Viernes, 16 de marzo de 2012

San José y el niñoEste lunes 19 de marzo es fecha de gran alborozo por partida doble: por un lado se celebra la onomástica de los “josés”, “maría josés y de las josefinas” y, por otro, se conmemora el segundo centenario de la aprobación por las Cortes de Cádiz, de 1812, de la primera Constitución española.

En cuanto a la primera efeméride, sólo me cabe decir de corazón y con fraternal alegría: ¡Felicidades a todos los “pepes” y las “pepitas”! Tan entrañable onomástica lo es nada menos que en honor a San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo —de ahí lo de P.P. (pater putativus)— de Jesús de Nazaret. Sin duda, no se trata de un santo menor en la tradición cristiana, sino bien al contrario, para la Iglesia católica San José representa un máximo exponente de dignidad y santidad. El motivo no es otro que el haber sido favorecido por el don divino de la paternidad, que ejerció con Jesús con encomiable ejemplaridad.

San José es llamado el “Santo del silencio”, y aunque es cierto que la historiografía nos ha dejado escasos testimonios de su vida, sí conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional Hijo. Patriarca por excelencia, los doctores de la Iglesia han convenido que su figura sea ejemplo a seguir por la toda la cristiandad. Así, en 1870 el papa Pío IX le proclamó patrono de la Iglesia universal. Años después, en 1955, Pío XII declara a San José, de profesión carpintero, patrono del trabajo. Además, la tradición cristiana le considera el patrono de la buena muerte, ya que le atribuye el haber muerto en brazos de Jesús y de María.

En cuanto a la segunda efeméride del día, decir que este segundo centenario de la Constitución de Cádiz representa un noble legado de gran valor histórico, no sólo para los españoles de nuestros días y de los venideros sino también para las gentes de Hispanoamérica. Y es que la Constitución gaditana de 1812, conocida popularmente como “la Pepa”, por haber sido aprobada el día de la festividad de San José de aquel año, fue uno de los textos legislativos más adelantados de su tiempo, y un espejo en el que se miraron numerosas constituciones europeas y americanas. Es verdad que su vigencia fue efímera (entre 1812 y 1814; más adelante durante el trienio de 1820 a 1823; y, por último, durante algunos meses entre 1836 y 1837), pero su valor histórico fue mucho más que testimonial.

Constitución de 1812Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812 supone un hito en la Historia de España. Marca un antes y un después. Aunque sólo sea nominalmente, las Cortes de Cádiz rubrican en este texto legal el final del Antiguo Régimen, de la monarquía absolutista borbónica. “La Pepa” erradica el concepto exclusivista que de la soberanía tiene el monarca (el poder le es delegado por el Todopoderoso), toda vez que legitima e inviste al pueblo español de la soberanía nacional. Ahí es nada. Una proclama revolucionaria en sí misma. Ahora bien, nada de borrón y cuenta nueva. La Constitución de Cádiz mantiene varias líneas de continuidad con el pasado, caso de la identidad católica, o de la consideración de la Corona como institución esencial en el nuevo marco jurídico o, por poner otro ejemplo, los precedentes que supusieron para la naciente representación democrática las antiguas Cortes de León, de 1188, cuyo sistema representativo se extendió después a las Cortes de Castilla y a toda Europa.

Se trata sin duda de un documento modernísimo para aquella España tan atrasada en costumbres, ideales y economía. La fortuna quiso que, en medio de unas circunstancias extraordinariamente adversas, un puñado de hombres ilustrados, adelantados a su tiempo, supiera imponerse con determinación a los elementos más reaccionarios que veían en las ideas ilustradas un atentado contra la España secular, además de una amenaza para el futuro de la nación. El esfuerzo mereció la pena y aquella tarea legislativa dio su fruto: una Constitución bastante más avanzada que la propia sociedad, pero que a la postre tuvo una vida exigua como consecuencia de dos carencias esenciales: la ausencia de una burguesía amplia y sólida que respaldara la naciente Constitución, cosa que no ocurrió en los casos de Estados Unidos y Francia, y la falta de una profunda reforma económica que abordara la reconstrucción del sistema productivo, destruido como consecuencia de la guerra contra las tropas napoleónicas, y que adaptara las nuevas relaciones productivas a las exigencias y expectativas de una sociedad moderna.

La Constitución de 1812, nuestra querida “Pepa”, fue víctima de la adversidad de la historia, al sufrir los rigores de un rey pusilánime y felón (Fernando VII no tardó en traicionar su palabra dada) y de una aristocracia retrógrada y avarienta que sólo veía colmados sus anhelos en la vuelta al absolutismo. Eso sí, para la posteridad quedó el orgullo y la satisfacción de haber dado a luz una Constitución ejemplar, un hito que marcó el camino a otras muchas naciones y que sirvió de faro al pensamiento liberal que a lo largo del siglo XIX trató, con más o menos fortuna, de abrirse paso en la espesura de un modelo de estado trágico y decadente. ¡Viva "la Pepa"!


Publicado por torresgalera @ 19:58  | Pensamientos
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S?bado, 10 de marzo de 2012

La recién anunciada convocatoria de huelga general tiene un doble propósito: por un lado, presionar al gobierno de los populares para que retire su proyecto de ley de reforma laboral y, por otro, lanzar una gran cortina de humo ante la opinión pública para distraerla del nauseabundo torbellino de noticias provenientes de la corrupción en la Junta de Andalucía. El asunto no es baladí. Para el PSOE y demás fuerzas de izquierda Andalucía es el último bastión de poder que les queda, por eso su defensa está siendo encarniza, con uñas y dientes, y todavía pueden surgir otras sorpresas.

No seré yo el que niegue el riesgo que esta reforma laboral pueda representar para algunos aspectos de las condiciones contractuales de los trabajadores. Así lo he expresado con anterioridad en Ágora Digital. La existencia de empleo precario, llámese sumergido o en régimen de explotación, es una realidad incuestionable que hasta hoy ningún gobierno ha sido capaz de erradicar. Pero dicho esto, no es menos cierta la incapacidad demostrada por sindicatos y patronal para llegar a un acuerdo marco de reforma laboral que mejore las condiciones del mercado de trabajo. El diálogo social ha fracasado tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Mariano Rajoy. Es verdad que con éste último el tiempo de negociación ha estado muy tasado, pero la gravedad de la situación ha hecho inevitable que así fuera. Es urgente acelerar el proceso de las reformas, y para ello nadie más legitimado que la mayoría política que sustenta al gobierno.

Para concluir, conviene resaltar un aspecto de máxima importancia que está en juego con la reforma laboral del gobierno del PP: el recorte de poder de los sindicatos. No hay que ser un observador avezado para comprender que si al recorte del 20 por ciento de las subvenciones a centrales sindicales, unimos los aspectos que merman directamente el poder de maniobra e influencia (flexibilidad en los convenios colectivos y reasignación de los recursos para formación laboral, por sólo citar dos aspectos), es fácil colegir que el cabreo en las cúpulas de las dos grandes centrales sindicales es monumental. Y es que hasta ahora, tanto CCOO como UGT son las dos “niñas bonitas” de nuestro sistema institucional democrático.

Desde los años de la Transición hasta nuestros días, estas centrales sindicales, que juntas apenas representan al 10 por ciento de los asalariados españoles, han acumulado incluso más poder institucional que el llamado “sindicato vertical” del franquismo. Ambos sindicatos han recibido cientos de edificios del Estado; grandes sumas de dinero a cuenta de indemnizaciones históricas (Comisiones Obreras nació en los años sesenta del pasado siglo); reciben cuantiosas subvenciones anuales de todas las administraciones públicas, así como exenciones fiscales en casi todo; cobran un porcentaje por cada trabajador incluido en los “eres” empresariales; a los representantes sindicales se les exime, total o parcialmente, de trabajar en sus empresas; el Pacto de Toledo legitima a CCOO y UGT como únicos interlocutores por parte de los trabajadores en las mesas de diálogo social. Y así un largo etcétera de privilegios y prerrogativas que han llevado a estas dos centrales sindicales a convertirse en dos fuerzas políticas fácticas de primera magnitud.

Ahora comienza a peligrar ese poder excesivo. Me alegro de que así sea. Espero que el chantaje que supone este órdago no quebrante al gobierno. También deseo que en sede parlamentaria se introduzcan cuantas mejoras sean posibles en el anteproyecto de ley, fruto del acuerdo y la negociación. Y también deseo que el próximo 25 de marzo una mayoría de andaluces retiren la confianza al partido que durante treinta años ha gobernado esa hermosa tierra, a la que quiero como mía, pero a la que una clase política zafia, mendaz y fullera ha cubierto de escarnio y descrédito. Esta sería una buena lección para los que cuatro días después pretenden poner al gobierno contra las cuerdas.

Coda: El porvenir de los socialistas que gobiernan en el País Vasco —con el beneplácito del PP— es igual a cero. Su permisibilidad táctica con el radicalismo nacionalista será la bota que los desaloje de un puntapié de la lehendakaritza Ajuria Enea.

En cuanto al futuro gobierno del Principado de Asturias, aun en el supuesto de que el PSOE resultara el partido más votado, las posibilidades de formar gobierno son remotas, ya que las encuestas insisten en un mapa electoral con variantes poco significativas respecto a los resultados del pasado mes de mayo.


Publicado por torresgalera @ 20:28  | Pol?tica
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Viernes, 09 de marzo de 2012

Ya tenemos aquí la primera huelga general; no se ha hecho esperar. Apenas tres meses después de que el Partido Popular comenzara a ejercer las tareas de gobierno, partidos y sindicatos de izquierdas han concitado sus voluntades y energías para dar la primera gran batalla —a campo abierto— a las políticas de los conservadores. Ya ha habido escaramuzas suficientes, con pretextos varios, en diversas ciudades españolas, en las que manifestaciones aparentemente reivindicativas han terminado en violentos desórdenes públicos. Esto quiere decir, que los partidos de izquierda, descolocados e irritados por el extraordinario poder alcanzado por el PP en las urnas, están dispuestos al precio que sea a movilizar a la opinión pública a su favor y así tratar de recuperar la confianza y el prestigio perdidos.

No cabe la menor duda de que el derecho a la huelga es un derecho colectivo reconocido en nuestra Constitución. Ahora bien, lo mínimo exigible a quien convoca los paros, ya sean parciales o generales, es a hacer gala de un exquisito sentido de la responsabilidad. Yo, sinceramente, por muchas vueltas que le doy no termino de encontrar ni la oportunidad ni los beneficios que esta huelga, convocada para el jueves 29 de marzo, puedan aportar a la depauperada situación económica que padecemos y, mucho menos, a mejorar las condiciones de nuestro deteriorado mercado de trabajo. Todo lo contrario, transformar la relativa calma en la que hasta ahora está transcurriendo la vida ciudadana en una atmósfera de tensiones y enfrentamientos políticos es, cuando menos, un riesgo excesivo y desproporcionado en el que no deberíamos incurrir.

Con esto no estoy apelando al miedo, sino a la responsabilidad de aquellos que quieren impedir a toda costa que quien tiene la legitimidad, además del derecho y la obligación, de gobernar, trate de aplicar cuantas iniciativas legislativas sean necesarias para aplicar su programa. ¿No es acaso el Parlamento el lugar específico donde los representantes de la soberanía nacional deben dirimir sus propuestas y alternativas de gobernación? ¿Y no es acaso el juego de las mayorías el que permite que prosperen las iniciativas parlamentarias? ¿A cuento de qué hay que ningunear a las mayorías conservadoras sus iniciativas, reventándolas en la calle?

No seamos ingenuos. Es de sobra sabido que para remediar los estragos de la crisis económica son necesarias medidas de ajuste duras y radicales. También sabíamos que esas medidas deberían estar dirigidas a reformar el sistema fiscal, el sistema financiero, el mercado laboral, el sector energético, además de otras muchas reformas estructurales que tienen que ver con nuestro sistema de pensiones, el sistema educativo, la administración de justicia, la cuestión territorial o el estado de nuestras instituciones. Y todo esto complementado de una profunda regeneración democrática en lo concerniente a usos y costumbres en las maneras de gobernar y de hacer política en general.

Pues nada, ahí lo tenemos. CCOO y UGT han decidido someter a la sociedad española a una huelga general. La fecha elegida coincide con el paro general convocado por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra y con la víspera de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Así que —como muchos vaticinábamos desde incluso antes de la victoria electoral del PP— se cumple de manera inexorable el guión de enfrentamientos, radicalidad y sublevación que la oposición de izquierdas iba a desarrollar contra las políticas de ajuste que los populares estaban obligados a realizar si ganaban los comicios.

Indudablemente esta estrategia de acoso y derribo sin cuartel va aparejada de una estrategia mediática. Como no podía ser menos, la abigarrada destreza de la izquierda en las técnicas de propaganda tiene como objetivo ganar en primer lugar la batalla de la opinión pública. Por eso nos jugamos tanto en este primer envite. Si la huelga general resultara un fiasco, a la izquierda no le quedará más remedio que echar mano de otros recursos. No digamos si los comicios de Andalucía resultarán fatales para el PSOE e IU. Apaga y vámonos. No les quedará más que recurrir al 15-M o algo por el estilo. Y la izquierda extraparlamentaria lo está esperando como agua de mayo. Si no, al tiempo.


Publicado por torresgalera @ 19:42  | Pol?tica
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Mi?rcoles, 07 de marzo de 2012

Participo de la opinión de que todos los seres humanos tienen derecho a ganarse el pan de su sustento de forma honrada y en condiciones dignas. Por tanto, todo aquello que se aparte de una forma u otra del cumplimiento de tal derecho, atenta contra los derechos humanos y contra la moral cristiana. Todo empleo sin contrato, en condiciones laborales abusivas, sueldo ínfimo, precariedad sanitaria, peligrosidad elevada, etc., debe ser combatido, denunciado y eliminado con determinación. Pues bien, este es el trasfondo del documento elaborado y hecho público por la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristina) en el que se critican algunos aspectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.

En esta comunión de opiniones coincido también con el cardenal arzobispo de Barcelona, que ha salido al paso para defender la garantía del trabajo no precario. Lluís Martínez Sistach ha sido rotundo al afirmar: «Tenemos que admitir unos principios, que defienden la HOAC y la JOC», desmarcándose así del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, que ha censurado la publicación de la crítica de la HOAC y la JOC a la reforma laboral.

Según Martínez Sistach, el arzobispo de Madrid desautorizó el documento «hablando como obispo de su diócesis, no como presidente de la Conferencia Episcopal». En opinión del cardenal arzobispo de Barcelona, «la Iglesia lo que dice siempre es que la persona es el centro de la sociedad y de la economía; que el capital está al servicio del trabajo y no el trabajo al servicio del capital». En cualquier caso, y al margen del derecho que todos tenemos a disentir de las opiniones ajenas, así como a expresar las nuestras propias, merece la pena releer la encíclica Caritas in veritate (La caridad en la verdad), publicada en plena crisis económica mundial, el 7 de julio de 2009, en la que el papa Benedicto XVI reclama «la expansión de un empleo decente».


Publicado por torresgalera @ 20:56  | Pol?tica
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Viernes, 02 de marzo de 2012

Todo apunta a que las llamadas fuerzas políticas de izquierda están decididas a someter a la ciudadanía española a una nueva tribulación. Por si éramos pocos, parió la abuela. A la insufrible cifra de paro, consecuencia de una dramática crisis económica, y a la desoladora precariedad de las arcas del Estado, consecuencia de la insensata y despilfarradora política llevada a cabo por los anteriores gobiernos zapateristas, hay que sumar ahora el inicio de un proceso de subversión callejera con la finalidad de hostigar a los distintos gobiernos del Partido Popular, tanto al frente de la nación como en la mayoría de las comunidades autónomas.

Desde hace muchos meses todos los españoles éramos conscientes de que cualquier gobierno que saliera de las urnas tendría que aplicar medidas de ajuste muy duras, diríamos que extremas, como única fórmula para atajar y cortar el proceso de deterioro de nuestro sistema productivo y de nuestro estado del bienestar. También sabíamos que estas medidas son imprescindibles pero no suficientes para crear riqueza y puestos de trabajo. Reducir el déficit de las administraciones públicas es condición sine qua non para que fluyan de nuevo recursos para inversiones públicas; de momento, una buena parte de nuestros impuestos se tienen que destinar a pagar intereses y amortizaciones de la inmensa deuda acumulada en pocos años. Pues bien, todo eso lo sabíamos y a pesar de tan malos augurios la mayoría de los ciudadanos decidieron depositar su confianza en los candidatos del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, en detrimento de las siglas de los socialistas. Y todo eso hace apenas cuatro meses.

No me cansaré de repetir cuantas veces sean necesarias que el PSOE no es de fiar. Así lo está demostrando una vez más. Cuando los socialistas no están sentados en las poltronas del poder o en los coches oficiales no dudan en aprovechar o crear cuantas ocasiones se presenten para convertir la calle en campo de batalla político. Por eso, ahora, los dirigentes del PSOE están empeñados en inflamar los ánimos del descontento popular y “helenizar” las calles españolas. Cualquier camino es bueno con tal de recuperar prestigio e imagen, haciendo gala de un cinismo y una desvergüenza obscena. He aquí la leal y responsable oposición de la que hacía gala Alfredo Pérez Rubalcaba en el pasado congreso del PSOE.

Al flamante secretario general del PSOE no le duelen prendas jugar con el lenguaje, retorcer las ideas y adulterar la verdad con mentiras insidiosas. Forma parte intrínseca de su identidad. Por eso afirma que el PSOE secunda a los sindicatos al igual que el PP lo hace con los obispos. No es fácil superar tanta ruindad y miseria humana. El gran valedor del pernicioso Rodríguez Zapatero se erige ahora, tras ser descartado por la sociedad española y discutido en su propio partido, en paladín de las reivindicaciones sociales. No duda en ponerse al frente de la pancarta y de la manifestación que promueven UGT y CCOO. Así son las cosas, para nuestra desgracia: hasta hace cuatro mese apoyaba y promovía políticas de tierra quemada bajo el velo de políticas sociales, lo que ha llevado a la hacienda pública a la ruina más absoluta, y ahora se postula como el gran redentor del pueblo.

En fin, hay que ser muy obtuso o muy fanático para conceder la más mínima credibilidad a este político deshonroso y funesto. Si no, ya me dirán ustedes qué se puede decir de un dirigente —del principal partido de la oposición, nada menos— que apoya una jornada de movilizaciones el próximo 11-M, octavo aniversario del mayor atentado terrorista ocurrido en España y en Europa en toda su historia. ¿Se puede uno imaginar que a alguien en Nueva York se le ocurra solicitar manifestarse por la causa que sea el 11-S? Verdad que no, pues aun suponiendo que alguien tuviera tal ocurrencia, ninguna autoridad municipal ni estatal consentiría que en la ciudad de Nueva York ese día se celebrara ninguna manifestación pública que no fuera conmemorativa por las víctimas de aquel horrendo 11 de septiembre de 2001.

¿Cómo es posible que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid haya autorizado manifestaciones sindicales el 11 de marzo? Esto es un insulto y un agravio de proporciones inusitadas, que desdicen la confianza depositada por muchos, por mí el primero, en Cristina Cifuentes cuando accedió al cargo de delegada gubernamental. Ni que sea domingo ni que sea jueves, a efecto de memoria histórica el calendario oficial de la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid, el 11 de marzo debería quedar reservado única y exclusivamente a la conmemoración de las víctimas que aquel aciago día de hace ocho años perdieron la vida, resultaron heridas o sufrieron la pérdida de algún familiar en los terroríficos atentados a los trenes de cercanías. Es más, teniendo en cuenta que el propio pueblo español se reconoció víctima al día siguiente saliendo a las calles a pregonarlo, ¿cómo es posible un acto de tanta indignidad por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la alcaldesa de la Villa y Corte, que se han atrevido a programar para el lunes 12 los actos oficiales de conmemoración a las víctimas del 11-M? Está claro que los complejos de la derecha son enfermizos. En vez de denegar la autorización de las manifestaciones sindicales, no se les ocurre nada mejor que hacer dejación de sus prerrogativas y trasladar los actos conmemorativos del 11-M al día siguiente. ¿Es que no hay otros días, otros domingos, para ejercer el derecho de manifestación? Sin embargo, 11-M solo hay uno al año, caiga en domingo, en martes o en viernes. Si estas cosas de orden ético y moral no se tienen claras y no se defienden, qué difícil va a ser que se produzca una verdadera regeneración de la vida pública.


Publicado por torresgalera @ 16:08  | Pol?tica
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