Martes, 05 de marzo de 2013

Cada día se hace más insufrible la vida pública nacional. No es que algo huela podrido en España, es que toda ella se ha convertido en un inmenso estercolero. No se salva casi ninguna de las grandes instituciones del Estado, incluidas las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos. La vida política está emponzoñada hasta los tuétanos. No digamos el mundo económico, que chorrea inmundicia por todas las costuras. Y qué decir de ese sindicalismo miope y subvencionado, con sus dirigentes enganchados a las ubres del Estado y a un poder rampante y desafecto de los propios trabajadores. Y si volvemos la vista a cualquier otra actividad de la vida nacional, ya sea educativa, cultural, social o deportiva, veremos como la estulticia y el desafuero campean a sus anchas; por todas partes se multiplican las malas prácticas, la inmoralidad, los abusos y la degeneración. Vamos, que no hay por dónde meter mano a la cosa pública, la rex publica que decían en la antigua Roma.

Lo peor de todo es que esto no tiene visos de mejorar. Imposible. Está cundiendo el desánimo y la desesperanza. Cómo van a mejorar las cosas si los que mandan y pueden hacerlo no tienen el menor interés: les va estupendamente. ¿Piensa alguien que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, y los dos grandes nacionalistas-independentistas, CiU y PNV, van a apoyar una reforma constitucional con lo bien que les va? Han retorcido hasta tal punto el espíritu y la letra de la Constitución, que han construido una hechura política a su medida. ¿O es que alguien piensa que estos partidos van a reformar la Ley Electoral para hacerla verdaderamente representativa de los ciudadanos? No seamos ingenuos. Con lo bien que les va no cambiarán nada que les perjudique y les pueda hacer perder cuotas de poder. Resistir hasta morir con tal de permanecer montados en el machito.

¿Cómo se puede llamar democracia a esto que tenemos? Para que exista una auténtica democracia es imprescindible que se den varios elementos esenciales e imprescindibles. El primero, que los ciudadanos puedan elegir libremente sus representantes. En el actual sistema de listas cerradas sólo se incluyen candidatos para representar a los propios partidos políticos. Se trata de un subterfugio, una burda coartada, ya que los ciudadanos nos hacemos la falsa ilusión de que elegimos a nuestros representantes, cuando lo que en realidad hacemos es elegir a los representantes de las propias organizaciones políticas.

La segunda premisa incondicional para que se pueda dar una verdadera democracia es la división de poderes. Todo el poder en unas solas manos conduce, indefectiblemente, a un sistema totalitario, o, cuando menos, a un sistema oligárquico de partidos. En el caso del modelo español es evidente que lo que se favorece es éste régimen. La lista más votada obtiene la mayoría de escaños en el Parlamento (poder legislativo), pero además esta mayoría elije a su líder como presidente del gobierno (poder ejecutivo) que dicta la política a seguir, tanto a su gobierno como a su grupo parlamentario. Y en el colmo del autoritarismo, el poder legislativo, por indicación del ejecutivo, elige la mayoría de los cargos y representantes del poder judicial, con lo cual éste queda subordinado al poder ejecutivo.

Y como tercera condición consustancial e irrenunciable para que se dé un estado democrático, es imprescindible que se salvaguarde el imperio de la ley. Un sistema en el que se vulnera permanentemente la legalidad, comenzando por la propia Constitución y siguiendo por el resto del ordenamiento jurídico, donde se incumplen las sentencias de los grandes órganos jurisdiccionales o donde el propio Tribunal Constitucional y el Consejo rector de los jueces españoles dan permanentemente muestras de sumisión al poder político, está lejos de satisfacer la vocación y las expectativas de un pueblo soberano de vivir en democracia.

En España, a partir de 1977 el pueblo soberano lo único que recuperó fueron los derechos individuales. Pero los derechos políticos colectivos ni uno. El rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Josep Tarradellas sellaron, allá en aquel año de las primeras elecciones generales constituyentes, un gran pacto para el control del Estado. Un gran pacto para transitar de un estado de partido único, autoritario y centralista a un estado partitocrático (bipartidismo) y descentralizado. En aras de una transición pacífica se sacrificaron libertades públicas esenciales, pero que hacían recaer en las organizaciones políticas toda la responsabilidad y todo el poder. A partir de aquella premisa lo único que cabía esperar era que cada cual supiera administrar lo mejor posible aquel modelo en forma de oportunidad. Sin duda, quienes mejor lo supieron hacer, a pesar de todos sus excesos, fueron los dirigentes del PSOE y los nacionalistas del PNV y CiU; el PP reemplazaría más tarde a AP y al resto del centro-derecha español; los comunistas del PC iniciarían una interminable travesía del desierto.

Después de treinta y cinco años, lo peor de todo es que, tanto unos como otros, han perpetuado el engaño, la gran estafa política. Se han empeñado en hacernos creer que este régimen autoritario de partidos y este batiburrillo de reinos de taifas es en realidad un verdadero estado descentralizado y profundamente democrático. Llama la atención que todavía haya quien piense que esto es una crisis pasajera. ¡Pues no nos queda nada que ver aún!


Publicado por torresgalera @ 14:38  | Pol?tica
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