Como es bien sabido, hasta finales del siglo XIX o principios del XX los ciudadanos del reino de España se sentían orgullosos de ser españoles sin que ello supusiera menoscabo alguno hacia su amor a la «patria chica» o patria natal. Pero por aquel entonces se había descubierto que todo individuo tenía que pertenecer a una nación o a una raza determinadas si realmente pretendía ser reconocido como ciudadano burgués. Eran los tiempos en los que, en Europa, las nuevas ideas del mercantilismo furibundo y el socialismo revolucionario socavaban la existencia misma del imperio austro-húngaro. Nacía, así, el concepto nacionalista, una expresión reafirmadora de las identidades de aquellos pueblos que, desde antiguo, habían estado gobernados -sin mayores problemas y con el beneplácito general- por dinastías ajenas a su linaje y prosapia. Y no sólo se cuestionó el concepto mismo de aquel poder secular, sino que además reivindicaba reformas radicales de las relaciones institucionales y sociales.

La derrota austriaca en la Gran Guerra (1914-1918), hizo saltar por los aires cuatro siglos de experiencia histórica compartida. Cuatrocientos años de convivencia entre pueblos dispares, con multitud de lenguas, creencias religiosas, costumbres y tradiciones, quedaron fulminados de la noche a la mañana. El nacionalismo sentó sus reales en Europa con la única legitimidad que la otorgada por los países aliados que acababan de ganar una terrible guerra, y no deseaban bajo ningún pretexto que continuara vigente ni el imperio austro-húngaro ni la poderosa Prusia. Es en este contexto en el que el dramaturgo austriaco Franz Grillparzer escribiera aquellas premonitorias palabras: «De la humanidad a la bestialidad por el camino de la nacionalidad.» Justo por entonces empezó eso de la «nacionalidad», la fase previa a esa bestialidad que tanto en el resto de Europa como en España hemos sufrido y todavía hoy continuamos padeciendo.

Curiosamente, aquel espíritu nacionalista arrasó también el imperio ruso del zar Nicolás II de la mano de los revolucionarios bolcheviques. Sólo que, en un principio, la Revolución de Octubre se camufló tras el subterfugio de un movimiento de liberación popular; a la postre, aquel «sacrificio por amor hacia la Madre Rusia» se convertiría en la tiranía más opresora y aniquiladora de identidades nacionales de cuantas han existido en la historia contemporánea.

Por aquel entonces, ya entrado el siglo XX, el llamado espíritu nacional había prendido -tanto en España como en el resto de Europa- en gentes que se correspondían con lo más vulgar de una nación moderna. Solían ser profesionales atascados en su propia mediocridad, que aspiraban en vano a alcanzar un prestigio ilimitado dentro de la sociedad burguesa. Paulatinamente, fueron cediendo también las llamadas clases superiores. Y tanto en el viejo Imperio como en España, aquellos que nunca habían sido otra cosa que austriacos de Tarnopol, Sarajevo, Viena, Praga, Czernowitz, Oderburg o Troppau, como los que aquí se consideraban españoles de toda la vida, obedeciendo a las «exigencias de su tiempo», empezaron entonces a declararse miembros de las «naciones» polaca, checa, ucraniana, alemana, rumana, eslovena, croata, catalana o euskalduna.

Sobre este punto me viene a la memoria la figura de Joseph Roth, aquel insigne austriaco nacido en un rincón de Ucrania junto a la frontera rusa. Su sangre judía y su extraordinaria sensibilidad, exenta de vulgares prejuicios, lo arrastraron lejos de lo que él entendía que era su patria: la patria común de millones de seres, que sin importar la raza, la lengua o la religión, habían sido capaces hasta hacía muy poco de reconocerse como habitantes de una misma casa. Joseph Roth, amargado por la pérdida de un mundo que le había sido tan querido, y estigmatizado por el ultra nacionalismo nazi, escribió en el exilio: «No hay virtud humana perdurable en este mundo, excepto una: la verdadera devoción. La fe no puede decepcionarnos, puesto que no nos promete nada en la tierra. La verdadera fe no nos decepciona porque no busca ningún beneficio en la tierra. Aplicado a la vida de los pueblos, esto significa lo siguiente: los pueblos buscan en vano eso que llaman las virtudes nacionales, más dudosas aun que las individuales. Por eso odio las naciones y los estados nacionales. Mi vieja patria, la monarquía, era una gran casa con muchas puertas y muchas habitaciones, para muchos tipos de personas. Esa casa la han repartido, dividido, la han hecho pedazos. Allí ya no se me ha perdido nada. Estoy acostumbrado a vivir en una casa, no en múltiples compartimentos.»

Con ese orgullo y convicción escribo yo estas líneas, en la confianza de que la cordura y la buena fe de las gentes de bien prevalezcan. Se hace necesario combatir la insensatez y la locura de ese puñado de peligrosos visionarios que, invocando su idea (insidia) nacional, no anhelan otra cosa que construir en torno a sí una sociedad doblegada y mezquina.

No obstante, en la actualidad el hombre hace con el progreso tecnológico y científico lo que los antiguos hacían con la tecnología de los metales, de los fluidos o de la palanca: abusar de estos conocimientos para utilizarlos en contra de otras comunidades vecinas mediante el ejercicio de la guerra; de esta manera se satisfacían las ansias de poder y se perpetuaba una tradición de dominio de unos sobre otros.

Pues en esas estamos todavía. De nada ha valido que en el siglo XX -ayer mismo- el ser humano haya padecido las guerras y los genocidios más terribles de la historia de la humanidad. Aún estamos empeñados -a pesar de la desaparición de la «guerra fría» y de la «política de bloques»- en hostigarnos unos a otros, e imponer a nuestros semejantes una particular manera de entender la existencia. Y es que no cesan de aparecer genios visionarios, que bajo la apariencia de caudillos redentores se lanzan a la insensata locura de imponer su credo al resto de los mortales. Estos dañinos virus humanos se multiplican como sus homólogos microscópicos. Surgen por todas partes -en realidad incuban en cada uno de nosotros- y acechan en cualquier actividad de la vida social, ya sea en el mundo de los negocios, en el laboral, el educativo o, en especial, en el de la política.

Viene este preámbulo a cuento de la noticia -difundida por la agencia rusa Ria Novosti- que afirma que hoy mismo «las fuerzas nucleares estratégicas y las fuerzas espaciales han llevado a cabo, a las 14.36, hora de Moscú (12:36, hora española), desde el cosmódromo de Plesetsk, una prueba rutinaria de misiles balísticos intercontinentales RS 12 Topol». Dicha noticia ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa ruso, el cual ha subrayado que el mencionado misil es «capaz de atravesar tecnología de defensa» antimisiles enemiga.

Esta es una prueba más de cómo aflora el alma demoniaca que anida en la mente y en el corazón de Vladimir Putin, verdadero zar de todas las rusias. Este «eslavo canallita» -que gobierna ahora parapetado detrás del presidente Medvedev- se la tiene jurada a Occidente, sobre todo después de que Washington y Varsovia firmaran un acuerdo para el despliegue de un sistema de defensa antimisiles estadounidense en territorio polaco. El artero y frío Putin no se arredra ante nada ni ante nadie. Su órdago a la OTAN, en el conflicto con Georgia por el contencioso de Osetia del Sur, prueba que está dispuesto a llegar hasta donde sea menester para recuperar la pasada grandeza de Rusia; y ya de paso hacerse un hueco en la historia. La necesidad de satisfacer su megalomanía pasa por amedrentar a Occidente con un pavoroso despliegue de fuerza y determinación. La estrategia de Putin está en camino de dejar a Bin Laden reducido a un mero jefecillo de cuatreros y salteadores de caminos. El ex jefe del KGB soviético apenas está iluminándonos con el portento de su ciencia y de su carismático destino.

Los políticos se niegan a debatir y reformar las leyes que amparan las remuneraciones salariales de los altos cargos de la Administración del Estado y de los cargos electos cuando éstos cesan. Sin duda esta reforma a la baja tendría la bondad de la ejemplaridad, sobre todo por el agravio comparativo que supone el desafuero actual para la mayoría de ciudadanos cuando pierden el trabajo, además del recorte implícito de gasto público que beneficiaría a la comunidad en tiempo de vacas flacas.

La actual legislación sobre este punto, aunque reformada, data de 1980. Dicha ley fue pactada entonces por el gobierno Adolfo Suárez y los dirigentes del PSOE. Su altruista finalidad era la de acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista: es decir, una escandalosa arbitrariedad tapó otra aún mayor. El argumento que entonces se esgrimió fue el de la necesidad de indemnizar a los ex ministros por las dificultades que pudieran tener al reintegrarse a su vida profesional, eso sí, haciendo compatible el estipendio compensatorio con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador.

Hay que tener cara dura. Como si no fuera libre la decisión de dedicarse a la política. Pues vaya espíritu de servicio y sacrificio que tiene nuestra clase política, a la que hay que blindar económicamente, con el dinero de todos los contribuyentes. Tan listos que son para unas cosas, ya podrían prever su retorno a la vida profesional privada. Y el remate del descaro se produce cuando los políticos cesantes o en posición de serlo en un futuro, esgrimen la falacia de que en España los servidores de la cosa pública cobran mucho menos que en otros países de nuestro entorno. También cobran menos los albañiles, los dependientes, los funcionarios, los ingenieros..., y un largo etcétera.

Pero algo tendrá al agua cuando la bendicen. Los políticos se ponen muy nerviosos cuando se les habla del tema en público. No les gusta porque saben que la ley obliga a todos los contribuyentes a tributar por todos sus ingresos, pero no así a los diputados y senadores, de cuyos sueldos una tercera parte está exenta de pagar el IRPF al considerarla una indemnización para gastos de su función. También la ley señala taxativamente que nadie puede percibir más de un salario del erario público, en cambio, esta norma no afecta para nada a los ex ministros, ex secretarios de Estado y ex altos cargos de las instituciones cuando cesan. Los empresarios no pueden abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero en cambio las Cortes pagan las cuotas patronales y de empleado a diputados y senadores. Y mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que tiene derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo, y los parlamentarios sólo tienen que acumular siete años. De esta forma, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, con apenas treinta  dos años, si decidiera no trabajar más, a la edad de su jubilación tendría asegurada la pensión máxima. Y, además, los ex ministros y ex altos cargos acumulan otro privilegio importante, ya que cuando cesan pasan a cobrar el 80 por ciento de su salario durante los dos siguientes años.

En cuanto al gran argumento indemnizatorio por las posibles dificultades que pudieran tener los políticos al reintegrarse a su vida profesional, suena a insulto cuando se trata de casos que pasan del Consejo de Ministros al escaño de diputado o senador o cualquier otro organismo público. Casi ninguno tiene complejo de llevarse dos o tres sueldos, como en la actualidad el ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el de Trabajo, Jesús Caldera. También hay ex ministros que ya estaban cobrando el cese, y que en esta legislatura le han sumado el sueldo de diputado, más el complemento de presidente de una comisión parlamentaria (María Antonia Trujillo, Carmen Calvo o Juan Fernando López Aguilar). En este grupo hay que incluir al ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que percibe 12.933 euros al mes, a los que suma el salario de la Universidad de Alcalá de Henares por impartir clases. Y por primera vez los ex diputados y ex senadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los ex consejeros y ex altos cargos del Gobierno de Andalucía. En fin, un magnífico chollo en plena crisis económica.

Un caso paradigmático es el del ex jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, con categoría de secretario de Estado, y que tras abandonar el cargo que le ofreció Rodríguez Zapatero para irse a una empresa pública (Seopan), también se lleva el 80 por ciento de su salario (en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo) como indemnización por cese. Taguas, que sigue siendo funcionario (sus excedencias son vitalicias) percibirá esta dádiva de unos 6.500 euros brutos al mes, más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Ambas percepciones son legales, ya que los legisladores han favorecido este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también muy generosa.

Es irónico que el vicepresidente económico del Gobierno haya apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, Pedro Solbes se hace el distraído ante el hecho de que él mismo está cobrando la pensión de ex comisario europeo (unos 3.800 euros al mes), mientras que en el Gobierno cobra un sueldo de 7.205 euros mensuales (más la antigüedad por su condición de funcionario), amén del sueldo de diputado. Además, entre 2004 y 2007 Solbes estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de Economía europeo (unos 8.500 euros al mes). Y cuando deje el actual cargo también cobrará el 80 por ciento de su salario durante dos años.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que «Taguas es el único español sin problemas de trabajo», en referencia a la duplicidad de empleos y sueldos del ex asesor del presidente Zapatero. Pero Sáenz de Santamaría también se hace la longuis al obviar que José María Aznar modificó la ley en 2001, para que los miembros de su gabinete, que antes de ser ministros fueron secretarios de Estado (ganan más que los ministros), pudieran cobrar la paga compensatoria como secretarios, porque les resultaba más elevada. Por ejemplo, los anteriores ministros de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; Hacienda, Cristóbal Montoro; Justicia, José María Michavila; y la ex titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, cobraron 6.332 euros brutos mensuales como ex secretarios de Estado, en vez de los 4.997 euros que le correspondían como ex ministros.

Desde que entró en vigor este blindaje salarial hace 27 años pocas han sido las voces que han apelado a la «ética» para no reclamar la cesantía. Sí lo hicieron Manuel Chaves, Joan Lerma y José Montilla, ex ministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos gobiernos de Felipe González, al no solicitar esta paga (la tramita el ministerio de Presidencia del Gobierno) cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones. Otro de los altos cargos que decidió no cobrar esta indemnización fue el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras su cese como jefe de la Oficina Económica del Presidente; es lógico deducir que tal decisión tuvo mucho que ver con su candidatura a la Alcaldía de Madrid.

Por su parte, los representantes políticos se han adjudicado ahora, después de varias intentonas, una cesantía que entra en vigor por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los ex ministros, ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato. De esta forma, aquellos que el partido decidió no incluirles en las listas del 9-M, y que por lo tanto no repiten escaño en esta legislatura, podrán percibir al menos cuatro meses de sueldo (14.590 euros en total, a razón de 3.647 euros por mes correspondientes a la asignación constitucional, que es parte del sueldo de los parlamentarios que tributa a Hacienda). El límite se ha puesto en el cobro de hasta 24 meses que, en este caso, podrán percibir cuando dejen el Congreso veteranos diputados como Alfonso Guerra o Francisco Fernández Marugán, que recibirán en euros constantes más de 51.000.

Fuentes del Congreso señalan que todavía no se sabe el número de parlamentarios afectados. Pero la cifra no será inferior a la treintena. También se está comprobando a quiénes, por edad, la cámara baja tiene que complementar su pensión hasta la máxima pública y quiénes empezarán a cobrar también la privada.

Todos estos blindajes, ampliados en muchos casos, se han introducido en las comunidades autónomas. En Andalucía, los ex altos cargos salientes, con ocasión del nuevo Gobierno de Manuel Chaves tras las autonómicas del 9-M, podrán percibir al menos tres mensualidades (pueden llegar hasta 12 según los años en el cargo) como indemnización. Y aquí la extensión de esta paga es más amplia porque se incluye hasta los directores generales. Además de la misma cesantía contemplada para los ex ministros, Chaves se ha asegurado una pensión vitalicia del 60 por ciento de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social. Lo mismo se ha reservado para los ex vicepresidentes y ex consejeros salientes. El nuevo Gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama dos vicepresidentes que no figuraban anteriormente y de los 15 miembros del equipo, siete son nuevos.

Los ex parlamentarios de la Asamblea andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de una mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio con un mínimo de tres y un máximo de 12.

Como se puede comprobar, queda claro que nuestros políticos velan por los intereses de los ciudadanos. Claro que hay excepciones y no en número reducido. Pero convendrán conmigo que el mensaje que transmiten es bochornoso. Y de los sueldos ni hablamos. Aquí, en nuestra querida España democrática y solidaria, hasta los alcaldes hacen prestidigitación con el presupuesto para mantener la dignidad del cargo.

Con la Olimpiada de Pekín 2008 ha ocurrido, y está ocurriendo, lo que todo el mundo suponía: que el personal ha quedado epatado ante el derroche de grandiosidad que han exhibido los chinos. ¿Qué se puede esperar de una gran nación que a lo largo de su dilatada historia de varios milenios no ha conocido otra cosa que sistemas de organización política y social tiránicos y absolutistas?; y que -por si era poco- en pleno siglo XX ha transitado sin remisión (amén del breve periodo de dominio japonés) a un Estado totalitario marxista. Pues ha pasado lo que tenía que pasar, que el gobierno de China continental ha utilizado la oportunidad que le ha brindado Occidente para abrumarle con un panegírico sobre las bondades de su modelo político y social revolucionario. Los dirigentes comunistas chinos han hecho y están haciendo lo que mejor saben hacer los déspotas cuando tratan de alagar a los visitantes foráneos: deslumbrarles con lo mejor de cada casa, agasajarles con toda clase de fruslerías y esconderles las miserias que inundan las habitaciones interiores donde se hospedan el servicio y los parientes pobres.

La verdad, tengo que decir que después de las primeras imágenes que la televisión comenzó a ofrecer desde Pekín durante el acto inaugural de la Olimpiada, me vinieron a la mente imágenes de numerosas niñas chinas que en España hacen las delicias de sus nuevos padres. Sí, miles de niñas chinas, despreciadas por el Estado de su país por el simple y terrible hecho de ser mujeres, y que encerradas en paupérrimos y nauseabundos hospicios estatales tras ser abandonadas por sus madres, han sido, y son, vendidas cual mercancía excedente y malograda a ciudadanos extranjeros, eso sí, edulcorado el contrato de compra-venta con una patina de noble y altruista acción humanitaria.  Y es que en la República Popular China es el Estado el que dicta las normas de conducta de los ciudadanos, incluso en asuntos tan íntimos y privados como la procreación. Por ejemplo, las leyes exhortan a las parejas a tener un único hijo, especialmente varón; si la fortuna les regala una hija, los poderes públicos reducirán las ayudas por descendencia, y si los padres caen en la felonía de tener una segunda hija, quedarán estigmatizados socialmente para siempre. De ahí que sea frecuente que los padres abandonen a sus hijas recién nacidas en orfanatos.

Como se puede inferir, esta práctica institucionalizada es de una crueldad y bajeza moral escalofriante. Atenta contra los principios básicos del derecho natural, amén de constituir un criminal atentado contra los derechos fundamentales del hombre. En fin, se trata de la máxima expresión del totalitarismo rampante que apremia al pueblo chino desde hace sesenta años. Y ahora, porque la China comunista se ha convertido en una gran potencia económica emergente -y, por tanto, en una extraordinaria oportunidad para hacer negocios con el llamado «mundo libre»- tenemos que reírle la gracia a esa banda de tiranos que rigen con crueldad medieval a 1.200 millones de seres humanos.

No, yo personalmente no paso por ahí. Que comulguen con piedras de molino otros que tengan mayores tragaderas. En nombre de la revolución popular y de la clase trabajadora se han cometido terribles genocidios en los últimos cien años. Los cuarenta millones de personas desaparecidas en la ex Unión Soviética víctimas de las purgas y venganzas de la oligarquía dirigente es un aperitivo del exterminio al que han sometido los dirigentes chinos a su pueblo desde los tiempos de Mao Zedong.

Ahora la nueva oligarquía juega a «una política, dos sistemas». Pura patraña repleta de retórica hipócrita y falaz. Estos dirigentes de quinta generación no quieren ver como -tarde o temprano- se desmorona su imperio como lo hiciera en su día el de la Unión Soviética. Por ello se han agarrado al clavo ardiendo del libre mercado, al que creen que pueden controlar. Pero todo es cuestión de tiempo. Dicen que en la China costera ya existen 60 millones de millonarios y unos 250 millones de habitantes de clase media. Las reservas de dólares de China están, junto a las de Japón, financiando la mayor parte del déficit exterior de Estados Unidos. El dragón rojo chino ya ha despertado, y el mundo occidental ha caído rendido a sus pies. La represión en Nepal, los derechos humanos y la libertad de expresión son tenidos por chiquilladas de adolescentes inquietos. Ya madurará el dragón, dicen. Pero yo no sólo no me fío sino que me rebela tanto cinismo e hipocresía. Por eso cuando pienso en las niñas chinas que hoy viven felices con sus padres españoles (y de otros países), no puedo por menos que pensar en las decenas de miles que aún están pendientes, en sus infrahumanos orfelinatos, de que la Providencia las rescate y les ofrezca una oportunidad para ser felices. La grandiosidad de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 es la gran mascarada que ha montado un gobierno omnímodo y tiránico para que los sedientos de ambición babeen de codicia y los ingenuos se refocilen con las luces y colorines del circo.

Una sociedad está enferma cuando una mayoría de ciudadanos carece de referencias colectivas y apenas reconoce algunas de sus señas de identidad históricas. Una sociedad está enferma cuando hace dejación de valores éticos y morales esenciales, como el honor, el respeto o la dignidad; cuando desconoce el valor del compromiso social, de la palabra dada o de la autoridad moral de los ancianos u otras personas de reconocido entendimiento. Una sociedad está enferma cuando se instala en el relativismo moral, en el todo vale, y es incapaz de movilizarse para denunciar los abusos y excesos de sus administradores y gobernantes. Una sociedad está enferma cuando se deja arrastrar por los prejuicios y el rencor, que a su vez ahogan el entendimiento y anulan la capacidad de autocrítica; cuando se muestra incapacitada para corregir su conducta y mantiene el error con tal de no aceptar que otros puedan tener razón. Una sociedad está enferma cuando sus ciudadanos se esconden en la defensa de su intimidad con tal de no enfrentarse a los que amenazan a la colectividad; y cuando porfía la solución de sus problemas individuales a las administraciones públicas y, en cambio, no compromete un ápice de sus recursos personales para contribuir al bien común.

De qué nos sorprendemos cuando la última encuesta del CIS contrasta que la ventaja del PSOE de hace cinco meses -cuando Rodríguez Zapatero fue reelegido presidente del Gobierno- ha desaparecido, y hoy está empatado en intención de voto con el principal partido de la oposición. ¿Es que acaso no era evidente que el candidato socialista no decía la verdad -como en tantas ocasiones de la anterior legislatura- cuando el del PP le interpelaba en los debates televisados? Entonces, cualquier ciudadano bien intencionado era consciente de que ZP estaba vendiendo una realidad ficticia y manipulada. Y una de dos, o era un incompetente, cosa suficientemente grave para repudiarle, o mentía, cosa mucho peor desde el punto de vista moral y político.

Así las cosas, nada de cuanto ocurre nos tendría que sorprender: es el resultado manifiesto de que la sociedad española está enferma desde el punto de vista moral. La excarcelación de Rafael Ricardi, ex toxicómano, después de cumplir trece años de prisión por un delito que no cometió, ha sido un acontecimiento lo suficientemente grave como para haber producido una cierta conmoción social. Pues la opinión pública ni se ha inmutado e, incluso, ninguna administración del Estado de las que contribuyeron a la detención, proceso judicial y encarcelamiento ha sido capaz del mínimo gesto de desagravio hacia el injuriado y maltratado. En cambio, pocas fechas después, el sicópata terrorista José Ignacio de Juana Chaos ha sido puesto en libertad después de cumplir una condena de menos de un año por cada uno de los veinticinco asesinatos por él cometidos. En este caso, los poderes públicos si han promovido las medidas necesarias para asegurar la integridad e intimidad del excarcelado; y sus conmilitones le han festejado en San Sebastián. Eh aquí la paradoja: un humilde marginado social es víctima de una monstruosa injusticia social e institucional, y nadie -salvo los medios de comunicación- mueve un dedo para ampararle; al otro lado, un sanguinario terrorista disfruta plácidamente de la libertad tras haber pagado un mínima parte de la condena entre vítores y exclamaciones de héroe. Definitivamente, nuestra sociedad está enferma y su democracia moribunda.