Jueves, 21 de agosto de 2008

Los políticos se niegan a debatir y reformar las leyes que amparan las remuneraciones salariales de los altos cargos de la Administración del Estado y de los cargos electos cuando éstos cesan. Sin duda esta reforma a la baja tendría la bondad de la ejemplaridad, sobre todo por el agravio comparativo que supone el desafuero actual para la mayoría de ciudadanos cuando pierden el trabajo, además del recorte implícito de gasto público que beneficiaría a la comunidad en tiempo de vacas flacas.

La actual legislación sobre este punto, aunque reformada, data de 1980. Dicha ley fue pactada entonces por el gobierno Adolfo Suárez y los dirigentes del PSOE. Su altruista finalidad era la de acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista: es decir, una escandalosa arbitrariedad tapó otra aún mayor. El argumento que entonces se esgrimió fue el de la necesidad de indemnizar a los ex ministros por las dificultades que pudieran tener al reintegrarse a su vida profesional, eso sí, haciendo compatible el estipendio compensatorio con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador.

Hay que tener cara dura. Como si no fuera libre la decisión de dedicarse a la política. Pues vaya espíritu de servicio y sacrificio que tiene nuestra clase política, a la que hay que blindar económicamente, con el dinero de todos los contribuyentes. Tan listos que son para unas cosas, ya podrían prever su retorno a la vida profesional privada. Y el remate del descaro se produce cuando los políticos cesantes o en posición de serlo en un futuro, esgrimen la falacia de que en España los servidores de la cosa pública cobran mucho menos que en otros países de nuestro entorno. También cobran menos los albañiles, los dependientes, los funcionarios, los ingenieros..., y un largo etcétera.

Pero algo tendrá al agua cuando la bendicen. Los políticos se ponen muy nerviosos cuando se les habla del tema en público. No les gusta porque saben que la ley obliga a todos los contribuyentes a tributar por todos sus ingresos, pero no así a los diputados y senadores, de cuyos sueldos una tercera parte está exenta de pagar el IRPF al considerarla una indemnización para gastos de su función. También la ley señala taxativamente que nadie puede percibir más de un salario del erario público, en cambio, esta norma no afecta para nada a los ex ministros, ex secretarios de Estado y ex altos cargos de las instituciones cuando cesan. Los empresarios no pueden abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero en cambio las Cortes pagan las cuotas patronales y de empleado a diputados y senadores. Y mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que tiene derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo, y los parlamentarios sólo tienen que acumular siete años. De esta forma, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, con apenas treinta  dos años, si decidiera no trabajar más, a la edad de su jubilación tendría asegurada la pensión máxima. Y, además, los ex ministros y ex altos cargos acumulan otro privilegio importante, ya que cuando cesan pasan a cobrar el 80 por ciento de su salario durante los dos siguientes años.

En cuanto al gran argumento indemnizatorio por las posibles dificultades que pudieran tener los políticos al reintegrarse a su vida profesional, suena a insulto cuando se trata de casos que pasan del Consejo de Ministros al escaño de diputado o senador o cualquier otro organismo público. Casi ninguno tiene complejo de llevarse dos o tres sueldos, como en la actualidad el ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el de Trabajo, Jesús Caldera. También hay ex ministros que ya estaban cobrando el cese, y que en esta legislatura le han sumado el sueldo de diputado, más el complemento de presidente de una comisión parlamentaria (María Antonia Trujillo, Carmen Calvo o Juan Fernando López Aguilar). En este grupo hay que incluir al ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que percibe 12.933 euros al mes, a los que suma el salario de la Universidad de Alcalá de Henares por impartir clases. Y por primera vez los ex diputados y ex senadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los ex consejeros y ex altos cargos del Gobierno de Andalucía. En fin, un magnífico chollo en plena crisis económica.

Un caso paradigmático es el del ex jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, con categoría de secretario de Estado, y que tras abandonar el cargo que le ofreció Rodríguez Zapatero para irse a una empresa pública (Seopan), también se lleva el 80 por ciento de su salario (en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo) como indemnización por cese. Taguas, que sigue siendo funcionario (sus excedencias son vitalicias) percibirá esta dádiva de unos 6.500 euros brutos al mes, más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Ambas percepciones son legales, ya que los legisladores han favorecido este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también muy generosa.

Es irónico que el vicepresidente económico del Gobierno haya apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, Pedro Solbes se hace el distraído ante el hecho de que él mismo está cobrando la pensión de ex comisario europeo (unos 3.800 euros al mes), mientras que en el Gobierno cobra un sueldo de 7.205 euros mensuales (más la antigüedad por su condición de funcionario), amén del sueldo de diputado. Además, entre 2004 y 2007 Solbes estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de Economía europeo (unos 8.500 euros al mes). Y cuando deje el actual cargo también cobrará el 80 por ciento de su salario durante dos años.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que «Taguas es el único español sin problemas de trabajo», en referencia a la duplicidad de empleos y sueldos del ex asesor del presidente Zapatero. Pero Sáenz de Santamaría también se hace la longuis al obviar que José María Aznar modificó la ley en 2001, para que los miembros de su gabinete, que antes de ser ministros fueron secretarios de Estado (ganan más que los ministros), pudieran cobrar la paga compensatoria como secretarios, porque les resultaba más elevada. Por ejemplo, los anteriores ministros de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; Hacienda, Cristóbal Montoro; Justicia, José María Michavila; y la ex titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, cobraron 6.332 euros brutos mensuales como ex secretarios de Estado, en vez de los 4.997 euros que le correspondían como ex ministros.

Desde que entró en vigor este blindaje salarial hace 27 años pocas han sido las voces que han apelado a la «ética» para no reclamar la cesantía. Sí lo hicieron Manuel Chaves, Joan Lerma y José Montilla, ex ministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos gobiernos de Felipe González, al no solicitar esta paga (la tramita el ministerio de Presidencia del Gobierno) cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones. Otro de los altos cargos que decidió no cobrar esta indemnización fue el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras su cese como jefe de la Oficina Económica del Presidente; es lógico deducir que tal decisión tuvo mucho que ver con su candidatura a la Alcaldía de Madrid.

Por su parte, los representantes políticos se han adjudicado ahora, después de varias intentonas, una cesantía que entra en vigor por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los ex ministros, ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato. De esta forma, aquellos que el partido decidió no incluirles en las listas del 9-M, y que por lo tanto no repiten escaño en esta legislatura, podrán percibir al menos cuatro meses de sueldo (14.590 euros en total, a razón de 3.647 euros por mes correspondientes a la asignación constitucional, que es parte del sueldo de los parlamentarios que tributa a Hacienda). El límite se ha puesto en el cobro de hasta 24 meses que, en este caso, podrán percibir cuando dejen el Congreso veteranos diputados como Alfonso Guerra o Francisco Fernández Marugán, que recibirán en euros constantes más de 51.000.

Fuentes del Congreso señalan que todavía no se sabe el número de parlamentarios afectados. Pero la cifra no será inferior a la treintena. También se está comprobando a quiénes, por edad, la cámara baja tiene que complementar su pensión hasta la máxima pública y quiénes empezarán a cobrar también la privada.

Todos estos blindajes, ampliados en muchos casos, se han introducido en las comunidades autónomas. En Andalucía, los ex altos cargos salientes, con ocasión del nuevo Gobierno de Manuel Chaves tras las autonómicas del 9-M, podrán percibir al menos tres mensualidades (pueden llegar hasta 12 según los años en el cargo) como indemnización. Y aquí la extensión de esta paga es más amplia porque se incluye hasta los directores generales. Además de la misma cesantía contemplada para los ex ministros, Chaves se ha asegurado una pensión vitalicia del 60 por ciento de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social. Lo mismo se ha reservado para los ex vicepresidentes y ex consejeros salientes. El nuevo Gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama dos vicepresidentes que no figuraban anteriormente y de los 15 miembros del equipo, siete son nuevos.

Los ex parlamentarios de la Asamblea andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de una mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio con un mínimo de tres y un máximo de 12.

Como se puede comprobar, queda claro que nuestros políticos velan por los intereses de los ciudadanos. Claro que hay excepciones y no en número reducido. Pero convendrán conmigo que el mensaje que transmiten es bochornoso. Y de los sueldos ni hablamos. Aquí, en nuestra querida España democrática y solidaria, hasta los alcaldes hacen prestidigitación con el presupuesto para mantener la dignidad del cargo.


Publicado por torresgalera @ 18:03  | Pol?tica
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