo fuera aupado a la más alta magistratura del socialismo español. De aquel polvo estos lodos. Así que no me vengan ahora con que ZP es un preciado fruto de la masonería, porque es para desternillarse. ¡Vaya panda! que diría el castizo.
Lo veo venir. En las próximas semanas y meses se potenciará hasta el paroxismo un agrio debate nacional entre los que defienden el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña y los que opinan que este texto representa la liquidación de España tal y como está concebida en la Constitución. El enfrentamiento, que ya es enconado, irá subiendo de tono en la medida en que los contendientes logren incorporar a sus posiciones un mayor número de adeptos.
La batalla política se hará más virulenta en el ágora público -que constituyen los medios de comunicación- que en las instituciones parlamentarias. Pero no tengamos cuidado por saber en qué quedará todo esto. El mal ya está hecho y sus consecuencias las pagaremos todos los españoles, si no tiempo al tiempo. Será una factura muy gravosa, cuyo alto precio dejará maltrecha a importantes instituciones y a mucha gente, además de cicatrices profundas en la vida social y en la confianza hacia la acción política como regeneradora de la convivencia nacional.
Yo creo en la diversidad de opiniones, en el debate y en la confrontación dialéctica. Eso sí, aceptando unas mínimas reglas de juego. Eso no ocurre, en cambio, con muchos que se llaman demócratas y, además, se añaden progresistas. De los Principios Fundamentales del Movimiento los españoles pasamos, con un breve paréntesis de año y medio, a la Constitución de 1978. Ya sabemos que pese a ser aprobada por una rotunda mayoría en casi todo el territorio nacional, en las Vascongadas la abstención fue superior a la mitad del censo de votantes, lo cual no invalida que de entre los que depositaron su voto en el referéndum del 8 de diciembre, la mayoría fuera favorable al texto constitucional.
Por tanto, los más de 43 millones de ciudadanos que en la actualidad constituimos la Nación española contamos con unas reglas de juego para hacer posible nuestra convivencia: están recogidas en la Carta Magna. Y como la propia Constitución contempla la posibilidad de su reforma, lo propio es -si deseamos cambiar las reglas- que nos pongamos de acuerdo en la reforma necesaria del texto constitucional. Y lo que acaba de ocurrir con la aprobación del proyecto de reforma del Estatut de Cataluña, es que con el impulso y el respaldo del presidente del Gobierno español se ha auspiciado que los nacionalistas e independentistas catalanes (que representan el 85 por ciento del Parlamento autonómico) hayan elaborado y aprobado un texto claramente anticonstitucional.
El desafuero no puede ser más grave. Enmendar el texto en las Cortes Generales significaría una bofetada clamorosa a la mayoría de representantes de la voluntad popular catalana. Y no hacerlo, representaría la liquidación de la España constitucional. Como se puede comprobar nos encontramos ante una encrucijada histórica de primera magnitud. Por eso digo que el mal ya está hecho, y sus consecuencias serán en cualquier caso nefastas.
Ante este desolador panorama no cabe otro camino que convencernos de la incompetencia de nuestros actuales gobernantes. Los españoles, sean cuales sean sus preferencias políticas, deberíamos repudiar de un plumazo al presidente del Ejecutivo nacional José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente de Cataluña Pascual Maragall. Son los máximos responsables de la iniquidad.
El siguiente paso debería ser abrir un amplio debate para reformar la Constitución en los términos que se crea necesario, para dar cabida a las demandas nacionalistas dentro de un orden jurídico preciso y sin opciones a interpretaciones ambiguas y estrambóticas.
Y, por último, se hace imprescindible la reforma de la ley electoral. Hay que acabar de una vez con el privilegio que la actual legislación otorga a las minorías nacionalistas. La sobrerrepresentación nacionalista en las Cortes Generales viene condicionando la gobernación de España desde 1977. Ya es hora de que su excesivo peso específico condicione la voluntad de unas mayorías que creen en una España cívica -la de los derechos civiles- y no en una España étnica, basada en la primacía de la lengua, de los derechos históricos y de una cultura propia.
La batalla política se hará más virulenta en el ágora público -que constituyen los medios de comunicación- que en las instituciones parlamentarias. Pero no tengamos cuidado por saber en qué quedará todo esto. El mal ya está hecho y sus consecuencias las pagaremos todos los españoles, si no tiempo al tiempo. Será una factura muy gravosa, cuyo alto precio dejará maltrecha a importantes instituciones y a mucha gente, además de cicatrices profundas en la vida social y en la confianza hacia la acción política como regeneradora de la convivencia nacional.
Yo creo en la diversidad de opiniones, en el debate y en la confrontación dialéctica. Eso sí, aceptando unas mínimas reglas de juego. Eso no ocurre, en cambio, con muchos que se llaman demócratas y, además, se añaden progresistas. De los Principios Fundamentales del Movimiento los españoles pasamos, con un breve paréntesis de año y medio, a la Constitución de 1978. Ya sabemos que pese a ser aprobada por una rotunda mayoría en casi todo el territorio nacional, en las Vascongadas la abstención fue superior a la mitad del censo de votantes, lo cual no invalida que de entre los que depositaron su voto en el referéndum del 8 de diciembre, la mayoría fuera favorable al texto constitucional.
Por tanto, los más de 43 millones de ciudadanos que en la actualidad constituimos la Nación española contamos con unas reglas de juego para hacer posible nuestra convivencia: están recogidas en la Carta Magna. Y como la propia Constitución contempla la posibilidad de su reforma, lo propio es -si deseamos cambiar las reglas- que nos pongamos de acuerdo en la reforma necesaria del texto constitucional. Y lo que acaba de ocurrir con la aprobación del proyecto de reforma del Estatut de Cataluña, es que con el impulso y el respaldo del presidente del Gobierno español se ha auspiciado que los nacionalistas e independentistas catalanes (que representan el 85 por ciento del Parlamento autonómico) hayan elaborado y aprobado un texto claramente anticonstitucional.
El desafuero no puede ser más grave. Enmendar el texto en las Cortes Generales significaría una bofetada clamorosa a la mayoría de representantes de la voluntad popular catalana. Y no hacerlo, representaría la liquidación de la España constitucional. Como se puede comprobar nos encontramos ante una encrucijada histórica de primera magnitud. Por eso digo que el mal ya está hecho, y sus consecuencias serán en cualquier caso nefastas.
Ante este desolador panorama no cabe otro camino que convencernos de la incompetencia de nuestros actuales gobernantes. Los españoles, sean cuales sean sus preferencias políticas, deberíamos repudiar de un plumazo al presidente del Ejecutivo nacional José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente de Cataluña Pascual Maragall. Son los máximos responsables de la iniquidad.
El siguiente paso debería ser abrir un amplio debate para reformar la Constitución en los términos que se crea necesario, para dar cabida a las demandas nacionalistas dentro de un orden jurídico preciso y sin opciones a interpretaciones ambiguas y estrambóticas.
Y, por último, se hace imprescindible la reforma de la ley electoral. Hay que acabar de una vez con el privilegio que la actual legislación otorga a las minorías nacionalistas. La sobrerrepresentación nacionalista en las Cortes Generales viene condicionando la gobernación de España desde 1977. Ya es hora de que su excesivo peso específico condicione la voluntad de unas mayorías que creen en una España cívica -la de los derechos civiles- y no en una España étnica, basada en la primacía de la lengua, de los derechos históricos y de una cultura propia.