Jueves, 19 de enero de 2012

Resulta obsceno escuchar el rechazo político a una pretendida ley de responsabilidad penal para los administradores del dinero público que gasten más de lo que disponen. Ya se sabe que con la razón y la palabra se puede construir el argumento lógico que se quiera para justificar cualquier maldad, o cualquier hecho, o cualquier decisión por mejor o peor intencionada que sea ésta. Una inmensa mayoría de ciudadanos coincidimos en que la corrupción es una de las principales lacras de la vida pública española, tanto en las instituciones del Estado (Administración central, autonómica y municipal) como en las organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además de ser ilícito traficar con dinero, influencias y prebendas —delitos todos ellos perfectamente tipificados en el Código Penal—, también es motivo de delito (o debería serlo) utilizar los recursos del Estado de manera onerosa, de forma que graven y comprometan el futuro de la colectividad. Prueba de ello es la situación que están padeciendo actualmente las distintas administraciones públicas, endeudadas hasta las cejas, con las arcas vacías y un montón de acreedores medio arruinados o arruinados del todo como consecuencia de la insolvencia demostrada por los gestores públicos.

Ya sé que no todos los administradores públicos son lo mismo. Sé que hay casos significativos de alcaldes que durante bastantes años han realizado una gestión eficaz, a la vez que han dejado unas cuentas cuyos balances son encomiables. No obstante, la tónica general ha sido de frivolidad en el gasto, cuando no de despilfarro. Y es que gastar el dinero que no es de uno («el dinero público no es de nadie», que diría Carmen Calvo, la ínclita ministra socialista de Cultura), sobre todo si se viven días de cierta abundancia, es una tentación demasiado fácil para aquellos políticos irresponsables que viven instalados en la vanidad y en la demagogia, y cuyo principal y casi exclusivo objetivo es «perpetuarse en el machito».

Como no podía ser de otra manera, y como si de un guión ya escrito se tratara, cada cual desempeña su papel, aquel que corresponde según el perfil diseñado de los personajes. Por esta razón, en las últimas horas se han pronunciado con reiteración diversos portavoces de partidos de izquierdas y nacionalistas en contra de la recién anunciada, por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ley de Transparencia del Gobierno, y cuya finalidad será la de sancionar penalmente a aquellos gestores públicos que gasten más dinero del disponible. Esto que parece una obviedad de pura racionalidad —no olvidemos que en la última reforma del Código Penal se incluyó a los altos ejecutivos de empresas e instituciones privadas en los delitos de malversación de recursos—, es rechazado de plano por aquellas formaciones políticas que hacen de la discrecionalidad recurso habitual para ganar voluntades y engordar el clientelismo. Tampoco la derecha está exenta de pecado, ya que cuando no es por una razón es por otra —no hay más que fijarse en los enormes déficits acumulados en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Valenciana—, lo cierto es que han abusado del erario público cuanto han querido en aras de razones más que discutibles.

¿Y por qué no les gusta a los políticos de izquierdas y a los nacionalistas que exista responsabilidad penal para los gestores electos que gasten más de lo debido? Pues sencillamente porque se les acaba el chollo para comprar, con dinero ajeno, simpatías y voluntades. Porque con esta ley de Transparencia  se pone límite a la demagogia, y quedará al descubierto quién es capaz de sacar adelante una buena gestión en un ministerio, una comunidad autónoma, un ayuntamiento o una empresa pública con los recursos asignados. En situaciones así, sobre todo cuando las circunstancias son de contingentación, es cuando hay que demostrar que se sabe priorizar y repartir recursos sin que las necesidades esenciales queden desatendidas. ¿Cómo convencemos ahora a nuestros conciudadanos de la escasez de nuestros recursos? Buena parte de estos recursos limitados los tenemos que destinar a pagar intereses y a devolver los créditos que debemos. Créditos que hemos tenido que pedir, y seguiremos pidiendo, para poder enjugar el enorme déficit generado por los excesos de nuestros gobernantes en estos últimos años. ¿No es lógico y de justicia que los responsables de tales desmanes paguen por tanta irresponsabilidad y tanto perjuicio a la comunidad nacional?


Publicado por torresgalera @ 14:29  | Pol?tica
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