S?bado, 28 de noviembre de 2009

Es evidente que existe una clamorosa disociación entre la ciudadanía común y la clase política que nos gobierna. Han sido necesarios apenas treinta años de convivencia en democracia y libertad para que la históricamente atribulada nación española vuelva a sentir sobre sí los fantasmas del rencor, la incomprensión, la intransigencia y el odio cainita. ¿Tanto despotricar de la dictadura franquista para en menos de tres décadas subvertir, mediante demagógicas y arteras triquiñuelas dialécticas, la norma constitucional que regula nuestro modelo de convivencia. Es verdad que por culpa de aquellas fatuas concesiones realizadas en su día so pretexto de un laborioso y exigente consenso político, ha sido en buena medida posible el uso y abuso que se ha hecho de la norma constitucional. Aquel «Título VIII» y el consabido invento del término «nacionalidad» (sofisma conceptual donde los haya), ha sido utilizado y manipulado por todas las fuerzas políticas para beneficio propio: las fuerzas centrífugas para reivindicar su soberanía y acrecentar su poder, la izquierda para apuntalar su federalismo y la derecha como moneda de cambio cuando han necesitado de favores y apoyos periféricos.

De aquellos polvos estos lodos. Está visto que el «café para todos» que se impuso en aquellos albores de la transición (con la redacción del artículo 143 de la Constitución), con el fin de neutralizar el hecho diferenciador de las reivindicaciones históricas (artículo 151), continúa siendo la pesadilla del nacionalismo catalán, vasco y gallego (el andalucismo histórico se ha diluido como un azucarillo). Sin embargo, la mayoría de ciudadanos que habitan en esas tres comunidades viven entregados al quehacer cotidiano y con las mismas preocupaciones que el resto de ciudadanos españoles. ¿Qué hace, pues, que los políticos partidarios del hecho diferencial vivan empeñados en aparentar un agravio que cuando menos es considerado por sus coetáneos de desmedido, artificial, injusto y quimérico? ¿Acaso no resulta preocupante que la mayor parte de la prensa que se edita en Cataluña (no la prensa que se lee en la Comunidad pero que es editada fuera) se manifieste con una sola voz en defensa del nuevo Estatuto de Autonomía y en contra de cualquier censura legal que pudiera presentar el Tribunal Constitucional? Esta actitud marcial y monocorde en defensa de «La dignidad de Cataluña» ha sido calificada por los más benignos observadores como de legítimo derecho a la libertad de expresión; otros más críticos la han tildado de presión y chantaje a la soberanía e independencia del poder judicial. Yo, en cambio, voy más allá y tildo el editorial de la prensa catalana de acto de propaganda totalitaria y fascista.

Ante tamaño desafuero yo me pregunto: ¿quién preserva la dignidad de los españoles, únicos titulares y por tanto garantes de la soberanía nacional? Sólo los españoles tienen la facultad de decidir si los catalanes, los vascos o los gallegos pueden tener una competencia mayor en esto o aquello, o si pueden disponer de tal o cual privilegio. Servirse de atajos legislativos a través de los parlamentos autonómicos, equiparando los estatutos a la Constitución, además de una prevaricación y una ignominia, es una traición al Estado. Pero qué les importa a estos políticos que han hecho de la «rex publica» su forma de vida y el escenario donde exhiben su vanidad y su impudicia. Y lo peor de todo es que estos defensores de la libertad, de la justicia y de los derechos del hombre cuentan ya con un poderoso aparato de propaganda a cambio de asegurar el puesto de trabajo y el estatus de ciudadanos de primera a los responsables de los medios de comunicación locales.


Publicado por torresgalera @ 12:57  | Pol?tica
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