Viernes, 20 de enero de 2012

Nuestra clase política no tiene remedio. Ni que gobiernen los rojos ni que lo hagan los azules o los verdiblancos. La crisis que padece nuestra sociedad no es económica —o solo económica—; tampoco social, o socio-económica; ni tan siquiera institucional. No; con ser todas y cada una de estas cuestiones importantes por sí mismas, incluida la combinación de tan nefastas realidades, la gravedad del problema que alcanza a toda la nación española es de orden moral. Nuestra sociedad está inmersa en un proceso de fin de ciclo. Ya no da más de sí lo que se ha dado en llamar “sociedad del bienestar”. Las ideologías derivadas de la Ilustración, liberadoras del hombre en sus varias acepciones, se han gastado a lo largo de más de dos siglos en varios miles de sangrientas pruebas que han dejado un reguero de millones de cadáveres y un sinfín de hermosas intenciones.

Muchos de los viejos valores, éticos y morales, forjados en el crisol de la civilización greco-romana y de la religión cristiana, han sido arrumbados a las escombreras de la historia. La modernidad ha impuesto nuevas reglas, cambiantes y acomodaticias, con el fin de poner en evidencia la supremacía de la razón humana sobre los viejos mitos teosóficos. Primero fueron los totalitarismos y, después, el relativismo se apoderó de nuestras pautas existenciales. De esta manera el mundo occidental vive inmerso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en un debate esquizofrénico. Por un lado, el febril antagonismo visualizado a través de lo que se dio en llamar “Guerra fría”. Y, por otro, el paradigma del modernismo: eclecticismo funcional, racionalismo tramposo, crecimiento obsesivo, liberalismo oportunista, colectivismo rencoroso, soberbia cientificista y solidaridad demagógica. Y a pesar de tanto cambio ¿ha sido o es el hombre de nuestro tiempo más feliz que aquel del Ancien Régime? Mucho me temo, que en términos generales, no. Todo lo que el hombre moderno ha ganado en calidad de vida e, incluso, en justicia social, mucho me temo que lo ha perdido en tranquilidad de conciencia y en abatimiento interior.

Por estas razones pienso que asistimos al ocaso de las viejas ideologías. Con mimbres tan desgastados no se puede construir nada útil y perdurable. Resulta ignominioso, además de una afrenta a millones de personas sin empleo, que la familia Botín indemnice con 57 millones de euros a Francisco Luzón, presidente del Banco de Santander en Iberoamérica; o que los gestores de las cajas de ahorro quebradas o al borde del abismo sean despedidos con millonarias indemnizaciones. Ahí está la verdadera enfermedad de nuestra sociedad: en la ausencia de principios éticos y de valores morales. Estos mismos que hoy ofenden a la sociedad tan descaradamente, mañana defienden sin ambages la legitimidad de requisar a una familia su casa y echarla a la calle porque no puede pagar el recibo de la hipoteca. O esos políticos, como Mariano Rajoy, que durante meses y años han criticado las subidas de impuestos argumentando que generan miseria, ruina y desempleo, y lo primero que hace nada más llegar al gobierno es subir fuertemente el IRPF. He aquí la condición humana en estado puro cuando se ha desprendido de principios sólidos, universales e inmutables.


Publicado por torresgalera @ 20:24  | Pensamientos
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Jueves, 19 de enero de 2012

Resulta obsceno escuchar el rechazo político a una pretendida ley de responsabilidad penal para los administradores del dinero público que gasten más de lo que disponen. Ya se sabe que con la razón y la palabra se puede construir el argumento lógico que se quiera para justificar cualquier maldad, o cualquier hecho, o cualquier decisión por mejor o peor intencionada que sea ésta. Una inmensa mayoría de ciudadanos coincidimos en que la corrupción es una de las principales lacras de la vida pública española, tanto en las instituciones del Estado (Administración central, autonómica y municipal) como en las organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además de ser ilícito traficar con dinero, influencias y prebendas —delitos todos ellos perfectamente tipificados en el Código Penal—, también es motivo de delito (o debería serlo) utilizar los recursos del Estado de manera onerosa, de forma que graven y comprometan el futuro de la colectividad. Prueba de ello es la situación que están padeciendo actualmente las distintas administraciones públicas, endeudadas hasta las cejas, con las arcas vacías y un montón de acreedores medio arruinados o arruinados del todo como consecuencia de la insolvencia demostrada por los gestores públicos.

Ya sé que no todos los administradores públicos son lo mismo. Sé que hay casos significativos de alcaldes que durante bastantes años han realizado una gestión eficaz, a la vez que han dejado unas cuentas cuyos balances son encomiables. No obstante, la tónica general ha sido de frivolidad en el gasto, cuando no de despilfarro. Y es que gastar el dinero que no es de uno («el dinero público no es de nadie», que diría Carmen Calvo, la ínclita ministra socialista de Cultura), sobre todo si se viven días de cierta abundancia, es una tentación demasiado fácil para aquellos políticos irresponsables que viven instalados en la vanidad y en la demagogia, y cuyo principal y casi exclusivo objetivo es «perpetuarse en el machito».

Como no podía ser de otra manera, y como si de un guión ya escrito se tratara, cada cual desempeña su papel, aquel que corresponde según el perfil diseñado de los personajes. Por esta razón, en las últimas horas se han pronunciado con reiteración diversos portavoces de partidos de izquierdas y nacionalistas en contra de la recién anunciada, por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ley de Transparencia del Gobierno, y cuya finalidad será la de sancionar penalmente a aquellos gestores públicos que gasten más dinero del disponible. Esto que parece una obviedad de pura racionalidad —no olvidemos que en la última reforma del Código Penal se incluyó a los altos ejecutivos de empresas e instituciones privadas en los delitos de malversación de recursos—, es rechazado de plano por aquellas formaciones políticas que hacen de la discrecionalidad recurso habitual para ganar voluntades y engordar el clientelismo. Tampoco la derecha está exenta de pecado, ya que cuando no es por una razón es por otra —no hay más que fijarse en los enormes déficits acumulados en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Valenciana—, lo cierto es que han abusado del erario público cuanto han querido en aras de razones más que discutibles.

¿Y por qué no les gusta a los políticos de izquierdas y a los nacionalistas que exista responsabilidad penal para los gestores electos que gasten más de lo debido? Pues sencillamente porque se les acaba el chollo para comprar, con dinero ajeno, simpatías y voluntades. Porque con esta ley de Transparencia  se pone límite a la demagogia, y quedará al descubierto quién es capaz de sacar adelante una buena gestión en un ministerio, una comunidad autónoma, un ayuntamiento o una empresa pública con los recursos asignados. En situaciones así, sobre todo cuando las circunstancias son de contingentación, es cuando hay que demostrar que se sabe priorizar y repartir recursos sin que las necesidades esenciales queden desatendidas. ¿Cómo convencemos ahora a nuestros conciudadanos de la escasez de nuestros recursos? Buena parte de estos recursos limitados los tenemos que destinar a pagar intereses y a devolver los créditos que debemos. Créditos que hemos tenido que pedir, y seguiremos pidiendo, para poder enjugar el enorme déficit generado por los excesos de nuestros gobernantes en estos últimos años. ¿No es lógico y de justicia que los responsables de tales desmanes paguen por tanta irresponsabilidad y tanto perjuicio a la comunidad nacional?


Publicado por torresgalera @ 14:29  | Pol?tica
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