Los medios de comunicación sufren con rigor las consecuencias de la crisis económica. El paro causa estragos entre sus profesionales. Las regulaciones de empleo devastan los sueños de miles de familias. Y los salarios precarios reducen a los trabajadores jóvenes a mano de obra de aluvión. Por el contrario, y como si de un alarde de ironía del destino se tratara, gran parte de ese mismo destino descansa sobre un ramillete de conspicuos supermillonarios. Yo, desde luego, no creo que se trate de pura casualidad, puesto que desde los tiempos de la transición han sido constantes las crisis económicas que han afectado a los medios de comunicación. Durante estos años pasados hemos asistido al cierre de cabeceras y empresas, se han despedido centenares de trabajadores de la más variada cualificación, pero lo que nunca habíamos visto es hacerse multimillonarios a directores de periódicos en el ejercicio del cargo.

Es indudable que cualquier emprendedor que arriesgue su dinero y patrimonio en una empresa, tiene en la obtención de beneficios uno de sus objetivos esenciales, aunque no necesariamente ha de ser éste el único; también la aventura misma del proyecto empresarial supone para muchos inversores un estimulante acicate personal: toda actividad económica tiene trascendentes consecuencias sociales. Por esta misma razón reconozco la relevancia de aquellos empresarios que en su día apostaron por la actividad periodística. Además, hubieron de confiar ─junto a gestores financieros y comerciales─ en el buen hacer de acreditados profesionales del periodismo, para poner en marcha el proyecto empresarial.

La paradoja de esta historia es que algunos de esos prestigiosos periodistas, que un día recibieron la confianza de acaudalados empresarios, dirigieron su esfuerzo profesional no sólo a elaborar un buen producto sino, y es lo más importante, a medrar personalmente en los altos cenáculos del poder económico y político. Ahí están algunos casos que pasan por ser encomiables ejemplos de virtud para los periodistas del presente y para los de futuras generaciones. Pero yo les aseguro que no son tales, si acaso inteligentes y sagaces advenedizos que se desprendieron con pueril cinismo de gran parte de su bagaje ético, toda vez que se imbuyeron de una coraza de arrogancia y prepotencia más propia de taimados tiranozuelos que de protervos defensores de valores humanistas y democráticos. Les he conocido holgándose de gusto y satisfacción ante los parabienes y recomendaciones de sus mayores, allá en el último lustro del franquismo rampante. Les he visto inmutables en los días de la agonía final del dictador y primeros tiempos de la sucesión, como si con ellos no fuera nada. Les he observado más tarde cómo calculaban su siguiente movimiento por si los cambios se torcían. Y les he despreciado luego cuando he comprobado hasta qué punto su cinismo les ha llevado a erigirse en paladines de la libertad, la justicia y la ecuanimidad. Pero son ellos los únicos que se han forrado de manera inmisericorde. Eso sí, las empresas para las que trabajan no hacen más que despedir y prejubilar personal. Ellos son los profesionales imprescindibles.

AENA, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos españoles, se ha gastado ─con el visto bueno del Ministerio de Fomento, de quien depende orgánicamente─ más de medio millón de euros en los fastos de inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Málaga. A este evento acudió el rey Juan Carlos en calidad de Jefe del Estado, y todo fue poco para que José Blanco, ministro de las infraestructuras públicas, pudiera lucir palmito y tratar de capitalizar al máximo el esfuerzo inversor del gobierno de Rodríguez Zapatero en esta provincia andaluza.

Nadie cuestiona la importancia de la obra recién estrenada, ni lo que ella supone para el auge de la Costa del Sol. Pero esta prodigalidad con la que los gestores y administradores de los recursos públicos se manifiestan (no sé si se han enterado de que estamos en medio de una severa crisis económica), confirma de manera fehaciente el disparate mental e ideológico en el que vive instalado el zapaterismo institucional, con su líder al frente. Por eso, cuando desde la mayoría de sectores de la sociedad, en especial los relacionados con la actividad socio-económica, se advierte la insistencia con la que se apela a la necesidad de combatir la crisis con una política de reducción del gasto público, acompañada de una bajada de impuestos y de oportunas reformas estructurales (fiscalidad, control financiero, energía, I+D+i, educación, empleo, etc.), a uno se le abren las carnes al comprobar, reiteradamente, la insensibilidad del gobierno.

Y como en estas estamos, no me cabe la menor duda de que nos queda por delante lo peor: hasta el final de la legislatura la tensión política y sus perversos efectos en la opinión pública van a ser letales. A mí la única esperanza que me queda es que Bruselas, es decir, la Comisión Europea, amoneste seriamente a las autoridades españolas ─bajo amenaza de severa sanción, incluida la expulsión de España de la eurozona─, y obligue a ZP a rectificar su política e introducir la cordura en la acción de gobierno. Porque de otra parte no va a venir la sensatez: ni de la acción autocrítica de las filas del PSOE, ni del nacionalismo rampante (véase la tajada de 1.600 millones de euros que ha sacado Coalición Canaria por votar a favor la subida del IVA propiciada por ZP).

La política española se ha convertido en un juego ramplón de lucha por el poder. Cualquier vestigio de espíritu de servicio a la colectividad es mera entelequia; únicamente priman los intereses personales, de grupo o clan, o casta, o tribu… Y lo peor es que, entre tanto, la ciudadanía, en especial la más menesterosa, la que tendría que estar echando espuma por la boca, se conforma con bien poco: regalándola los oídos y llamándola «pueblo», concediéndola ayudas y subvenciones varias, exenciones de todo tipo, y entreteniéndola con una televisión zafia y alienante. Los partidos políticos han reducido al auténtico titular de la soberanía popular en un inquilino acomodaticio al que sólo se le pide que acuda a votar cada cuatro años; para qué quiere preocuparse por más. Mientras tanto, que no decaiga el ánimo ni y el optimismo. La fiesta de la nueva terminal del aeropuerto de Málaga ha alegrado el bolsillo de unos cuantos. Total, «estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie» (Carmen Calvo Poyato, ex ministra de cultura socialista, dixit).

Que la justicia está politizada y la independencia del poder judicial es una falacia, no cabe la menor duda. Así lo piensa al menos el 64% de españoles encuestados por Metroscopia en un sondeo realizado para el diario El País y publicado este domingo; del resto, sólo el 28% de asegura que la Administración de Justicia está poco o nada politizada. Desde luego, este mayoritario porcentaje de opinión pública tan pesimista y desalentada no preocupa ni afecta lo más mínimo a los políticos, salvo para avivar la polémica y la confrontación entre los adversarios y los líderes de opinión pública. Ni el partido socialista en el Gobierno de la Nación, ni el popular en la oposición tienen el más mínimo interés en devolver al poder judicial la verdadera esencia de su razón de ser en una democracia avanzada y plural, ni la dignidad institucional que le corresponde; no digamos las fuerzas políticas centrífugas, cuyo insaciable apetito de poder (de la competencia de la Administración de Justicia ya han obtenido un buen bocado) sólo es comparable con su afán de sometimiento a todo cuanto cae en sus manos.

Este descrédito, desde luego, es el reflejo de una sociedad enferma. Sí, enferma porque ha permitido ─quizá no le quedara más remedio─ que su clase dirigente haya pervertido el sistema político que tan ufanamente se pavonea en proclamar y defender: la democracia y la Constitución. Empezando por los gobiernos del socialista Felipe González (reforzando el control político en la elección de los órganos de gobierno de la judicatura y del ministerio fiscal), y siguiendo por los que presidió el conservador José María Aznar (que nada hizo por remediar el desafuero socialista). Y así están las cosas, empantanadas y hediondas, con renovaciones pendientes en instituciones singulares ─Tribunal Constitucional, por ejemplo─, lo que constituye una grave afrenta a nuestro sistema legal de garantías (véase la ansiada sentencia del TS en los recursos del nuevo Estatuto de Cataluña).

Y como último baldón del tejemaneje que se trae el poder político con el poder judicial ─paradigma de intromisión y deslealtad constitucional─, hete aquí el encuentro que tuvo lugar el pasado viernes, 5 de marzo, en la sede del Tribunal Supremo. El anfitrión, Carlos Dívar, presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, puso a disposición de sus eminentes invitados uno de los salones de su propio gabinete, para que el encuentro fuera menos solemne y resultara a la vez más confortable. Y como quiera que la hora de la cita fuera propicia, el entrañable Dívar hizo servir unas exquisitas viandas encargadas con antelación a un conocido restaurante madrileño. Desde luego, los asuntos allí tratados no han transcendido (¿?), pero debieron ser de mucha enjundia a tenor de la dignidad de los tres visitadores (¿sería correcto decir invitados?, no lo creo): el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera y el ministro del Interior.

¿Se imaginan ustedes el cuadro?: José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba reuniéndose ─nada más acabar la rueda de prensa de los viernes en el palacio de La Moncloa─, de incógnito, para tratar graves asuntos de Estado con el presidente del Tribunal Supremo (¿dónde estaba Francisco Caamaño, el ministro de Justicia?). El asunto tiene mucha miga, y ninguna baladí. A mí me parece de una extrema gravedad. Me parece que se han sobrepasado todos los límites de lo permisible y tolerable en un Estado de Derecho en cuanto a prácticas lícitas desde un punto de vista ético y formal. Cada cual que saque sus propias conclusiones, que seguro que habrá muchas y algunas contrapuestas. Pero para mí que algo huele a podrido en España.