Viernes, 21 de junio de 2013

El “Estado del bienestar” o “Estado benefactor” (traducción literal de la expresión inglesa Welfare State) más que un concepto es una propuesta política de organización social. Se trata de la respuesta que dieron las democracias europeas occidentales al final de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el totalitarismo comunista. Fue el propio T.H. Marshall quien definió el “Estado del Bienestar” como «una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo». Es verdad que existían precedentes, como por ejemplo el de Francia, durante el Segundo Imperio (1852-1870), en el que se acuñó el término “Estado-Providencia” (État-Providence) por los republicanos que preconizaban un “Estado social” (État social) y criticaban la filosofía individualista de ciertas leyes (como la Ley Le Chapelier, que prohibía los sindicatos). 

Pero lo que aquí nos incumbe tiene que ver con el hecho de que esa realidad a la que llamamos “Estado del bienestar” y que tanto se pondera, en muchos casos hasta extremos vergonzosos, ha sido a costa de una renuncia considerable de soberanía por parte de los ciudadanos. Los individuos han transferido derechos y responsabilidades individuales a favor de la Administración Pública. ¿Cómo se podría conseguir de otro modo que el Estado se convirtiera en providente de un buen número de prestaciones y beneficios sociales?

Resulta descorazonador comprobar cómo muchos ciudadanos se debaten en un confuso y equívoco debate. Existe una evidente relación entre crisis y corrupción. No olvidemos que los ciudadanos han aceptado de buena gana este juego del “Estado benefactor”. Ellos pagan impuestos y el Estado les provee de buena parte de sus necesidades existenciales. O eso al menos cree una gran mayoría. Como se puede dilucidar, dar por bueno este axioma de pagador-perceptor es un tanto reduccionista, máxime cuando esta relación ciudadano-Estado se enmascara con un engañoso eufemismo: derechos y obligaciones. La historia nos ha enseñado que este inocuo equilibrio entre pagar impuestos y recibir prestaciones, a la larga ha terminado por dejar al “individuo-ciudadano” reducido a la mera categoría de “contribuyente-elector”.

Renunciar a una parte de nuestra libertad y a una parte de nuestra responsabilidad nos coloca en una posición débil como personas. Reconozco que resulte muy atrayente que a cambio de unos cuantos euros (impuestos) nos hagamos la ilusión de que, a través del Estado, nos aseguramos las necesidades existenciales. Por tanto, ¿es lógico pensar que los políticos con vocación de gobierno centren sus objetivos en controlar precisamente el aparato del Estado? ¿No es aquí donde reside el verdadero poder? ¿No es aquí donde se concentra el dinero y la capacidad de decidir? Pues es lógico deducir que es aquí donde vendrán a parar la mayoría de los elementos indeseables del sistema. Y si el sistema no genera suficientes elementos de control, todo él termina contaminándose.

Esta es la razón por la que el “Estado del bienestar”, si está mal gestionado, acaba por erigirse en un monstruo abominable. Todo le resulta insuficiente, por lo que no cesa de ocupar mayores espacios y de arrogarse nuevas competencias, incluyendo la vida familiar y la vida personal. En definitiva, no ceja de regular vidas y conductas, de reglamentar actividades, de imponer maneras de pensar y desacreditar las que no controla. El “Estado del bienestar” acaba convertido en el paradigma de un sueño roto: los que anhelan un plácido descanso viven sobresaltados por la trapacería de aquellos a los que han elegidos para velar por la paz de los durmientes. Ceder soberanía resulta siempre, a medio-largo plazo, un negocio ruinoso. Lo contrario exige que cada persona se haga responsable durante toda su vida de sí misma y de su relación con los demás. Ni más, ni menos.


Publicado por torresgalera @ 10:33  | Pol?tica
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