Lunes, 07 de octubre de 2013

El pasado miércoles 2 de octubre una bomba de fabricación casera estalló en la Basílica del Pilar (Zaragoza). Además de daños materiales de cierta consideración, dos mujeres sufrieron heridas, una de pronóstico más leve y la otra más grave al reventárseles ambos oídos. Este es ya el cuarto atentado con explosivos que se ha registrado en menos de un año contra instituciones religiosas. El anterior tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la Catedral de la Almudena (Madrid), y anteriormente sendos paquetes explosivos fueron enviados al arzobispo de Pamplona y al director de un colegio de los Legionarios de Cristo, también en la capital de España.

Los atentados contra la Basílica del Pilar y la Catedral de la Almudena han sido reivindicados por el “Comando Insurreccionalista Mateo Morral”, mientras que los explosivos de Pamplona y Madrid fueron enviados por el “Grupo Anticlerial para el Fomento del Uso del Juguete Sexual - FAI/FRI”. Fuentes policiales han reconocido que, aunque por el momento no se han producido violencias de gran envergadura, las Fuerzas de Seguridad del estado trabajan sobre la posibilidad de que puedan darse en el futuro.

Y hablando de violencia política o institucional, el pasado 19 de septiembre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la respuesta policial ante la irrupción violenta de un grupo neo-nazi, el 11 de septiembre, en la sede de la librería Blanquerna, en Madrid, cuando se celebraba un acto conmemorativo de la Diada catalana. Ante ese hecho, la policía detuvo a 12 personas antes de que pasaran 24 horas del ataque.

Sin embargo, Fernández Díaz todavía no ha dado ninguna explicación sobre los ataques a las instituciones religiosas ni se ha ofrecido a comparecer en el Congreso para explicar la actuación policial tras el reciente ataque a la Basílica del Pilar.

Desde una posición de respeto a la ley y de justicia social e institucional, considero que cualquier ciudadano de bien lo mínimo que espera de las autoridades responsables de la Seguridad del Estados es que aborden cualquier acto de violencia con la misma presteza y diligencia, sea cual sea su origen y su destinatario. La violencia procedente de la llamada ultra-derecha no es más oprobiosa que la procedente de la ultra-izquierda. ¿Cuándo vamos a dejarnos de retóricas argumentaciones sobre una supuesta emergencia de grupos neo-nazis? ¿Qué pasa entonces con la violencia fanática de los movimientos totalitarios de izquierda, que llevan actuando casi con impunidad desde hace décadas? ¿Es que acaso son menos censurables que sus homónimos de derechas?

Los atentados contra las instituciones católicas dejan al descubierto, una vez más, el pelaje montaraz y villano de una izquierda ilusa y desnortada que hace décadas perdió sus últimas oportunidades históricas. Sin embargo, la izquierda llamada democrática, prisionera de un complejo pseudo-revolucionario, todavía contemporiza y transige con los desafueros de estas jaurías de cachorros de gatos con ínsulas de temibles felinos. Sobre estos atentados terroristas contra la Iglesia católica callan las bocas o cuchichean por lo bajini, al fin y al cabo consideran esta barbarie de simples gamberradas propias de díscolos jovenzuelos rebosantes de adrenalina.

Las manifestaciones de encono y odio contra la Iglesia católica son un recurso recurrente de amplios sectores de la izquierda: unos lo demuestran orquestando campañas sistemáticas de descrédito contra la Iglesia por la defensa a ultranza que ésta hace de la vida sin concesiones, de la enseñanza religiosa o contra los supuestos privilegios de la Iglesia en materia de financiación o en materia fiscal; en cambio otros, de manera más burda y frontal, no se arredran en hostigar a la Iglesia con viles calumnias y con ataques desaforados y violentos. En ambos casos, las dos actitudes hostiles cuentan con la cobertura de un gran aparato mediático que actúa como amplificador del pensamiento laicista que, de manera inexorable, se va imponiendo en nuestra sociedad.

Pero lo peor de todo, lo que de verdad produce auténtica desazón y tristeza, es comprobar la tibieza y la falta de valentía que demuestra este gobierno presidido por Mariano Rajoy. Ya ni siquiera se trata de poner adjetivos altisonantes para calificar la ausencia de gestos y actuaciones dirigidas a defender la ley y el orden. Lo verdaderamente preocupante es comprobar hasta qué punto la dejación de la autoridad está minando la esencia misma del Estado. Un falso complejo histórico de “derecha autoritaria” tiene inmovilizado al presidente del gobierno y, por ende, toda su gestión política está siendo sobrepasada en las calles y en las comunidades autónomas, las gobernadas por el Partido Popular y las gobernadas por los partidos de la oposición (los nacionalistas de manera especial). Y en el Parlamento nacional, a duras penas la mayoría absoluta gubernamental da para ir tirando; pero esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Estos timoratos y pusilánimes gobernantes de los que dependemos no se han enterado todavía de que la autoridad se legitima de verdad no con mayorías absolutas o controlando los resortes del poder, sino con la dignidad que otorga la fidelidad a las virtudes humanas, de afrontar con determinación los grandes problemas que aquejan a la mayor parte de la población y que, por tanto, la ponen en peligro, y, por último, en ser escrupuloso en el cumplimiento de la ley, caiga quien caiga. Lo demás, son trapacerías propias de funámbulos y equilibristas de la política: gentes sin crédito personal y sin mérito de estima. Mientras tanto, lo irreparable se hace cada día más verosímil.


Publicado por torresgalera @ 18:49  | Pol?tica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios