Jueves, 31 de mayo de 2007
Riada en La Puerta de Segura (Jaén)Me ha resultado toda una experiencia vivir los últimos días de campaña electoral en un pequeño pueblo jienense de apenas dos mil quinientos habitantes. Se trata de La Puerta de Segura, municipio afectado en la madrugada del miércoles veintitrés por una tromba de agua que desbordó el río Guadalimar e inundó un buen número de viviendas, entre ellas la de mi madre, natural de este lugar. En las horas y días siguientes a la riada he podido comprobar de primera mano como se cuece la política municipal en estos pagos andaluces: la demagogia y el chalaneo de favores por parte del candidato del PSOE, y alcalde en funciones, ha sido verdaderamente bochornosa.

Las primeras ayudas económicas de máxima urgencia las empezó a comprometer el edil a partir del viernes; y que se sepa, el dinero comenzó a ser entregado de forma discriminada según el criterio del corregidor a partir del lunes, cuando ya se sabía ganador de las elecciones. Los vecinos beneficiarios de las ayudas es verdad que eran afectados por la inundación, pero no todos eran igual de solventes; algunos incluso tenían asegurados sus inmuebles y pertenencias. Pero ya se sabe, en los pueblos el juego de favores circula en ambas direcciones entre ayuntamiento y vecinos, según sean los vínculos entre éstos últimos y los ediles que gobiernan.

Lo dicho, esas primeras ayudas económicas de urgencia, que en el mejor de los casos fueron de dos mil euros, el martes postelectoral eran agua pasada: se esfumaron más rápido que el agua y el fango del río. Los que nada recibieron, más de la mitad de los afectados, tendrán que esperar las ayudas de la Junta de Andalucía. Y muchos de los que no tienen contratados seguros y dependen para recuperar sus humildes haciendas de estas ayudas, claman por las esquinas su arrepentimiento por haber votado al alcalde trasieguista.

Publicado por torresgalera @ 21:24  | Pol?tica
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Domingo, 13 de mayo de 2007
Justicia ciegaComo profesional del periodismo, con una dilatada experiencia de más de treinta y cinco años, intentaré exponer algunas de las claves que explican lo que está pasando en la Justicia en España. Pero antes tengo que señalar que, mayoritariamente, tanto jueces y magistrados como fiscales constituyen cuerpos de funcionarios públicos muy profesionales, que realizan un trabajo muy meritorio con los medios de que disponen. Además, debo romper una lanza por la integridad ética que demuestran ante agentes contaminantes de la vida política y de los intereses sociales, ya sean económicos, corporativos o de cualquier otra índole; lo que no resta méritos a que de vez en cuando surjan actuaciones judiciales reprobables como en cualquier otra profesión.

En cualquier caso, el colapso de asuntos pendientes en los juzgados y, por tanto, la llamada «lentitud de la justicia», tiene más que ver con la insuficiencia de plantillas de jueces y de funcionarios judiciales, así como de medios materiales y técnicos. Es la voluntad del Gobierno, mediante su política presupuestaria, la que determina los recursos de la Administración de Justicia.

La segunda clave que conviene tener en cuenta es que la tan cacareada politización de la Justicia alcanza, y no es poco, únicamente a algunos ámbitos de los Tribunales Superiores, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial. Y es precisamente aquí, en el CGPJ –con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de julio de 1985, y que cambió el sistema de elección de los vocales del CGPJ– donde comenzó el intrusismo político en los órganos jurisdiccionales de mayor rango.

Aquella reforma introducida por el gobierno socialista de Felipe González, cargó sobre el Parlamento –con las consiguientes consecuencias funestas– la mayor parte de las designaciones de vocales del órgano rector de los jueces. No olvidemos que la Constitución creó este órgano (no su forma de elección), a través de su artículo 122, para garantizar la independencia externa del Poder Judicial. En realidad el CGPJ no forma parte del Poder Judicial sino que es el órgano de gobierno de dicho Poder.

La alteración del sistema de elección, asignando a las Cortes –por 3/5 de ambas cámaras– el nombramiento de 12 vocales del CGPJ, en vez de los 8 anteriores, y rebajando a la carrera judicial su cuota de 12 a 8, fue el comienzo del fin del sosiego judicial. Desde entonces, la cuota mayoritaria de vocales designados por afinidad ideológica introdujo el estigma de la politización. Y si a ello añadimos el pacto de estado que llevó al gobierno conservador de José María Aznar a consensuar, en mayo de 2001, una nueva reforma de la LOPJ, por la cual los 20 vocales del CGPJ serían nombrados por las Cortes, convendremos en que ninguno de los grandes partidos con posibilidad de gobernar tiene el más mínimo interés en la independencia del Poder Judicial.

Para comprobar la importancia que tiene el CGPJ no hay más que observar que el propio presidente de dicho Consejo asume también la presidencia del Tribunal Supremo una vez propuesto al Rey por los vocales. Además, el CGPJ es parte esencial en la elección de magistrados para cubrir las vacantes de las audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional, así como en la labor sancionadora de jueces y magistrados. Todo ello explica por sí mismo que el control político del CGPJ sea, de una forma otra, una cuestión capital tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. De aquellos polvos estos lodos.

El Ministerio Fiscal

La tercera clave de la politización de la Justicia hay que buscarla en el Ministerio Fiscal. El Artículo 124. 1. de la Constitución señala que el Ministerio Fiscal «... tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.» Pero lo que es determinante en el funcionamiento del ministerio público es su «unidad de acción y dependencia jerárquica», establecida en el apartado segundo del citado Artículo. En el apartado cuarto recoge: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Estado.» Es obvio que el Ministerio Fiscal es fácil presa del interés gubernamental.

Este es un asunto capital, puesto que el Ministerio Fiscal está sujeto, como en el ejército, a una firme disciplina y obediencia jerárquica. Ello implica que todo fiscal debe consultar a su superior el fundamento de sus actuaciones, o bien acatar las instrucciones recibidas a través de la línea jerárquica. De lo cual se infiere que una instrucción dada por el Fiscal General del Estado al Fiscal Jefe de cualquier tribunal, debe ser automáticamente transmitida y aplicada por los fiscales de dicho tribunal.

Como quiera que al cargo de Fiscal General del Estado puede acceder cualquier profesional del Derecho, el margen de maniobra del presidente del Gobierno para sentar al frente del Ministerio Público a alguien de su confianza, es enorme. Y si controla el CGPJ, mucho mejor.

En cuanto al Tribunal Constitucional, más de lo mismo. De los doce magistrados que integran su consejo de gobierno cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y los otros dos el CGPJ. Su presidente es elegido entre los doce magistrados que proponen al Rey su nombramiento.

Con la anterior exposición queda al descubierto la tupida red de capilares por donde penetran los intereses políticos en la estructura del Poder Judicial, tanto desde el partido gobernante como desde los grupos parlamentarios. Esta realidad corrobora el diagnóstico del filósofo francés y Premio Nobel de Literatura Albert Camus (1913 – 1960), cuando afirmaba que «Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo».

Por eso no es de extrañar que algunas controversias políticas de primer orden, y que están en fase de pronunciamiento de altos tribunales, como los recursos al Estatuto de Cataluña o la impugnación de las candidaturas encubiertas de Batasuna a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo, trasladen la refriega política a dichos órganos jurisdiccionales.

Y más desalentador resulta la permanente denuncia y descalificación –demasiadas veces con fundamentos sobrados– a la que se somete al Fiscal General del Estado desde las filas de la oposición. Siempre ha sido así, sobre todo desde los tiempos del ínclito Eligio Hernández Gutiérrez, aquel magistrado canario nombrado ilegalmente por Felipe González y que, al poco de ocupar el cargo, afirmara sin el menor rubor que «Una obligación democrática es que el fiscal se lleve bien con el Gobierno».

Para terminar, y como botón de muestra, nada más cercano que la implicación del Tribunal Supremo en las impugnaciones de candidaturas de la izquierda radical vasca. Dichas impugnaciones han sido solicitadas por quien únicamente lo puede hacer al amparo de la Ley de Partidos: el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. La clave de la impugnación no está en la solvencia jurídica de la resolución del Supremo, del que nadie cuestiona, sino de los términos en que han sido planteadas las impugnaciones por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y es ahí, justamente, donde se ha producido un nuevo debate político, ante la recriminación a los demandantes realizada por el Tribunal Supremo en su sentencia, por la argumentación contradictoria e insuficiente y no plenamente ajustada a la Ley de Partidos. Ahí ha quedado en evidencia, una vez más, por mucho que lo niegue, la acción inducida de un Gobierno que quiere dar satisfacción a todas las partes, y no deja satisfechos a nadie.

Publicado por torresgalera @ 3:19  | Pol?tica
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Viernes, 11 de mayo de 2007
JusticiaEl filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), verdadero artífice de la «teoría social», a través de la cual pretendió elaborar un sistema racional superador de resentimientos históricos, afirmaba que «Las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia. Surgen del choque entre dos derechos.» Creo sinceramente que dicha afirmación sigue teniendo vigencia al cabo de dos siglos: en concreto, en la vida pública española, tan controvertida por los nacionalismos y por el terrorismo.

Estos asuntos, a los que hay que añadir la enconada lucha por el poder entre los dos grandes partidos políticos, han terminado por contaminar, mediante las pulsiones incontinentes de los otros poderes la parcela exclusiva del Poder Judicial. Se trata, por tanto, de un hecho peligroso que pone en grave riesgo la integridad del sistema democrático, fundamentado en la independencia de los tres poderes.

La Constitución de 1978 establece, en su primer Artículo, apartado tercero, que «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.» Más adelante, la Carta Magna otorga al Rey la Jefatura del Estado pero privado de facultades ejecutivas. Por su parte, los ciudadanos, verdaderos y únicos titulares de la soberanía nacional, sólo se pronuncian mediante sufragio universal para elegir a sus representantes en las cámaras (Cortes Generales, asambleas autonómicas y ayuntamientos). Es a partir del Poder Legislativo donde se determina el Poder Ejecutivo, lo que supone, en la práctica, un cercenamiento de la independencia de ambos poderes.

El asalto al Poder Judicial, negado unas veces y justificado otras, es hoy día un hecho incuestionable. Así ha calado en la opinión pública. Para la clase política y sus estrategas ideológicos el argumento, más o menos matizado según los casos, es que no debe existir ningún poder que escape a la voluntad popular. Y, por tanto, los representantes electos tienen toda la legitimidad para decidir quiénes gobiernan los grandes órganos jurisdiccionales.

Así las cosas, y como el movimiento se demuestra andando, al final ha ocurrido que los intereses partidistas se han instalado en ciertas áreas de la institución judicial. ¿Y esto cómo afecta al normal funcionamiento de la Administración de Justicia? ¿Qué efectos tiene en la nación la pérdida de credibilidad en la Justicia por parte de la ciudadanía? ¿Cómo es posible que se haya permitido el actual grado de politización en el seno de los órganos jurisdiccionales? Estas y otras preguntas no tienen fácil respuesta. No obstante, intentaré desgranar las claves que permitan explicar el actual estado de cosas.

Los afectados

Benjamín Franklin (1706 – 1790), uno de los redactores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, dejó dicho y escrito que «Leyes demasiado suaves nunca se obedecen; demasiado severas, nunca se ejecutan.» He aquí por qué muchas veces la opinión pública manifiesta su descontento, cuando no su desconcierto, ante ciertas resoluciones y sentencias judiciales alarmantes, o sobre la politización de la Justicia. En algunas ocasiones los ciudadanos reclaman leyes más severas, y otras que se aplique la ley igual para todos; desde luego lo que nadie entiende es que los magistrados discrepen sobre un asunto en un mismo tribunal.

Si preguntamos a los miembros del Gobierno acerca de la independencia de la Justicia, éstos responden casi siempre que el Poder Judicial es plenamente independiente; que el Ejecutivo no interfiere en absoluto en los órganos jurisdiccionales; y que, por tanto, ellos –los miembros del Consejo de Ministros– acatan escrupulosamente las decisiones de los tribunales aunque a veces no les gusten.

Por su parte, si nuestros interlocutores son los políticos electos, por lo general se escurren con divagaciones sobre las mayorías necesarias en las Cortes para sacar adelante tal o cual proyecto de ley; de las veces que los contrarios les han echado para atrás sus iniciativas; o, si son políticos del partido que gobierna, justifican que están en ello pero que existen prioridades que hay que atender con urgencia, y que si no es en esta será en la próxima legislatura, si vuelven a gobernar, claro.

En cambio, si con el mismo ánimo elevamos dichas preguntas a los profesionales de la Justicia (abogados, jueces y fiscales), mayoritariamente responden que ellos no reciben presiones, que se limitan a aplicar las leyes, y que si algunas son deficientes o insuficientes es el Poder Legislativo (es decir, los políticos electos) el único que tiene competencias para cambiarlas.

Punto y aparte es la opinión que me merece el colectivo de letrados, que por su abultado número, grado de preparación, especialización profesional y actitudes personales hace de este gremio un heterodoxo grupo social, en el que literalmente hay de todo, desde muy buenos hasta un verdadero desastre; y, encima, los buenos o excelentes suelen ser poco accesibles para el bolsillo de gran parte de la ciudadanía.

Y para terminar, no es difícil imaginar las respuestas de los ciudadanos «de a pie» cuando se les plantean estas cuestiones. La mayoría de sus respuestas suelen ser auténticos exabruptos, siendo el de que «la justicia es un cachondeo» uno de los más tibios. Ya en el siglo XVII, en aquella España decadente del reinado de Felipe IV, cuando gobernaba con mano de hierro el omnímodo Conde-Duque de Olivares, escribía el penetrante, ingenioso y ácido Francisco de Quevedo y Villegas que «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.»

Publicado por torresgalera @ 3:18  | Pol?tica
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Lunes, 07 de mayo de 2007
SarkozyVarias e importantes lecciones se pueden extraer de los comicios presidenciales de Francia del pasado domingo. Aunque hay más, destacaré tan sólo dos que me han llamado poderosamente la atención. En primer lugar, el hecho de que el candidato triunfador haya alcanzado la máxima magistratura de la República con un programa de gobierno contranatura. El proyecto de Nicolas Sarkozy se fundamenta en subvertir los hábitos y tendencias –practicados igualmente desde hace más de tres décadas por los políticos de izquierdas como de derechas– que han terminado por anquilosar y anestesiar a la sociedad francesa. Dichos vicios pandémicos en el ejercicio del poder se llaman estatalismo omnímodo y paternalista, administración burocratizada, centralista, hipócrita y perezosa.

Desde los tiempos de Platón todo el mundo sabe que el gran peligro natural de la democracia, en su forma más abyecta, es la demagogia. Por eso resulta sorprendente que Sarkozy –hijo de un inmigrante húngaro– haya obtenido un triunfo tan holgado (seis puntos de diferencia) sobre su oponente, la candidata socialista Ségolène Royal. Por primera vez en más de treinta años, un líder conservador francés ha ganado unas elecciones presidenciales con un discurso que apelaba al cambio; nada de regalar los oídos de los electores, como suele ser práctica habitual en las partitocracias. Nicolas Sarkozy ha apostado por rehabilitar la V República (Royal predicaba instaurar la VI), convocando a los franceses a la recuperación de los valores republicanos. Frente al relativismo, el multiculturalismo y estancamiento económico de la Francia actual, el líder la UMP ha reivindicado la ética del esfuerzo y del trabajo, del mérito y la excelencia, de un menor intervencionismo del Estado y de un mayor compromiso y responsabilidad individual.

Y la segunda lección que deseo destacar de estas elecciones presidenciales deviene en una paradoja: que un líder conservador sea el que haya presentado un proyecto más innovador y revolucionario, frente al catálogo de propuestas de más de lo mismo, cuando no trufadas de enunciaciones ambiguas, como las presentadas por la candidata progresista. Y, sobre todo, Sarkozy ha manifestado su disposición a firmar el acta de defunción del todavía vigente acervo de contravalores que introdujo en la vida pública de Francia, y de Europa occidental, el mayo de 1968.

Esta apuesta es, además de sorprendente, todo un desafío histórico. Hay que tener muchos redaños para pronunciarse en estos términos sin el más mínimo complejo, algo esto último muy habitual en la derecha. Bullo de inquietud e impaciencia ante cómo piensa abordar el nuevo presidente francés la erradicación de estigmas tan arraigados en su país. Desinstalar el «prohibido prohibir» de la vida pública; o desactivar los efectos de aquel eslogan, «la imaginación al poder», que con tanta fortuna exorcizó el activista marxista Alain Krivine a buena parte de la juventud durante aquella algarada callejera del 68. En fin, este y otros muchos asuntos relativos a la vida nacional son los que esperan a partir de ahora a Nicolas Sarkozy en su nuevo destino del Eliseo.

No hay que olvidar que el sistema presidencialista francés es el que más prerrogativas y poderes otorga a un jefe del estado de las democracias occidentales. Es una especie de presidencialismo regio, derivado de un republicanismo que tiene sus raíces en la Monarquía Absoluta nacida en Europa en el siglo XVII de la mano de Luis XIV. Esta realidad histórica es la que ha convertido a los franceses en tan dependientes del Estado. Una dependencia que comparten con sus vecinos alemanes para desgracia de todos los europeos. El compromiso de Sarkozy es el de tratar de remediar esta situación sin que ello signifique eliminarla por completo, por muy liberal que él se defina. Se trata de un compromiso similar al que adquirió la canciller alemana Angela Merkel.

En cualquier caso, todavía deberemos esperar un poco. Hasta junio, que es el mes en el que los franceses celebrarán elecciones legislativas. Sin una mayoría de centro-derecha Sarkozy tendría serias dificultades para sacar su proyecto de gobierno adelante. Por tanto, Francia tendrá que esperar un poco para recuperar su plena vitalidad intelectual, social y económica. Y los europeos para ver cómo el nuevo presidente trae de vuelta a Francia a Europa. Sarkozy está concienciado de lo que debe hacer, aunque no mediante un nuevo referendo: es partidario de un minitratado. El tiempo lo dirá.

Y en política exterior y de defensa no digamos. Son las parcelas exclusivas del jefe del estado. Aquí, en Europa, las expectativas son enormes. Y no digamos en Washington. En definitiva, Nicolas Sarkozy representa una gran oportunidad para Francia, para Europa y para la estabilidad y prosperidad mundial. Una revolución de brazos abiertos.

Publicado por torresgalera @ 19:43  | Mundo
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