Es evidente que existe una clamorosa disociación entre la ciudadanía común y la clase política que nos gobierna. Han sido necesarios apenas treinta años de convivencia en democracia y libertad para que la históricamente atribulada nación española vuelva a sentir sobre sí los fantasmas del rencor, la incomprensión, la intransigencia y el odio cainita. ¿Tanto despotricar de la dictadura franquista para en menos de tres décadas subvertir, mediante demagógicas y arteras triquiñuelas dialécticas, la norma constitucional que regula nuestro modelo de convivencia. Es verdad que por culpa de aquellas fatuas concesiones realizadas en su día so pretexto de un laborioso y exigente consenso político, ha sido en buena medida posible el uso y abuso que se ha hecho de la norma constitucional. Aquel «Título VIII» y el consabido invento del término «nacionalidad» (sofisma conceptual donde los haya), ha sido utilizado y manipulado por todas las fuerzas políticas para beneficio propio: las fuerzas centrífugas para reivindicar su soberanía y acrecentar su poder, la izquierda para apuntalar su federalismo y la derecha como moneda de cambio cuando han necesitado de favores y apoyos periféricos.

De aquellos polvos estos lodos. Está visto que el «café para todos» que se impuso en aquellos albores de la transición (con la redacción del artículo 143 de la Constitución), con el fin de neutralizar el hecho diferenciador de las reivindicaciones históricas (artículo 151), continúa siendo la pesadilla del nacionalismo catalán, vasco y gallego (el andalucismo histórico se ha diluido como un azucarillo). Sin embargo, la mayoría de ciudadanos que habitan en esas tres comunidades viven entregados al quehacer cotidiano y con las mismas preocupaciones que el resto de ciudadanos españoles. ¿Qué hace, pues, que los políticos partidarios del hecho diferencial vivan empeñados en aparentar un agravio que cuando menos es considerado por sus coetáneos de desmedido, artificial, injusto y quimérico? ¿Acaso no resulta preocupante que la mayor parte de la prensa que se edita en Cataluña (no la prensa que se lee en la Comunidad pero que es editada fuera) se manifieste con una sola voz en defensa del nuevo Estatuto de Autonomía y en contra de cualquier censura legal que pudiera presentar el Tribunal Constitucional? Esta actitud marcial y monocorde en defensa de «La dignidad de Cataluña» ha sido calificada por los más benignos observadores como de legítimo derecho a la libertad de expresión; otros más críticos la han tildado de presión y chantaje a la soberanía e independencia del poder judicial. Yo, en cambio, voy más allá y tildo el editorial de la prensa catalana de acto de propaganda totalitaria y fascista.

Ante tamaño desafuero yo me pregunto: ¿quién preserva la dignidad de los españoles, únicos titulares y por tanto garantes de la soberanía nacional? Sólo los españoles tienen la facultad de decidir si los catalanes, los vascos o los gallegos pueden tener una competencia mayor en esto o aquello, o si pueden disponer de tal o cual privilegio. Servirse de atajos legislativos a través de los parlamentos autonómicos, equiparando los estatutos a la Constitución, además de una prevaricación y una ignominia, es una traición al Estado. Pero qué les importa a estos políticos que han hecho de la «rex publica» su forma de vida y el escenario donde exhiben su vanidad y su impudicia. Y lo peor de todo es que estos defensores de la libertad, de la justicia y de los derechos del hombre cuentan ya con un poderoso aparato de propaganda a cambio de asegurar el puesto de trabajo y el estatus de ciudadanos de primera a los responsables de los medios de comunicación locales.

La piratería es una actividad delictiva muy antigua. En las aguas del mar Mediterráneo es conocida desde bastantes siglos antes de Jesucristo. De modo que figúrense ustedes la enormidad de tentativas que han sido probadas por los poderes de todos los tiempos para combatir, castigar y acabar de una vez con esta terrible lacra histórica. No hay que olvidar que hasta el siglo XVIII eran frecuentes en las costas del levante español, incluidas las islas Baleares, las acciones de saqueo y rapiña de los piratas magrebíes, que no solo atacaban y abordaban a barcos mercantes sino que echaban pie a tierra y asolaban pueblos y ciudades de la costa, saqueando todo cuanto encontraban a su paso, a la vez que raptaban y secuestraban a quienes les venía en gana, especialmente mujeres jóvenes y niños de ambos sexos.

Merece la pena mencionar, a modo ilustrativo, la piratería a lo largo de los siglos XVII y XVIII en los mares y costas del continente americano. Fue esta la época del florecimiento de los bucaneros o piratería a gran escala, unas veces promovida a iniciativa privada y otras alentada por la envidia y codicia de las coronas enemigas de España. Durante el reinado de los Austrias en el trono de Castilla, el mar de las Antillas se infestó de piratas a los que se dio en llamar filibusteros (del francés flibustier). Luego, con la dinastía de los Borbones, llegaría el tiempo del terror bucanero (del francés boucanier). En ambos siglos el objetivo principal fue el de interceptar los galeones españoles que regresaban de las colonias americanas con las bodegas repletas de metales preciosos y otras mercaderías, aunque también era habitual el ataque y asalto a ciudades portuarias.  

En los dos últimos siglos han sido las aguas del Pacífico y, sobre todo, las del Índico, las que han servido de escenario de esta pérfida actividad humana. Lo cual demuestra la indudable dificultad que entraña erradicar esta forma delictiva. Ya desde los tiempos de la antigua Roma, el poder de la república y del imperio fueron incapaces de exterminar la piratería, por muchas escuadras de guerra que fletaran para combatirla: siempre renacían los corsarios de suscenizas.

Sin lugar a dudas, una de las víctimas más famosas que dieron los siglos fue la del insigne Miguel de Cervantes, héroe en Lepanto y poco tiempo después apresado por piratas norteafricanos y hecho cautivo, durante cinco años, en Argel, hasta que alguien misericordioso pagó el rescate y el genio de las letras españolas pudo regresar a casa con vida. Por eso, para tratar de remediar tanta impunidad, se instituyó por entonces la costumbre de «salir a corso», que no era otra cosa que perseguir a los piratas con barcos civiles (generalmente mercantes), con el debido permiso de la autoridad nacional.

Así describe la Real Academia de la Lengua la primera acepción de «corso»: Campaña marítima que se hace al comercio enemigo, siguiendo las leyes de la guerra; Campaña que hacían por el mar los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. En su último artículo en el dominical XLsemanal, Arturo Pérez Reverte relata la historia de Antonio Barceló, un marino mallorquín del siglo XVIII que cosechó fama ─no sé si también fortuna─ como «corsario» (se dice del buque que andaba al corso, con patente del gobierno de su nación. Se dice del capitán de un buque corsario y de su tripulación): «D. Antonio Barceló con su jabeque correo rinde a dos galeotas argelinas. Hijo de un marino comerciante y corsario, embarcó siendo niño en los barcos de su padre. La primera fama la consiguió con sólo 19 años, en 1736, cuando ya navegaba como patrón del jabeque correo de Palma a Barcelona, y empezó a darse candela con los piratas norteafricanos que infestaban el Mediterráneo occidental. […] Barceló libró combates y abordajes de punta a punta del Mediterráneo. Combatió a los piratas y corsarios, e hizo él mismo la guerra de corso con resultados espectaculares. Sin complejos. Su ascenso a teniente de navío lo consiguió por la captura al arma blanca de un jabeque argelino, que le costó dos heridas. Sólo entre 1762 y 1769 echó a pique 19 barcos piratas y corsarios norteafricanos, hizo 1.600 prisioneros y liberó a más de un millar de cautivos cristianos».

En estos momentos en que escribo, 52 vigilantes de seguridad privada viajan a las islas Seychelles para embarcar en los ocho atuneros españoles allí atracados. Sus capitanes, además, esperan a que se resuelva el secuestro de los 36 tripulantes del pesquero vasco «Alakrana» por piratas somalíes, así como la devolución del barco. El asunto ha pasado de un desgraciado acto de piratería ─con su consabido chantaje de pago de recate a cambio de la vida de los tripulantes─ a una crisis de estado. Los piratas no se conforman con los dos millones de euros exigidos como botín, sino que ponen como condición sine qua non la devolución de los dos compinches apresados por la Armada española dos días después del secuestro. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está empantanado en un lodazal sin precedentes, dado su ausencia de criterio (vive en la improvisación, la ocurrencia y el golpe de efecto). Por otra parte, su estéril buenísmo inhabilita el despliegue de dos fragatas y otras fuerzas militares, con lo que ello implica de derroche económico y de descrédito ante la opinión pública nacional e internacional: cualquier cosa menos un acto de autoridad.

Para terminar, yo pregunto: Primero, ¿si se sabe que aquellas aguas del Índico son inseguras, por qué acuden los barcos españoles a faenar en ellas? ¿No deberían evaluar los riesgos y, en todo caso, asumir sus costes los armadores? Y, segundo, ¿para qué se envían efectivos militares a la zona si no se está dispuesto a ser implacable con los piratas? Considero que tal y como están las cosas lo mejor sería desatascar el asunto por la vía rápida (devolver los dos piratas, fijar el recate y pagar). Con la tripulación a salvo, ejecutar una acción militar ejemplar en las principales bases de piratas somalíes. Además, concesión por el gobierno de «patente de corso» a todo buque español que lo solicite, pero en la seguridad de que el gobierno no atenderá con dinero público ninguna ayuda que pudieran solicitar armadores y tripulaciones particulares. Y, por último, dejar claro que el gobierno no negociará en adelante con ninguna banda de piratas u organización terrorista.

Resulta cuando menos curioso que apenas veinticuatro horas antes de que Europa se aprestara a conmemorar con toda solemnidad elvigésimo aniversario del derribo del Muro de Berlín, aquí, en Madrid, un nutrido grupo de nostálgicos marxistas-leninistas elegían al secretario general del Partido Comunista de España. José Luis Centella se llama el nuevo líder, alumbrado como tal en el XVIII Congreso del PCE por expreso deseo del 85,2 por ciento de los delegados presentes. Luego, entre aplausos y vítores, Centella lo primero que hizo fue defender con ardor la vigencia del comunismo, toda vez que exhortó a suscorreligionarios para hacer frente al capitalismo e instó a la movilización en la calle en favor de “un socialismo sin complejos”, dispuesto a ganar la batalla ideológica a la derecha.

Bien, después de visto y oído al señor Centella y a sus predecesores, nadie se extrañará de que los comunistas hayan tenido que renunciar hace años ─so pena de ser ignorados electoralmente─ a presentarse en ningunas elecciones con sus propias siglas; y a pesar de ello, ni camuflándose en Izquierda Unida (el 80 por ciento de su fuerza política está en manos del PCE) han conseguido apenas un par de anecdóticos escaños en el Congreso.

Digan lo que digan los admiradores del pensamiento izquierdoso, el gran enemigo del comunismo y del “socialismo real” no es ni ha sido la derecha ni la burguesía ni el capitalismo ni la religión, sino la libertad. Es en los ambientes donde impera la libertad individual, donde se ejercen los derechos del hombre ─aunque haya situaciones de injusticia social, de abusos y corrupciones─, es en estos ambientes, repito, donde el pensamiento doctrinario que lleva implícito el marxismo queda más al descubierto y en evidencia. Fue esta la razón (reformar y humanizar el rostro del “socialismo real”) lo que llevó a Mijail Gorbachov en 1986 aponer en marcha la apertura (glasnost) y la reforma económica (perestroika).

Gorbachov nunca fue un demócrata sino un comunista convencido, pero que sintió la necesidad de hacer un lavado de cara al régimen soviético y favorecer una cierta distensión formal en los países satélites de Europa del Este. Esta fue su perdición. El secretario general del PCUS no supo valorar que el comunismo sin violencia es pólvora mojada. A esas alturas de experimento soviético, ningún ciudadano, por humilde y sencillo que fuera, estaba dispuesto a quedarse dentro del gulag ni un minuto más en cuanto tuviera la más mínima oportunidad de salir corriendo sin miedo a que le pegasen un tiro por la espalda. Como así ocurrió. En menos de dos años el imperio rojo de Lenin y Stalin se disolvió por la alcantarilla de la historia. Eso sí, más de 20 millones de rusos pagaron con su vida la cólera revolucionaria, yel doble de ellos se arrastraron famélicos por los alambrados campos siberianos como fantasmal testimonio del mayor genocidio y la mayor mentira del siglo XX.

Sin embargo, frente a quienes consideran que el comunismo ya es pasado, José Luis Centella, el nuevo líder de los comunistas españoles, ha recalcado que el comunismo es “presente y futuro” mientras haya miles de personas muriendo de hambre en el mundo. “Por ello ─ha afirmado Centella─, el partido reivindica su pasado heróico y no tenemos que avergonzarnos ni pedir perdón por nada, sino que hay que luchar para que no nos quiten la memoria”. El inédito dirigente comunista ha asegurado que es posible “la revolución del siglo XXI” y ha lamentado que algunos quieran hacer pasar por “verdugos” a los comunistas cuando han sido las "víctimas" de la historia. 

(Sin comentarios)

Dicen que las furibundas declaraciones, en el diario El País, que dirigió Manuel Cobo contra Esperanza Aguirre tienen como trasfondo la lucha por el poder en Caja Madrid. A mí me parece (y perdón por la rotundidad de mi afirmación) una solemne tontería. El desahogo del vicealcalde de Madrid en el órgano oficioso de la socialdemocracia española responde a un antiguo y duro encono personal entre dos figurones, dos gallos de pelea, de la derecha nacional.

Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón son dos solventes apuestas ganadoras del Partido Popular, pero ambos se quieren lejos el uno del otro, resultan incompatibles, tanto en sus ideas como en sus formas de ser. Se trata de un problema visceral, de pura química. Esperanza Aguirre es una aristócrata con una fuerte vena castiza, que le aburren los salones y le divierte mezclarse con el paisanaje. En cambio Alberto Ruiz-Gallardón, de cuna burguesa y doctrinaria,  tiene alma de césar ilustrado y le producen urticaria las manifestaciones populares.

Al alcalde de Madrid le pasa factura su elitismo y su punto de soberbia, lo que le mueve a despreciar la popularidad y aceptación de la presidenta de la Comunidad. Ruiz-Gallardón no digiere que su pretendida superioridad intelectual y política se vea preterida (de forma aplastante, por cierto) por las simpatías y adhesiones que levanta la presidenta del PP en Madrid. No obstante, y a pesar de todo lo dicho, no acabo de entender qué ha podido impulsar a este fiel y leal escudero del corregidor de la Villa y Corte a protagonizar esta inmolación política, a todas luces excesiva y baldía.

Pero allá cada cual. Todavía queda lo más interesante por llegar. Si Ruiz-Gallardón mantiene ─como ya ha afirmado─ que Manuel Cobo (suspendido de militancia cautelarmente) permanecerá en su puesto de vicealcalde y en el de portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento capitalino, mientras la comisión de Derechos y Garantías del PP dirime el expediente que le ha incoado, entonces habrá que convenir que ninguno de los dos (caballero y escudero) es inocente de alta traición, pues tanto en la apuesta como en el empeño en mantenerla están las claves de la maquinación: desatar dentro del PP un vendaval (aparentemente controlado) de tensiones que pongan a prueba los equilibrios de poder en las altas estructuras del partido. Gallardón está decidido a reivindicar de una vez su posición en el Partido Popular. Sabe que el liderazgo de Mariano Rajoy es endeble, y que tal como marchan las cosas su desgaste corre parejo con el de Rodríguez Zapatero. Por eso Gallardón (niño mimado de Manuel Fraga) quiere poner contra las cuerdas a Rajoy, a ver dónde y hasta qué punto comete errores: si defenestra a Cobo le tiene que defenestrar a él; si no lo hace Rajoy quedará como un pelele, y los medios de comunicación y la opinión pública le dilapidarán. En cualquier caso, Mariano Rajoy lo tiene muy mal, máxime cuando apenas acaba de solventar el conflicto de autoridad que le había creado Ricardo Costa y Francisco Camps en la Comunidad Valenciana.

Pero lo peor de todo es que Alberto Ruiz-Gallardón ─que ha hecho un enorme esfuerzo (muy a su pesar) durante estos años por dominar sus impetuosas ambiciones─ sabe que la batalla de la opinión pública la tiene perdida de antemano. Por ello, cual rey Nabucodonosor, ha decidido enviar a librar esta primera batalla a su general Holofernes para poner sitio a Betulia, la ciudad amiga pero a la que acusó de no prestarle ayuda cuando la necesitó. Todo el mundo sabe como acabó Holofernes, decapitado a manos de Judith, una bella viuda judía que no dudó en arriesgar su vida por salvar a su ciudad. De momento yo no me atrevo a aventurar quién será la Judith de Manuel Cobo (quizá la propia Esperanza Aguirre o, tal vez, Dolores de Cospedal). Menos todavía imagino una hipotética vengadora de la irrefrenable soberbia del propio AlbertoRuiz-Gallardón.

Martes, 3 de noviembre, a primera hora de la mañana tres noticias ─leídas una tras otra─, me hielan el ánimo. Tres noticias que en realidad son tres cifras, nuevas y originales, que contextualizadas tienen un alto valor simbólico. Son cifras con empaque, nada timoratas, sino más bien enjundiosas. Cifras con mensaje propio, que a la vez que nos informan también nos ilustran, enriquecen nuestro conocimiento y nos hacen pensar.

La primera cifra a la que hago alusión es la que refleja el aumento del número de trabajadores que se han quedado sin empleo en España durante el pasado mes de octubre: 98.906 personas (+2,6%). Según el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados registrados actualmente en las oficinas del INEM alcanza las 3.808.353 personas, de las cuales casi un millón han perdido su trabajo en los últimos doce meses (es decir, el crecimiento interanual del número de parados se sitúa en el 35,1%). Como se puede apreciar estos datos son demoledores: de cada 100 españoles en edad de trabajar, 19 están en paro forzoso, y de los más de 3,8 millones de ciudadanos sin empleo, 1,5 millones no reciben ninguna prestación social, bien porque ya se les terminó el derecho o bien porque nunca lo tuvieron.

Segunda cifra digna de consideración: 37.840 euros de las arcas del Estado están siendo gastados en estos momentos por cuatro diputados (Delia Blanco y Joan Calabuig por el PSOE, Gonzalo Robles Orozco por el PP y Carles Campuzano por CiU) en un viaje institucional a Nueva York y Washington que tiene todos los visos de resultar un fiasco. Lo peor de todo es que ya antes de que iniciaran este viaje, la Mesa del Congreso de los Diputados tuvo noticia de la anulación de buena parte de los contactos previstos. A pesar de estos contratiempos, los cuatro parlamentarios españoles (ninguno habla inglés) emprendieron el día 1 su periplo de una semana (700 euros por persona en gastos de intérpretes) por Nueva York y Washington. Ya veremos cómo justifican estos diputados dicho viaje en el informe que están obligados a presentar en el Congreso tras su regreso.

Por último, la tercera cifra destacable: cinco millones de posavasos repartidos en más de 13.000 locales de ocio nocturno, bares, cafeterías y restaurantes, para luchar contra la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Se trata de la penúltima ocurrencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, y que en este caso está liderando ─como no podía ser de otra manera─  Bibiana Aido, la metafísica ministra de Igualdad. La ministra socialista ha puesto en marcha una rutilante campaña propagandística para luchar contra la prostitución. Cinco millones de aguerridos e intrépidos posavasos se encargarán de concienciar y disuadir a los clientes de las prostitutas. “Esta iniciativa contribuye a acabar con una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo.” (Aido dixit).

Ahora (es para echarse a llorar), que cada cual saque sus propias conclusiones.

Más que triste es sombrío y descorazonador el espectáculo que se está dando desde los diferentes partidos políticos: desde luego, el de la corrupción es común a la mayoría de las organizaciones electorales. Esto tiene mucho que ver con el bagaje ético de nuestra sociedad, aunque sin duda es significativo la ejemplaridad que manifiestan los representantes ciudadanos y administradores de la cosa pública. Pero toda la perfidia no acaba aquí, sino que se derrama y extiende por todos los espacios y rincones de la vida institucional: se miente, se engaña, se difama, se prevarica, se presiona y chantajea, se manipulan los hechos, las intenciones y hasta las angustias de propios y extraños para obtener ventajas y beneficios propios. La vida pública se ha convertido en un gran bazar donde se ha puesto precio a todo, hasta al aire que respiramos. La justicia, las administraciones públicas, los cuerpos de seguridad del Estado, la sanidad, la enseñanza, el deporte, cualquier cosa en la que reparemos (hasta las organizaciones no gubernamentales) son pasto del canibalismo político, de los depredadores de lo ajeno y de los codiciosos irredentos. Poner freno a tanto desafuero se ha convertido en una quimera, en una empresa imposible por inverosímil, ya que la colectividad ha perdido la fe, no solo en Dios sino en el género humano. La miseria moral del hombre de nuestro tiempo llega a tal punto que prefiere delegar su voto en un sinvergüenza, un corrupto o un indeseable (porque sabe que será recompensado con las dádivas de quien no tiene su conciencia tranquila), antes que porfiar sus intereses a un hombre justo. ¡Ay, cuánta estulticia anida en las mentes de la gente simple! Y cuánta simpleza inunda los corazones de los infelices. Es preciso dar la espalda a los que nos prometen el paraíso o el estado de bienestar: nos quieren aherrojar con sus cadenas. La libertad exige un equipaje austero, si no su carga hace inviable el viaje por la vida. Despreciemos a los salvapatrias e ignoremos a los redentoristas que invocan nuestro derecho a pan, justicia y libertad. Todos ellos lo que pretenden es asegurarse la vejez y no volver a fichar durante el resto de sus días.  

Son muchos los que, por ignorancia o bien por simplismo intelectual, reducen el paradigma de la actividad política a la dicotomía entre dos realidades funestas: o aceptamos el sistema democrático actual (con sus vicios y perversiones) o nos veremos arrojados a los brazos de unos dictadores que nos pongan en fila y marquen el paso de nuestras vidas. Craso error que no demuestra más que una prodigiosa cortedad de miras. Y es que entre una dictadura y una mala democracia existe un término medio muy beneficioso y equidistante de los mencionados extremos: una buena y auténtica democracia.

Es obvio, y en esto estamos todos de acuerdo, de que no existe ningún sistema de relaciones humanas que sea perfecto. La razón es sencilla, dado que el ser humano es en su desarrollo evolutivo ─especialmente en el psíquico y racional─ muy imperfecto, difícilmente podría haber pergeñado a estas alturas de su presencia en la Tierra como especie un modelo de convivencia perfecto y adecuado para todos y cada uno de los individuos de la raza humana. De modo que lo razonable es pensar y aceptar que si la libertad es el ámbito natural de la condición humana, lo que hoy día entendemos como democracia debería de ser el único modelo sobre el que deberíamos trabajar para hacer posible la convivencia; eso sí, esforzándonos en perfeccionarla y mejorarla.

Ahora surge la gran pregunta: ¿Existe verdadero interés por parte de los responsables de las organizaciones políticas actuales, sean del signo ideológico que sean, de cambiar y mejorar el modelo de democracia en el que estamos inmersos? Sinceramente, mi opinión es que no, que no existe la menor inquietud ni preocupación por pulir, remediar o mejorar nuestra democracia parlamentaria representativa. Nadie se propone ni tiene entre sus prioridades reformar la ley electoral, para limitar la excesiva influencia de los regionalismos (que sólo tienen representación en sus territorios) en el conjunto del Estado o Nación. Nadie que de verdad crea en España como Nación está dispuesto a emprender una reforma constitucional para remediar las ambigüedades y los excesos cometidos al amparo del título octavo de la Carta Magna. Nadie tiene el menor interés en restituir los contrapoderes, de manera que el poder legislativo y el poder judicial fortalezcan la musculatura y el espíritu democrático de la sociedad, toda vez que el poder ejecutivo se vea impelido a una ejecutoria traslúcida y volcada en los problemas reales de los ciudadanos, y no en malabarismos retóricos y piruetas demagógicas dirigidas a desactivar a la oposición y a perpetuarse en el poder.

No. Ya está bien de obstruccionismo político sistemático. Ya está bien de “Y tú más”. Ya está bien de que la maquinaria de los partidos imponga su ley a los de dentro y a los de fuera, incluso que quiera gobernar a la prensa. Hay que acabar de una vez con la partidocracia que cada día tiraniza un poco más a la sociedad, y para ello es necesario que la imprescindible reforma de la ley electoral acabe de una vez con las listas cerradas, que los candidatos elegidos respondan de sus actos y actúen en conciencia. En fin, nuestra democracia está lejos de ser un modelo perfecto, sobre todo porque los partidos políticos así lo quieren, pero que no pretendan sus dirigentes asustarnos con que peor es la dictadura porque eso es recurrir al matonismo. Tan corrosiva como la dictadura (un régimen represor impuesto por la fuerza pero en el que cada cual sabe el lugar que ocupa) es una seudo-democracia, en la que únicamente tiene de democracia su aspecto nominal y formal, y donde se utiliza, manipula y engaña al individuo hasta vaciarlo de contenido, y donde el lenguaje ha sido corrompido hasta la desfiguración. Y ya se sabe, sin lenguaje no hay conciencia, y sin conciencia no hay hombre.