Domingo, 12 de febrero de 2012

Una vez más la opinión pública se divide y se enfrenta en un falso debate: la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo contra el magistrado Baltasar Garzón por ordenar escuchas ilegales a los abogados de los imputados en el “caso Gürtel”. Sí; digo falso debate no porque no nos asista a cada uno de nosotros el derecho a opinar como mejor nos parezca y, por tanto, a ejercer el derecho a disentir. Lo lamentable de este asunto —como de tantos otros— es la facilidad con la que propendemos a identificar nuestros criterios con la verdad absoluta. Resulta paradójico que de una actitud racional (el hecho mismo de pensar) derivemos a otra irreflexiva, cargada de una acritud enfermiza por radical, mediante la cual acabamos negando la legitimidad a pensar, actuar y casi a existir de nuestros adversarios políticos.

Resulta preocupante, casi diría que desesperante, comprobar una y otra vez esa natural tendencia a retorcer y deformar los argumentos que informan sobre hechos y personas. Sabemos que la parcialidad es hija de la subjetividad humana. Por eso mismo deberíamos ser cautos a la hora de reflexionar sobre los avatares humanos y del universo. A estas alturas, no creo que quepa la menor duda de que la trayectoria pública del juez Garzón en el ámbito de la justicia y la política es, desde comienzos de los años noventa, cuando menos controvertida; en otras palabras, mueven al escándalo. Él ha encarnado como ningún otro la expresión de “jueces estrella”. Sus actuaciones profesionales han sido motivo constante de portadas de periódicos y de apertura de telediarios; no digamos sus escarceos por la política. Es innegable que el magistrado Garzón nunca ha generado indiferencia, más bien ha demostrado con sus decisiones buscar el debate mediático y, por tanto, político y social. Para bien y para mal.

Siempre se ha dicho, y el aserto continúa teniendo vigencia, que los jueces, como los árbitros de fútbol, deben pasar desapercibidos. La administración de la justicia debe ser ejercida con discreción y sin levantar suspicacias. Un juez que llame en exceso la atención incita a la desconfianza. No olvidemos que los jueces son meros instrumentos de la justicia, por tanto deben propender a la objetividad, sobre todo en el caso de los jueces instructores: no solamente tienen la obligación de obtener pruebas irrefutables de la comisión del delito, sino que deben velar y garantizar los derechos irrenunciables de imputados y de víctimas.

En el caso en el que ha sido condenado Baltasar Garzón a once años de inhabilitación de la carrera judicial, no se ha juzgado más que aquello por lo que fue denunciado: prevaricó al ordenar grabar las conversaciones que mantenían en las cárceles los abogados con sus defendidos imputados en la trama Gürtel. El denunciante, Ignacio Peláez, ha sido el único letrado de los conculcados —el Colegio de Abogados de Madrid ha estado desaparecido— que se atrevió a cuestionar las prácticas ilegales del juez estrella. Siete magistrados del TS —la Sala segunda, de lo Penal, al completo—, vistas las pruebas y oídos los alegatos, no han tenido la menor duda en calificar la decisión del acusado como flagrante delito, cometido «sin razón alguna» y de manera reiterada e indiscriminada. En definitiva, el magistrado de la Audiencia Nacional vulneró gravemente el derecho a la defensa y, por ende, atentó contra un principio constitucional.

Bien, ya poco importan los argumentos esgrimidos por Baltasar Garzón para insistir en su inocencia. Los siete magistrados que le juzgaron opinan lo contrario. Por tanto, el asunto queda dentro única y exclusivamente del ámbito de la Justicia. Ante lo cual, cabría preguntarse: ¿Por qué ha de valer menos el criterio de siete jueces que el de uno? ¿Qué lleva a pensar a algunos, o a muchos, que la Justicia está al servicio de fines espurios? ¿En qué sustentan los que así piensan y gritan que la condena de Garzón es el triunfo de la reacción franquista? Son tan falaces estos argumentos, tan carentes de rigores intelectuales y tan rebosantes de rencor y odio, que se descalifican por sí mismos. Un asunto judicial ha sido reconvertido en un agravio partidista irreductible. El ruido y la furia están, una vez más, servidos. Ya se sabe, el que siembra vientos recoge tempestades. Y todavía quedan por delante dos sentencias que dictarse. Lo he dicho muchas veces: el principal problema de la democracia española es la escasez de demócratas, en especial en las filas de la izquierda.


Publicado por torresgalera @ 13:29  | Pol?tica
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