Esta es la bitácora de Miguel Torres Galera. Un espacio para la reflexión y el debate, donde expresar opiniones sobre los hechos, sin prejuicios y sin dogmas; un lugar donde las ideas se abren paso entre las ideologías.
Este viernes se ha perpetrado un nuevo acto ignominioso contra la
dignidad de un pueblo soberano: el pueblo español. Aunque ya ha sido anunciado
hace unos días en Ágora Digital, no por ello es menos decepcionante ver
cumplida la previsión. El nacionalismo vasco -tan antidemocrático unos como otros- ha echado el as de bastos sobre la
Constitución española en el antro político en el que han convertido el
Parlamento autonómico. El lendakari
Ibarreche ha pactado con el brazo político de la banda terrorista ETA el apoyo
necesario para sacar adelante su referendo de autodeterminación. Los contrarios a esta aberración -en política hay quienes opinan que vale todo con tal de que se haga educadamente-, es decir los llamados partidos españolistas (constitucionalistas), se consuelan como pueden por este varapalo de los de la boina y el pasamontañas. Sí, porque todos los que están en la estrategia de que los vascos decidan su futuro al margen del resto de españoles (único cuerpo social soberano), están declarando abiertamente su abdicación de españolidad y su reivindicación de enemigos. Lo han dejado muy claro el presidente del PNV Iñigo Urkullu y el portavoz en el Congreso Josu Erkoreka. Ambos políticos secesionistas declararon sus preferencias a favor de Rusia para que eliminase a España en el Europeo de Selecciones de Futbol que se está celebrando en Austria. También al patrocinar la exclusión del castellano del sistema público de enseñanza en el País Vasco, y con ley específica sobre «víctimas de la Policía y desaparecidos».
Estos ejemplos no son síntomas sino consecuencias de la causalidad inmanente al enfrentamiento abierto contra el concepto de España y contra todos aquellos que la defienden. La táctica nacionalista se aplica en todos los terrenos, tanto en el de la retórica como en el del chantaje, el tiro en la nuca y la extorsión. Todo vale, porque al final todos se abrazan en la misma causa; unos se dan golpes de pecho invocando un victimismo zafio y delirante, y otros se echan al monte como los perros rabiosos y escaldados.
¿Y qué ocurre enfrente? ¿Quiénes están dispuestos a parar tanta perfidia y desenmascarar la doble moral sobre la que se sustenta la esquizofrenia política en la que vivimos instalados? Los socialistas no serán, ya que sus dirigentes consideran que nada está en peligro y que el Estado de derecho tiene recursos para neutralizar los planes soberanistas de Ibarreche. Tampoco lo harán los populares, ya que mucho se desgañitan gritando contra los felones nacionalistas pero luego pierden el culo para reformar estatutos de su acomodo.
España está sumida en una deriva de desquiciamiento suicida. Aquí no se salva casi nadie. Desde luego -y no pararé de pregonarlo a los cuatro vientos cuantas veces sea necesario- es la clase política la principal responsable del deterioro ético de la sociedad. Ninguna secta política (es en lo que se han convertido los partidos políticos) es capaz de enfrentarse radicalmente a la sinrazón y el despropósito de unos u otros. Comienzan a surgir iniciativas ciudadanas repletas de coraje y sensatez. Merece la pena prestarlas atención y seguir su estela.
Desde hace años he tenido que escuchar en numerosas ocasiones
aquello de «Un proyecto ilusionante». Es lo que
yo llamo una frase maldita. Siempre que la he escuchado ha sido de boca de personas
que venían a sustituir en sus cargos -tras ser nombradas a dedo por la autoridad competente- a directivos de lealtades venidas a menos; en
otros casos la frase de marras se la he escuchado a empresarios que -después de gestiones erráticas de sus intereses- pretenden
imponer medidas drásticas a sus empleados para sacar a flote la maltrecha
situación de la empresa.En el presente caso me refiero a la situación política del Partido Popular. La frasecita en cuestión se la oí ayer a María Dolores de Cospedal, la sustituta de Ángel Acebes al frente de la Secretaría General del PP; la número dos del principal partido de la oposición y alternativa de gobierno; y el brazo ejecutor de la política organizativa del partido que tiene por misión derrotar en las urnas al PSOE.
Mal asunto -me digo-, cuando lo primero que escucho a la nueva consejera delegada del PP -dicho sin el menor rubor y con un rictus de encomiable seriedad-, es que agradece la confianza depositada en ella por Mariano Rajoy, y que está dispuesta a dar el callo por este «proyecto ilusionante». La verdad, se me abren las carnes, porque cuando se recurre a retórica tan tópica y ramplona, lo primero que me viene a la mente es que detrás de esta gente no hay nada, salvo sus ambiciones personales.
Estoy de acuerdo con quien ha dicho que después de conocer los nombres del nuevo equipo de escuderos de Rajoy, el XVI Congreso del PP que comienza hoy en Valencia no deja de ser, en realidad, más que una ceremonia de clausura de tres días. El pescado ya está todo vendido. Lo que resta no es más que la representación de una comedia de cara a la galería.
Mirando detenidamente las fotos de María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato, Pío García Escudero, Esteban González Pons y Javier Arenas, y conociendo bien lo que son y cómo han llegado donde están, no se me ocurre otra cosa que pensar que confío muy poco en que sean capaces de transmitir a los españoles alguna emoción para creer en su «proyecto ilusionante». Eso sí, en los próximos días nos hartarán de frases y eslóganes como «somos un partido unido, fuerte y cohesionado..., que tiene un proyecto ilusionante». A otro perro con ese hueso. Dentro de dos años lo veremos.
La crisis económica -salvo grandes contingencias- será la gran protagonista de la presente
legislatura. Será el problema capital sobre el que los políticos tendrán que
poner todo su empeño para afrontar con posibilidades de éxito las próximas
citas electorales: europeas, gallegas y vascas. La naturaleza del problema
económico en el que ya está inmersa la sociedad española no deja lugar a dudas.
Los primeros en sentir los efectos depredadores de la crisis son sin lugar a dudas
los sectores más frágiles y precarios de la sociedad: pensionistas,
trabajadores menos cualificados (inmigrantes) y los que buscan su primer
empleo.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Arturo Gil, ha afirmado hoy que la economía española crecerá cerca del 1,5 por ciento en el presente ejercicio, al tiempo que señalaba que la estanflación (estancamiento más inflación) es ya una realidad en España, porque el crecimiento intertrimestral del segundo trimestre del año ha sido «cero». El informe de coyuntura económica correspondiente al mes de junio subraya que España ha pasado de crecer un punto más que la UE a hacerlo un punto menos. Y lo peor es que todo apunta a 2009 será «peor».
Los responsables del informe del IEE -organismo independiente de reconocido prestigio en medios económicos nacionales y foráneos- consideran necesario modificar «en profundidad» la política económica para hacer frente a este nuevo periodo. Se deberán adoptar medidas dirigidas a potenciar la oferta para garantizar la creación de empleo, el fortalecimiento de la producción, el impulso del consumo y, en última instancia, el bienestar social; también explica el informe que la promesa de «los 400 euros» fue un claro error.
Para afrontar esta situación es preciso claridad de ideas y voluntad política. Por la parte que le toca al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero todo apunta a su persistencia en minimizar la situación, lo cual redunda en pérdida de tiempo. Y en cuanto al principal partido de la oposición, el PP, la parálisis congresual le tiene anestesiado. Veremos qué sale del XVI Congreso de Valencia este fin de semana.
En cualquier caso, la caída en picado del crecimiento económico y un aumento incontrolado de los precios (combustibles, energía, alimentos básicos y tipos de interés), continuarán redundando en la caída del desempleo y el aumento de la morosidad financiera. A lo que habrá que añadir las tensiones políticas derivadas del terrorismo y de la espiral soberanista de los nacionalismos periféricos. En definitiva, un panorama poco alentador en un legislatura con todo el camino por andar, pero que en sus cien primeros días ha pasado inédita.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Arturo Gil, ha afirmado hoy que la economía española crecerá cerca del 1,5 por ciento en el presente ejercicio, al tiempo que señalaba que la estanflación (estancamiento más inflación) es ya una realidad en España, porque el crecimiento intertrimestral del segundo trimestre del año ha sido «cero». El informe de coyuntura económica correspondiente al mes de junio subraya que España ha pasado de crecer un punto más que la UE a hacerlo un punto menos. Y lo peor es que todo apunta a 2009 será «peor».
Los responsables del informe del IEE -organismo independiente de reconocido prestigio en medios económicos nacionales y foráneos- consideran necesario modificar «en profundidad» la política económica para hacer frente a este nuevo periodo. Se deberán adoptar medidas dirigidas a potenciar la oferta para garantizar la creación de empleo, el fortalecimiento de la producción, el impulso del consumo y, en última instancia, el bienestar social; también explica el informe que la promesa de «los 400 euros» fue un claro error.
Para afrontar esta situación es preciso claridad de ideas y voluntad política. Por la parte que le toca al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero todo apunta a su persistencia en minimizar la situación, lo cual redunda en pérdida de tiempo. Y en cuanto al principal partido de la oposición, el PP, la parálisis congresual le tiene anestesiado. Veremos qué sale del XVI Congreso de Valencia este fin de semana.
En cualquier caso, la caída en picado del crecimiento económico y un aumento incontrolado de los precios (combustibles, energía, alimentos básicos y tipos de interés), continuarán redundando en la caída del desempleo y el aumento de la morosidad financiera. A lo que habrá que añadir las tensiones políticas derivadas del terrorismo y de la espiral soberanista de los nacionalismos periféricos. En definitiva, un panorama poco alentador en un legislatura con todo el camino por andar, pero que en sus cien primeros días ha pasado inédita.
El lendakari Ibarreche consiguió ayer
avanzar un nuevo paso en su plan soberanista. La Mesa del Parlamento autonómico
admitió a trámite el proyecto de ley -aprobado
el pasado 27 de mayo por el Gobierno de Vitoria- para la convocatoria y regulación de una
consulta popular el 25 de octubre próximo. La finalidad de esta ley -como subraya el anteproyecto- es «la
apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización
política». El Pleno de la Asamblea lo debatirá el 27 de junio. El
único escollo que tienen los nacionalistas del PNV, EA, Ezker
Batua y Aralar es conseguir (sólo
necesitaría mayoría simple) del grupo de EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas) -la segunda marca de Batasuna y brazo político de ETA- al menos un voto de los nueve que tienen en la Cámara.
Nada hace pensar que en esta nueva ocasión no se repita, a pesar de las críticas que el radicalismo, este apoyo táctico. Desde luego el lendakari cuenta con ello. Siempre ha sido así, y ante los deslizamientos soberanistas de Ibarreche los proetarras seguro que le permitirán una salida: lo hicieron en la aprobación del plan Ibarreche en diciembre de 2004 y en la investidura del lehendakari en 2005. Con este gesto de «generosidad» parlamentaria se escenificaría, una vez más, el bloque de Estella.
Se trata ésta de una iniciativa política que divide por la mitad a la sociedad vasca; la enfrenta dolorosamente y jalea los sentimientos más primarios de los ciudadanos, toda vez que suministra argumentos a la violencia terrorista. Este renovado plan Ibarreche aleja indefinidamente la perspectiva del fin de la violencia y sacrifica las amplísimas competencias conseguidas por las instituciones vascas de autogobierno dentro del Estado de las Autonomías a cambio del ensueño irrealizable de una Euskal Herria.
Desde luego no consuela la idea de que la ley quedaría automáticamente en suspenso si -una vez aprobada- fuera impugnada por el Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional. Son numerosos los argumentos que demuestran la torpe inoportunidad, el carácter provocador y los efectos perversos que suponen el envío de este anteproyecto de ley al Parlamento de Vitoria. Con la abierta oposición del PSOE y del PP, los dos partidos que sumaron la mayoría de los votos en las últimas legislativas, es una temeridad pensar que se puede avanzar en la construcción de un País Vasco moderno y en paz.
Nada hace pensar que en esta nueva ocasión no se repita, a pesar de las críticas que el radicalismo, este apoyo táctico. Desde luego el lendakari cuenta con ello. Siempre ha sido así, y ante los deslizamientos soberanistas de Ibarreche los proetarras seguro que le permitirán una salida: lo hicieron en la aprobación del plan Ibarreche en diciembre de 2004 y en la investidura del lehendakari en 2005. Con este gesto de «generosidad» parlamentaria se escenificaría, una vez más, el bloque de Estella.
Se trata ésta de una iniciativa política que divide por la mitad a la sociedad vasca; la enfrenta dolorosamente y jalea los sentimientos más primarios de los ciudadanos, toda vez que suministra argumentos a la violencia terrorista. Este renovado plan Ibarreche aleja indefinidamente la perspectiva del fin de la violencia y sacrifica las amplísimas competencias conseguidas por las instituciones vascas de autogobierno dentro del Estado de las Autonomías a cambio del ensueño irrealizable de una Euskal Herria.
Desde luego no consuela la idea de que la ley quedaría automáticamente en suspenso si -una vez aprobada- fuera impugnada por el Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional. Son numerosos los argumentos que demuestran la torpe inoportunidad, el carácter provocador y los efectos perversos que suponen el envío de este anteproyecto de ley al Parlamento de Vitoria. Con la abierta oposición del PSOE y del PP, los dos partidos que sumaron la mayoría de los votos en las últimas legislativas, es una temeridad pensar que se puede avanzar en la construcción de un País Vasco moderno y en paz.
El periodista Mariano Calleja escribía el pasado sábado
sobre las «25 maneras de no
decir crisis (y hacer el ridículo)».
Para ello enumeraba el una larga lista de expresiones, utilizadas por
miembros del Gobierno, que definían la actual situación de la economía
española. Se trata de un prolijo catálogo de recursos retóricos, repleto de
retruécanos, elipsis y sinapismos, cuyo función no es otra que la de eludir y
enmascarar lo que en román paladino significa, y todo el común de los españoles
entiende, como crisis. El listado no tiene desperdicio, pero su enumeración -por extensa- no viene al caso aunque, para que se hagan una idea, va desde «Desaceleración intensa», o «abrupta», o «de carácter cíclico», hasta «Acumulación de desequilibrios» o la última del vicepresidente Solbes: «La situación es seria». Concluye el compilador solicitando a sus lectores que colaboren escudriñando en las hemerotecas de la memoria para enriquecer este canon recién estrenado.
Pues eh aquí mi humilde aportación al enriquecimiento de este canon o lista de despropósitos, que si no la única desde que Calleja la recopilara, estoy seguro de ser la más estrambótica y delirante de cuántas han sido dichas y recogidas por los medios de comunicación. Su autor no ha sido un miembro del Gobierno de la nación, pero por la importancia del puesto que ocupa en la nomenclatura de los socialistas sí me parece digna de ser tenida registrada en tan infausta relación. Se trata, nada más y nada menos, que de José Blanco, el secretario de Organización del PSOE. El ínclito Pepiño -como se le conoce en el ambiente periodístico- ha insistido hace apenas unas horas con contumaz cinismo en que «No estamos en situación de crisis, sino en un problema de dificultades».
Se puede ser más ingenioso, pero no más demagogo. Ni más ridículo.
José
Tomás, una vez más, y en expresión castiza, ha vuelto a «armar el taco» en la
Monumental de Las Ventas. Han sido dos veces seguidas en diez días. El torero
de Galapagar sabe, como lo sabe el resto de la profesión, que triunfar en
Madrid abre las puertas de la fama y de los despachos de los empresarios
taurinos. Pero cuando el triunfo se repite, una y otra vez, es la gloria la que
te abre sus puertas. Y ayer tarde, en Madrid, reivindicó una vez más -a la
manera de los héroes de Homero- que sólo son merecedores de un sitio en la
morada del Olimpo, junto a los dioses, aquellos hombres que escriben grandes
gestas heroicas a base de valor y virtud.La diferencia del drama taurino que protagonizó este domingo -respecto al del pasado 5 de junio- fue que José Tomás volvió a refugiarse en la tragedia para cincelar su obra maestra. Así de cruda es la realidad. No son pocos los que le critican al diestro su apego a la muerte, su connivencia con la Parca para ejecutar su arte. No es imprescindible -señalan indignados- jugarse la vida cada vez que se sale al ruedo; es el toro el que ha de sucumbir en este duelo desigual pero lleno de peligro. Los que así denuncian -y es muy legítimo- son aficionados y críticos que únicamente entienden el toreo como un espectáculo: un espectáculo ancestral que se erige sobre el enfrentamiento de la fuerza y los instintos naturales de un toro bravo (hermoso animal de noble fiereza) y la inteligencia del hombre. Por tanto, este sector crítico repudia la sublimación del riesgo por entenderlo como una renuncia a la inteligencia.
Pero José Tomás vive en otro mundo. Él no acude a las plazas de toros a ganarse el pan. Ni siquiera quiere ser una figura famosa del toreo con relumbrón social. No, José Tomás siente y vive el toreo como un guerrero antiguo, que respeta a su enemigo y quiere vencerlo con dignidad. Sabe que su superioridad no permite ninguna oportunidad a su adversario, y por eso se revela, rehuye los alivios con los que el torero toma ventaja y se encara al toro mirándole a los ojos. Con esta actitud y con esta convicción José Tomás afronta su destino en la plaza. En esa hora de la verdad, en la que el animal entra en el ruedo a morir, el torero sólo entiende que su sacrificio merezca la pena. Por eso se enfrenta al toro de igual a igual, concediéndole el beneficio que toda lucha justa ha de brindar a sus protagonistas: al toro que exprese su bravura, su casta, su nobleza; y al torero su inteligencia, su valor y su arte. Todo ello sin concesiones, al límite del compromiso, a sabiendas que la muerte ha de cobrar su tributo. Lo demás es circo romano. La gloria es la recompensa que aguarda a los verdaderos héroes, como la que encontró Héctor, a las puertas de Troya, sucumbiendo en feroz lucha a manos del pélida Aquiles.
Se supone que los partidos políticos son organizaciones
ideológicas cuya finalidad esencial es encauzar las aspiraciones e inquietudes
de los ciudadanos. Es decir, los partidos han de ser un instrumento al servicio
de los sectores sociales con afinidad ideológica, que promuevan la consecución
del poder para tratar de aplicar sus propuestas. En definitiva, los partidos
políticos deberían estar al servicio de los ciudadanos, ya que son éstos los únicos
y verdaderos titulares de la soberanía nacional.
En cambio, la realidad en la que nos movemos, no sólo en España sino en prácticamente la mayoría de las democracias parlamentarias, pone de manifiesto cómo los partidos políticos se han convertido, única y exclusivamente, en máquinas de poder. Dichas organizaciones se han convertido en instituciones voraces y depredadoras, y todas sus actuaciones redundan en su fortalecimiento y en su incuestionabilidad. No digo que los individuos que sienten la vocación de servicio a la cosa pública sean unos desaprensivos egoístas, lo que digo es que la actividad política dentro de los partidos termina degenerando y corrompiendo la esencia de la política. La maquinaria voraz de los partidos -en especial las grandes organizaciones que son alternativa de gobierno- se han impuesto a los individuos. No importa quiénes sean los titulares de los cargos en las propias organizaciones o en las administraciones públicas, ni si lo hacen mejor o peor -otros vendrán a ocupar el sitio del cesado-, lo que de verdad importa es que el militante sirva en cuerpo y alma a los intereses del partido.
El ejemplo de que en España vivimos una auténtica partitocracia lo tenemos estos días delante de nuestros ojos. Por un lado, el PSOE gobernante de la Nación se muestra ausente y medio sonámbulo ante los graves acontecimientos que tienen casi colapsado al país. En presidente Rodríguez continúa negando la existencia de una crisis económica. A estas alturas se puede ser más ignorante, pero no más insensato, y todo por no enmendar el buenísmo en el que vive instalado y que tan buenos resultados electorales le ha reportado. Veremos en qué acaba todo esto.
Y por otro lado, tenemos al PP, el principal partido de la oposición -y casi el único-, perdido y ensimismado en su propia soberbia porque no es capaz de digerir que Rodríguez Zapatero les ha vuelto a ganar las elecciones. Pues o se ponen las pilas rápidamente o se las van a dar hasta en el carné de conducir, que diría un castizo.
Los dos grandes partidos tienen en común que en ninguno se promueve la autocrítica seria y transparente. Ninguno toma de la ciudadanía el pulso de sus preocupaciones e inquietudes. Y ambos se enrocan en la afirmación de sus bondades, a la vez que se empecinan en trasladárselas a los ciudadanos como una letanía desesperante. Ya se cansarán.
En cambio, la realidad en la que nos movemos, no sólo en España sino en prácticamente la mayoría de las democracias parlamentarias, pone de manifiesto cómo los partidos políticos se han convertido, única y exclusivamente, en máquinas de poder. Dichas organizaciones se han convertido en instituciones voraces y depredadoras, y todas sus actuaciones redundan en su fortalecimiento y en su incuestionabilidad. No digo que los individuos que sienten la vocación de servicio a la cosa pública sean unos desaprensivos egoístas, lo que digo es que la actividad política dentro de los partidos termina degenerando y corrompiendo la esencia de la política. La maquinaria voraz de los partidos -en especial las grandes organizaciones que son alternativa de gobierno- se han impuesto a los individuos. No importa quiénes sean los titulares de los cargos en las propias organizaciones o en las administraciones públicas, ni si lo hacen mejor o peor -otros vendrán a ocupar el sitio del cesado-, lo que de verdad importa es que el militante sirva en cuerpo y alma a los intereses del partido.
El ejemplo de que en España vivimos una auténtica partitocracia lo tenemos estos días delante de nuestros ojos. Por un lado, el PSOE gobernante de la Nación se muestra ausente y medio sonámbulo ante los graves acontecimientos que tienen casi colapsado al país. En presidente Rodríguez continúa negando la existencia de una crisis económica. A estas alturas se puede ser más ignorante, pero no más insensato, y todo por no enmendar el buenísmo en el que vive instalado y que tan buenos resultados electorales le ha reportado. Veremos en qué acaba todo esto.
Y por otro lado, tenemos al PP, el principal partido de la oposición -y casi el único-, perdido y ensimismado en su propia soberbia porque no es capaz de digerir que Rodríguez Zapatero les ha vuelto a ganar las elecciones. Pues o se ponen las pilas rápidamente o se las van a dar hasta en el carné de conducir, que diría un castizo.
Los dos grandes partidos tienen en común que en ninguno se promueve la autocrítica seria y transparente. Ninguno toma de la ciudadanía el pulso de sus preocupaciones e inquietudes. Y ambos se enrocan en la afirmación de sus bondades, a la vez que se empecinan en trasladárselas a los ciudadanos como una letanía desesperante. Ya se cansarán.
Los transportistas están de luto. Uno de ellos está
esperando sepultura en Granada víctima de sus propios excesos. En Valencia
cinco conductores han amanecido viendo como sus camiones ardían. Dice el refrán
que «quien siembra vientos recoge tempestades». La llamada huelga del transporte
es en realidad un plante patronal. Entre los parados no hay un solo trabajador
por cuenta ajena, es decir, un asalariado. Por tanto, tengamos presente las
características de este boicot al abastecimiento de la sociedad, única víctima
del plante.Otro dato a considerar es la complejidad del sector. Hay grandes empresas de transporte, y otras no tan grandes, que no están en paro porque sus contratos con los cargadores les blindan. También existen transportistas de alquiler que se brindan al mejor postor puesto que son ellos los fijan sus tarifas. Y luego está un largo etcétera de pequeños empresarios que, con uno o unos cuantos camiones, dependen de cargadores y distribuidores muy ajustados. Estos son los que soportan la mayor parte del peso de la crisis creada por la subida de los carburantes.
Conviene señalar, que el sector del transporte por carretera carece de una estructura sólida sindical que defienda sus derechos. Por el contrario, los transportistas están organizados a través de numerosas organizaciones patronales. Y en esta multiplicidad radica, en buena medida, la dificultad para negociar con la Administración medidas que satisfagan a todos.
En cualquier caso, y respetando -aunque no compartiendo- algunas de sus reivindicaciones, los transportistas están yendo demasiado lejos al imponer un severo castigo al conjunto de los ciudadanos. Colapsar la sociedad es atribuirse un derecho que no tienen, más bien al contrario, es un acto de irresponsabilidad que raya en el delito. Pero como el «derecho de huelga» -reconocido en la Constitución- no ha sido todavía regulado, y los coercitivos «piquetes informativos» no son duramente reprimidos, la sociedad está al albur de que cualquier colectivo estratégico zarandee y maltrate a sus conciudadanos con tal de hacerse oír y presionar a las administraciones públicas.
Pienso que, en una sociedad de libre mercado, lo lógico sería repercutir a cualquier tarifa el incremento de costes de producción. Esta simple norma, supervisada adecuadamente, debería ser una garantía de ecuanimidad. Al fin y al cabo, el que utiliza un servicio es el que debe pagar lo que cuesta. No es el dinero de los contribuyentes el que debe sufragar los déficits sectoriales. Pero en España la actividad económica está regulada por un entramado legal y normativo tan enrevesado e ineficiente, que cuesta trabajo pensar que la iniciativa privada se abra paso.
La violencia de esta huelga de transportistas debería ser motivo de reflexión para todos. Inclusive para los «piquetes informativos».
Ayer se erigió en el Congreso de los Diputados un monumento
a la vacuidad política y a la
estulticia. La ínclita artista que protagonizó tan insigne obra no fue otra que
la neófita y recién estrenada ministra de Igualdad, Bibiana Aído. En la
Comisión ad hoc presentó la titular de la cartera un conjunto de medidas
insólitas. Nada mejor que sus propias palabras para comprobar la sagacidad y
enjundia de la nueva apuesta crepuscular del presidente del gobierno para la
presente legislatura: «Pondremos en marcha un teléfono de información para los
hombres, que les ayude a canalizar su agresividad, en vez de recurrir a la
violencia».¡Eh aquí el invento! Un teléfono -como en otros tiempos el de la esperanza- para asesorar y facilitar asistencia a los maltratadores. Dicho teléfono -del que Bibiana Aído no facilitó su número- también servirá para informar a los padres sobre medidas de conciliación, permisos de paternidad, excedencia por cuidados de hijos o contenidos de la ley de igualdad. Es decir, como explicó la ministra, un teléfono para todo, porque «erradicar la lacra de la violencia exige ir al origen y a la causa que la provoca».
A renglón seguido, Aído destacó la construcción de un monumento «en homenaje a quienes han sufrido las consecuencias más graves» de la violencia machista; aunque no dijo dónde, ni cuándo se construirá.
La bisoña ministra del Ministerio de «políticas transversales», abundó después en los típicos lugares comunes sobre la mejora de recursos para atender a las víctimas, pero no dijo ni pío del dinero para financiar el teléfono, el monumento ni nada de nada. Eso sí, Bibiana Aído amenaza para este verano con una campaña publicitaria (los progres las llaman de sensibilización social), así como la creación del distintivo «Espacios libres de violencia» para colegios e institutos que trabajen en programas de igualdad y la promoción de unidades sanitarias para las víctimas. Sin olvidar que al final de este mes el «Consejo de ministros y ministras» -como ella lo denominó- tendrá encima de la mesa una primera evaluación de la ley integral contra la violencia de género, que ya lleva tres años en vigor.
Y para terminar, Aído hizo una inesperada referencia al aborto. Tras asegurar que «el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración que pueda producirse en el ámbito de la protección de la intimidad (...) en el que sólo una o uno mismo es soberano de su propia vida», anunció que se creará «un grupo de expertos y expertas» -Aído volvió a matizar sobre género- para promover una reflexión sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de modificarla.
¡Vaya tropa!
Hoy se cumplen los cien primeros días desde la fecha de las
últimas elecciones generales. Se trata de ese periodo de tiempo de cortesía que
nuestra democracia otorga, de forma implícita, al nuevo gobierno salido de las
urnas. Es, pues, momento para el análisis y, sobre todo, para comprobar sobre
qué cimientos se está construyendo esta nueva legislatura. De momento, nada de
lo ocurrido en estos tres meses nos lleva a confiar en un futuro prometedor;
más bien, todo lo contrario: la situación económica es pesimista y la política
repleta de agujeros negros; de ahí que el entorno social esté dominado por el
descreimiento, el cabreo y, en cierta medida, por una cínica resignación.
Respecto a la situación económica, tan determinante de la tensión social, su evolución no puede ser más negativa. El Gobierno mantiene su contumaz actitud de irresponsabilidad. El optimismo antropológico del presidente Rodríguez se ha vuelto exasperante. Su intransigente cerrazón durante la campaña electoral, para admitir los reproches que desde el principal partido de la oposición se le hacían sobre su quietismo en política económica, ha devenido en una inconsistente negación, evidencia tras evidencia, de una realidad inapelable. Y a cada revés de las estadísticas oficiales, el Ejecutivo responde con una matización a la baja; incluso, el señor presidente se ha permitido el lujo de censurar al gobernador del Banco Central Europeo por manejar públicamente la actual crisis en una perspectiva de mayor incertidumbre.
Ante este panorama de insensatez institucional los ciudadanos se han puesto manos a la obra: los transportistas, pescadores y agricultores han decidido paralizar sus actividades para reivindicar ayudas del Estado que palien el encarecimiento de los combustibles. Esto no es más que el principio. Lástima que éstos, y otros muchos ciudadanos más, no demostraran más perspicacia el pasado 9 de marzo. Aquellas promesas electorales, como era de prever, dormirán el sueño de los justos. El buenísmo del melifluo Rodríguez Zapatero continuará abriéndose paso entre la inanición y su sonrisa fría y huera. Por fortuna, son muy escasos los recursos que le quedan al presidente ZP para hacer -como hizo en la anterior legislatura- golpes de efecto; alguno se sacará de la manga para distraer al personal. Mientras tanto, deberemos prepararnos y atarnos los machos porque los tiempos que vienen van a dejar exhaustos los bolsillos y la hacienda de mucha gente. Quedan advertidos. De otros asuntos hablaremos otro día.
Respecto a la situación económica, tan determinante de la tensión social, su evolución no puede ser más negativa. El Gobierno mantiene su contumaz actitud de irresponsabilidad. El optimismo antropológico del presidente Rodríguez se ha vuelto exasperante. Su intransigente cerrazón durante la campaña electoral, para admitir los reproches que desde el principal partido de la oposición se le hacían sobre su quietismo en política económica, ha devenido en una inconsistente negación, evidencia tras evidencia, de una realidad inapelable. Y a cada revés de las estadísticas oficiales, el Ejecutivo responde con una matización a la baja; incluso, el señor presidente se ha permitido el lujo de censurar al gobernador del Banco Central Europeo por manejar públicamente la actual crisis en una perspectiva de mayor incertidumbre.
Ante este panorama de insensatez institucional los ciudadanos se han puesto manos a la obra: los transportistas, pescadores y agricultores han decidido paralizar sus actividades para reivindicar ayudas del Estado que palien el encarecimiento de los combustibles. Esto no es más que el principio. Lástima que éstos, y otros muchos ciudadanos más, no demostraran más perspicacia el pasado 9 de marzo. Aquellas promesas electorales, como era de prever, dormirán el sueño de los justos. El buenísmo del melifluo Rodríguez Zapatero continuará abriéndose paso entre la inanición y su sonrisa fría y huera. Por fortuna, son muy escasos los recursos que le quedan al presidente ZP para hacer -como hizo en la anterior legislatura- golpes de efecto; alguno se sacará de la manga para distraer al personal. Mientras tanto, deberemos prepararnos y atarnos los machos porque los tiempos que vienen van a dejar exhaustos los bolsillos y la hacienda de mucha gente. Quedan advertidos. De otros asuntos hablaremos otro día.